En junio de 2019, nueve organizaciones de Latinoamérica fueron seleccionadas en la primera convocatoria de Indela. Con diferentes enfoques y en distintos temas, las iniciativas coincidían en un propósito: situar los derechos digitales en el centro de la conversación sobre democracia y derechos humanos. Mientras avanza nuestra convocatoria 2020, le damos un vistazo al balance de la sociedad civil en estos meses de trabajo.

Tomando acción en contra del acoso en línea

Respondiendo a uno de los desafíos principales del ejercicio de la libertad de expresión en el entorno digital, Indela apoyó dos proyectos sobre herramientas de apoyo sobre violencia y acoso contra mujeres. Luchadoras, un colectivo feminista mexicano que propende por espacios seguros y dignos para las mujeres, viene trabajando para que las víctimas de la violencia digital en México, y en particular de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, accedan a la justicia.

Se trata de una iniciativa que busca identificar los marcos normativos, entender las necesidades de reparación de las mujeres y ofrecer guías para enfrentar el acoso en línea (sobre esto último, en febrero pasado publicaron desde el colectivo ‘La Clika’ una guía para identificar las agresiones en el contexto digitales).

“Hemos enfrentado el reto de acotar”, explica Lulú Barrera, fundadora de Luchadoras, sobre el proyecto. “Empezamos con una visión muy ambiciosa de tener una aproximación nacional; luego vimos que es mejor priorizar”. Para hacerlo, Luchadoras está trabajando en seis estados con diversidad geográfica e índices altos de ciberacoso. Un elemento clave, además, es llevar a cabo una conversación con las mujeres para que sean ellas quienes planteen cómo se debe restaurar el daño que sufrieron.

En la misma línea temática, Hiperderecho trabaja para reducir las barreras de acceso a la justicia de mujeres y población LGBTIQ que sufren de acoso en línea por razones de género.Esta organización peruana, que combina la investigación y el activismo, está enfocada en aprovechar la coyuntura de la implementación de la ley sobre acoso y divulgación no consentida de contenido sexual.

“La expectativa es baja porque la confianza de las mujeres en el sistema judicial es baja”, explica Denisse Albornoz, Directora de Investigación de Hiperderecho, para quien romper ese escepticismo ha sido el reto más grande. “Les decimos que no sabemos qué tan efectiva pueda ser la ley, pero que lo vamos a intentar. Lo que muchos otros abogados no están dispuestos a hacer, lo estamos haciendo nosotros”.

Al final, las mujeres que participan en el proyecto quieren sobre todo que se siente un precedente. Si alguno de sus casos se resuelve judicialmente, será una victoria. En cualquier caso, ya existe un precedente valioso en Perú, que Hiperderecho se ha encargado de explicar y compartir con su audiencia.

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