La evidencia que dibuja el futuro de los derechos digitales en Latinoamérica

Desde que nació Indela para fortalecer el ecosistema de derechos digitales, ha apoyado en estos tres años a 20 proyectos, de 22 organizaciones, en 10 países a lo largo de Latinoamérica. Las necesidades en la región fueron mutando con la pandemia, e Indela se fue adaptando de manera ágil y flexible a las urgencias coyunturales. Las principales áreas de impacto que emergieron, y que fueron priorizadas para ser atendidas, han sido en temas como la reducción de violencia de género en línea, protección de datos personales, privacidad, y análisis de tecnologías de vigilancia masiva, entre otros.

Durante 2021, un equipo de de evaluación externa comenzó un proceso de análisis para profundizar la visión estratégica de Indela, el apoyo que brinda y la colaboración entre pares. Esta evaluación externa incluyó la implementación de espacios de intercambio colectivo de reflexiones, entre organizaciones y el equipo coordinador de Indela, que permitieron identificar las principales oportunidades a futuro y los desafíos que atraviesa el ecosistema de derechos digitales en Latinoamérica.

Oportunidades a futuro

Se identificaron tres grandes áreas de oportunidad para seguir fortaleciendo la protección de los derechos digitales en leyes y políticas públicas en la región. 

  • Nuevas formas de conectividad y participación: La pandemia, más allá de confirmar estas carencias y, ante una creciente, acelerada, y en muchos casos forzada digitalización, generó que grupos sociales emergentes, especialmente de jóvenes, demanden cada vez más sus derechos en relación a conectividad y participación digital. Internet es un espacio de ejercicio de derechos en el que deben estar todas las voces. 
  • Nuevos conceptos: Existe una tendencia sobre la posibilidad de nuevos conceptos de derechos humanos, como el derecho a la desconexión y el derecho a la privacidad. Estas nuevas configuraciones también van de la mano con nuevas exigencias de reconocimiento y protección de derechos digitales en diferentes países de la región, como la conversación sobre el derecho a la desconexión. Además, existe un incremento en el desarrollo de tecnologías más abiertas y transparentes, que podrían tener un impacto positivo en las democracias de Latinoamérica. 
  • Nuevos actores: Hay una necesidad de incluir a actores en las discusiones sobre derechos digitales en la región, como organizaciones de sociedad civil tradicionales, centros de investigación y organismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ampliar la participación de estos sectores permite la colaboración para la defensa y protección de derechos digitales en Latinoamérica, así como el desarrollo de nuevos estándares internacionales de protección de estos derechos a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Los desafíos

Se identificó el aumento de algunas amenazas, y otras nuevas, que atraviesan los derechos digitales y las organizaciones que los defienden. 

  • Nuevas desigualdades: La brecha digital está aumentando las desigualdades sociales existentes en la región y el mundo, en algunos casos limitando el acceso y uso de las tecnologías digitales, así como la participación y ejercicio de derechos en el entorno digital. Por ejemplo, la deserción escolar durante la pandemia frente a la falta de acceso a Internet, donde se vulnera el acceso a la educación de la niñez y adolescencia. Estas nuevas desigualdades digitales son más evidentes para mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y grupos en condición de vulnerabilidad. 
  • Crecimiento de movimientos anti-derechos: A pesar que varios países han avanzado en la protección de derechos de mujeres, personas LGTBIQ+ y comunidades indígenas, existe un aumento del movimiento anti-derechos en la región. Esto se traduce en violaciones de derechos en el entorno digital, así como el aumento de discurso de odio y violencia digital contra grupos tradicionalmente excluidos.
  • Leyes y políticas en proceso de quedar desactualizadas: Por otro lado, las regulaciones sobre derechos digitales en la región aún no son suficientes para su protección. Las leyes y políticas públicas no están respondiendo frente a los crecientes problemas, esto se debe, en ocasiones, a la falta de capacidad de algunos gobiernos y actores públicos para comprender el impacto de las tecnologías digitales en el ejercicio de derechos o al lobby de las principales empresas de tecnología, las Big Tech para frenar cierta regulación. Frente a  la ausencia de regulación de protección, los Estados continúan desplegando sistemas de vigilancia masiva que afecta derechos de la ciudadanía, sin transparencia ni rendición de cuentas. La implementación de estas tecnologías, por un lado vulnera derechos a la privacidad y libertad de expresión en línea, e impide el libre ejercicio de otros derechos como la organización y movilización ciudadana.

Estas principales oportunidades y desafíos que atraviesa el ecosistema de derechos digitales en Latinoamérica permiten identificar en conjunto, un futuro muy visible, y el cómo fortalecer a las organizaciones y la defensa de estos derechos. Es importante profundizar en los principales ejes temáticos para garantizar los derechos digitales en leyes y políticas públicas integrales, brindar oportunidades para construir diálogo y articular  trabajo regional con nuevos actores, apoyar a las organizaciones para fortalecer su impacto y capacidades dentro de este panorama que viene, y alinear el financiamiento existente en la región para darle la oportunidad a las organizaciones de construir nuevos futuros colectivos.

El proceso emergente de proteger los datos personales en Latinoamérica

Indela, desde su primera convocatoria de 2019, ha acompañado a diversas organizaciones que trabajan en la protección de datos personales en Latinoamérica. Como parte de una evaluación externa realizada a estos tres años de trabajo, se desarrolló un estudio de caso sobre el área datos personales en particular, para analizar a profundidad las estrategias y el impacto de los procesos liderados por dos de las organizaciones aliadas; IDEC y TEDIC.

Garantizar la protección de datos personales, es garantizar el ejercicio de otros derechos humanos, como la privacidad y la libertad de expresión. Brindar herramientas y mecanismos que garanticen la confidencialidad, seguridad y control de los datos personales es una necesidad que crece a pasos agigantados, especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad.

En ciertos países de Latinoamérica estos derechos están regulados, en algunos incluso con normas más progresivas como el caso de Brasil. Sin embargo, aún hay varios países que no poseen leyes específicas sobre datos personales, como el caso de Paraguay.

En este contexto, IDEC desde Brasil y TEDIC desde Paraguay, han desarrollado estrategias integrales con tres  ejes principales de acción:

  1. Movilización coordinada para el logro de resultados de alto impacto en la lucha para la protección de datos personales, como apuesta a largo plazo.
  2. Articulación con diferentes actores, que permitan la colaboración y construcción colectiva de proyectos de ley con perspectiva multisectorial.
  3. Colaboración entre la comunidad de protección del consumidor, y la comunidad de derechos digitales para la construcción de agenda regional.

Logros e impacto

Los proyectos liderados por estas dos organizaciones, han generado impacto a nivel nacional y regional. Por un lado, la articulación multisectorial para la co-construcción de un anteproyecto de ley de datos personales con mirada de derechos humanos en Paraguay. TEDIC, junto con la Coalición de Datos Personales, coordinó un proceso de diálogo con actores estratégicos para el avance en la protección de datos personales que cumpla con estándares internacionales.

Además, con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nacional de Asunción, lidera un proceso de fortalecimiento de capacidades de la nueva generación de profesionales en temas de derechos digitales, a través de la Clínica Jurídica sobre Derechos Digitales. Este tipo de logros, permite el fortalecimiento del ecosistema local, a través de las acciones de intercambio de experiencias y aprendizajes.

Por otro lado, IDEC ha logrado tejer lazos y trabajo articulado en red, entre la comunidad de derechos digitales, y la de derechos del consumidor en la región, para la acción política colectiva regional. Estos impactos permiten fortalecer las capacidades de incidencia de la sociedad civil frente a normas públicas y privadas relacionadas a protección de datos personales.

La protección de datos personales es un proceso en desarrollo que aún necesita apoyo. Las regulaciones existentes requieren de continua actualización frente a los desafíos emergentes que genera el contexto digital. Es fundamental articular las acciones colectivas frente a nuevas oportunidades entre diferentes sectores y comunidades, que permitan la construcción de agendas a largo plazo para la defensa y protección de datos personales.

Historias de éxito, hallazgos y tendencias en casos de violencia de género en línea

Desde su creación en 2019, Indela ha acompañado a diversas organizaciones que trabajan en la prevención y reducción de la violencia de género en línea (VGL) en Latinoamérica. Como parte de una evaluación externa realizada sobre estos tres años de la Iniciativa, se desarrolló un estudio de caso sobre el trabajo implementado en el eje temático de VGL, para analizar a profundidad las estrategias y el impacto de los proyectos acompañados. Se analizaron los procesos liderados por Luchadoras, Hiperderecho y Cultivando Género.

Hallazgos y tendencias en Latinoamérica

En los últimos años, se han configurado nuevas formas de violencia de género a través del uso de tecnologías digitales. Ante este creciente problema, las organizaciones que trabajan en la intersección de feminismo y tecnología en la región, han redoblado esfuerzos en la búsqueda de soluciones, ajustando a prioritaria dentro de sus agendas esta materia. 

En algunos países se ha desarrollado regulación específica para reconocer ciertos tipos de violencia de género en línea como delito, como el caso de México, con las diversas reformas a los Códigos Penales estatales, o en Perú, con las reformas al Código Penal y otras leyes. Si bien estas regulaciones son avances en el tema, aún son insuficientes para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que han atravesado violencia digital.

En este contexto, estas tres organizaciones, han desarrollado estrategias integrales con  tres  ejes principales de acción:

  • La construcción de conocimientos empíricos a través de reportes en evidencia, y sistematización de datos para analizar la efectividad de la regulación existente y los mecanismos de respuesta en estos países.
  • El acompañamiento legal integral, que por un lado, les permitió agregar al eje 1 evidencia empírica sobre los procesos de denuncia legal y también a identificar con claridad los desafíos legales que enfrentan las personas que denuncian violencia digital.
  • Las estrategias de comunicación  para la incidencia online y offline, les permite compartir información sobre la violencia de género en línea para identificarla y combatirla, así como para asesorar a  sobrevivientes de estas violencias. Estas campañas se caracterizan por promover la no-revictimización, y la defensa del derecho a ocupar y co-crear el espacio digital

Logros e impacto en VGL

Los proyectos liderados por estas tres organizaciones, han generado procesos exitosos de investigación que permitieron profundizar y confirmar la necesidad de promover mecanismos efectivos de acceso a la justicia de sobrevivientes de violencia online tanto en México, como en Perú. Además el acompañamiento legal, les ha permitido utilizar estos procesos en sus estrategias de incidencia colectiva. Las estrategias de comunicación han logrado llegar a nuevas audiencias dentro y fuera del nicho, llegando cada vez más a mujeres y personas LGBTIQ+ que han atravesado violencia digital.  

Transversalizar la perspectiva de género en el trabajo de derechos digitales es fundamental para profundizar en la necesidad de regulación específica que desarrolle mecanismos integrales de acceso a la justicia, fortalecer la articulación regional de las organizaciones, y continuar apoyando el trabajo e impacto de estos procesos.

20 proyectos • 3 años de aprendizajes • Derechos digitales • Latinoamérica

Indela (Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica) inició su trabajo para fortalecer el ecosistema de derechos digitales en 2019. En estos tres años, ha apoyado 20 proyectos, de 22 organizaciones, en 10 países de Latinoamérica. Las principales áreas de trabajo, que fueron identificadas con base en una lectura constante de las necesidades de la región, fueron en temas como reducción de violencia de género en línea, protección de datos personales, privacidad, y el análisis de tecnologías de vigilancia masiva, entre otros. 

Durante 2021, un equipo de de evaluación externa comenzó un proceso de análisis para profundizar la visión estratégica de Indela, el apoyo que brinda y la colaboración entre pares. Esta evaluación externa, permitió identificar las principales oportunidades a futuro y los desafíos que atraviesa el ecosistema de derechos digitales en Latinoamérica.

El proceso de evaluación analizó los proyectos de ocho organizaciones apoyadas por Indela, realizó 14 entrevistas con 20 actores relacionados con la Iniciativa, dos talleres de aprendizajes y un taller sobre futuro. A partir de esto, se desarrolló un reporte sobre los aprendizajes y tres estudios de caso sobre áreas de impacto.

Este blog post, es la primera publicación que comparte los principales hallazgos y aprendizajes sobre el futuro de los derechos digitales, así como, sobre estudios de caso por cada uno de los principales ejes temáticos.

Sobre la visión estratégica

Indela permite apoyar un ecosistema de derechos digitales diverso, a través del acompañamiento de proyectos liderados por organizaciones de diversos países. La estrategia integral del Fondo, combina apoyo financiero y no financiero. 

El primero consiste en el financiamiento del proyecto específico de una organización, que permite la concentración de fondos para actividades relacionadas al reconocimiento de derechos digitales en leyes y políticas públicas. El apoyo financiero ha dado un impulso clave a las organizaciones, y en algunos casos, incluso la apertura para lograr la sostenibilidad a través de otros financiamientos externos más grandes.

Por otro lado, el apoyo no financiero, se coordina a través de consultorías especializadas que aumenten su impacto y potencien el logro de los objetivos del proyecto. Este apoyo transversal ha beneficiado especialmente a las organizaciones más pequeñas y emergentes en el ecosistema. Indela ha apoyado a las organizaciones en temas de acompañamiento legal, desarrollo de estrategias de comunicación para la incidencia, y la consolidación de las organizaciones apoyadas.

En este sentido, se ha buscado que el apoyo más allá del proyecto, se enfoque en fortalecer la resiliencia de las organizaciones en diferentes niveles. Por ejemplo, a través del apoyo no financiero, se han coordinado consultorías estratégicas a medida para el fortalecimiento de algunas organizaciones, lo cual les ha permitido tener acompañamiento tanto en crecimiento institucional, o incluso en algunos casos, acompañamiento ante cambios internos  de estructura que las organizaciones estaban atravesando.

El apoyo personalizado por parte del equipo coordinador, ha permitido construir confianza para desarrollar procesos de acompañamiento cercanos y a medida, que atienden necesidades distintas de cada organización.

Sobre la colaboración

La colaboración de Indela se puede analizar desde dos ejes, por un lado de manera interna, sobre la coordinación entre donantes que forman parte de la Iniciativa, y por el otro de manera externa, sobre la articulación entre las organizaciones apoyadas. 

La coordinación entre donantes, desde las diferentes capacidades y experiencia, permitió la colaboración, identificación de prioridades, y el apoyar a organizaciones en países en los que tradicionalmente no se había podido llegar. 

En la colaboración entre organizaciones apoyadas, Indela tuvo un rol de facilitador flexible, menos institucionalizado y planificado, para colaborar e identificar nuevas áreas de oportunidad. Existe una necesidad de continuar la construcción de redes o grupos de trabajo entre las organizaciones apoyadas, especialmente sobre algunos ejes temáticos, que permitan contribuir a potenciar el trabajo de las organizaciones de manera colectiva y regional.

Consulta en el Reporte de Aprendizajes, los resultados de la evaluación externa realizada a Indela.

5 proyectos claves para fortalecer los derechos digitales

La irrupción descomunal del empleo, educación, compras, acceso a la información, entre otras áreas de la vida cotidiana que migraron hacia plataformas digitales durante los últimos dos años a causa de la pandemia, ha generado nuevos desafíos en la protección de derechos digitales en Latinoamérica.

Frente a este contexto desafiante, que muta de manera constante en la región, Indela entendió que necesitaba apoyar de manera flexible y menos tradicional, a iniciativas que apunten a sensibilizar y defender los derechos digitales. En algunos casos, dando continuidad a algunas organizaciones para fortalecer su ciclo de impacto, en otros, para responder ante nuevas oportunidades.

Como se anunció en la pasada Convocatoria Abierta 2021, Indela apoyará 5 proyectos claves para fortalecer los derechos digitales en Latinoamérica. Las organizaciones seleccionadas trabajarán en áreas como la protección de datos personales, reducción de violencia de género en línea, sensibilización sobre sistemas de vigilancia masiva, inclusión de género en procesos legislativos y mejora de las condiciones para el reporte de vulnerabilidades digitales.

Felicidades a los proyectos seleccionados Indela 2021:

  1. Mujeres por los derechos digitales” de la Asociación Aguayo y Fundación InternetBolivia.org, que buscará la inclusión de la perspectiva de género en el debate legislativo y de políticas públicas sobre derechos digitales en Bolivia.
  2. Fortalecimiento de la ciberseguridad a través de cooperación público-privada sobre seguimiento de vulnerabilidades” de Democracia en Red en coalición con el Observatorio de Derecho Informático Argentino, que incidirá en políticas públicas sobre seguridad de la información que permitan un canal de comunicación sinérgico entre comunidades técnicas y el Estado nacional.
  3. Videovigilad@s inseguros” de IPANDETEC, analizará la relación entre presencia de cámaras de videovigilancia y la pérdida de privacidad en Centroamérica en entornos físicos y digitales.
  4. Ley de Violencia Digital Urgente” de ONG Amaranta, generará una campaña comunicacional que concientice sobre la violencia digital y la urgencia de un proyecto de ley en Chile.
  5. Fortaleciendo la protección de datos personales en Paraguay desde la sociedad civil” de TEDIC, fomentará el debate en el Congreso basado en la evidencia, y junto a Coalición de Datos Personales, para la aprobación del anteproyecto de ley de protección de datos personales.

Desde Indela, frente a esta nueva realidad y, ante un futuro donde cada vez más millones de personas migrarán parte de su vida cotidiana a los espacios digitales, nos emociona trabajar con estos proyectos y seguir fortaleciendo el ecosistema de derechos digitales en Latinoamérica.

Para más información sobre Indela y los proyectos seleccionados, síguenos en Twitter y  Facebook.

Tecnologías biométricas para vigilancia masiva; Los logros de InternetLab en la protección de los derechos digitales están abriendo un camino a seguir desde Brasil

Por InternetLab

La seguridad pública ha ganado un lugar central en los debates públicos, electorales y parlamentarios en los últimos años. El sentido de estos debates y el común resultante, sin embargo, es la propuesta de incrementar la vigilancia, debilitar las garantías procesales y endurecer la sanción. En los últimos años, ha habido un aumento significativo en el número de gobiernos estatales y municipales que confían en tecnologías biométricas con la justificación de ser utilizadas para investigaciones criminales. Sin embargo, la expansión de estas tecnologías no ha estado debidamente acompañada de debates relacionados con los riesgos, la proporcionalidad y los posibles impactos negativos. Fue con el objetivo de promover estos debates e incidir en los principales actores de la seguridad pública que postulamos la convocatoria abierta de Indela 2019, con el proyecto Llevando el debido proceso legal y los estándares de derechos humanos al proceso de implementación de tecnologías biométricas para la vigilancia masiva en Brasil.

De julio de 2019 a abril de 2021, InternetLab contó con el apoyo de Indela para el desarrollo de este proyecto, el objetivo fue promover la observancia del debido proceso legal y estándares de derechos humanos en las prácticas de vigilancia masiva con el uso de tecnologías biométricas en Brasil, especialmente considerando este uso con fines de seguridad pública y seguridad nacional.

Desde agosto de 2019, formamos un grupo de organizaciones que en conjunto discuten y desarrollan estrategias para eludir la implementación de cámaras de reconocimiento facial en el metro de São Paulo, como ha sido anunciado en julio de 2019. El primer paso de la estrategia mencionada fue la elaboración de la acción de producción de pruebas,  que fue presentada en febrero de 2020. La acción tuvo como objetivo imponer al Metro de São Paulo el deber de producir evidencia sobre el alcance, finalidad, precauciones y delimitación de la base de datos del sistema de monitoreo electrónico con reconocimiento facial. Afortunadamente, las decisiones del tribunal fueron favorables al caso: se aceptaron las principales solicitudes y el metro tuvo que brindar información sobre la tecnología implementada.

Hoy se estudia la ampliación del caso, ya que esta primera acción se centró únicamente en cuestiones de forma/debido proceso administrativo, sin entrar en los méritos de la vigilancia. El grupo pretende, hasta el segundo semestre de 2021, entrar con una nueva acción cuestionando estos puntos. En este caso, InternetLab ofrece apoyo mediante la contratación de evaluadores que proporcionarán información técnica sobre cómo funciona la tecnología y sus riesgos para las poblaciones vulnerables, especialmente cuando se aplica a gran escala. La opinión técnica será un insumo fundamental para un caso nacional paradigmático, así como un subsidio para futuras acciones con las mismas características.

También iniciamos un proceso de colaboración con la Defensoría Pública, institución fundamental para la función jurisdiccional del Estado, encargada de brindar orientación jurídica y defender a los ciudadanos pobres. Por tanto, juega un papel estratégico a través de su acción judicial: representa a la clientela preferencial del sistema penal, los ciudadanos más vulnerables a las violaciones de derechos y es responsable de una parte significativa de las acciones, recursos y manifestaciones en las que se debate y reivindica los derechos humanos. Por otro lado, enfrenta el desafío de satisfacer la demanda de un enorme contingente de personas con recursos limitados.

InternetLab inició un trabajo de redacción de propuestas de tesis institucionales de la Defensoría a partir de los estudios que promueve. Las tesis institucionales son modelos y lineamientos a disposición de los defensores públicos, orientados a construir un posicionamiento institucional y la tutela de los intereses del público objetivo de la institución. El objetivo ha sido diseminar en el sistema de justicia, tesis sobre el derecho a la privacidad. Hoy ya contamos con dos tesis: la primera sobre el uso de datos de dispositivos electrónicos incautados por las fuerzas policiales en flagrante delito, y la segunda sobre el uso de información de geolocalización de personas no identificadas por las investigaciones penales.

El proyecto también preveía la celebración de la tercera y cuarta ediciones del Congreso Internacional de Derechos Fundamentales y Procesal Penal en la Era Digital. En el Congreso contamos con la presencia de expertos en seguridad ciudadana y protección de datos con el fin de promover el debate en la intersección entre proceso penal y tecnología, abordando los lineamientos y garantías aplicables a las investigaciones penales en la era digital. En sus últimas ediciones se abordaron temas como acceso a datos de geolocalización, cámaras y reconocimiento facial, infiltraciones virtuales, datos genéticos, vigilancia, protección de la privacidad y cooperación jurídica internacional, confidencialidad de las comunicaciones, entre otros. En la inauguración de ambos Congresos se lanzaron nuevos volúmenes del trabajo Derechos Fundamentales y Procesal Penal en la Era Digital: Doctrina y Práctica en debate, que suma artículos y conferencias con afinidad temática a los temas tratados en el Congreso.

Finalmente, con el objetivo de enfocarse en la proliferación del uso de tecnologías de reconocimiento facial, InternetLab, en alianza con Idec – Instituto Brasileño de Protección al Consumidor, una guía de recomendaciones y buenas prácticas para el uso de esta tecnología por el sector privado. El documento, publicado en octubre de 2020, proporciona una descripción general de los problemas y riesgos asociados con el uso de tecnologías de reconocimiento facial. Además de presentar las características básicas de funcionamiento de estas herramientas y las garantías presentes en la legislación brasileña, presentamos recomendaciones que tienen como objetivo orientar la oferta de productos y servicios, preservando los derechos fundamentales de los ciudadanos.

 

La ejecución del proyecto nos mostró que hay energía para organizar coaliciones en los temas de biometría y vigilancia con la sociedad civil y organizaciones gubernamentales. Hay espacios vacíos a ocupar en la intersección entre la agenda de derechos humanos y la Justicia Penal, por un lado, y tecnología y sociedad, por otro, y dichos espacios favorecen la articulación de frentes que concilian diferentes entidades e individuos. Aun así, leer el contexto y la incidencia actual del proyecto también da lecciones de que la disputa en el campo legal puede dar buenos resultados, si se toma de la retórica de esta comunidad. El proyecto ciertamente alentó a Internetlab a crear alianzas y reflexionar sobre las formas en que se han utilizado las tecnologías biométricas en Brasil, impulsando este tema, y la necesidad de plantear e investigar respuestas al mismo, en nuestra organización.

Centroamérica por la mejora de políticas públicas de derechos digitales

Por IPANDETEC

Contexto
Centroamérica es una región con 7 países y más de 50 millones de personas. De esta cantidad de población, menos de la mitad tiene acceso a Internet, y al ver un poco más de cerca, las desigualdades y brechas digitales se agudizan en poblaciones rurales, indígenas, LGBTIQ+, personas con discapacidad, entre otros.

En 2019, Indela seleccionó a IPANDETEC para desarrollar el proyecto Creando capacidades en el ecosistema de Internet de Centroamérica con una perspectiva multisectorial. El cual creó una red sólida de actores centroamericanos, dedicados a mejorar las leyes y políticas públicas relacionadas a privacidad y ciberseguridad, y demostrar algunas mejoras iniciales en la región.

Debido a la pandemia, IPANDETEC tuvo que agilizar sus procesos para lograr la meta, el proyecto sufrió retrasos y adaptaciones para su culminación, trasladando las capacitaciones faltantes a sesiones y eventos virtuales, pero sin detenerse

Países beneficiados
El proyecto se enfocó en tres países centroamericanos: Honduras, Guatemala y El Salvador. Los tres países sufren altos niveles de cibercriminalidad, en una realidad donde el Estado no protege los datos personales de su ciudadanía. Estos países fueron elegidos por la necesidad urgente de contar con políticas públicas que regulen Internet, así como por la falta de capacitación en actores locales que pudieran incidir informadamente, basados en estándares con enfoque en derechos humanos.

En el caso de Guatemala, desde el año 2009 estaba detenido el proyecto de ley de protección de datos personales, del cual no había terminado su discusión. En el mismo sentido, Honduras presentaba proyectos de ley que no contenían estándares con enfoque en derechos humanos y amenazaban la estabilidad jurídica del país en materia de ciberseguridad. Por último, El Salvador iniciaba consultas públicas para someter a discusión un proyecto de protección de datos.

Logros del proyecto
El proyecto de IPANDETEC, por un lado, capacitó a más de 200 personas en los países participantes, se produjo un mapeo de actores trabajando en políticas públicas de Internet, incluyendo congresistas, autoridades electas, integrantes del sector privado, actores de sociedad civil y activistas de derechos humanos, expertos académicos, y miembros del sector técnico. Por otro lado, se produjo un acercamiento con personas que no participaban en ese momento de forma activa en la formulación de políticas públicas de Internet, logrando ampliar el ecosistema habitual.

Uno de los mayores logros fue la creación de capacidades en los distintos sectores, incluyendo algunos como la academia y el gobierno, los cuales no siempre son incluidos.

Por último, desarrollamos tres documentos guía para la formulación de políticas públicas, uno por país, los cuales fueron compartidos no sólo con los participantes del proyecto, sino con ‘policy makers’ para su utilización en futuras políticas públicas. El primer documento ‘Paso a paso para una política integral de ciberseguridad | Honduras’, recoge la regulación hondureña en materia de ciberseguridad, estándares y prácticas que deben ser utilizadas a la hora de discutir y aprobar una política de ciberseguridad. En los casos de El Salvador y Guatemala, ambos documentos se centran sobre la protección de datos personales en cada país y los pasos necesarios para abordar la discusión con un enfoque de derechos humanos.

Como organización, IPANDETEC aprendió en profundidad sobre la importancia y efectividad del mecanismo multisectorial, la gran necesidad de este tipo de proyectos en la región, y la necesidad de aumentar la  representación de la mujer en temáticas de Internet en estos países, entre otros aspectos interesantes para el futuro desarrollo de extensiones de este proyecto.

Al final del proyecto, el panorama presentado en los tres países había cambiado radicalmente. Guatemala se prepara para discutir un proyecto de protección de datos personales, mientras que en Honduras no prosperó la propuesta de ley de ciberseguridad. Por último, El Salvador se enfrentaba al veto de su proyecto de protección de datos personales.

El acceso a la justicia para mujeres que viven violencia digital en México no existe

Por Luchadoras

-El acceso a la justicia para las mujeres que viven violencia digital en México no existe-, ese fue nuestro principal hallazgo en la investigación Justicia en trámite, el limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México, que llevamos a cabo con apoyo de Indela.

Frente a la aprobación de la “Ley Olimpia” como la respuesta más visible promovida por colectivos de víctimas para actuar contra la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, en Luchadoras nos preguntamos si representaba un avance tangible en la vida de las mujeres, y estas fueron las lecciones que aprendimos.

¿Qué sigue para la “Ley Olimpia”?

Es real, sobrerregular Internet es una amenaza para ejercer nuestras libertades en línea, una herramienta que puede servir a los autoritarismos para perseguir a la crítica proveniente desde la sociedad civil organizada. Sin embargo, al hablar con mujeres afectadas por la violencia digital constatamos que denunciar penalmente sí es una vía de actuación válida para ellas. Más de 2 mil mujeres han denunciado haber sido víctimas de ese delito en los últimos tres años.

El delito que castiga la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento ya es una realidad en todo el país. Desde Luchadoras creemos que lo que toca hacer ahora es crear un estándar idóneo que permita armonizar estos marcos jurídicos.

Por otra parte, como demuestra nuestra investigación, la impunidad y los retos estructurales del sistema de justicia en México han hecho que los casos de violencia digital que se han denunciado no avancen.

Durante esta investigación, de la mano con el OVIGEM en Puebla, hablamos con mujeres que vivieron violencia digital, ellas corroboraron la falta de respuesta, de información clara, los malos tratos y la revictimización por parte de las autoridades.

También juntas pensamos en qué significa “acceso a la justicia”, y descubrimos otros conceptos más amplios y con un mayor potencial restaurativo que la sanción penal. Poner al centro la reparación del daño, también las pone al centro a ellas.

Las mujeres que viven violencia digital necesitan tener varias opciones de actuación a la mano además de la penal, desde el derecho civil, laboral o adminsitrativo; así como mejores opciones de reporte en las plataformas, y mecanismos internos en instituciones como empresas y escuelas.

La comunicación es clave

Posicionar la violencia digital como una problemática de agenda pública ha sido un trabajo arduo. Hoy es un tema público. Las investigaciones que hemos hecho desde sociedad civil y el cabildeo para la aprobación de la “Ley Olimpia” han contribuido a ello.

Aunque la implementación de estas reformas no sea una realidad todavía, su impulso tuvo un impacto social importante, la toma de conciencia pública sobre esta problemática, y para eso ha sido clave también la creación de campañas y mensajes que hacen comprensibles este tema.

Necesitamos hacer accesible el lenguaje jurídico, que suele ser complejo e incluso obstáculo para las víctimas. Para Luchadoras parte de nuestro proyecto consistió en traducir los hallazgos de nuestra investigación a un video con un lenguaje amigable.

Ser capaces de nombrar, entender, y saber cómo funciona el sistema hackea el poder. Entender problemáticas complejas como problemas cercanos que nos atraviesan es también, otra forma de justicia.

Defendamos el acceso a la información y la transparencia

Para esta investigación realizamos originalmente 219 solicitudes de información pública a Fiscalías y Poderes Judiciales en 24 estados del país donde se habían aprobado reformas relacionadas a la violencia digital hasta el mes de febrero de 2020. Solamente siete estados contestaron ambas autoridades: Aguascalientes, Ciudad de México (CDMX), Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Zacatecas; lo que nos permitió hacer un análisis más completo del trayecto de acceso a la justicia ante ambas instancias.

Así pudimos rastrear que en los últimos tres años se abrieron 2,143 carpetas de investigación por la conducta de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en México. Y que el 83% sigue en trámite.

Nuestra investigación “Justicia en trámite” no habría sido posible si en México no contáramos con un marco jurídico y herramientas para el acceso a la información y la transparencia.

El marco jurídico y las instituciones dedicadas a la transparencia representan un gran avance para la exigencia de rendición de cuentas a los gobiernos en nuestro país.

Once organizaciones en la lucha de posicionar y defender los derechos digitales en Latinoamérica

Por Al Sur

El avance de las tecnologías digitales y su uso intensivo por parte de la sociedad, gobiernos y empresas, están generando diferentes conjeturas con respecto a sus impactos. Estas tecnologías están afectando varios derechos humanos a través de la vigilancia masiva de personas, la captura de datos personales, el incremento de la desinformación, entre otros aspectos. Esta situación requiere generar mayores criterios y posicionamientos por parte de la sociedad civil, y proponer así respuestas concertadas.

Es por ello que se crea Al Sur, un consorcio de once organizaciones[1] de sociedad civil y del ámbito académico de América Latina, que trabaja para fortalecer los derechos humanos en el entorno digital. Este consorcio fue uno de los proyectos seleccionados 2019 de Indela, a través del cual, se buscó consolidar su institucionalidad, y generar capacidades para una mayor incidencia en los niveles nacional, regional e internacional.

Mediante el apoyo de Indela, fueron organizadas múltiples sesiones con especialistas, extendiendo no solo la base de conocimiento sino también la red de acción para fortalecer el ecosistema de derechos digitales. Hubo capacitaciones para las organizaciones que integran el consorcio sobre “Estrategias para acceder a información sobre prácticas de vigilancia”, llevada adelante por Luis Fernando Garcia, Director de R3D de México, y “Negociaciones en torno al Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest sobre Cibercrimen” donde se estrechó la alianza entre Al Sur y la organización Electronic Frontier Foundation (EFF). El Profesor Sean Flynn de la American University, llevó a cabo otra capacitación para profundizar el conocimiento sobre propiedad intelectual y derechos de autor durante la pandemia, lo que dio la oportunidad para revisar el mercado regulatorio de toda la región.

Construyendo una agenda regional

En materia de investigación, mediante este proyecto Al Sur elaboró tres reportes, como estrategia para fomentar una agenda regional proactiva, a la que otras organizaciones puedan incorporarse y trabajar con el consorcio:

  1. Violencia política de género en Internet. La violencia política de género, a partir de un marco amplio de diversidad, engloba violencias relacionadas con derechos políticos, que se convierten en manifestaciones agresivas que socavan la voz de mujeres y personas LGBT+. En ese sentido, el reporte brinda una perspectiva regional, arrojando criterios y recomendaciones para los sistemas de justicia electoral, plataformas de Internet, organizaciones políticas y sociedad civil.
  2. Mirando Al Sur. Hacia nuevos consensos regionales en materia de responsabilidad de intermediarios y moderación de contenidos en Internet. Examina debates comparados y mapea la discusión legal y la autorregulación a nivel regional e internacional para finalmente abordar las propuestas y principios específicos de la región.
  3. Un marco jurídico de derechos humanos para la vigilancia de las comunicaciones en América Latina. Este análisis de la situación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Paraguay y Perú, permite abordar los debates e investigaciones regionales para mantener un marco legal que respete los derechos de las personas, garantice sus prácticas y cuente con mecanismos efectivos de control y vigilancia que permitan reclamar la restitución de derechos y sirvan de control democrático a los amplios poderes de los Estados en esta materia.

Como consorcio, Al Sur también está interesado en comprender y generar un mayor relacionamiento con espacios de interconexión regional e internacional, por ello está avanzando en mapear e intercambiar buenas prácticas, generar  investigación, realizar entrevistas y consultas a especialistas, como estrategia de trabajo para tener un mejor posicionamiento con distintos foros internacionales. Al Sur analizó así el Sistema de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otras instancias internacionales. A través de este análisis, compiló un documento que está siendo examinado y se está considerando hacer una versión pública para la sociedad civil de la región. Además, para posicionarse, Al Sur también ha incrementado su presencia pública digital lanzando su página web en tres idiomas, y publicando más contenido en su blog y su cuenta en Twitter.

Debido al impacto en la región del trabajo realizado por Al Sur, se pueden destacar las invitaciones recibidas para hacer contribuciones sustanciales en espacios de alta incidencia; Twitter invitó a la Secretaría a ser parte de su Consejo de Seguridad, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a las organizaciones de Al Sur ser parte de la discusión sobre desinformación durante la pandemia, el consorcio estuvo presente en un grupo inter-regional de ciberseguridad y cibercrimen a partir de una invitación de la Electronic Frontier Foundation, y tuvo una representación en la Global Privacy Assembly.

También, Al Sur realizó recomendaciones a importantes instrumentos internacionales de referencia; entre ellos está el Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest sobre Cibercrimen, la consulta pública del Gobierno de Brasil sobre la regulación del tratado de Marrakesh, la revisión de la primera versión del borrador sobre recomendaciones éticas en Inteligencia Artificial de la UNESCO, el “Borrador general No 25 (202x): derechos de la niñez en relación al entorno digital del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos de la Niñez, y al llamado del Grupo de trabajo sobre políticas públicas internacionales relacionadas a internet (CWG-Internet) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

En balance, uno de los aspectos más significativos en cuanto a los hitos del consorcio en el marco de Indela, es que hoy Al Sur tiene una mayor capacidad de reacción ante las discusiones y debates internacionales. La investigación y reportes publicados les permiten anticiparse a temas emergentes y avanzar con evidencia en posicionamientos como colectivo. El consorcio ha identificado espacios en los cuales pueden tener mayor incidencia y ha fortalecido sus alianzas. En definitiva, el consorcio y su trabajo colectivo se han visto impulsados gracias al apoyo de Indela, Al Sur está mejor posicionado para pensar más estratégicamente en sus próximos pasos y ofrecer un espacio más organizado para que sus integrantes participen en el esfuerzo colectivo.

 

 

 

[1] Al Sur está integrado por: Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), Coding Rights, Derechos Digitales, Fundación Karisma, Hiperderecho, IDEC, Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC), InternetLab,  Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y TEDIC.

Fortaleciendo los derechos digitales en Paraguay: una iniciativa desde una sociedad civil unida

Por TEDIC

La búsqueda por la plena vigencia de los derechos digitales en Paraguay es un camino en constante recorrido. Sin embargo, mirando hacia atrás, es importante reconocer lo andado, y las distintas actividades de las que hemos participado como organización. Dicho esto, el apoyo del Indela para la consecución de nuestros objetivos ha sido clave.

Ley integral de protección de datos personales

El trabajo de TEDIC –y sus aliadas locales e internacionales– para impulsar un ecosistema robusto de protección de datos personales en Paraguay fue iniciado desde hace varios años. El mismo adquirió un renovado impulso junto a Indela, mediante el fortalecimiento de la Coalición de Datos Personales en Paraguay, de la cual TEDIC es fundadora junto a las organizaciones APADIT, Paraguay Ciberseguro, ISOC- Capítulo Paraguay y Abente Stewart Abogados.

En alianza con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, la Coalición lideró una serie de actividades para co-crear una ley integral de protección de datos personales. Se lanzó una página web que permitió la recepción de 103 comentarios de especialistas nacionales e internacionales en protección de datos personales. Además,se desarrollaron mesas de trabajo con representantes del sector público y privado y se ofrecieron 9 talleres con especialistas internacionales en la materia.

Tras un acto oficial de presentación del ante-proyecto para la recepción de comentarios finales, la coalición –y la Comisión de Ciencia y Tecnología– dio entrada oficial al anteproyecto en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2021.

Clínica Jurídica de Derechos Digitales

En TEDIC, consideramos clave generar espacios de formación para actores públicos y privados en materia de derechos humanos y tecnología. La cooperación junto a Indela nos permitió establecer y fortalecer vínculos con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, y crear así la primera Clínica Jurídica de Derechos Digitales del país.

Mediante una convocatoria abierta[1], se conformó la primera promoción de alumnas y alumnos de la clínica y se desarrollaron clases en temas de privacidad y protección de datos personales, libertad de expresión, acceso a la información, voto electrónico, género en Internet y otros. Esta primera experiencia culminó con la presentación de artículos elaborados por dicha promoción.

Litigio estratégico

La alianza con Indela permitió encarar una serie de acciones de litigio estratégico con miras a visibilizar situaciones problemáticas que se vienen dando en el país y se contradicen con la plena vigencia de un estado de derecho.

Particularmente, destacamos la importancia del litigio estratégico y campaña de comunicación aplicada en el caso de Belén Whittingslow. La creación de una página web dedicada al caso, así como distintos flyers, videos y otros insumos comunicacionales, han logrado un interés considerable de la ciudadanía. Dicho caso será llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se encuentra en etapa de cierre.

Así también, hemos promovido litigios que cuestionan la instalación de cámaras de reconocimiento facial en espacios públicos y un recurso de apelación ante la negativa de brindar información pública sobre datos personales recolectados por el todavía novedoso sistema de billetaje electrónico  han generado una serie de interés y debates en la agenda pública.

Por último, destacamos el importante apoyo de la Clínica Jurídica y el compromiso de los alumnas y alumnos para el desarrollo exitoso de las iniciativas de litigio estratégico promovidas por TEDIC. Consideramos que dicho espacio ha sido y es crucial para fomentar el aprendizaje de alumnos y alumnas de derecho desde la práctica. 

Serie anti-virus

La disrupción generada por la pandemia de la Covid-19 obligó a TEDIC a repensar maneras efectivas de comunicación. Creamos así la serie “Antivirus”, que consta de artículos y webinars realizados en modalidad live, donde analizamos cuestiones en torno a los derechos digitales y estrategias de seguridad digital. Como cierre, realizamos una fiesta virtual donde presentamos nuestro trabajo en materia de tecnología, derechos humanos y distintas acciones en el marco del proyecto Indela. El evento contó con más de 150 personas de distintos países.

Síntesis

Las actividades descritas demuestran que la labor de TEDIC, realizada en alianza con organizaciones locales e internacionales, es siempre el mejor camino a seguir.

La creación del anteproyecto de ley, y las distintas actividades de articulación, dieron lugar al desarrollo de un ecosistema robusto de derechos digitales. La asistencia constante de estas personas denota no solamente el interés adquirido por la temática sino el compromiso estatal de trabajo por una legislación íntegra que posea como objeto proteger a la ciudadanía.

Así también, los litigios estratégicos permitieron profundizar alianzas con organizaciones especializadas a nivel local sobre litigios y también con la academia a través de la Clínica Jurídica. Creemos que todavía hay mucho trabajo por hacer para consolidar el área programática de derecho digital en la Facultad de Derecho y el Poder Judicial. Resaltamos también que el trabajo de litigio estratégico y su difusión, contribuyeron a posicionar a TEDIC como líder en este tema y a visibilizar sus acciones en la agenda regional; prueba de ello son los paneles internacionales y campañas regionales en las que hemos sido incluidas.

Podemos concluir con seguridad que la alianza con Indela fue clave para sostener y lograr estas actividades. El camino hacia una sociedad paraguaya con plena vigencia de sus derechos digitales es todavía largo de recorrer. Sin embargo, es importante dar cuenta de los logros conseguidos en un incierto contexto nacional y global, y tomar así impulso para seguir adelante.

 

 

[1] Se recibieron 30 postulaciones, y fueron finalmente seleccionados 10 alumnos y alumnas.

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