Indela (Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica) con el apoyo de la Unión Europea lanza una convocatoria abierta para seleccionar proyectos dentro del ecosistema que trabaja en la promoción y garantía de los derechos digitales en Panamá. El apoyo de Indela permitirá acompañar proyectos locales que busquen trabajar en torno a políticas públicas y regulación para el respeto de los derechos digitales.
Esta iniciativa busca apoyar proyectos de organizaciones de sociedad civil, think tanks y medios de comunicación para avanzar en la protección de derechos digitales en políticas públicas y regulación, a nivel subnacional y nacional.
Las principales áreas temáticas a apoyar son:
Los proyectos postulados de las organizaciones de sociedad civil panameñas, deben profundizar entre la intersección de tecnología y derechos humanos. Las propuestas seleccionadas recibirán financiamiento hasta US$25,000.00 y deberán ser implementadas en un plazo máximo de 18 meses. Además, tendrán la oportunidad de recibir acompañamiento no financiero adicional, que fortalezca el impacto del proyecto y la organización.
Únicamente se recibirán propuestas de organizaciones legalmente constituidas en Panamá. Se aceptarán proyectos coordinados por dos o más organizaciones.
La convocatoria estará abierta del 28 de marzo al 15 de mayo de 2023.
Conoce los criterios de selección, quiénes pueden postular y más sobre la convocatoria abierta de Indela en Panamá aquí.
En Panamá existe una oportunidad para fortalecer la transformación digital con una perspectiva de derechos humanos. La pandemia por COVID-19 y la acelerada digitalización profundizaron la necesidad de garantizar acceso equitativo a las tecnologías, así como el respeto de derechos digitales de la población.
En el 2019 se aprobó la Ley de Protección de Datos Personales en el país, vigente desde el año 2021, que incorpora estándares internacionales de cumplimiento obligatorio para instituciones públicas y privadas. Sin embargo, aún no existe una regulación integral enfocada a las problemáticas emergentes que afectan la vida diaria de las y los panameños, tales como desinformación, violencia de género en línea, recolección indiscriminada de sus datos personales por parte de plataformas privadas, por mencionar algunas.
En este contexto, el apoyo al ecosistema emergente de sociedad civil (organizaciones de sociedad civil, think tanks y medios de comunicación) permite fortalecer la conversación sobre el impacto de la tecnología en los derechos humanos, con enfásis en poblaciones vulnerables como mujeres, personas LGBTIQ+, comunidades indígenas y afrodescendientes.
Actualmente este ecosistema en Panamá es pequeño a pesar de los desafíos y oportunidades que existen para implementar proyectos en torno a la protección de derechos humanos en el entorno digital.
Indela (Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica) con el apoyo de la Unión Europea, anunciará su primer esfuerzo por afrontar esta problemática en el país, buscando ampliar el ecosistema que trabaja en la promoción y garantía de los derechos digitales en Panamá.
El lanzamiento presencial de Indela en Panamá se realizará este 28 de marzo, asiste al evento y cuéntanos más sobre tu organización, think tank o medio de comunicación.
🕙 10:00 hrs
📍 Auditorio 108, Ciudad del Saber
Por Amaranta ONG
Cuando enviamos nuestra postulación a Indela, lo estábamos haciendo desde la rabia y la pena (más que desde la metodología): en ese preciso momento, una de las nuestras atravesaba violencia digital de género en su grado más íntimo.
Lo peor es que no era la primera vez que ocurría algo así, pero nuevamente enfrentábamos los mismos obstáculos. Como si Chile no hubiera avanzado ni medio paso en el intertanto: la inexistencia de leyes, lo revictimizante de la denuncia ante la policía, jueces que se declaraban incapaces de llegar a una resolución, la hipervigilancia, el miedo a que le pase algo a la compañera, la lenta respuesta desde las plataformas digitales donde ocurría la violencia, y la impotencia de no poder hacer tanto como quisiéramos.
Hoy, podemos mirar hacia atrás para ver cuánto hemos avanzado (teniendo en cuenta de que aún queda camino por delante): junto a otras colectivas y organizaciones, fuimos convocadas por legisladoras como la diputada Maite Orsini para imaginar y crear la primera Ley de Violencia Digital de Chile. Esta Ley abordará integralmente distintas violencias que ocurren en Internet, como es el caso del ciberacoso, difusión no consentida de imágenes íntimas o el envío de imágenes sexuales no solicitadas, la difusión de datos sensibles con fines maliciosos (doxing), la suplantación de identidad, entre otros. Una Ley que lo abordará de una forma no punitivista, sino que enfocada en la educación y prevención.
Este Proyecto de Ley aún continúa en discusión, precisamente porque su enfoque era más educativo y porque nos negamos a que sea utilizado para la censura de comunicadores/as y activistas.
No fue la única instancia de incidencia: incluso, logramos que nuestras voces fueran escuchadas en el proceso que atravesaba Chile para escribir una nueva Constitución. Invitadas por el constituyente del Distrito 14, Francisco Caamaño, pudimos crear el artículo 89 que buscaba que el Estado garantizara espacios digitales libres de violencia, a través de educación para la prevención, leyes y políticas públicas. Era la primera vez que este derecho se reconocía a nivel constitucional en toda Latinoamérica, e incluso a nivel global.
El artículo 89 no funcionaba por sí solo. Para acabar y combatir la violencia de género en internet es necesario incorporar una educación sexual integral y no sexista de forma transversal, la propuesta de Constitución consagraba este derecho, así como la comprensión de que la violencia es multifactorial y se ampara en el machismo para seguir repitiéndonos día a día en todos los espacios que el cuerpo de mujeres y disidencias sigue siendo objeto de tabú, morbo y un espacio de conquista y apropiación patriarcal.
Con educación sexual integral y no sexista, gran parte del morbo que lleva a algunos sujetos a compartir fotografías íntimas de sus ex parejas no sostendría análisis. El autoestima de las adolescentes no dependería de la imagen o el bombardeo publicitario desmedido buscando “lo perfecto”.
Lamentablemente, este proceso democrático se vio duramente afectado por las noticias falsas, que hicieron mella en una población sin alfabetización digital ni educación sexual integral ni cívica. Esto, sumado a la amplia suma de dinero invertida por sectores conservadores en publicidad digital fomentando estas noticias falsas, sin ningún tipo de regulación concluyó con la propuesta siendo rechazada, algo que ha acrecentado el clima de incertidumbre a nivel nacional y que sepulta un proceso que podría haber puesto énfasis en un estado de bienestar y de cuidados colectivos.
Eventos como este nos recuerdan por qué es tan importante seguir luchando por espacios digitales más democráticos, feministas, libres de violencia y accesibles. Como ONG Amaranta, mediante una estrategia integral que permee en la población de una manera más amplia. Hemos creado glosarios de violencia digital con los términos castellanizado para acercar la temática de forma más amigable, considerando que el aprendizaje del idioma inglés sigue siendo un privilegio en nuestro país y en Latinoamérica; hemos elaborado guías paso a paso para acompañar a las sobrevivientes de esta violencia en la documentación, denuncia, autocuidado y creación de redes; seguimos creando materiales que se entregan en las calles, ferias y marchas; y más importante aún, nos acercaremos cada vez más a trabajar en todos aquellos territorios que han quedado olvidados y apartados, ya sea por su geografía (islas, montañas, regiones extremas), como también por no ser una capital (como ocurre con pueblos y pequeñas ciudades al interior de las provincias).
Si bien, el rechazo a una nueva Constitución-que habría garantizado una serie de derechos sociales en tiempo récord-fue un duro revés, lo hemos convertido en el combustible para seguir luchando por una Internet segura para todes.
Por IPANDETEC
“Si no es por su proyecto, no me entero”. Esta fue la declaración de una de las personas participantes del proyecto Centroamérica Videovigilada. Por primera vez, la región cuenta con un proyecto planificado y ejecutado por una organización y personal cien por ciento centroamericanos sobre los sistemas de videovigilancia pública.
El proyecto identificó los sistemas de tecnologías de videovigilancia en espacios públicos en nueve ciudades de Guatemala, Costa Rica y Panamá, a través de solicitudes de información a las autoridades de esos países. La información proporcionada por las autoridades fue comprobada con sitios de compra gubernamental, medios de comunicación, y los registros de empresas. Esta información recolectada fue publicada a través de redes sociales y fichas de investigación en el sitio web del proyecto.
La metodología permitió encontrar que solamente Costa Rica y Panamá, mantienen leyes de protección de datos y derecho a la imagen, mientras que Guatemala no. Ninguno de los países investigados ha regulado la videovigilancia pública o privada mediante leyes nacionales, sino que se manejan con manuales internos o decretos alcaldicios. Dentro de la investigación, se encontró la participación en licitaciones de los sistemas de empresas denunciadas a nivel internacional por espionaje, la poca participación ciudadana en el proceso, entre otros detalles.
La segunda parte del proyecto era conocer la opinión de las personas beneficiarias de la implementación de estos proyectos de seguridad pública. Se realizaron más de 25 entrevistas a líderes y lideresas de las nueve ciudades centroamericanas donde se desarrolló el proyecto. Al mismo tiempo, se reunieron a vecinos y vecinas en grupos focales denominados “Diálogos Ciudadanos” donde se pudo comprender sus conocimientos sobre el sistema, su opinión sobre la privacidad, y la participación ciudadana por proyecto. Tanto las entrevistas como los diálogos ciudadanos fueron grabados para su posterior transcripción, respetando la privacidad de las personas participantes.
De esta fase, pudimos notar el poco conocimiento sobre los sistemas de videovigilancia que mantenían los habitantes de las nueve ciudades en general. Derivado de la falta de participación ciudadana y transparencia gubernamental en este tema, muy pocas de las personas afirmaron haber participado en alguna de las fases de los sistemas en mecanismos de participación ciudadana mientras que otra gran mayoría desconocía con certeza la entidad administradora del sistema. En materia de privacidad, encontramos comentarios diversos, algunas de las personas entrevistadas prefieren sacrificar su derecho a la privacidad a cambio de seguridad y paz comunitaria, mientras otros manifestaron estar preocupados por la intrusión del sistema.
La tercera parte del proyecto se enfocó en generar espacios de diálogo con autoridades y gremios empresariales en la búsqueda de generar conversaciones y sinergías que permitan acciones en beneficio de los derechos humanos de los habitantes.
Por último, el equipo del proyecto realizó un estudio a profundidad que permite comprender diversas temáticas encontradas en la región sobre los sistemas de videovigilancia: el uso de los sistemas de videovigilancia como herramienta diplomática, el reconocimiento facial, la falta de participación ciudadana, entre otras aristas de la videovigilancia en la región.
Lecciones aprendidas
Durante el transcurso del proyecto, el equipo investigador pudo obtener aprendizajes para ser aplicados en futuras fases del proyecto y en otras investigaciones; primeramente, la importancia de involucrar a las comunidades y personas beneficiarias. La riqueza de información proveniente de la población, hizo que el equipo investigador pudiera presentar los resultados del proyecto, así como realizar cuestionamientos a las autoridades amparados en la participación ciudadana y la opinión de los habitantes. Por otro lado, esa participación de la ciudadanía en el desarrollo del estudio, permitió que el proyecto pudiera enfocarse en ciertas áreas de investigación, tales como la participación ciudadana en la instalación geográfica de cámaras o el traslado de la delincuencia a lugares no videovigilados.
Por otro lado, la falta de voluntad inicial de las autoridades en conocer el proyecto a pesar de sus responsabilidades con la ciudadanía, solamente demuestra la desconexión que mantienen ciertos sectores gubernamentales con aquellas personas que les eligieron. Esta falta de voluntad termina en falta de participación ciudadana, ausencia de rendición de cuentas, opacidad, poca transparencia y vulneración de derechos.
Logros
Hasta la fecha se han logrado reuniones con tres municipalidades, y un ministerio a cargo de la seguridad, y tres gremios empresariales. En estas reuniones, se enfatizó la necesidad de iniciar conversaciones multisectoriales con un enfoque de derechos humanos. Como resultado, una de las instituciones se mostró a favor de una futura reunión con el equipo legal de la institución pública y el equipo investigador para analizar la discusión de una regulación a la videovigilancia, mientras que una de las municipalidades de Costa Rica indicó que iniciarán inmediatamente una reforma a sus manuales internos con un enfoque humanista tras la reunión sostenida con el equipo investigador.
Por otro lado, la entidad pública a cargo de uno de los sistemas de videovigilancia de Panamá expresó desear conocer más sobre el tema en futuras fases del proyecto, además de dejar abierta la posibilidad de iniciar acciones conjuntas para una regulación de videovigilancia con enfoque de derechos humanos.
El futuro del proyecto
El proyecto, el cual ha sido ampliamente difundido a través de redes sociales, ha visto su objetivo principal cumplido; ha logrado educar y concientizar a las poblaciones meta sobre el uso de videovigilancia. Sin embargo, la expansión de la investigación y sensibilización a otras ciudades de los países investigados, o incluir nuevos países de Centroamérica, abre una multitud de oportunidades. Este proyecto pone la primera piedra para construir acciones multisectoriales encaminadas a discutir nuevas y existentes regulaciones, iniciar acciones de litigio estratégico e incidencia legislativa que protejan a la ciudadanía, la apertura y mayor transparencia de los sistemas, e inclusive mecanismos de auditoría ciudadana en ellos.
Por Asociación Aguayo y Fundación InternetBolivia.org
¿Cómo la digitalización afecta a las comunidades rurales en Bolivia y sus derechos? ¿Qué necesidades tienen las y los bolivianos que viven en municipios medianos y pequeños en relación a la digitalización y ejercicio de sus derechos? ¿Están presentes los debates globales sobre políticas digitales en las realidades locales? ¿Cómo se puede apoyar a que los municipios rurales en Bolivia puedan incluirse en estos debates?
Estas preguntas fueron los disparadores para llegar a lugares como Coroico, un municipio a tres horas de la sede de Gobierno de Bolivia; Ayo Ayo, un pueblo en la gran altiplanicie de los Andes, y a otros lugares alejados. Todos ellos comparten problemas globales como los procesos de extractivismo de datos personales, ciberestafas y violencias digitales, pero a diferencia de los centros urbanos y países del norte no se los toma en cuenta en la discusión global sobre digitalización.
Desde el año 2020, desde la Fundación InternetBolivia.org y la Asociación Aguayo tomamos el desafío de llevar los debates de acceso a Internet y protección de datos personales a municipios alejados de los centros urbanos en un doble esfuerzo: ir de lo global a Bolivia y de lo urbano a lo rural.
El contexto de cuarentena por el COVID-19 llevó el desafío de la digitalización a más lugares y sorprendió a los municipios sin estrategias, normativas, debate público, ni herramientas para afrontarlo. Esto llevó a que las poblaciones de estos territorios incrementaran sus vulnerabilidades al usar Internet.
No queríamos que este recorrido fuera de cualquier manera, decidimos que fuera en clave local, feminista, e intercultural. Queríamos que fuera con voces diversas. Así, incluimos a mujeres como actoras fundamentales de estos procesos, a federaciones de productores y productoras y a jóvenes.
En este camino, encaramos dos proyectos: el primero denominado: “Marcos legislativos de derechos digitales multiculturales para comunidades indígenas y municipios en Bolivia: análisis comparativo e incidencia legal”, en el que se elaboró un diagnóstico sobre el acceso a Internet y protección de datos personales en cinco municipios de Bolivia y una Autonomía Indígena (Charagua Iyambae).
Sobre esta base, se diseñaron dos modelos de leyes municipales:
Asimismo, se implementaron campañas de comunicación y capacitación en tres municipios: Coroico, Copacabana y Villamontes.
En este proceso tuvimos un primer acercamiento con el Gobierno Municipal de Coroico, su Concejo Municipal y actores sociales que inciden en las políticas locales. ¿Por qué? Porque uno de nuestros objetivos es la elaboración de leyes que permitan garantizar y proteger derechos digitales de la ciudadanía. De este modo, se generó voluntad política para deliberar sobre una Ley Municipal de Digitalización y Protección de Datos Personales en Coroico, que de aprobarse sería la primera de estas características en Bolivia, e incluso Latinoamérica y global. En este enlace encontrarán el trabajo realizado hasta el momento.
Nuestro trabajo no terminó allí, y en el 2021 comenzamos el segundo proyecto, “Mujeres por los derechos digitales y tecnologías en Bolivia” con el objetivo de fortalecer la capacidad de incidencia de las mujeres en las políticas públicas de derechos digitales.
Luego de un proceso de fortalecimiento de capacidades dirigido a mujeres de base, ellas diseñaron propuestas de políticas públicas con impacto en su contexto directo y la construcción colectiva de un decálogo en el que volcaron sus preocupaciones ante las vulneraciones de derechos digitales que viven en su cotidiano. Aquí podrán conocer las siete propuestas becadas de las setenta recibidas cuyo objetivos son incidir en sus contextos directos en busca de fortalecer sus derechos digitales y las voces de las mujeres que trabajaron a lo largo del proyecto.
En las varias visitas a los municipios, naturalmente un grupo de jóvenes, que ya trabajaban con Asociación Aguayo en artivismo y comunicación masiva en otros proyectos, comenzó a acompañarnos. El arte es un canal potente para transmitir mensajes de cambio social y llegar a personas que de maneras tradicionales no es posible.
¡Era momento de ser creativos! Apoyamos la producción de una obra de teatro del grupo Coroico Art integrado por adolescentes y jóvenes de Coroico acerca de su realidad en derechos digitales, riesgos al navegar en Internet sin información, lo que había significado la educación virtual en la pandemia y la importancia de cuidar los datos personales. Tan importante fue el impacto de esta obra que se convirtió en el evento cultural más importante del primer semestre de 2022 en el municipio, la llevaron a varias comunidades y a la ciudad de La Paz en diferentes eventos.
Las y los jóvenes de Coroico también pusieron su entusiasmo en su programa semanal en la radio local, que tiene un gran alcance en la zona con entrevistas, jingles y spots acerca de violencia digital y protección de datos personales.Tanto para la obra de teatro como para la radio, hicimos un trabajo muy importante de fortalecimiento de capacidades para que tuvieran insumos para llevar adelante ambas propuestas.
En todo este proceso, se fueron abriendo puertas con la Alcaldesa de Coroico, los y las concejalas, las federaciones de productores varones y de mujeres donde pudimos sembrar las semillas del debate sobre los derechos digitales que deseamos que ellos y ellas, puedan cosechar y replicar en comunidades vecinas. Ahora ya varios actores y actoras están listos para hablar en espacios nacionales y locales.
Los derechos humanos en entornos digitales son una necesidad de todas las personas, también de quienes viven en municipios rurales. Es necesario integrar miradas, territorialidades, sentires y saberes locales en los debates nacionales y globales que no siempre tienen en cuenta esta diversidad.
Por IDEC – Instituto Brasileño de Protección al Consumidor
Construir puentes lleva tiempo, es agotador y costoso, pero vale la pena. Este es uno de los tantos aprendizajes que nos llevaremos con Idec después de casi dos años del proyecto “ Construyendo puentes entre los derechos digitales y las comunidades de protección del consumidor en América Latina”.
La idea de esta iniciativa nació de nuestra fuerte participación en estas dos comunidades: los derechos digitales y la protección del consumidor. Esto se debe a que, con el tiempo, nos dimos cuenta de que son dos comunidades con muchas fortalezas, pero que aún no dialogan entre sí. Por un lado, tenemos la comunidad de derechos digitales, que está muy atenta al proceso de digitalización de los servicios públicos y privados y tiene una articulación regional bien establecida. Por otro lado, tenemos organizaciones de protección al consumidor, que llevan trabajando desde los años 80 y 90, actuando de diferentes formas, sea en incidencia política, campañas de sensibilización o litigios estratégicos, pero que, por ahora, conocen poco sobre estos nuevos temas de privacidad y protección de datos.
Construyendo puentes durante la pandemia
Estrechar lazos entre grupos que no son iguales es una tarea aún más complicada en un período de pandemia, como fue nuestro caso. De esta forma, tuvimos que renunciar a un gran encuentro presencial y latinoamericano, lo que nos obligó a buscar alternativas viables para este desafío de construir puentes.
Así comenzamos nuestro proyecto con una serie de entrevistas remotas con miembros de organizaciones de derechos digitales y con representantes de organizaciones de protección al consumidor de doce países de la región, desde México hasta Chile. A partir de esta etapa inicial, fue posible recopilar una cantidad considerable de datos e información que nos ayudaron a dibujar un perfil importante de las dos comunidades.
Un análisis comparativo rápido entre las dos comunidades nos mostró una gran brecha generacional y una disparidad financiera significativa. Por ejemplo, el liderazgo de la comunidad de protección al consumidor está formado predominantemente por mujeres, quienes fundaron las organizaciones y han trabajado en ellas durante décadas, donde también ayudaron en la promulgación de leyes nacionales de protección al consumidor, como fue el caso del propio Idec. Mientras tanto, en la comunidad de derechos digitales, podemos ver la presencia de miembros más jóvenes que también han fundado sus propias organizaciones, en las que han estado trabajando por menos de una década.
En nuestras conversaciones con activistas de ambas comunidades, decidimos investigar cómo las entidades se relacionan con los debates sobre tecnología y sociedad. Este fue un paso importante para prestar atención al complejo escenario regulatorio de la región, donde hay países que la protección de datos ya es un derecho fundamental, mientras que otros ni siquiera cuentan con normas para tratar el tratamiento de datos. Otros temas como el derecho de la competencia y los servicios de telecomunicaciones también surgieron en las conversaciones como temas de interés para las organizaciones, ya que las discusiones sobre el tratamiento masivo de datos ya no son un mero tema de protección de datos y privacidad.
Dado que uno de los objetivos iniciales de nuestro proyecto era también mapear marcos regulatorios nacionales y casos paradigmáticos, construimos, dentro del alcance del proyecto, un interactivo que contiene información sobre las autoridades y la legislación de varios países en materia de protección de datos, protección del consumidor, derecho de la competencia y derecho de las telecomunicaciones. Creemos que este atlas jurídico, combinado con una biblioteca de casos locales paradigmáticos, será un espacio privilegiado que brindará una importante difusión del conocimiento sobre la interfaz entre el derecho del consumidor y la protección de datos en América Latina.
Arremangándose las mangas
Además de esta gran etapa de recolección de datos, también actuamos, en la práctica, con acciones de incidencia política. Habiendo ya presentado nuestro proyecto a organizaciones de la región, además de conversar en detalle con ellas, tuvimos una primera oportunidad de articular cuando WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en América Latina y en el mundo, comenzó a enviar notificaciones, a principios de enero de 2021, sobre los cambios que implementaría en sus términos de uso y política de privacidad. En este sentido, varias organizaciones de ambas comunidades firmaron una manifestación pública dirigida a Facebook y a las autoridades locales solicitando una serie de medidas sobre la nueva política de privacidad de WhatsApp para que los usuarios tuvieran sus derechos respetados.
A fines del mismo año, organizamos un evento para establecer un diálogo entre la sociedad civil latinoamericana, donde debatimos una perspectiva de protección de datos que articuló las experiencias, trabajos y saberes de las comunidades de derechos digitales y protección al consumidor en América Latina. En este espacio tuvimos la oportunidad de abordar la propagación de tecnologías biométricas y sus efectos en los consumidores y también discutir sobre la protección de datos personales de los usuarios de servicios de telecomunicación.
No estamos solos
Otros momentos interesantes de articulación de proyectos surgieron cuando descubrimos iniciativas similares en todo el mundo. Nos dimos cuenta de que otras organizaciones también eran conscientes del hecho de que se necesita con urgencia una colaboración más sólida entre los diferentes grupos para hacer frente al avance de los servicios públicos y privados que violan el derecho de los ciudadanos a la protección de datos.
Por ejemplo, en 2021, The Engine Room realizó un proyecto de investigación explorando la colaboración intersectorial entre las comunidades de justicia social y las comunidades de derechos digitales durante la pandemia. Realizamos una serie de aportes al informe final de esta investigación, compartiendo experiencias y aprendizajes que tuvimos a lo largo de nuestro propio proyecto. También estrechamos lazos con el proyecto ” Abogando por la responsabilidad, la protección y la transparencia de los datos ” (ADAPT) de Internoticias, que nos ayudó a centrarnos en desafíos que enfrentan los reguladores latinoamericanos, además de brindarnos espacios para discutir cómo los activistas pueden trabajar no solo con las autoridades de protección de datos, sino también con los organismos reguladores de la competencia y los derechos del consumidor..
Vamos juntos
Después de todas estas acciones, conversaciones y alianzas estimulantes, nos dimos cuenta de que todavía hay un largo camino por recorrer. Las asimetrías financieras, generacionales y técnicas siguen llamando la atención y dificultan el involucramiento continuo entre las comunidades. Tras la dolorosa primera etapa de la pandemia, tanto los derechos digitales como los derechos de los consumidores son áreas que están recibiendo más atención por parte de la ciudadanía debido a la migración de los servicios públicos, el trabajo y la educación al entorno digital, así, estamos seguros de que estos primeros pasos de nuestro proyecto serán fundamentales para construir puentes más sólidas y duraderas, que conduzcan a acciones concretas y exitosas, como ya está pasando.
Por Cultivando Género
En el 2015 el Módulo de Ciberacoso (MOCIBA), encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México reveló que el 32% de la población conectada de 12 años y más en Aguascalientes había atravesado ciberacosos. Lo que posicionó al Estado con una de las incidencias más alta de este tipo de violencia a nivel nacional. Seis años después en los resultados de MOCIBA 2021, Aguascalientes reduce el porcentaje y reporta que el 22.2% de la población ha pasado por una situación de violencia digital.
En 2020, en Cultivando Género comenzamos el proyecto acompañamiento y atención integral a la violencia digital en Aguascalientes, México, con apoyo de Indela. El proyecto fue resultado de escuchar e identificar las necesidades de cada sector lo que significó un proceso de aprendizaje en el que teníamos que mantenernos actualizadas porque en los salones de clases, las y los adolescentes preguntan sobre diversidad de temas y esperan una respuesta. Pero también comprendimos que se vale decir “no sé”, y asumir que se trata de un intercambio de saberes, en el que elles pueden explicarnos sobre sus experiencias en juegos o plataformas que quizá inicialmente no teníamos en el radar como plataformas en las que también está presente la violencia digital. Por lo que la escucha activa ha sido nuestra gran herramienta para el desarrollo de este proyecto, a través del cual se siguen abriendo nuevos horizontes.
En más de una ocasión se nos apachurró el corazón cuando nos contaban que no creían que existiera el derecho al acceso a Internet. Porque hay haters, personas que molestan, insultan, doxxean, o hay quien se hace pasar por alguien de 12 años, cuando en realidad es un señor “grande” (momento en el que hubo que hablar acerca del grooming).
Escuchamos sus historias, la vecina de un compañero que le habían pedido el pack (conjunto de fotos o vídeos), la prima de un amigo que corrieron de la escuela porque la “quemaron” (exponer fotos o vídeos íntimos sin su consentimiento para dañar su reputación), quien se cambió de grupo porque le hicieron stickers o memes, de quien compartió las nudes (sin autorización) en el grupo de WhatsApp.
Caminamos de la mano de las y los adolescentes, en el recorrido incluimos a las mamás, papás, docentes e instituciones pues en las medidas de prevención y atención en un contexto escolar todas las figuras de autoridad son estratégicas para garantizar la protección de la integridad física y emocional de las infancias y adolescencias , considerando que cada una de estás figuras requiere información y el desarrollo de habilidades específicas para brindar acompañamiento. La violencia digital, es un problema sistémico, por lo que requiere que todas las y los actores actúen de manera coordinada con un lenguaje común comprendiendo las causas y condiciones que originan la violencia digital. La participación de estas figuras nos ha permitido iniciar un proceso de diálogo desde un enfoque de derechos y perspectiva de género.Poniendo como eje de aprendizaje casos de violencia digital, que pusieron de relieve algunos factores que son estratégicos y emergentes de atender como: la brecha de alfabetización digital, el acceso a la tecnología e Internet, los estereotipos de género, el adultocentrismo y autoritarismo como actitudes que les alejan a las personas adultas de comprender la importancia de su rol en la prevención y atención de la violencia digital.
Después de varios meses hicimos una pausa para observar lo que habíamos desarrollado e implementado, y los nuevos hallazgos que nos ha dejado esta etapa, para emprender nuevas líneas de incidencia. Por ejemplo, los estereotipos de género se incrementan y se acentúan en las narrativas de las y los adolescentes conforme avanzan en los grados escolares, y desde estos mandatos limitan sus recursos para afrontar los problemas y/o pedir ayuda lo que puede llegar a tener un fuerte impacto en su integridad física y emocional.
Los encuentros en las aulas nos permitieron ver que las y los adolescentes identifican la importancia de tener contraseñas seguras y características deben tener, que no deben abrir contenido de dudosa procedencia, pero persiste la actitud de subestimar el impacto de que estas acciones tienen en sus vidas fuera de lo digital, pues en muchas ocasiones el sentido de pertenencia pesa más , el quedar bien con sus amigas y amigos, e ir con la moda, a costa de protegerse y de su seguridad, debido entre otros factores a la falta de desarrollo de habilidades socioemocionales que les permitiría ejercer su toma de decisiones con mayor autonomía.
La incidencia y trabajo cercano con las instituciones públicas ha sido muy importante, porque nos ha permitido identificar la falta de protocolos, mecanismos y herramientas técnicas y operativas para la ejecución del marco jurídico en torno a la violencia digital, aspecto que también debe ser atendido para brindar información y un acompañamiento en un marco de derechos.
Visibilizar las características y la calidad del acceso a las tecnologías de la información como un derecho de las y los adolescentes, nos permite acercarnos a un problema estructural en materia de acceso a la información, comunicación, banda ancha, ya que cuando estas condiciones no son atendidas el acceso y uso de la Internet profundiza las desigualdades ya existentes.
Durante los dos años de este proyecto, buscamos sensibilizar a la población tanto en espacios públicos como en plataformas de comunicación, mediante una campaña de comunicación a través de intervenciones offline como un mural en la vía pública, reparto de stickers en escuelas, hasta en lo digital inundando las redes sociales con la campaña #FrenaElHate. Capacitamos en Aguascalientes a decenas de personas del servicio público de distintas áreas, instituciones y perfiles. Dialogamos con mamás, papás, y docentes, visitamos muchas escuelas, escuchamos a las y los adolescentes. Posicionamos el tema, asistiendo a foros, paneles, conversatorios, podcasts… Todo lo que aprendimos, lo reunimos en cuatro increíbles guías que ¡ponemos a tu disposición!
Reconocemos y agradecemos la confianza y el comprometido esfuerzo de docentes, psicólogas, trabajadoras sociales, y autoridades de distintas dependencias públicas que nos permitieron trabajar en sus espacios educativos y oficinas gubernamentales y que hoy utilizan las Guías y recomendaciones que hemos desarrollado como parte de actuación que busca transformar los espacios educativos como ámbitos de convivencia seguros. Gracias por confiar en nuestro trabajo y abrirnos las puertas de su comunidad para continuar llegando a muchas más escuelas.
Desde que nació Indela para fortalecer el ecosistema de derechos digitales, ha apoyado en estos tres años a 20 proyectos, de 22 organizaciones, en 10 países a lo largo de Latinoamérica. Las necesidades en la región fueron mutando con la pandemia, e Indela se fue adaptando de manera ágil y flexible a las urgencias coyunturales. Las principales áreas de impacto que emergieron, y que fueron priorizadas para ser atendidas, han sido en temas como la reducción de violencia de género en línea, protección de datos personales, privacidad, y análisis de tecnologías de vigilancia masiva, entre otros.
Durante 2021, un equipo de de evaluación externa comenzó un proceso de análisis para profundizar la visión estratégica de Indela, el apoyo que brinda y la colaboración entre pares. Esta evaluación externa incluyó la implementación de espacios de intercambio colectivo de reflexiones, entre organizaciones y el equipo coordinador de Indela, que permitieron identificar las principales oportunidades a futuro y los desafíos que atraviesa el ecosistema de derechos digitales en Latinoamérica.
Oportunidades a futuro
Se identificaron tres grandes áreas de oportunidad para seguir fortaleciendo la protección de los derechos digitales en leyes y políticas públicas en la región.
Los desafíos
Se identificó el aumento de algunas amenazas, y otras nuevas, que atraviesan los derechos digitales y las organizaciones que los defienden.
Estas principales oportunidades y desafíos que atraviesa el ecosistema de derechos digitales en Latinoamérica permiten identificar en conjunto, un futuro muy visible, y el cómo fortalecer a las organizaciones y la defensa de estos derechos. Es importante profundizar en los principales ejes temáticos para garantizar los derechos digitales en leyes y políticas públicas integrales, brindar oportunidades para construir diálogo y articular trabajo regional con nuevos actores, apoyar a las organizaciones para fortalecer su impacto y capacidades dentro de este panorama que viene, y alinear el financiamiento existente en la región para darle la oportunidad a las organizaciones de construir nuevos futuros colectivos.
Indela, desde su primera convocatoria de 2019, ha acompañado a diversas organizaciones que trabajan en la protección de datos personales en Latinoamérica. Como parte de una evaluación externa realizada a estos tres años de trabajo, se desarrolló un estudio de caso sobre el área datos personales en particular, para analizar a profundidad las estrategias y el impacto de los procesos liderados por dos de las organizaciones aliadas; IDEC y TEDIC.
Garantizar la protección de datos personales, es garantizar el ejercicio de otros derechos humanos, como la privacidad y la libertad de expresión. Brindar herramientas y mecanismos que garanticen la confidencialidad, seguridad y control de los datos personales es una necesidad que crece a pasos agigantados, especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad.
En ciertos países de Latinoamérica estos derechos están regulados, en algunos incluso con normas más progresivas como el caso de Brasil. Sin embargo, aún hay varios países que no poseen leyes específicas sobre datos personales, como el caso de Paraguay.
En este contexto, IDEC desde Brasil y TEDIC desde Paraguay, han desarrollado estrategias integrales con tres ejes principales de acción:
Logros e impacto
Los proyectos liderados por estas dos organizaciones, han generado impacto a nivel nacional y regional. Por un lado, la articulación multisectorial para la co-construcción de un anteproyecto de ley de datos personales con mirada de derechos humanos en Paraguay. TEDIC, junto con la Coalición de Datos Personales, coordinó un proceso de diálogo con actores estratégicos para el avance en la protección de datos personales que cumpla con estándares internacionales.
Además, con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nacional de Asunción, lidera un proceso de fortalecimiento de capacidades de la nueva generación de profesionales en temas de derechos digitales, a través de la Clínica Jurídica sobre Derechos Digitales. Este tipo de logros, permite el fortalecimiento del ecosistema local, a través de las acciones de intercambio de experiencias y aprendizajes.
Por otro lado, IDEC ha logrado tejer lazos y trabajo articulado en red, entre la comunidad de derechos digitales, y la de derechos del consumidor en la región, para la acción política colectiva regional. Estos impactos permiten fortalecer las capacidades de incidencia de la sociedad civil frente a normas públicas y privadas relacionadas a protección de datos personales.
La protección de datos personales es un proceso en desarrollo que aún necesita apoyo. Las regulaciones existentes requieren de continua actualización frente a los desafíos emergentes que genera el contexto digital. Es fundamental articular las acciones colectivas frente a nuevas oportunidades entre diferentes sectores y comunidades, que permitan la construcción de agendas a largo plazo para la defensa y protección de datos personales.
Desde su creación en 2019, Indela ha acompañado a diversas organizaciones que trabajan en la prevención y reducción de la violencia de género en línea (VGL) en Latinoamérica. Como parte de una evaluación externa realizada sobre estos tres años de la Iniciativa, se desarrolló un estudio de caso sobre el trabajo implementado en el eje temático de VGL, para analizar a profundidad las estrategias y el impacto de los proyectos acompañados. Se analizaron los procesos liderados por Luchadoras, Hiperderecho y Cultivando Género.
Hallazgos y tendencias en Latinoamérica
En los últimos años, se han configurado nuevas formas de violencia de género a través del uso de tecnologías digitales. Ante este creciente problema, las organizaciones que trabajan en la intersección de feminismo y tecnología en la región, han redoblado esfuerzos en la búsqueda de soluciones, ajustando a prioritaria dentro de sus agendas esta materia.
En algunos países se ha desarrollado regulación específica para reconocer ciertos tipos de violencia de género en línea como delito, como el caso de México, con las diversas reformas a los Códigos Penales estatales, o en Perú, con las reformas al Código Penal y otras leyes. Si bien estas regulaciones son avances en el tema, aún son insuficientes para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que han atravesado violencia digital.
En este contexto, estas tres organizaciones, han desarrollado estrategias integrales con tres ejes principales de acción:
Logros e impacto en VGL
Los proyectos liderados por estas tres organizaciones, han generado procesos exitosos de investigación que permitieron profundizar y confirmar la necesidad de promover mecanismos efectivos de acceso a la justicia de sobrevivientes de violencia online tanto en México, como en Perú. Además el acompañamiento legal, les ha permitido utilizar estos procesos en sus estrategias de incidencia colectiva. Las estrategias de comunicación han logrado llegar a nuevas audiencias dentro y fuera del nicho, llegando cada vez más a mujeres y personas LGBTIQ+ que han atravesado violencia digital.
Transversalizar la perspectiva de género en el trabajo de derechos digitales es fundamental para profundizar en la necesidad de regulación específica que desarrolle mecanismos integrales de acceso a la justicia, fortalecer la articulación regional de las organizaciones, y continuar apoyando el trabajo e impacto de estos procesos.
