Centroamérica Videovigilada: aprendizajes sobre videovigilancia pública para otros países de la región

Por IPANDETEC

“Si no es por su proyecto, no me entero”. Esta fue la declaración de una de las personas participantes del proyecto Centroamérica Videovigilada. Por primera vez, la región cuenta con un proyecto planificado y ejecutado por una organización y personal cien por ciento centroamericanos sobre los sistemas de videovigilancia pública.

El proyecto identificó los sistemas de tecnologías de videovigilancia en espacios públicos en nueve ciudades de Guatemala, Costa Rica y Panamá, a través de solicitudes de información a las autoridades de esos países. La información proporcionada por las autoridades fue comprobada con sitios de compra gubernamental, medios de comunicación, y los registros de empresas. Esta información recolectada fue publicada a través de redes sociales y fichas de investigación en el sitio web del proyecto.

La metodología permitió encontrar que solamente Costa Rica y Panamá, mantienen leyes de protección de datos y derecho a la imagen, mientras que Guatemala no. Ninguno de los países investigados ha regulado la videovigilancia pública o privada mediante leyes nacionales, sino que se manejan con manuales internos o decretos alcaldicios. Dentro de la investigación, se encontró la participación en licitaciones de los sistemas de empresas denunciadas a nivel internacional por espionaje, la poca participación ciudadana en el proceso, entre otros detalles.

La segunda parte del proyecto era conocer la opinión de las personas beneficiarias de la implementación de estos proyectos de seguridad pública. Se realizaron más de 25 entrevistas a líderes y lideresas de las nueve ciudades centroamericanas donde se desarrolló el proyecto. Al mismo tiempo, se reunieron a vecinos y vecinas en grupos focales denominados “Diálogos Ciudadanos” donde se pudo comprender sus conocimientos sobre el sistema, su opinión sobre la privacidad, y la participación ciudadana por proyecto. Tanto las entrevistas como los diálogos ciudadanos fueron grabados para su posterior transcripción, respetando la privacidad de las personas participantes.

De esta fase, pudimos notar el poco conocimiento sobre los sistemas de videovigilancia que mantenían los habitantes de las nueve ciudades en general. Derivado de la falta de participación ciudadana y transparencia gubernamental en este tema, muy pocas de las personas afirmaron haber participado en alguna de las fases de los sistemas en mecanismos de participación ciudadana mientras que otra gran mayoría desconocía con certeza la entidad administradora del sistema. En materia de privacidad, encontramos comentarios diversos, algunas de las personas entrevistadas prefieren sacrificar su derecho a la privacidad a cambio de seguridad y paz comunitaria, mientras otros manifestaron estar preocupados por la intrusión del sistema.

La tercera parte del proyecto se enfocó en generar espacios de diálogo con autoridades y gremios empresariales en la búsqueda de generar conversaciones y sinergías que permitan acciones en beneficio de los derechos humanos de los habitantes.

Por último, el equipo del proyecto realizó un estudio a profundidad que permite comprender diversas temáticas encontradas en la región sobre los sistemas de videovigilancia: el uso de los sistemas de videovigilancia como herramienta diplomática, el reconocimiento facial, la falta de participación ciudadana, entre otras aristas de la videovigilancia en la región.

Lecciones aprendidas

Durante el transcurso del proyecto, el equipo investigador pudo obtener aprendizajes para ser aplicados en futuras fases del proyecto y en otras investigaciones; primeramente, la importancia de involucrar a las comunidades y personas beneficiarias. La riqueza de información proveniente de la población, hizo que el equipo investigador pudiera presentar los resultados del proyecto, así como realizar cuestionamientos a las autoridades amparados en la participación ciudadana y la opinión de los habitantes.  Por otro lado, esa participación de la ciudadanía en el desarrollo del estudio, permitió que el proyecto pudiera enfocarse en ciertas áreas de investigación, tales como la participación ciudadana en la instalación geográfica de cámaras o el traslado de la delincuencia a lugares no videovigilados.

Por otro lado, la falta de voluntad inicial de las autoridades en conocer el proyecto a pesar de sus responsabilidades con la ciudadanía, solamente demuestra la desconexión que mantienen ciertos sectores gubernamentales con aquellas personas que les eligieron. Esta falta de voluntad termina en falta de participación ciudadana, ausencia de rendición de cuentas, opacidad,  poca transparencia y  vulneración de derechos.

Logros

Hasta la fecha se han logrado reuniones con tres municipalidades, y un ministerio a cargo de la seguridad, y tres gremios empresariales. En estas reuniones, se enfatizó la necesidad de iniciar conversaciones multisectoriales con un enfoque de derechos humanos. Como resultado, una de las instituciones se mostró a favor de una futura reunión con el equipo legal de la institución pública y el equipo investigador para analizar la discusión de una regulación a la videovigilancia, mientras que una de las municipalidades de Costa Rica indicó que iniciarán inmediatamente una reforma a sus manuales internos con un enfoque humanista tras la reunión sostenida con el equipo investigador.

Por otro lado, la entidad pública a cargo de uno de los sistemas de videovigilancia de Panamá expresó desear conocer más sobre el tema en futuras fases del proyecto, además de dejar abierta la posibilidad de iniciar acciones conjuntas para una regulación de videovigilancia con enfoque de derechos humanos.

El futuro del proyecto

El proyecto, el cual ha sido ampliamente difundido a través de redes sociales, ha visto su objetivo principal cumplido; ha logrado educar y concientizar a las poblaciones meta sobre el uso de videovigilancia. Sin embargo, la expansión de la investigación y sensibilización a otras ciudades de los países investigados, o incluir nuevos países de Centroamérica, abre una multitud de oportunidades. Este proyecto pone la primera piedra para construir acciones multisectoriales encaminadas a discutir nuevas y existentes regulaciones, iniciar acciones de litigio estratégico e incidencia legislativa que protejan a la ciudadanía, la apertura y mayor transparencia de los sistemas, e inclusive mecanismos de auditoría ciudadana en ellos.

Las voces locales detrás de los debates globales de políticas digitales

Por Asociación Aguayo y Fundación InternetBolivia.org

¿Cómo la digitalización afecta a las comunidades rurales en Bolivia y sus derechos? ¿Qué necesidades tienen las y los bolivianos que viven en municipios medianos y pequeños en relación a la digitalización y ejercicio de sus derechos? ¿Están presentes los debates globales sobre políticas digitales en las realidades locales? ¿Cómo se puede apoyar a que los municipios rurales en Bolivia puedan incluirse en estos debates?

Estas preguntas fueron los disparadores para llegar a lugares como Coroico, un municipio a tres horas de la sede de Gobierno de Bolivia; Ayo Ayo, un pueblo en la gran altiplanicie de los Andes, y a otros lugares alejados. Todos ellos comparten problemas globales como los procesos de extractivismo de datos personales, ciberestafas y violencias digitales, pero a diferencia de los centros urbanos y países del norte no se los toma en cuenta en la discusión global sobre digitalización.

Desde el año 2020, desde la Fundación InternetBolivia.org y la Asociación Aguayo tomamos el desafío de llevar los debates de acceso a Internet y protección de datos personales a municipios alejados de los centros urbanos en un doble esfuerzo: ir de lo global a Bolivia y de lo urbano a lo rural.

El contexto de cuarentena por el COVID-19 llevó el desafío de la digitalización a más lugares y sorprendió a los municipios sin estrategias, normativas, debate público, ni herramientas para afrontarlo. Esto llevó a que las poblaciones de estos territorios incrementaran sus vulnerabilidades al usar Internet.

No queríamos que este recorrido fuera de cualquier manera, decidimos que fuera en clave local, feminista, e intercultural. Queríamos que fuera con voces diversas. Así, incluimos a mujeres como actoras fundamentales de estos procesos, a federaciones de productores y productoras y a jóvenes.

En este camino, encaramos dos proyectos: el primero denominado: “Marcos legislativos de derechos digitales multiculturales para comunidades indígenas y municipios en Bolivia: análisis comparativo e incidencia legal”, en el que se elaboró un diagnóstico sobre el acceso a Internet y protección de datos personales en cinco municipios de Bolivia y una Autonomía Indígena (Charagua Iyambae).

Sobre esta base, se diseñaron dos modelos de leyes municipales:

  • Ley de inclusión digital, para que los municipios puedan proyectar no solo soluciones de acceso a Internet, sino también programas de alfabetización digital, que hasta ahora no han sido asumidos por estas entidades.
  • Ley de protección de datos personales, para que los municipios garanticen este derecho en los trámites que administran. Si bien no existe una Ley nacional, no es impedimento para que los municipios asuman este rol.

Asimismo, se implementaron campañas de comunicación y capacitación en tres municipios: Coroico, Copacabana y Villamontes.

En este proceso tuvimos un primer acercamiento con el Gobierno Municipal de Coroico, su Concejo Municipal y actores sociales que inciden en las políticas locales. ¿Por qué? Porque uno de nuestros objetivos es la elaboración de leyes que permitan garantizar y proteger derechos digitales de la ciudadanía. De este modo, se generó voluntad política para deliberar sobre una Ley Municipal de Digitalización y Protección de Datos Personales en Coroico, que de aprobarse sería la primera de estas características en Bolivia, e incluso Latinoamérica y global. En este enlace encontrarán el trabajo realizado hasta el momento.

Nuestro trabajo no terminó allí, y en el 2021 comenzamos el segundo proyecto, “Mujeres por los derechos digitales y tecnologías en Bolivia” con el objetivo de fortalecer la capacidad de incidencia de las mujeres en las políticas públicas de derechos digitales.

Luego de un proceso de fortalecimiento de capacidades dirigido a mujeres de base, ellas diseñaron propuestas de políticas públicas con impacto en su contexto directo y la construcción colectiva de un decálogo en el que volcaron sus preocupaciones ante las vulneraciones de derechos digitales que viven en su cotidiano. Aquí podrán conocer las siete propuestas becadas de las setenta recibidas cuyo objetivos son incidir en sus contextos directos en busca de fortalecer sus derechos digitales y las voces de las mujeres que trabajaron a lo largo del proyecto.

En las varias visitas a los municipios, naturalmente un grupo de jóvenes, que ya trabajaban con Asociación Aguayo en artivismo y comunicación masiva en otros proyectos, comenzó a acompañarnos. El arte es un canal potente para transmitir mensajes de cambio social y llegar a personas que de maneras tradicionales no es posible.

¡Era momento de ser creativos! Apoyamos la producción de una obra de teatro del grupo Coroico Art integrado por adolescentes y jóvenes de Coroico acerca de su realidad en derechos digitales, riesgos al navegar en Internet sin información, lo que había significado la educación virtual en la pandemia y la importancia de cuidar los datos personales. Tan importante fue el impacto de esta obra que se convirtió en el evento cultural más importante del primer semestre de 2022 en el municipio, la llevaron a varias comunidades y a la ciudad de La Paz en diferentes eventos.

Las y los jóvenes de Coroico también pusieron su entusiasmo en su programa semanal en la radio local, que tiene un gran alcance en la zona con entrevistas, jingles y spots acerca de violencia digital y protección de datos personales.Tanto para la obra de teatro como para la radio, hicimos un trabajo muy importante de fortalecimiento de capacidades para que tuvieran insumos para llevar adelante ambas propuestas.

En todo este proceso, se fueron abriendo puertas con la Alcaldesa de Coroico, los y las concejalas, las federaciones de productores varones y de mujeres donde pudimos sembrar las semillas del debate sobre los derechos digitales que deseamos que ellos y ellas, puedan cosechar y replicar en comunidades vecinas. Ahora ya varios actores y actoras están listos para hablar en espacios nacionales y locales.

Los derechos humanos en entornos digitales son una necesidad de todas las personas, también de quienes viven en municipios rurales. Es necesario integrar miradas, territorialidades, sentires y saberes locales en los debates nacionales y globales que no siempre tienen en cuenta esta diversidad.

Construir puentes lleva tiempo, es agotador y costoso, pero vale la pena; derechos digitales + protección al consumidor

Por IDEC – Instituto Brasileño de Protección al Consumidor 

Construir puentes lleva tiempo, es agotador y costoso, pero vale la pena. Este es uno de los tantos aprendizajes que nos llevaremos con Idec después de casi dos años del proyecto “ Construyendo puentes entre los derechos digitales y las comunidades de protección del consumidor en América Latina”.

La idea de esta iniciativa nació de nuestra fuerte participación en estas dos comunidades: los derechos digitales y la protección del consumidor. Esto se debe a que, con el tiempo, nos dimos cuenta de que son dos comunidades con muchas fortalezas, pero que aún no dialogan entre sí. Por un lado, tenemos la comunidad de derechos digitales, que está muy atenta al proceso de digitalización de los servicios públicos y privados y tiene una articulación regional bien establecida. Por otro lado, tenemos organizaciones de protección al consumidor, que llevan trabajando desde los años 80 y 90, actuando de diferentes formas, sea en incidencia política, campañas de sensibilización o litigios estratégicos, pero que, por ahora, conocen poco sobre estos nuevos temas de privacidad y protección de datos.

Construyendo puentes durante la pandemia

Estrechar lazos entre grupos que no son iguales es una tarea aún más complicada en un período de pandemia, como fue nuestro caso. De esta forma, tuvimos que renunciar a un gran encuentro presencial y latinoamericano, lo que nos obligó a buscar alternativas viables para este desafío de construir puentes.

Así comenzamos nuestro proyecto con una serie de entrevistas remotas con miembros de organizaciones de derechos digitales y con representantes de organizaciones de protección al consumidor de doce países de la región, desde México hasta Chile. A partir de esta etapa inicial, fue posible recopilar una cantidad considerable de datos e información que nos ayudaron a dibujar un perfil importante de las dos comunidades.

Un análisis comparativo rápido entre las dos comunidades nos mostró una gran brecha generacional y una disparidad financiera significativa. Por ejemplo, el liderazgo de la comunidad de protección al consumidor está formado predominantemente por mujeres, quienes fundaron las organizaciones y han trabajado en ellas durante décadas, donde también ayudaron en la promulgación de leyes nacionales de protección al consumidor, como fue el caso del propio Idec. Mientras tanto, en la comunidad de derechos digitales, podemos ver la presencia de miembros más jóvenes que también han fundado sus propias organizaciones, en las que han estado trabajando por menos de una década.

En nuestras conversaciones con activistas de ambas comunidades, decidimos investigar cómo las entidades se relacionan con los debates sobre tecnología y sociedad. Este fue un paso importante para prestar atención al complejo escenario regulatorio de la región, donde hay países que la protección de datos ya es un derecho fundamental, mientras que otros ni siquiera cuentan con normas para tratar el tratamiento de datos. Otros temas como el derecho de la competencia y los servicios de telecomunicaciones también surgieron en las conversaciones como temas de interés para las organizaciones, ya que las discusiones sobre el tratamiento masivo de datos ya no son un mero tema de protección de datos y privacidad.

Dado que uno de los objetivos iniciales de nuestro proyecto era también mapear marcos regulatorios nacionales y casos paradigmáticos, construimos, dentro del alcance del proyecto, un   interactivo que contiene información sobre las autoridades y la legislación de varios países en materia de protección de datos, protección del consumidor, derecho de la competencia y derecho de las telecomunicaciones. Creemos que este atlas jurídico, combinado con una biblioteca de casos locales paradigmáticos, será un espacio privilegiado que brindará una importante difusión del conocimiento sobre la interfaz entre el derecho del consumidor y la protección de datos en América Latina.

Arremangándose las mangas

Además de esta gran etapa de recolección de datos, también actuamos, en la práctica, con acciones de incidencia política. Habiendo ya presentado nuestro proyecto a organizaciones de la región, además de conversar en detalle con ellas, tuvimos una primera oportunidad de articular cuando WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en América Latina y en el mundo, comenzó a enviar notificaciones, a principios de enero de 2021, sobre los cambios que implementaría en sus términos de uso y política de privacidad. En este sentido, varias organizaciones de ambas comunidades firmaron una  manifestación pública dirigida a Facebook y a las autoridades locales solicitando una serie de medidas sobre la  nueva política de privacidad de WhatsApp para que los usuarios tuvieran sus derechos respetados.

A fines del mismo año, organizamos un evento para establecer un diálogo entre la sociedad civil latinoamericana, donde debatimos una perspectiva de protección de datos que articuló las experiencias, trabajos y saberes de las comunidades de derechos digitales y protección al consumidor en América Latina. En este espacio tuvimos la oportunidad de abordar la propagación de  tecnologías biométricas y sus efectos en los consumidores y también discutir sobre la protección de datos personales de los usuarios de servicios de telecomunicación.

No estamos solos

Otros momentos interesantes de articulación de proyectos surgieron cuando descubrimos iniciativas similares en todo el mundo. Nos dimos cuenta de que otras organizaciones también eran conscientes del hecho de que se necesita con urgencia una colaboración más sólida entre los diferentes grupos para hacer frente al avance de los servicios públicos y privados que violan el derecho de los ciudadanos a la protección de datos.

Por ejemplo, en 2021, The Engine Room realizó un proyecto de investigación explorando la colaboración intersectorial entre las comunidades de justicia social y las comunidades de derechos digitales durante la pandemia. Realizamos una serie de aportes al informe final de esta investigación, compartiendo experiencias y aprendizajes que tuvimos a lo largo de nuestro propio proyecto. También estrechamos lazos con el proyecto ” Abogando por la responsabilidad, la protección y la transparencia de los datos ” (ADAPT) de Internoticias, que nos ayudó a centrarnos en desafíos que enfrentan los reguladores latinoamericanos, además de brindarnos espacios para discutir cómo los activistas pueden trabajar no solo con las autoridades de protección de datos, sino también con los organismos reguladores de la competencia y los derechos del consumidor..

Vamos juntos

Después de todas estas acciones, conversaciones y alianzas estimulantes, nos dimos cuenta de que todavía hay un largo camino por recorrer. Las asimetrías financieras, generacionales y técnicas siguen llamando la atención y dificultan el involucramiento continuo entre las comunidades. Tras la dolorosa primera etapa de la pandemia, tanto los derechos digitales como los derechos de los consumidores son áreas que están recibiendo más atención por parte de la ciudadanía debido a la migración de los servicios públicos, el trabajo y la educación al entorno digital, así, estamos seguros de que estos primeros pasos de nuestro proyecto serán fundamentales para construir puentes más sólidas y duraderas, que conduzcan a acciones concretas y exitosas, como ya está pasando.

La escucha activa como herramienta contra la violencia de género en línea

Por Cultivando Género

En el 2015 el Módulo de Ciberacoso (MOCIBA), encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México reveló que el 32% de la población conectada de 12 años y más en Aguascalientes había atravesado ciberacosos. Lo que posicionó al Estado con una de las incidencias más alta de este tipo de violencia a nivel nacional. Seis años después en los resultados de MOCIBA 2021, Aguascalientes reduce el porcentaje y reporta que el 22.2% de la población ha pasado por una situación de violencia digital.

En 2020, en Cultivando Género comenzamos el proyecto acompañamiento y atención integral a la violencia digital en Aguascalientes, México, con apoyo de Indela. El proyecto fue resultado de escuchar e identificar las necesidades de cada sector lo que  significó un proceso de aprendizaje en el que teníamos que mantenernos actualizadas porque en los salones de clases, las y los adolescentes  preguntan  sobre diversidad de temas y  esperan una respuesta. Pero también comprendimos que se vale  decir “no sé”, y asumir que se trata de un intercambio de saberes, en el que elles pueden explicarnos sobre sus experiencias en juegos o plataformas que quizá inicialmente no teníamos en el radar como plataformas en las que también está presente la violencia digital. Por lo que la escucha activa ha sido nuestra gran herramienta para el desarrollo de este proyecto, a través del cual se siguen abriendo nuevos horizontes.

En más de una ocasión se nos apachurró el corazón cuando nos contaban que no creían que existiera el derecho al acceso a Internet. Porque hay haters, personas que molestan, insultan, doxxean, o hay quien se hace pasar por alguien de 12 años, cuando en realidad es un señor “grande” (momento en el que hubo que hablar acerca del grooming).

Escuchamos sus historias, la vecina de un compañero que le habían pedido el pack (conjunto de fotos o vídeos), la prima de un amigo que corrieron de la escuela porque la “quemaron” (exponer fotos o vídeos íntimos sin su consentimiento para dañar su reputación), quien se cambió de grupo porque le hicieron stickers o memes, de quien compartió las nudes (sin autorización) en el grupo de WhatsApp.

Caminamos de la mano de las y los adolescentes, en el recorrido incluimos a las mamás, papás, docentes e instituciones pues en las medidas de prevención y atención en un contexto escolar todas las figuras de autoridad son estratégicas para garantizar la protección de la integridad física y emocional de las infancias  y adolescencias , considerando que cada una de estás figuras requiere información y el desarrollo de habilidades específicas para brindar acompañamiento. La violencia digital, es un problema sistémico, por lo que requiere que todas las y los actores actúen de manera coordinada con un lenguaje  común comprendiendo las causas y condiciones que originan la violencia digital.  La participación de estas figuras nos ha permitido iniciar un proceso de diálogo desde un enfoque de derechos y  perspectiva de género.Poniendo como eje de aprendizaje casos de violencia digital, que pusieron de relieve algunos factores que son estratégicos y emergentes de atender como: la brecha de alfabetización digital, el  acceso a la tecnología e Internet, los estereotipos de género, el adultocentrismo y autoritarismo como actitudes que les alejan a las personas adultas de comprender la importancia de su rol en la prevención y atención de la violencia digital. 

Después de varios meses hicimos una pausa para observar lo que habíamos desarrollado e implementado, y los nuevos hallazgos que nos ha dejado esta etapa, para emprender  nuevas líneas de incidencia. Por ejemplo, los estereotipos de género se incrementan y se acentúan en las narrativas de las y los adolescentes conforme avanzan en los grados escolares, y desde estos mandatos limitan  sus recursos para afrontar los problemas y/o pedir ayuda lo que puede llegar a tener un fuerte impacto en su integridad física y emocional.

Los encuentros en las aulas nos permitieron ver que las  y los adolescentes identifican la importancia de  tener contraseñas seguras y características deben tener, que no deben abrir contenido de dudosa procedencia, pero persiste  la actitud de subestimar el impacto de que estas acciones tienen en sus vidas fuera de lo digital, pues en muchas ocasiones el sentido de pertenencia pesa más , el quedar bien con sus amigas y amigos, e ir con la moda, a costa de protegerse y de su seguridad, debido entre otros factores a la falta de desarrollo de habilidades socioemocionales que les permitiría ejercer su toma de decisiones con mayor autonomía. 

La incidencia y trabajo cercano con las instituciones públicas ha sido muy importante, porque nos ha permitido identificar la falta de protocolos, mecanismos y herramientas técnicas y operativas para la ejecución del marco jurídico en torno a la violencia digital, aspecto que también debe ser atendido para brindar información y un acompañamiento en un marco de derechos.

Visibilizar las características y la calidad del acceso a las tecnologías de la información como un derecho de las y los adolescentes, nos permite acercarnos a un problema estructural en materia de acceso a la información, comunicación, banda ancha, ya que cuando estas condiciones no son atendidas el acceso y uso de la Internet profundiza las desigualdades ya existentes.

Durante los dos años de este proyecto, buscamos sensibilizar a la población tanto en espacios públicos como en plataformas de comunicación, mediante una campaña de comunicación a través de  intervenciones offline como un mural en la vía pública, reparto de stickers en escuelas, hasta en lo digital inundando las redes sociales con la campaña #FrenaElHate. Capacitamos en Aguascalientes a decenas de personas del servicio público de distintas áreas, instituciones y perfiles. Dialogamos con mamás, papás, y docentes, visitamos muchas escuelas, escuchamos a las y los adolescentes. Posicionamos el tema, asistiendo a foros, paneles, conversatorios, podcasts… Todo lo que aprendimos, lo reunimos en cuatro increíbles guías que ¡ponemos a tu disposición!

Reconocemos y agradecemos la confianza y el comprometido esfuerzo de docentes, psicólogas, trabajadoras sociales, y autoridades de distintas dependencias públicas que nos permitieron trabajar en sus espacios educativos y oficinas gubernamentales y que hoy utilizan las Guías y recomendaciones que hemos desarrollado como parte de actuación que busca transformar los espacios educativos como ámbitos de convivencia seguros.  Gracias por confiar en nuestro trabajo y abrirnos las puertas de su comunidad para continuar llegando a muchas más escuelas.

La evidencia que dibuja el futuro de los derechos digitales en Latinoamérica

Desde que nació Indela para fortalecer el ecosistema de derechos digitales, ha apoyado en estos tres años a 20 proyectos, de 22 organizaciones, en 10 países a lo largo de Latinoamérica. Las necesidades en la región fueron mutando con la pandemia, e Indela se fue adaptando de manera ágil y flexible a las urgencias coyunturales. Las principales áreas de impacto que emergieron, y que fueron priorizadas para ser atendidas, han sido en temas como la reducción de violencia de género en línea, protección de datos personales, privacidad, y análisis de tecnologías de vigilancia masiva, entre otros.

Durante 2021, un equipo de de evaluación externa comenzó un proceso de análisis para profundizar la visión estratégica de Indela, el apoyo que brinda y la colaboración entre pares. Esta evaluación externa incluyó la implementación de espacios de intercambio colectivo de reflexiones, entre organizaciones y el equipo coordinador de Indela, que permitieron identificar las principales oportunidades a futuro y los desafíos que atraviesa el ecosistema de derechos digitales en Latinoamérica.

Oportunidades a futuro

Se identificaron tres grandes áreas de oportunidad para seguir fortaleciendo la protección de los derechos digitales en leyes y políticas públicas en la región. 

  • Nuevas formas de conectividad y participación: La pandemia, más allá de confirmar estas carencias y, ante una creciente, acelerada, y en muchos casos forzada digitalización, generó que grupos sociales emergentes, especialmente de jóvenes, demanden cada vez más sus derechos en relación a conectividad y participación digital. Internet es un espacio de ejercicio de derechos en el que deben estar todas las voces. 
  • Nuevos conceptos: Existe una tendencia sobre la posibilidad de nuevos conceptos de derechos humanos, como el derecho a la desconexión y el derecho a la privacidad. Estas nuevas configuraciones también van de la mano con nuevas exigencias de reconocimiento y protección de derechos digitales en diferentes países de la región, como la conversación sobre el derecho a la desconexión. Además, existe un incremento en el desarrollo de tecnologías más abiertas y transparentes, que podrían tener un impacto positivo en las democracias de Latinoamérica. 
  • Nuevos actores: Hay una necesidad de incluir a actores en las discusiones sobre derechos digitales en la región, como organizaciones de sociedad civil tradicionales, centros de investigación y organismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ampliar la participación de estos sectores permite la colaboración para la defensa y protección de derechos digitales en Latinoamérica, así como el desarrollo de nuevos estándares internacionales de protección de estos derechos a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Los desafíos

Se identificó el aumento de algunas amenazas, y otras nuevas, que atraviesan los derechos digitales y las organizaciones que los defienden. 

  • Nuevas desigualdades: La brecha digital está aumentando las desigualdades sociales existentes en la región y el mundo, en algunos casos limitando el acceso y uso de las tecnologías digitales, así como la participación y ejercicio de derechos en el entorno digital. Por ejemplo, la deserción escolar durante la pandemia frente a la falta de acceso a Internet, donde se vulnera el acceso a la educación de la niñez y adolescencia. Estas nuevas desigualdades digitales son más evidentes para mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y grupos en condición de vulnerabilidad. 
  • Crecimiento de movimientos anti-derechos: A pesar que varios países han avanzado en la protección de derechos de mujeres, personas LGTBIQ+ y comunidades indígenas, existe un aumento del movimiento anti-derechos en la región. Esto se traduce en violaciones de derechos en el entorno digital, así como el aumento de discurso de odio y violencia digital contra grupos tradicionalmente excluidos.
  • Leyes y políticas en proceso de quedar desactualizadas: Por otro lado, las regulaciones sobre derechos digitales en la región aún no son suficientes para su protección. Las leyes y políticas públicas no están respondiendo frente a los crecientes problemas, esto se debe, en ocasiones, a la falta de capacidad de algunos gobiernos y actores públicos para comprender el impacto de las tecnologías digitales en el ejercicio de derechos o al lobby de las principales empresas de tecnología, las Big Tech para frenar cierta regulación. Frente a  la ausencia de regulación de protección, los Estados continúan desplegando sistemas de vigilancia masiva que afecta derechos de la ciudadanía, sin transparencia ni rendición de cuentas. La implementación de estas tecnologías, por un lado vulnera derechos a la privacidad y libertad de expresión en línea, e impide el libre ejercicio de otros derechos como la organización y movilización ciudadana.

Estas principales oportunidades y desafíos que atraviesa el ecosistema de derechos digitales en Latinoamérica permiten identificar en conjunto, un futuro muy visible, y el cómo fortalecer a las organizaciones y la defensa de estos derechos. Es importante profundizar en los principales ejes temáticos para garantizar los derechos digitales en leyes y políticas públicas integrales, brindar oportunidades para construir diálogo y articular  trabajo regional con nuevos actores, apoyar a las organizaciones para fortalecer su impacto y capacidades dentro de este panorama que viene, y alinear el financiamiento existente en la región para darle la oportunidad a las organizaciones de construir nuevos futuros colectivos.

El proceso emergente de proteger los datos personales en Latinoamérica

Indela, desde su primera convocatoria de 2019, ha acompañado a diversas organizaciones que trabajan en la protección de datos personales en Latinoamérica. Como parte de una evaluación externa realizada a estos tres años de trabajo, se desarrolló un estudio de caso sobre el área datos personales en particular, para analizar a profundidad las estrategias y el impacto de los procesos liderados por dos de las organizaciones aliadas; IDEC y TEDIC.

Garantizar la protección de datos personales, es garantizar el ejercicio de otros derechos humanos, como la privacidad y la libertad de expresión. Brindar herramientas y mecanismos que garanticen la confidencialidad, seguridad y control de los datos personales es una necesidad que crece a pasos agigantados, especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad.

En ciertos países de Latinoamérica estos derechos están regulados, en algunos incluso con normas más progresivas como el caso de Brasil. Sin embargo, aún hay varios países que no poseen leyes específicas sobre datos personales, como el caso de Paraguay.

En este contexto, IDEC desde Brasil y TEDIC desde Paraguay, han desarrollado estrategias integrales con tres  ejes principales de acción:

  1. Movilización coordinada para el logro de resultados de alto impacto en la lucha para la protección de datos personales, como apuesta a largo plazo.
  2. Articulación con diferentes actores, que permitan la colaboración y construcción colectiva de proyectos de ley con perspectiva multisectorial.
  3. Colaboración entre la comunidad de protección del consumidor, y la comunidad de derechos digitales para la construcción de agenda regional.

Logros e impacto

Los proyectos liderados por estas dos organizaciones, han generado impacto a nivel nacional y regional. Por un lado, la articulación multisectorial para la co-construcción de un anteproyecto de ley de datos personales con mirada de derechos humanos en Paraguay. TEDIC, junto con la Coalición de Datos Personales, coordinó un proceso de diálogo con actores estratégicos para el avance en la protección de datos personales que cumpla con estándares internacionales.

Además, con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nacional de Asunción, lidera un proceso de fortalecimiento de capacidades de la nueva generación de profesionales en temas de derechos digitales, a través de la Clínica Jurídica sobre Derechos Digitales. Este tipo de logros, permite el fortalecimiento del ecosistema local, a través de las acciones de intercambio de experiencias y aprendizajes.

Por otro lado, IDEC ha logrado tejer lazos y trabajo articulado en red, entre la comunidad de derechos digitales, y la de derechos del consumidor en la región, para la acción política colectiva regional. Estos impactos permiten fortalecer las capacidades de incidencia de la sociedad civil frente a normas públicas y privadas relacionadas a protección de datos personales.

La protección de datos personales es un proceso en desarrollo que aún necesita apoyo. Las regulaciones existentes requieren de continua actualización frente a los desafíos emergentes que genera el contexto digital. Es fundamental articular las acciones colectivas frente a nuevas oportunidades entre diferentes sectores y comunidades, que permitan la construcción de agendas a largo plazo para la defensa y protección de datos personales.

Historias de éxito, hallazgos y tendencias en casos de violencia de género en línea

Desde su creación en 2019, Indela ha acompañado a diversas organizaciones que trabajan en la prevención y reducción de la violencia de género en línea (VGL) en Latinoamérica. Como parte de una evaluación externa realizada sobre estos tres años de la Iniciativa, se desarrolló un estudio de caso sobre el trabajo implementado en el eje temático de VGL, para analizar a profundidad las estrategias y el impacto de los proyectos acompañados. Se analizaron los procesos liderados por Luchadoras, Hiperderecho y Cultivando Género.

Hallazgos y tendencias en Latinoamérica

En los últimos años, se han configurado nuevas formas de violencia de género a través del uso de tecnologías digitales. Ante este creciente problema, las organizaciones que trabajan en la intersección de feminismo y tecnología en la región, han redoblado esfuerzos en la búsqueda de soluciones, ajustando a prioritaria dentro de sus agendas esta materia. 

En algunos países se ha desarrollado regulación específica para reconocer ciertos tipos de violencia de género en línea como delito, como el caso de México, con las diversas reformas a los Códigos Penales estatales, o en Perú, con las reformas al Código Penal y otras leyes. Si bien estas regulaciones son avances en el tema, aún son insuficientes para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que han atravesado violencia digital.

En este contexto, estas tres organizaciones, han desarrollado estrategias integrales con  tres  ejes principales de acción:

  • La construcción de conocimientos empíricos a través de reportes en evidencia, y sistematización de datos para analizar la efectividad de la regulación existente y los mecanismos de respuesta en estos países.
  • El acompañamiento legal integral, que por un lado, les permitió agregar al eje 1 evidencia empírica sobre los procesos de denuncia legal y también a identificar con claridad los desafíos legales que enfrentan las personas que denuncian violencia digital.
  • Las estrategias de comunicación  para la incidencia online y offline, les permite compartir información sobre la violencia de género en línea para identificarla y combatirla, así como para asesorar a  sobrevivientes de estas violencias. Estas campañas se caracterizan por promover la no-revictimización, y la defensa del derecho a ocupar y co-crear el espacio digital

Logros e impacto en VGL

Los proyectos liderados por estas tres organizaciones, han generado procesos exitosos de investigación que permitieron profundizar y confirmar la necesidad de promover mecanismos efectivos de acceso a la justicia de sobrevivientes de violencia online tanto en México, como en Perú. Además el acompañamiento legal, les ha permitido utilizar estos procesos en sus estrategias de incidencia colectiva. Las estrategias de comunicación han logrado llegar a nuevas audiencias dentro y fuera del nicho, llegando cada vez más a mujeres y personas LGBTIQ+ que han atravesado violencia digital.  

Transversalizar la perspectiva de género en el trabajo de derechos digitales es fundamental para profundizar en la necesidad de regulación específica que desarrolle mecanismos integrales de acceso a la justicia, fortalecer la articulación regional de las organizaciones, y continuar apoyando el trabajo e impacto de estos procesos.

20 proyectos • 3 años de aprendizajes • Derechos digitales • Latinoamérica

Indela (Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica) inició su trabajo para fortalecer el ecosistema de derechos digitales en 2019. En estos tres años, ha apoyado 20 proyectos, de 22 organizaciones, en 10 países de Latinoamérica. Las principales áreas de trabajo, que fueron identificadas con base en una lectura constante de las necesidades de la región, fueron en temas como reducción de violencia de género en línea, protección de datos personales, privacidad, y el análisis de tecnologías de vigilancia masiva, entre otros. 

Durante 2021, un equipo de de evaluación externa comenzó un proceso de análisis para profundizar la visión estratégica de Indela, el apoyo que brinda y la colaboración entre pares. Esta evaluación externa, permitió identificar las principales oportunidades a futuro y los desafíos que atraviesa el ecosistema de derechos digitales en Latinoamérica.

El proceso de evaluación analizó los proyectos de ocho organizaciones apoyadas por Indela, realizó 14 entrevistas con 20 actores relacionados con la Iniciativa, dos talleres de aprendizajes y un taller sobre futuro. A partir de esto, se desarrolló un reporte sobre los aprendizajes y tres estudios de caso sobre áreas de impacto.

Este blog post, es la primera publicación que comparte los principales hallazgos y aprendizajes sobre el futuro de los derechos digitales, así como, sobre estudios de caso por cada uno de los principales ejes temáticos.

Sobre la visión estratégica

Indela permite apoyar un ecosistema de derechos digitales diverso, a través del acompañamiento de proyectos liderados por organizaciones de diversos países. La estrategia integral del Fondo, combina apoyo financiero y no financiero. 

El primero consiste en el financiamiento del proyecto específico de una organización, que permite la concentración de fondos para actividades relacionadas al reconocimiento de derechos digitales en leyes y políticas públicas. El apoyo financiero ha dado un impulso clave a las organizaciones, y en algunos casos, incluso la apertura para lograr la sostenibilidad a través de otros financiamientos externos más grandes.

Por otro lado, el apoyo no financiero, se coordina a través de consultorías especializadas que aumenten su impacto y potencien el logro de los objetivos del proyecto. Este apoyo transversal ha beneficiado especialmente a las organizaciones más pequeñas y emergentes en el ecosistema. Indela ha apoyado a las organizaciones en temas de acompañamiento legal, desarrollo de estrategias de comunicación para la incidencia, y la consolidación de las organizaciones apoyadas.

En este sentido, se ha buscado que el apoyo más allá del proyecto, se enfoque en fortalecer la resiliencia de las organizaciones en diferentes niveles. Por ejemplo, a través del apoyo no financiero, se han coordinado consultorías estratégicas a medida para el fortalecimiento de algunas organizaciones, lo cual les ha permitido tener acompañamiento tanto en crecimiento institucional, o incluso en algunos casos, acompañamiento ante cambios internos  de estructura que las organizaciones estaban atravesando.

El apoyo personalizado por parte del equipo coordinador, ha permitido construir confianza para desarrollar procesos de acompañamiento cercanos y a medida, que atienden necesidades distintas de cada organización.

Sobre la colaboración

La colaboración de Indela se puede analizar desde dos ejes, por un lado de manera interna, sobre la coordinación entre donantes que forman parte de la Iniciativa, y por el otro de manera externa, sobre la articulación entre las organizaciones apoyadas. 

La coordinación entre donantes, desde las diferentes capacidades y experiencia, permitió la colaboración, identificación de prioridades, y el apoyar a organizaciones en países en los que tradicionalmente no se había podido llegar. 

En la colaboración entre organizaciones apoyadas, Indela tuvo un rol de facilitador flexible, menos institucionalizado y planificado, para colaborar e identificar nuevas áreas de oportunidad. Existe una necesidad de continuar la construcción de redes o grupos de trabajo entre las organizaciones apoyadas, especialmente sobre algunos ejes temáticos, que permitan contribuir a potenciar el trabajo de las organizaciones de manera colectiva y regional.


Consulta en el Reporte de Aprendizajes, los resultados de la evaluación externa realizada a Indela.

El reporte general fue escrito por Anca Matioc, Carla Bonina y Carolina Aguerre, con base en el trabajo de investigación del equipo. El reporte general y los estudios de caso que lo acompañan son parte del proyecto “Casos de Estudio y Aprendizajes Indela” coordinado por La Sobremesa durante el año 2021 para Indela. El proyecto fue dirigido por Carla Bonina, Profesora Asociada de la Escuela de Negocios de la Universidad de Surrey, y Anca Matioc, Directora de La Sobremesa. El equipo de investigación incluyó a Carolina Caeiro, Carolina Aguerre y Federico Albanese, y contó con el apoyo de Ana Dutari. Guadalupe López estuvo a cargo de la coordinación del trabajo de campo y Francisco León del diseño.

5 proyectos claves para fortalecer los derechos digitales

La irrupción descomunal del empleo, educación, compras, acceso a la información, entre otras áreas de la vida cotidiana que migraron hacia plataformas digitales durante los últimos dos años a causa de la pandemia, ha generado nuevos desafíos en la protección de derechos digitales en Latinoamérica.

Frente a este contexto desafiante, que muta de manera constante en la región, Indela entendió que necesitaba apoyar de manera flexible y menos tradicional, a iniciativas que apunten a sensibilizar y defender los derechos digitales. En algunos casos, dando continuidad a algunas organizaciones para fortalecer su ciclo de impacto, en otros, para responder ante nuevas oportunidades.

Como se anunció en la pasada Convocatoria Abierta 2021, Indela apoyará 5 proyectos claves para fortalecer los derechos digitales en Latinoamérica. Las organizaciones seleccionadas trabajarán en áreas como la protección de datos personales, reducción de violencia de género en línea, sensibilización sobre sistemas de vigilancia masiva, inclusión de género en procesos legislativos y mejora de las condiciones para el reporte de vulnerabilidades digitales.

Felicidades a los proyectos seleccionados Indela 2021:

  1. Mujeres por los derechos digitales” de la Asociación Aguayo y Fundación InternetBolivia.org, que buscará la inclusión de la perspectiva de género en el debate legislativo y de políticas públicas sobre derechos digitales en Bolivia.
  2. Fortalecimiento de la ciberseguridad a través de cooperación público-privada sobre seguimiento de vulnerabilidades” de Democracia en Red en coalición con el Observatorio de Derecho Informático Argentino, que incidirá en políticas públicas sobre seguridad de la información que permitan un canal de comunicación sinérgico entre comunidades técnicas y el Estado nacional.
  3. Videovigilad@s inseguros” de IPANDETEC, analizará la relación entre presencia de cámaras de videovigilancia y la pérdida de privacidad en Centroamérica en entornos físicos y digitales.
  4. Ley de Violencia Digital Urgente” de ONG Amaranta, generará una campaña comunicacional que concientice sobre la violencia digital y la urgencia de un proyecto de ley en Chile.
  5. Fortaleciendo la protección de datos personales en Paraguay desde la sociedad civil” de TEDIC, fomentará el debate en el Congreso basado en la evidencia, y junto a Coalición de Datos Personales, para la aprobación del anteproyecto de ley de protección de datos personales.

Desde Indela, frente a esta nueva realidad y, ante un futuro donde cada vez más millones de personas migrarán parte de su vida cotidiana a los espacios digitales, nos emociona trabajar con estos proyectos y seguir fortaleciendo el ecosistema de derechos digitales en Latinoamérica.

Para más información sobre Indela y los proyectos seleccionados, síguenos en Twitter y  Facebook.

Tecnologías biométricas para vigilancia masiva; Los logros de InternetLab en la protección de los derechos digitales están abriendo un camino a seguir desde Brasil

Por InternetLab

La seguridad pública ha ganado un lugar central en los debates públicos, electorales y parlamentarios en los últimos años. El sentido de estos debates y el común resultante, sin embargo, es la propuesta de incrementar la vigilancia, debilitar las garantías procesales y endurecer la sanción. En los últimos años, ha habido un aumento significativo en el número de gobiernos estatales y municipales que confían en tecnologías biométricas con la justificación de ser utilizadas para investigaciones criminales. Sin embargo, la expansión de estas tecnologías no ha estado debidamente acompañada de debates relacionados con los riesgos, la proporcionalidad y los posibles impactos negativos. Fue con el objetivo de promover estos debates e incidir en los principales actores de la seguridad pública que postulamos la convocatoria abierta de Indela 2019, con el proyecto Llevando el debido proceso legal y los estándares de derechos humanos al proceso de implementación de tecnologías biométricas para la vigilancia masiva en Brasil.

De julio de 2019 a abril de 2021, InternetLab contó con el apoyo de Indela para el desarrollo de este proyecto, el objetivo fue promover la observancia del debido proceso legal y estándares de derechos humanos en las prácticas de vigilancia masiva con el uso de tecnologías biométricas en Brasil, especialmente considerando este uso con fines de seguridad pública y seguridad nacional.

Desde agosto de 2019, formamos un grupo de organizaciones que en conjunto discuten y desarrollan estrategias para eludir la implementación de cámaras de reconocimiento facial en el metro de São Paulo, como ha sido anunciado en julio de 2019. El primer paso de la estrategia mencionada fue la elaboración de la acción de producción de pruebas,  que fue presentada en febrero de 2020. La acción tuvo como objetivo imponer al Metro de São Paulo el deber de producir evidencia sobre el alcance, finalidad, precauciones y delimitación de la base de datos del sistema de monitoreo electrónico con reconocimiento facial. Afortunadamente, las decisiones del tribunal fueron favorables al caso: se aceptaron las principales solicitudes y el metro tuvo que brindar información sobre la tecnología implementada.

Hoy se estudia la ampliación del caso, ya que esta primera acción se centró únicamente en cuestiones de forma/debido proceso administrativo, sin entrar en los méritos de la vigilancia. El grupo pretende, hasta el segundo semestre de 2021, entrar con una nueva acción cuestionando estos puntos. En este caso, InternetLab ofrece apoyo mediante la contratación de evaluadores que proporcionarán información técnica sobre cómo funciona la tecnología y sus riesgos para las poblaciones vulnerables, especialmente cuando se aplica a gran escala. La opinión técnica será un insumo fundamental para un caso nacional paradigmático, así como un subsidio para futuras acciones con las mismas características.

También iniciamos un proceso de colaboración con la Defensoría Pública, institución fundamental para la función jurisdiccional del Estado, encargada de brindar orientación jurídica y defender a los ciudadanos pobres. Por tanto, juega un papel estratégico a través de su acción judicial: representa a la clientela preferencial del sistema penal, los ciudadanos más vulnerables a las violaciones de derechos y es responsable de una parte significativa de las acciones, recursos y manifestaciones en las que se debate y reivindica los derechos humanos. Por otro lado, enfrenta el desafío de satisfacer la demanda de un enorme contingente de personas con recursos limitados.

InternetLab inició un trabajo de redacción de propuestas de tesis institucionales de la Defensoría a partir de los estudios que promueve. Las tesis institucionales son modelos y lineamientos a disposición de los defensores públicos, orientados a construir un posicionamiento institucional y la tutela de los intereses del público objetivo de la institución. El objetivo ha sido diseminar en el sistema de justicia, tesis sobre el derecho a la privacidad. Hoy ya contamos con dos tesis: la primera sobre el uso de datos de dispositivos electrónicos incautados por las fuerzas policiales en flagrante delito, y la segunda sobre el uso de información de geolocalización de personas no identificadas por las investigaciones penales.

El proyecto también preveía la celebración de la tercera y cuarta ediciones del Congreso Internacional de Derechos Fundamentales y Procesal Penal en la Era Digital. En el Congreso contamos con la presencia de expertos en seguridad ciudadana y protección de datos con el fin de promover el debate en la intersección entre proceso penal y tecnología, abordando los lineamientos y garantías aplicables a las investigaciones penales en la era digital. En sus últimas ediciones se abordaron temas como acceso a datos de geolocalización, cámaras y reconocimiento facial, infiltraciones virtuales, datos genéticos, vigilancia, protección de la privacidad y cooperación jurídica internacional, confidencialidad de las comunicaciones, entre otros. En la inauguración de ambos Congresos se lanzaron nuevos volúmenes del trabajo Derechos Fundamentales y Procesal Penal en la Era Digital: Doctrina y Práctica en debate, que suma artículos y conferencias con afinidad temática a los temas tratados en el Congreso.

Finalmente, con el objetivo de enfocarse en la proliferación del uso de tecnologías de reconocimiento facial, InternetLab, en alianza con Idec – Instituto Brasileño de Protección al Consumidor, una guía de recomendaciones y buenas prácticas para el uso de esta tecnología por el sector privado. El documento, publicado en octubre de 2020, proporciona una descripción general de los problemas y riesgos asociados con el uso de tecnologías de reconocimiento facial. Además de presentar las características básicas de funcionamiento de estas herramientas y las garantías presentes en la legislación brasileña, presentamos recomendaciones que tienen como objetivo orientar la oferta de productos y servicios, preservando los derechos fundamentales de los ciudadanos.

 

La ejecución del proyecto nos mostró que hay energía para organizar coaliciones en los temas de biometría y vigilancia con la sociedad civil y organizaciones gubernamentales. Hay espacios vacíos a ocupar en la intersección entre la agenda de derechos humanos y la Justicia Penal, por un lado, y tecnología y sociedad, por otro, y dichos espacios favorecen la articulación de frentes que concilian diferentes entidades e individuos. Aun así, leer el contexto y la incidencia actual del proyecto también da lecciones de que la disputa en el campo legal puede dar buenos resultados, si se toma de la retórica de esta comunidad. El proyecto ciertamente alentó a Internetlab a crear alianzas y reflexionar sobre las formas en que se han utilizado las tecnologías biométricas en Brasil, impulsando este tema, y la necesidad de plantear e investigar respuestas al mismo, en nuestra organización.

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