Por IPANDETEC

“Si no es por su proyecto, no me entero”. Esta fue la declaración de una de las personas participantes del proyecto Centroamérica Videovigilada. Por primera vez, la región cuenta con un proyecto planificado y ejecutado por una organización y personal cien por ciento centroamericanos sobre los sistemas de videovigilancia pública.

El proyecto identificó los sistemas de tecnologías de videovigilancia en espacios públicos en nueve ciudades de Guatemala, Costa Rica y Panamá, a través de solicitudes de información a las autoridades de esos países. La información proporcionada por las autoridades fue comprobada con sitios de compra gubernamental, medios de comunicación, y los registros de empresas. Esta información recolectada fue publicada a través de redes sociales y fichas de investigación en el sitio web del proyecto.

La metodología permitió encontrar que solamente Costa Rica y Panamá, mantienen leyes de protección de datos y derecho a la imagen, mientras que Guatemala no. Ninguno de los países investigados ha regulado la videovigilancia pública o privada mediante leyes nacionales, sino que se manejan con manuales internos o decretos alcaldicios. Dentro de la investigación, se encontró la participación en licitaciones de los sistemas de empresas denunciadas a nivel internacional por espionaje, la poca participación ciudadana en el proceso, entre otros detalles.

La segunda parte del proyecto era conocer la opinión de las personas beneficiarias de la implementación de estos proyectos de seguridad pública. Se realizaron más de 25 entrevistas a líderes y lideresas de las nueve ciudades centroamericanas donde se desarrolló el proyecto. Al mismo tiempo, se reunieron a vecinos y vecinas en grupos focales denominados “Diálogos Ciudadanos” donde se pudo comprender sus conocimientos sobre el sistema, su opinión sobre la privacidad, y la participación ciudadana por proyecto. Tanto las entrevistas como los diálogos ciudadanos fueron grabados para su posterior transcripción, respetando la privacidad de las personas participantes.

De esta fase, pudimos notar el poco conocimiento sobre los sistemas de videovigilancia que mantenían los habitantes de las nueve ciudades en general. Derivado de la falta de participación ciudadana y transparencia gubernamental en este tema, muy pocas de las personas afirmaron haber participado en alguna de las fases de los sistemas en mecanismos de participación ciudadana mientras que otra gran mayoría desconocía con certeza la entidad administradora del sistema. En materia de privacidad, encontramos comentarios diversos, algunas de las personas entrevistadas prefieren sacrificar su derecho a la privacidad a cambio de seguridad y paz comunitaria, mientras otros manifestaron estar preocupados por la intrusión del sistema.

La tercera parte del proyecto se enfocó en generar espacios de diálogo con autoridades y gremios empresariales en la búsqueda de generar conversaciones y sinergías que permitan acciones en beneficio de los derechos humanos de los habitantes.

Por último, el equipo del proyecto realizó un estudio a profundidad que permite comprender diversas temáticas encontradas en la región sobre los sistemas de videovigilancia: el uso de los sistemas de videovigilancia como herramienta diplomática, el reconocimiento facial, la falta de participación ciudadana, entre otras aristas de la videovigilancia en la región.

Lecciones aprendidas

Durante el transcurso del proyecto, el equipo investigador pudo obtener aprendizajes para ser aplicados en futuras fases del proyecto y en otras investigaciones; primeramente, la importancia de involucrar a las comunidades y personas beneficiarias. La riqueza de información proveniente de la población, hizo que el equipo investigador pudiera presentar los resultados del proyecto, así como realizar cuestionamientos a las autoridades amparados en la participación ciudadana y la opinión de los habitantes.  Por otro lado, esa participación de la ciudadanía en el desarrollo del estudio, permitió que el proyecto pudiera enfocarse en ciertas áreas de investigación, tales como la participación ciudadana en la instalación geográfica de cámaras o el traslado de la delincuencia a lugares no videovigilados.

Por otro lado, la falta de voluntad inicial de las autoridades en conocer el proyecto a pesar de sus responsabilidades con la ciudadanía, solamente demuestra la desconexión que mantienen ciertos sectores gubernamentales con aquellas personas que les eligieron. Esta falta de voluntad termina en falta de participación ciudadana, ausencia de rendición de cuentas, opacidad,  poca transparencia y  vulneración de derechos.

Logros

Hasta la fecha se han logrado reuniones con tres municipalidades, y un ministerio a cargo de la seguridad, y tres gremios empresariales. En estas reuniones, se enfatizó la necesidad de iniciar conversaciones multisectoriales con un enfoque de derechos humanos. Como resultado, una de las instituciones se mostró a favor de una futura reunión con el equipo legal de la institución pública y el equipo investigador para analizar la discusión de una regulación a la videovigilancia, mientras que una de las municipalidades de Costa Rica indicó que iniciarán inmediatamente una reforma a sus manuales internos con un enfoque humanista tras la reunión sostenida con el equipo investigador.

Por otro lado, la entidad pública a cargo de uno de los sistemas de videovigilancia de Panamá expresó desear conocer más sobre el tema en futuras fases del proyecto, además de dejar abierta la posibilidad de iniciar acciones conjuntas para una regulación de videovigilancia con enfoque de derechos humanos.

El futuro del proyecto

El proyecto, el cual ha sido ampliamente difundido a través de redes sociales, ha visto su objetivo principal cumplido; ha logrado educar y concientizar a las poblaciones meta sobre el uso de videovigilancia. Sin embargo, la expansión de la investigación y sensibilización a otras ciudades de los países investigados, o incluir nuevos países de Centroamérica, abre una multitud de oportunidades. Este proyecto pone la primera piedra para construir acciones multisectoriales encaminadas a discutir nuevas y existentes regulaciones, iniciar acciones de litigio estratégico e incidencia legislativa que protejan a la ciudadanía, la apertura y mayor transparencia de los sistemas, e inclusive mecanismos de auditoría ciudadana en ellos.