Derechos digitales en 2020 en Latinoamérica: una agenda de nuevas oportunidades y desafíos

Si hubiera que resumir el año pasado en materia de derechos digitales y sociedad civil, podríamos enfocarnos en el comienzo y el final de 2019.

Por un lado, en marzo tuvo lugar el movimiento #MeTooMx en México, el cual buscaba amplificar la voz de las mujeres que habían sido víctimas de acoso y abuso sexual. Por otro lado, entre octubre y diciembre ocurrieron decenas de protestas sociales en toda la región. Países como Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia fueron el escenario de un movimiento ciudadano diverso y descentralizado cuya naturaleza e impacto aún intentamos entender.

Ambos sucesos ilustran un punto fundamental en la relación entre los derechos digitales y la ciudadanía: los espacios digitales y físicos están cada vez más conectados. En esa medida, las tensiones políticas y sociales, la relación con el Estado y el uso de la tecnología, son elementos que a la vez influyen y marcan la agenda de trabajo de la sociedad civil en esta materia. Nunca fue tan importante entender el entorno digital para interpretar la calle; pero nunca fue tan importante entender la calle para interpretar el entorno digital.

El #MeTooMx no solo demostró el poder y el impacto concreto de la articulación ciudadana en línea. También puso de manifiesto los crecientes riesgos de los ataques digitales, el acoso que enfrentan las mujeres en las redes sociales y que las plataformas intentan resolver, y la importancia de garantizar el anonimato.

Las protestas sociales de fin de año reiteraron esos mismos elementos con un punto adicional: la pregunta por la respuesta del Estado, ya sea a través de la fuerza coercitiva o del aparato judicial. Como manifestaron varias organizaciones en una declaración pública el 20 de diciembre pasado, existe una preocupación por “la tendencia mundial de perseguir a las personas que defienden los derechos humanos utilizando medios y plataformas digitales, incluidas quienes realizan investigaciones y proveen entrenamientos de seguridad para proteger y promover estos derechos”.

Lamentablemente, en Latinoamérica la vigilancia estatal se volvió la contracara de la protesta social. En medio de una crisis de legitimidad y debilidad institucional, muchos gobiernos han optado por espiar a sus propios ciudadanos. Para hacerlo, despliegan de manera irregular y poco transparente arquitecturas de vigilancia y control: reconocimiento facial, bases de datos y registros. En ese propósito, confluyen intereses comerciales y políticos.

En ese contexto, las organizaciones de derechos digitales desarrollan una agenda diversa. El hilo conductor es el empoderamiento del ciudadano y su relación con el Estado y el sector privado: la neutralidad de la red, la moderación de contenidos; el seguimiento de las nacientes políticas públicas de inteligencia artificial (con proyectos en marcha en países como Argentina, Paraguay y Brasil); la promesa riesgosa del voto electrónico, y las propuestas de mayores regulaciones y controles técnicos en materia de derecho de autor.

Como si fuera poco, las democracias a lo largo y ancho del mundo intentan entender y resolver el problema de la desinformación y la manipulación en línea. Si bien se trata de un campo de acción inabarcable para un solo actor, el sector de derechos digitales aporta desde su rol y experticia, poniendo de presente los riesgos de las soluciones técnicas y defendiendo la vigencia del derecho a la libertad de expresión –en momentos en que algunos sectores lo ponen en duda–.

Decir que existe una agenda definida para 2020 podría resultar ingenuo. Sin duda, el pulso del movimiento social influirá en el trabajo de las organizaciones. Para seguir apoyando a las organizaciones de la sociedad civil a responder a estos crecientes desafíos, Indela lanzará su segunda convocatoria en el mes de marzo. Buscamos encontrar un balance entre las prioridades de las organizaciones y las demandas de la ciudadanía; equilibrando la investigación y con el activismo y, sobre todo, forjando alianzas en toda la sociedad civil. Hablar de derechos digitales hoy en día, más que nunca, es hablar de derechos humanos. Esta, es la apuesta de Indela.

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Entrevista a Carlos Cortés: No se puede hablar de derechos en el espacio físico, sin los derechos digitales

Carlos Cortés es fundador de Linterna Verde, un think tank sin fines de lucro y consultora en temas de Internet y sociedad. Carlos fue Gerente de Políticas Públicas de Twitter para Latinoamérica. Ha asesorado organismos de cooperación internacional en libertad de expresión y políticas de internet. Tiene un grado de derecho por la Universidad de los Andes (Colombia) y es maestro en ‘Comunicaciones y Gobernanza de Medios’ por la London School of Economics. Es investigador en políticas de internet en el Centro de Estudios en Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo, Argentina. Actualmente dirige el videoblog La Mesa de Centro.

¿Por qué los derechos digitales son importantes?

Cuando hablamos de derechos digitales no nos estamos refiriendo a un ejercicio aislado y limitado en el entorno online. Hoy en día, el ejercicio de la mayoría de los derechos en los espacios físicos —o analógicos— depende y se retroalimenta de las posibilidades de desarrollo en el contexto online.

Dicho de otra forma: sin derechos digitales no hay derechos analógicos. Piénsese, por ejemplo, en el derecho a la protesta, en la libertad de expresión, en la privacidad o en la participación política. Sin garantías digitales difícilmente podemos hablar de la existencia de ciudadanos activos.

¿Desde tu perspectiva cuáles son los principales desafíos que enfrenta el ecosistema de derechos digitales en América Latina?

Hay tantos desafíos como temas, pero si tuviera que ubicarlo en el ecosistema regional, el reto más importante surge de la tensión entre el rol que se espera del Estado y la desconfianza que se le tiene. Por ejemplo: nos preocupa la acumulación de datos por parte de intermediarios privados. ¿Debemos entonces darles herramientas de vigilancia a gobiernos que así mismo han abusado de sus facultades de inspección y control?

De la misma forma, enfrentamos la pregunta de cuáles problemas debemos resolver por la vía regulatoria y cuáles deben canalizarse a través de soluciones privadas o autorregulatorias. Considero.

¿Por qué el contexto de derechos digitales en Latinoamérica es único?

A diferencia de otras regiones, y como es usual en nuestros paisajes, América Latina intenta construir todos los pisos de la casa simultáneamente —y muchas veces empezamos uno sin terminar otro—.

Enfrentamos preguntas alrededor de los derechos digitales cuando aún tenemos retos enormes en materia de infraestructura, conectividad y alfabetización digital. Piénsese por ejemplo, en la neutralidad de la red. Cuando todavía intentábamos garantizar este principio de política pública en las conexiones fijas, el Internet móvil empezó a desarrollarse —con el consecuente problema asociado de ‘zero rating’—. Nuestro contexto es único porque convivimos e impulsamos cambios en medio de profundos contrastes.

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Entrevista a Ramiro Álvarez: La masificación de Internet cambió radicalmente el espacio público

Ramiro es Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y de Derecho y Cambio Social de la Universidad de Palermo (Buenos Aires). Actualmente está cursando un JSD en la Escuela de Derecho de Columbia. Trabajó como abogado de derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009-2011) y en la Asociación por los Derechos Civiles en Argentina (2011-2014), donde desarrolló la agenda de privacidad. Posee un LLM por la Escuela de Derecho de Columbia (2009), donde fue becario Harlan Fiske Stone y Fulbright

¿Por qué los derechos digitales son importantes?

Los derechos digitales son importantes porque buscan reafirmar compromisos normativos que asumimos en un mundo fundamentalmente análogo, que ya no existe. La masificación de Internet hace casi treinta años modificó radicalmente el ecosistema de comunicación donde transcurre el “debate público” en las democracias modernas.

Ese debate es fundamental para el funcionamiento de las instituciones —es parte esencial del vínculo entre representantes y representados—. Pero también es fundamental para el desarrollo de la personalidad de cada individuo y la construcción de identidad de las múltiples comunidades que conforman las sociedades pluralistas modernas.

Este nuevo escenario plantea, por supuesto, nuevos desafíos. En este sentido, los derechos digitales sirven para orientar los cambios que se producen en el mundo, encontrar respuestas adecuadas a los dilemas que surgen en ese proceso y reafirmar los valores de libertad e igualdad que plasman nuestras constituciones.

¿Desde tu perspectiva cuáles son los principales desafíos que enfrenta el ecosistema de derechos digitales en América Latina?

Creo que, a nivel global, los derechos digitales están amenazados por actores estatales y privados, y por la ausencia de mecanismos eficientes de protección.

En América Latina en particular, diría que los desafíos son tres: el carácter periférico de la región hace que los países, en general, tengan escasas capacidades de influir en las políticas globales de los actores privados; los países de la región tienen —en general— estándares democráticos que están lejos de ser los ideales, lo que hace que los derechos digitales sufran en esos países las dinámicas que sufren otros derechos (restricciones innecesarias, ineficiencia de los mecanismos de protección, etcétera) y creo que el movimiento por la privacidad en América Latina está creciendo pero aún le falta desarrollo; necesita afinar sus estrategias y ganar capacidad de incidencia.

Éste último creo que es el principal desafío en América Latina. Los derechos gozan de buena salud cuando los ciudadanos se movilizan para defenderlos.

¿Por qué el contexto de derechos digitales en Latinoamérica es único?

Creo que en América Latina se verifican, a la vez, tendencias que existen a nivel global pero
no necesariamente en el mismo lugar o territorio. Así, América Latina tiene la peculiaridad de ser una región con una importante tradición democrática que está —a la vez— cruzada por profundas desigualdades.

Ello genera problemas serios: la democracia y la igualdad van de la mano, porque el ideal que perseguimos es el del autogobierno colectivo en una comunidad política de iguales. La desigualdad lastima ese ideal y —creo— está detrás de los problemas endémicos de la región: concentración del poder, instituciones representativas débiles, permeables a intereses privados de distinto tipo, etcétera.

En ese contexto, los derechos digitales sufren el destino de otros derechos: si existen, es posible que no sean efectivos o que se apliquen de manera despareja; pueden sufrir si son percibidos como obstáculos para sectores poderosos; en general los mecanismos de protección son inadecuados, etcétera.

A la vez, en América Latina existe una importante tradición en defensa de los derechos
humanos —y los derechos digitales participan de esa lógica. Creo que podemos hablar de un verdadero “movimiento” de defensa de los derechos digitales.

Por supuesto, este movimiento enfrenta una serie de desafíos considerables: compite con violaciones de derechos que son percibidas como más graves o acuciantes, sufre los recursos limitados o escasos de la región, y compite —en la agenda pública— con preocupaciones que muchas veces justifican políticas públicas que los socavan; como por ejemplo, la narrativa de “seguridad” que justifica la violación de la privacidad de las personas.

Estas dos condiciones —democracias consolidadas pero con capacidades limitadas y atravesadas por una profunda desigualdad— creo que hacen que el contexto de los derechos digitales en América Latina sea bastante único y peculiar.

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Entrevista a Paulina Gutiérrez: Los derechos digitales son fundamentales para la vigencia y protección de los derechos humanos

Paulina Gutiérrez fue la Oficial del Programa de Derechos Digitales en ARTÍCULO19 México y Centroamérica, es abogada en derechos humanos y activista de la libertad de Internet. Posee un grado en Derecho y otro en Relaciones Internacionales, con especialidad en privacidad, propiedad intelectual y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su experiencia profesional incluye doce años trabajando en investigación de políticas de derechos humanos, asesoría legal sobre violaciones a derechos humanos, libertad de expresión y género.

¿Por qué los derechos digitales son importantes?

Los derechos digitales son importantes porque son derechos humanos, idénticos a aquellos reconocidos internacional y regionalmente por instrumentos, organismos y constituciones nacionales.

Esto significa que la vigencia de los derechos de las personas es la misma cuando se utilizan herramientas tecnológicas. La protección de los derechos humanos no se modifica a través del uso de la tecnología, solamente encontramos nuevas formas de ejercerlos y, a su vez, ese ejercicio se caracteriza de diversas formas, ya sea mediante la suscripción a plataformas que nos permiten comunicarnos o al requerir un dispositivo y un proveedor de servicio privado para conectarnos a Internet.

Definitivamente, esto implica conocer tales manifestaciones para identificar la multiplicidad de factores que intervienen en el disfrute de los derechos humanos a través de la tecnología, condiciones bajo las cuales los derechos humanos encuentran nuevas amenazas que no se limitan a una intervención estatal injustificada, sino también del sector privado que se beneficia de nuestra participación e información disponible en sus redes y plataformas.

Justamente, las amenazas que puedan enfrentar nuestros derechos humanos ejercidos en el entorno digital y a través de la tecnología —derechos digitales— se deben al poder que ésta ha brindado a las personas y la movilización social, traducida en beneficios que han potenciado la participación individual y colectiva en la vida pública, la libertad de expresión e información, el escrutinio público, el anonimato y otros derechos y sus manifestaciones que también han dado voz a grupos y minorías históricamente excluidas.

Por tales razones, los derechos digitales no les denominaría solamente importantes, son fundamentales para evitar que la vigencia y protección de nuestros derechos humanos se vea mermada o reducida por las modificaciones en el ecosistema, principalmente por el uso de la tecnología.

Al contrario, son esenciales para que encuentren en la tecnología una poderosa herramienta de transformación política, social, cultural y económica, así como nuevas oportunidades para reivindicar los derechos de las personas y grupos discriminados, excluidos o rezagados. Particularmente en el contexto latinoamericano, en su mayoría sumido en una crisis de confianza en las instituciones y en el sistema de gobierno que cada vez más representan perspectivas regresivas en materia de derechos humanos.

¿Desde tu perspectiva, cuáles son los principales desafíos que enfrenta el ecosistema de derechos digitales en América Latina?

En primer lugar, la brecha digital es un gran desafío para la región, principalmente dada por la falta del reconocimiento de una realidad multicultural en nuestros países, cuyas políticas públicas en materia de conectividad son diseñadas e implementadas bajo lógicas puramente comerciales y urbanas que discriminan a grupos y poblaciones en situaciones de exclusión histórica.

Lo anterior acrecienta y profundiza las brechas que continúan alejando a poblaciones indígenas, en situación de vulnerabilidad o en condiciones de desventaja educativa, económica y cultural. Es decir, no hay un reconocimiento explícito del derecho de acceso a Internet sin discriminación, el cual permite habilitar esquemas de política pública e inversión privada que incluyan a estas poblaciones y les garanticen el acceso a los beneficios que este derecho representa para el desarrollo y la autodeterminaciones de poblaciones y comunidades.

En segundo término, mencionaría la importación de desarrollos normativos y jurídicos regresivos para el sistema regional de protección de los derechos humanos —Sistema Interamericano de Derechos Humanos— , principalmente aquellos en materia de protección de datos personales, privacidad, honor y propiedad intelectual que no reconocen excepciones en materia de libertad de expresión e información, así como pruebas de interés público que habilitan la censura de información relevante para la sociedad Latinoamericana que podría revertir la lógica de olvidar y repetir nuestros errores como sociedad.

En tercer lugar, creo que un gran desafío para la región es aquel relacionado con la moderación de contenidos en las plataformas digitales, el acoso y hostigamiento a personas orientado por razones de género y la lógica punitiva de expresiones como solución para proteger a grupos de poblaciones que han sido históricamente discriminadas y violentadas.

Nuestras sociedades tienen arraigados esquemas de educación, formación y estereotipos que reflejan conductas machistas, homofóbicas, xenofóbicas en sus estructuras sociales, políticas y económicas, así como muchas otras asociadas a reacciones de rechazo, odio y falta de tolerancia a toda aquella diferencia y pluralidad que cuestiona un orden preestablecido. Tales conductas se han trasladado a los entornos digitales, generando necesidades y exigencias de protección muy específicas tanto al Estado como a las empresas privadas.

Sin embargo, esto representa un relevante dilema entre el ámbito de protección del sistema interamericano de derechos humanos de ciertos derechos como la libertad de expresión, las diferencia entre las obligaciones de los Estados y las empresas en materia de derechos humanos y los efectos nocivos o negativos que experimentan los grupos que se han beneficiado del poder de participación y reivindicación brindado por el uso de las tecnologías.

Persisten las necesidades de construir puentes entre las brechas de complementariedad y mutua protección-excepción para preservar la protección y garantía de todos los derechos humanos de las personas.

Cuarto, existe un evidente interés y abuso de los poderes públicos para vigilar y controlar las comunicaciones de las personas y la información disponible en Internet. La adquisición de herramientas de vigilancia y la falta de controles democráticos en su uso representa un serio problema para la región. La adquisición y uso de estas tecnologías continúa en la opacidad y cada vez más es posible evidenciar un uso arbitrario para intervenir ilegalmente en procesos democráticos asociados al escrutinio público, al ejercicio periodístico, a organización y defensa de derechos humanos con efectos que minan su labor y les pone en riesgo.

Finalmente, otro gran desafío para la región es poder posicionar y efectivamente incidir en el diseño de estándares y perspectivas regulatorias en materia de moderación de contenidos implementada por las plataformas y los intermediarios de Internet. Las discusiones suelen estar concentradas y dominadas por países, grupos e intereses que no representan las realidades de una región con condiciones multiculturales, sociales, económicas y políticas que requieren ser consideradas al momento de imponer esquemas cuasi regulatorios o de autorregulación que impactan en los derechos humanos de las personas.

La obligaciones y estándares en materia de empresas y derechos humanos, así como de responsabilidades de terceros en conjunto con la omisión de protección de los Estados, es un gran desafío para escalarlo al escenario internacional, pero también una gran oportunidad para las organizaciones en la región.

¿Por qué el contexto de derechos digitales en Latinoamérica es único?

La historia política, social y económica, arraigada en la resistencia de la población para no regresar a sistemas políticos dictatoriales, los cuales requieren de mantener la vigencia de exigencias en materia de memoria, justicia, verdad y reparación de las violaciones graves a los derechos humanos, en lugar de reemplazarlas por olvido.

Un contexto de transiciones democráticas no consolidadas, o aquellas consolidadas con serios problemas de rendición de cuentas e inclusión de toda su población en las dinámicas representativas y participativas en materia políticas, económica y social, que cuestiona el comportamiento e interés de los Estados al intentar regular o intervenir en procesos de gobernanza de Internet y de derechos humanos ejercidos en entornos digitales.

Lo hace único también la inigualable y vibrante participación de tantas organizaciones y personas de la sociedad civil, comprometidas no solamente con los procesos de transición y paz, sino con el interés de vincular los derechos digitales con la historia sociopolítica de la región y los errores que como sociedad latinoamericana no queremos repetir, hoy reavivados por el uso de las tecnologías y por un reconocimiento relativo a la necesidad de conectar la defensa y promoción tradicional de los derechos humanos con una perspectiva digital y tecnológica.

Cerrar una brecha entre las personas defensoras de derechos humanos, las mujeres, periodistas, medios y otros grupos que se ven impactados diariamente por el uso de la tecnología y, por lo tanto, en sus derechos humanos.

Asimismo, el sistema regional de protección de los derechos humanos tiene un gran potencial para instruir a otras regiones y al Sistema Universal de Derechos Humanos. El desarrollo jurisprudencial asociado al ámbito de protección de los derechos humanos proporciona herramientas legales de interpretación, ponderación y legitimación para restringir y proteger los derechos humanos, lo cual puede convertirse en una relevante guía para los desafíos no solamente regionales si no internacionales.

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Entrevista a Guilherme Canela: Los desafíos para los derechos humanos en Internet son distintos que en el mundo offline

Guilherme es Consejero de la Unesco en Comunicación e Información para el Mercosur, Chile y países andinos y el coordinador regional de la Iniciativa de Promoción de la Democracia y la Libertad de Expresión en sistemas judiciales de América Latina. También es secretario del Comité Regional del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO en América Latina y el Caribe. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia y máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Sao Paulo.

¿Por qué los derechos digitales son importantes?

La cuestión no es que los derechos digitales sean importantes, es que los derechos son importantes en el mundo offline u online. La clave es entender que para que los derechos tengan su pleno ejercicio en el mundo online, los desafíos son relativamente distintos que en el mundo offline.

Por eso encontramos palabras o expresiones como derechos digitales. La clave es que los derechos humanos son relevantes siempre, sea cual sea el espacio de su ejercicio, el punto del entorno digital es encontrar las mejores maneras para que estos derechos también puedan ser protegidos y promovidos ahí.

¿Desde tu perspectiva cuáles son los principales desafíos que enfrenta el ecosistema de derechos digitales en América Latina?

El primer desafío probablemente sea el desconocimiento. Hay muchas dudas de los actores del ecosistema, los reguladores, las plataformas, la ciudadanía, la sociedad civil organizada, los jueces, los fiscales sobre cómo hacer valer los derechos humanos en el entorno digital. El primer gran desafío es que sigamos construyendo una plataforma de diálogo común para hacer valer los derechos humanos en el mundo en línea.

El segundo gran desafío en el contexto latinoamericano, pero también en otras latitudes, son dificultades que existen con el mundo digital. Por ejemplo, las dificultades de jurisdicción. Estamos hablando de situaciones que pueden tener sus impactos en un determinado país, pero el servidor, por decir algo, está ubicado en otro país. Hay un conjunto de dificultades jurisdiccionales que no son menores para llevar adelante la protección y promoción de los derechos digitales y eventualmente corregir algunos de los problemas que existen con estos mismos derechos.

La otra temática importante tiene que ver con la gobernanza de Internet. La idea defendida por UNESCO de que la gobernanza de Internet sea multistakeholder, donde todos los actores relevantes estén presentes alrededor de la mesa de discusiones sobre cuestiones de gobernanza, que esté basada en los derechos humanos y que esté basada en los principios de apertura y accesibilidad. Ésta no está presente en todos los países de América Latina, es algo que está en construcción en muchos de ellos.

Y, evidentemente, los desafíos más contemporáneos que son desafíos reales como las campañas de desinformación y cómo estas afectan temas tan importantes para las democracias como es el caso de las elecciones, o los desafíos del uso del discurso de odio en algunos escenarios digitales.

Estos desafíos que están presentes en el orden del día del debate son desafíos que traen cuestiones muy concretas para todos los actores del ecosistema; en particular, para las autoridades reguladoras y que, de nuevo, tienen que ser debatidas en un espacio multistakeholder entendiendo el posicionamiento de la arquitectura de la red, la promoción y protección de los derechos humanos y cómo se pueden encontrar las mejores soluciones para estos problemas que son problemas concretos.

¿Por qué el contexto de derechos digitales en Latinoamérica es único?

El contexto de único no es solo para América Latina, creo. Los problemas como los que he mencionado, campañas de desinformación, discurso de odio u otras cuestiones más graves siempre existieron antes del entorno digital. Lo que es único son las dimensiones que el entorno digital tiene, la velocidad, el alcance a cantidades cada vez más expresivas de ciudadanos y ciudadanas.

Estas dimensiones únicas del entorno digital tienen que ser vistas sobre un prisma, ya que ofrecen enormes oportunidades para la misma protección y promoción de los derechos humanos, quizá como nunca ocurrió en la historia de la humanidad, pero también tienen unos riesgos. Lo que tenemos que buscar acá es una estrategia o muchas estrategias para potenciar las oportunidades, que son muchas y son la mayoría, y mitigar y prevenir los eventuales riesgos que existan.

Lo que sí sería un problema es mirar eso con lentes muy sesgados, o solo entender que hay oportunidades, o solo entender que hay riesgos. Nuestro objetivo tiene que ser reconocer la complejidad de la temática, del ecosistema, y encontrar las soluciones que fortalezcan las oportunidades y que mitiguen o prevengan los riesgos.

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Presentamos los proyectos seleccionados en la primera convocatoria de Indela

La Iniciativa por los derechos digitales en Latinoamérica (Indela) se complace en anunciar los ocho proyectos de organizaciones seleccionadas en el marco de nuestra primera convocatoria. Indela es una alianza bajo la dirección estratégica de Fundación Avina, Luminate y Open Society Foundations y el apoyo de Ford Foundation y el International Development Research Centre (IDRC).

Estamos muy orgullosos de acompañar a estos innovadores proyectos que promoverán y protegerán los derechos digitales en la región, en temas como libertad de expresión, privacidad y acceso al conocimiento, mediante campañas públicas, trabajo de incidencia, investigación aplicada y litigio.

Los proyectos que fueron seleccionados entre 163 propuestas de más de 20 países en Latinoamérica, recibirán apoyo económico durante 12 y 18 meses, con posibilidad de extensión y tendrán acompañamiento especializado para fortalecer capacidades afines a su proyecto.

Los proyectos y organizaciones seleccionadas son:

  • “Defendiendo la libertad de expresión en Internet: transparencia y debido proceso ante la censura en línea a través de la remoción de contenidos” de Artículo 19 México y Centroamérica dirigido a México, Centroamérica y el Caribe tiene como objetivo que el Estado se abstenga de utilizar la remoción de contenidos como práctica de censura, y que los intermediarios apeguen sus políticas y prácticas a estándares de derechos humanos.
  • “Transparencia electoral: tecnología, seguridad y regulación del discurso en los procesos electorales” de Fundación Karisma incidirá en partidos políticos, sociedad civil y medios de comunicación para que los procesos electorales en Colombia sean más transparentes y seguros, a partir del reconocimiento de la importancia de los derechos humanos y el uso responsable de la tecnología.
  • “Reduciendo la brecha de los derechos digitales para poblaciones vulnerables en Perú” de Hiperderecho identificará y diseñará estrategias de colaboración que ayuden a reducir la violencia de género en línea.
  • “Incorporando garantías, debido proceso y normas de derechos humanos a la utilización de tecnologías biométricas de vigilancia masiva en Brasil” de InternetLab, tiene como objetivo de debatir y calificar las políticas públicas de seguridad, involucrando a la comunidad jurídica en el debate acerca de las debidas garantías procesales y normas de derechos humanos en las prácticas de vigilancia masiva basadas en tecnologías biométricas en Brasil.
  • “Creando capacidades con una perspectiva multisectorial en el ecosistema de Internet de Centroamérica” de IPANDETEC promoverá el diálogo sobre la intersección de los derechos humanos y la tecnología para impactar en el desarrollo de políticas públicas y legislación sobre la privacidad y la libertad de expresión.
  • “Acceso a la justicia para las mujeres sobrevivientes de violencia digital en México”. A través de este proyecto, Luchadoras desarrollará herramientas ante la violencia en línea para apoyar a apoyar a mujeres, legisladores, autoridades y tomadores de decisiones.
  • “Litigio estratégico por los derechos digitales en América Latina” coordinado por R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y el Centro de Estudios para la Libertad de Expresión (CELE) tiene como objetivo generar precedentes favorables en la defensa de los derechos digitales en Latinoamérica en tribunales nacionales y órganos internacionales de protección de derechos humanos.
  • “Fortaleciendo la protección de los Datos Personales en Paraguay desde la sociedad civil: Una estrategia con múltiples aristas” de TEDIC incubará casos de litigio estratégico a nivel nacional y regional vinculando al sector académico, el desarrollo de capacidades y la incidencia en políticas públicas para transitar a un sistema robusto de derechos digitales en el país.

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Conoce al Panel de Expertos de la Primera Convocatoria de Indela

Con mucho orgullo hoy presentamos al Panel de Expertos y al Observador Internacional en derechos digitales que acompañarán la revisión y la selección de los proyectos de la primera convocatoria de Indela.

Los expertos que conformarán este panel tienen una amplia trayectoria a nivel regional en temas vinculados al ejercicio de los derechos digitales en Latinoamérica, tales como regulación de las telecomunicaciones, defensa de los derechos humanos, e investigación en políticas de Internet, entre otros.

¿Quiénes son?

Adriana Labardini es abogada por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, con una maestría en la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México durante cuatro años y medio y tiene una larga trayectoria de lucha por derechos como el de la privacidad e iniciativas de inclusión, accesibilidad e innovación en la agenda regulatoria.

Colabora actualmente con Rhizomatica, una organización que promueve las redes comunitarias de telecomunicaciones y es fundadora de Conectadas, red de mujeres en la industria de las TIC que trabaja por la equidad de género en México.

Carlos Cortés es investigador en políticas públicas de Internet y tiene grado de derecho por la Universidad de los Andes, Colombia, y una maestría en Comunicaciones y Gobernanza en Medios de la London School of Economics. Cortés ha asesorado a organismos de cooperación internacional, fue gerente de Políticas Públicas de Twitter para Latinoamérica y fundó el think tank Linterna Verde, consultora en temas de internet y sociedad. En la actualidad dirige el videoblog La Mesa de Centro.

Paulina Gutiérrez es abogada e internacionalista, especializada en derechos humanos, privacidad, propiedad intelectual, el Sistema Interamericana de Derechos Humanos y activista por la libertad en internet. Trabajó doce años en investigación de políticas de derechos humanos, asesoría sobre violaciones a los derechos humanos, libertad de expresión y género. Fue la oficial del Programa de Derechos Digitales en Artículo 19 México y Centroamérica, donde diseñó y desarrolló la agenda de derechos digitales. Actualmente integra el Consejo Asesor del Programa de Derechos Humanos de BENETECH.

Ramiro Álvarez Ugarte es maestro en Leyes por la Escuela de Derecho de Columbia y actualmente es profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y de Derecho y Cambio Social en la Universidad de Palermo en Argentina. Ha trabajado como abogado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en Argentina .

Además de las cuatro personas que integran nuestro panel, Guilherme Canela participará como Observador Internacional.

Guilherme es Consejero de la Unesco en Comunicación e Información para el Mercosur, Chile y países andinos y el coordinador regional de la Iniciativa de Promoción de la Democracia y la Libertad de Expresión en sistemas judiciales de América Latina. También es secretario del Comité Regional del Programa Memoria del Mundo de la Unesco en América Latina y el Caribe. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia y máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Sao Paulo.

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Porqué creamos la Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica

A la hora de hablar de derechos digitales en América Latina, es importante tener en cuenta los contrastes. En México, una de las principales preocupaciones de la sociedad civil es el abuso de las tecnologías de vigilancia por parte del Estado; en Colombia se discute el rol de las plataformas digitales en delitos como la injuria y la calumnia; Venezuela enfrenta los constantes bloqueos para acceder a internet; en Perú, la autoridad de protección de datos restringe publicaciones periodísticas, y en Brasil, algunas organizaciones sociales intentan entender el flujo de noticias falsas en redes sociales. En mayor o menor medida, todos los temas son comunes, pero tienen connotaciones y relevancias distintas. En la región no existe una fotografía única.

Entender la diferencia de los contextos locales y trabajar desde esas realidades, es la apuesta de Indela. Bajo la dirección estratégica de Fundación Avina, Luminate y Open Society Foundations, y el apoyo de Fundación Ford y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Indela es una iniciativa que financiará, capacitará y brindará apoyo a organizaciones que promueven los derechos digitales en América Latina. Entre 2019 y 2021, Indela pondrá a disposición de la sociedad civil un fondo inicial de 1,5 millones de dólares.

“Hoy en día, la fortaleza de las democracias depende, en gran medida, de la vigencia de los derechos en el entorno digital”, afirmó la vocera de Indela Hannah Draper de Open Society Foundations. A medida que el uso de internet permea todas nuestras actividades, aumentan los retos que enfrentamos: la desinformación en redes sociales; el despliegue de tecnologías invasivas de vigilancia oficial; la recolección indiscriminada de datos personales por parte de plataformas privadas; el ‘hackeo’, y los ataques a los sistemas de información y de infraestructura.

Esto es especialmente importante en América Latina, donde las fragilidades institucionales se reflejan también en el uso de internet y la adopción de tecnologías. En muchos de los países de la región aún se respira el pasado de regímenes autoritarios; otros se encuentran hoy bajo mandatos donde se desconoce la libertad de expresión y el derecho a la protesta; y en unos más –muchas veces escudados en narrativas de seguridad nacional y lucha contra el crimen– avanzan propuestas regulatorias regresivas en temas como difamación, privacidad o derechos de autor.

“Indela propenderá por el desarrollo del sector de derechos digitales a través de convocatorias simples y unificadas. Trabajará con el apoyo de expertos locales y actores del ecosistema para asegurarse que la agenda de derechos digitales incorpore sus intereses y preocupaciones”, destacó Gabriela Hadid de Luminate. A través de nuestro trabajo, esperamos que la financiación y apoyo a la sociedad civil evite respuestas duplicadas y se base en diagnósticos acertados y necesidades identificadas.

“Si bien entendemos que experiencias como las del norte global resultan relevantes para abordar los retos de la región, consideramos fundamental que el trabajo se construya desde un entendimiento propio”, añadió Lucía Abelenda de Fundación Avina. Lo anterior no implica que se trate de problemas aislados. La realidad del entorno digital de los países latinoamericanos –y la realización de las libertades y derechos– es un proceso constante de diálogo y retroalimentación con una misma visión: construir sociedades más libres y equitativas.

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Indela busca fortalecer los derechos digitales en Latinoamérica

Hoy anunciamos el lanzamiento de la Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica (Indela). Bajo la dirección estratégica de Fundación Avina, Luminate y Open Society Foundations, y el apoyo de Ford Foundation y el International Development Research Center (IDRC), Indela es una iniciativa que financiará, capacitará y brindará apoyo a organizaciones que promueven los derechos digitales en América Latina. Entre 2019 y 2021, Indela pondrá a disposición de la sociedad civil un fondo inicial de 1,5 millones de dólares.

A medida que el uso de internet permea todas nuestras actividades, aumentan los retos que enfrentamos: la desinformación en redes sociales; el despliegue de tecnologías invasivas de vigilancia oficial; la recolección indiscriminada de datos personales por parte de plataformas privadas; el ‘hackeo’, y los ataques a los sistemas de información y de infraestructura.

Esto es especialmente importante en América Latina, donde las fragilidades institucionales se reflejan también en el uso de internet y la adopción de tecnologías. En muchos de los países de la región aún se respira el pasado de regímenes autoritarios; otros se encuentran hoy bajo mandatos donde se desconoce la libertad de expresión y el derecho a la protesta; y en unos más –muchas veces escudados en narrativas de seguridad nacional y lucha contra el crimen– avanzan propuestas regulatorias regresivas en temas como difamación, privacidad o derechos de autor.

Entender la diferencia de los contextos locales y trabajar desde esas realidades, es la apuesta de Indela. Indela propenderá por el desarrollo del sector de derechos digitales a través de convocatorias simples y unificadas. Trabajará con el apoyo de expertos locales para asegurarse que la agenda de derechos digitales incorpore sus intereses y preocupaciones. La primera convocatoria de la iniciativa está abierta a partir de hoy, 25 de febrero, hasta el 31 de marzo de 2019, con un financiamiento límite por proyecto de USD 75.000. Ingresa aquí para conocer los requisitos y presentar tu proyecto. Síguenos en Twitter y Facebook.

La realidad del entorno digital de los países latinoamericanos –y la realización de las libertades y derechos– es un proceso constante de diálogo y retroalimentación con una misma visión: construir sociedades más libres y equitativas.

Todo lo que debes saber sobre la primera convocatoria de Indela

Con el objetivo de fortalecer el ecosistema de derechos digitales en la región, la Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica (Indela) lanza hoy su primera convocatoria para seleccionar proyectos en 2019. Bajo la dirección estratégica de Fundación Avina, Luminate y Open Society Foundations, y con el apoyo de la Ford Foundation y el International Development Research Centre (IDRC), Indela invertirá 1.5 millones de dólares entre 2019 y 2021.

A través de financiamiento, asesoría técnica y capacitación, Indela busca apoyar proyectos sobre libertad de expresión, privacidad y acceso al conocimiento enfocados en campañas públicas, investigación aplicada, incidencia en políticas públicas y litigio, a nivel nacional y regional.

La convocatoria estará abierta desde el día de hoy, 25 de febrero al 31 de marzo de 2019 y podrán participar organizaciones de derechos digitales basadas en cualquier país de América Latina por un financiamiento tope de hasta USD 75.000. Para iniciar el proceso ingresa aquí.

Todos los proyectos recibidos serán evaluados por el Comité Organizador, compuesto por Fundación Avina, Luminate y Open Society Foundations, y contarán con la retroalimentación de un panel de expertos en derechos digitales. ¡Pronto daremos a conocer a sus integrantes!

En caso de que dos o más organizaciones postulen a través de una alianza, solamente una podrá recibir los fondos y será la encargada de adjudicarlos al resto de los socios.

Para conocer sobre Indela ingresa a nuestro sitio web y síguenos en Facebook y Twitter.

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