Indela (Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica) con el apoyo de la Unión Europea lanza una convocatoria abierta para seleccionar proyectos dentro del ecosistema que trabaja en la promoción y garantía de los derechos digitales en Panamá. El apoyo de Indela permitirá acompañar proyectos locales que busquen trabajar en torno a políticas públicas y regulación para el respeto de los derechos digitales.
Esta iniciativa busca apoyar proyectos de organizaciones de sociedad civil, think tanks y medios de comunicación para avanzar en la protección de derechos digitales en políticas públicas y regulación, a nivel subnacional y nacional.
Las principales áreas temáticas a apoyar son:
Los proyectos postulados de las organizaciones de sociedad civil panameñas, deben profundizar entre la intersección de tecnología y derechos humanos. Las propuestas seleccionadas recibirán financiamiento hasta US$25,000.00 y deberán ser implementadas en un plazo máximo de 18 meses. Además, tendrán la oportunidad de recibir acompañamiento no financiero adicional, que fortalezca el impacto del proyecto y la organización.
Únicamente se recibirán propuestas de organizaciones legalmente constituidas en Panamá. Se aceptarán proyectos coordinados por dos o más organizaciones.
La convocatoria estará abierta del 28 de marzo al 15 de mayo de 2023.
Conoce los criterios de selección, quiénes pueden postular y más sobre la convocatoria abierta de Indela en Panamá aquí.
En Panamá existe una oportunidad para fortalecer la transformación digital con una perspectiva de derechos humanos. La pandemia por COVID-19 y la acelerada digitalización profundizaron la necesidad de garantizar acceso equitativo a las tecnologías, así como el respeto de derechos digitales de la población.
En el 2019 se aprobó la Ley de Protección de Datos Personales en el país, vigente desde el año 2021, que incorpora estándares internacionales de cumplimiento obligatorio para instituciones públicas y privadas. Sin embargo, aún no existe una regulación integral enfocada a las problemáticas emergentes que afectan la vida diaria de las y los panameños, tales como desinformación, violencia de género en línea, recolección indiscriminada de sus datos personales por parte de plataformas privadas, por mencionar algunas.
En este contexto, el apoyo al ecosistema emergente de sociedad civil (organizaciones de sociedad civil, think tanks y medios de comunicación) permite fortalecer la conversación sobre el impacto de la tecnología en los derechos humanos, con enfásis en poblaciones vulnerables como mujeres, personas LGBTIQ+, comunidades indígenas y afrodescendientes.
Actualmente este ecosistema en Panamá es pequeño a pesar de los desafíos y oportunidades que existen para implementar proyectos en torno a la protección de derechos humanos en el entorno digital.
Indela (Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica) con el apoyo de la Unión Europea, anunciará su primer esfuerzo por afrontar esta problemática en el país, buscando ampliar el ecosistema que trabaja en la promoción y garantía de los derechos digitales en Panamá.
El lanzamiento presencial de Indela en Panamá se realizará este 28 de marzo, asiste al evento y cuéntanos más sobre tu organización, think tank o medio de comunicación.
🕙 10:00 hrs
📍 Auditorio 108, Ciudad del Saber
Por Asociación Aguayo y Fundación InternetBolivia.org
¿Cómo la digitalización afecta a las comunidades rurales en Bolivia y sus derechos? ¿Qué necesidades tienen las y los bolivianos que viven en municipios medianos y pequeños en relación a la digitalización y ejercicio de sus derechos? ¿Están presentes los debates globales sobre políticas digitales en las realidades locales? ¿Cómo se puede apoyar a que los municipios rurales en Bolivia puedan incluirse en estos debates?
Estas preguntas fueron los disparadores para llegar a lugares como Coroico, un municipio a tres horas de la sede de Gobierno de Bolivia; Ayo Ayo, un pueblo en la gran altiplanicie de los Andes, y a otros lugares alejados. Todos ellos comparten problemas globales como los procesos de extractivismo de datos personales, ciberestafas y violencias digitales, pero a diferencia de los centros urbanos y países del norte no se los toma en cuenta en la discusión global sobre digitalización.
Desde el año 2020, desde la Fundación InternetBolivia.org y la Asociación Aguayo tomamos el desafío de llevar los debates de acceso a Internet y protección de datos personales a municipios alejados de los centros urbanos en un doble esfuerzo: ir de lo global a Bolivia y de lo urbano a lo rural.
El contexto de cuarentena por el COVID-19 llevó el desafío de la digitalización a más lugares y sorprendió a los municipios sin estrategias, normativas, debate público, ni herramientas para afrontarlo. Esto llevó a que las poblaciones de estos territorios incrementaran sus vulnerabilidades al usar Internet.
No queríamos que este recorrido fuera de cualquier manera, decidimos que fuera en clave local, feminista, e intercultural. Queríamos que fuera con voces diversas. Así, incluimos a mujeres como actoras fundamentales de estos procesos, a federaciones de productores y productoras y a jóvenes.
En este camino, encaramos dos proyectos: el primero denominado: “Marcos legislativos de derechos digitales multiculturales para comunidades indígenas y municipios en Bolivia: análisis comparativo e incidencia legal”, en el que se elaboró un diagnóstico sobre el acceso a Internet y protección de datos personales en cinco municipios de Bolivia y una Autonomía Indígena (Charagua Iyambae).
Sobre esta base, se diseñaron dos modelos de leyes municipales:
Asimismo, se implementaron campañas de comunicación y capacitación en tres municipios: Coroico, Copacabana y Villamontes.
En este proceso tuvimos un primer acercamiento con el Gobierno Municipal de Coroico, su Concejo Municipal y actores sociales que inciden en las políticas locales. ¿Por qué? Porque uno de nuestros objetivos es la elaboración de leyes que permitan garantizar y proteger derechos digitales de la ciudadanía. De este modo, se generó voluntad política para deliberar sobre una Ley Municipal de Digitalización y Protección de Datos Personales en Coroico, que de aprobarse sería la primera de estas características en Bolivia, e incluso Latinoamérica y global. En este enlace encontrarán el trabajo realizado hasta el momento.
Nuestro trabajo no terminó allí, y en el 2021 comenzamos el segundo proyecto, “Mujeres por los derechos digitales y tecnologías en Bolivia” con el objetivo de fortalecer la capacidad de incidencia de las mujeres en las políticas públicas de derechos digitales.
Luego de un proceso de fortalecimiento de capacidades dirigido a mujeres de base, ellas diseñaron propuestas de políticas públicas con impacto en su contexto directo y la construcción colectiva de un decálogo en el que volcaron sus preocupaciones ante las vulneraciones de derechos digitales que viven en su cotidiano. Aquí podrán conocer las siete propuestas becadas de las setenta recibidas cuyo objetivos son incidir en sus contextos directos en busca de fortalecer sus derechos digitales y las voces de las mujeres que trabajaron a lo largo del proyecto.
En las varias visitas a los municipios, naturalmente un grupo de jóvenes, que ya trabajaban con Asociación Aguayo en artivismo y comunicación masiva en otros proyectos, comenzó a acompañarnos. El arte es un canal potente para transmitir mensajes de cambio social y llegar a personas que de maneras tradicionales no es posible.
¡Era momento de ser creativos! Apoyamos la producción de una obra de teatro del grupo Coroico Art integrado por adolescentes y jóvenes de Coroico acerca de su realidad en derechos digitales, riesgos al navegar en Internet sin información, lo que había significado la educación virtual en la pandemia y la importancia de cuidar los datos personales. Tan importante fue el impacto de esta obra que se convirtió en el evento cultural más importante del primer semestre de 2022 en el municipio, la llevaron a varias comunidades y a la ciudad de La Paz en diferentes eventos.
Las y los jóvenes de Coroico también pusieron su entusiasmo en su programa semanal en la radio local, que tiene un gran alcance en la zona con entrevistas, jingles y spots acerca de violencia digital y protección de datos personales.Tanto para la obra de teatro como para la radio, hicimos un trabajo muy importante de fortalecimiento de capacidades para que tuvieran insumos para llevar adelante ambas propuestas.
En todo este proceso, se fueron abriendo puertas con la Alcaldesa de Coroico, los y las concejalas, las federaciones de productores varones y de mujeres donde pudimos sembrar las semillas del debate sobre los derechos digitales que deseamos que ellos y ellas, puedan cosechar y replicar en comunidades vecinas. Ahora ya varios actores y actoras están listos para hablar en espacios nacionales y locales.
Los derechos humanos en entornos digitales son una necesidad de todas las personas, también de quienes viven en municipios rurales. Es necesario integrar miradas, territorialidades, sentires y saberes locales en los debates nacionales y globales que no siempre tienen en cuenta esta diversidad.
Por DATA Uruguay – Proyecto Datysoc
Contexto
Uruguay lidera los rankings de inclusión de TIC y desarrollo digital en Latinoamérica; tiene las mayores tasas de acceso a Internet de la región, ha impulsado exitosamente planes de inclusión digital y lidera el ranking de gobierno electrónico en la región. Estos datos parecen muy alentadores y dan la sensación de que Uruguay tiene “todo resuelto”. Sin embargo, desde DATA Uruguay sentimos un contraste entre estos avances y la falta de discusión pública en torno a temas como la indefensión de los usuarios ante bloqueos de contenido en Internet, los avances en la adquisición de tecnologías de vigilancia sin análisis de impacto sobre los derechos humanos, el aumento de la violencia basada en género en línea, entre otros. Esto evidencia, la deficiente formación de las organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio de sus derechos en entornos digitales y la ausencia de perspectiva de derechos humanos por parte de los tomadores de decisión al momento de regular o planificar políticas de innovación y uso de las tecnologías.
El Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc) surgió como iniciativa de DATA Uruguay con el objetivo de afrontar este panorama de contraste en el país, fortaleciendo la agenda de derechos digitales en Uruguay y en la región, y trabajar en torno a 4 ejes: 1) Derechos de autor y acceso a la cultura, 2) Libertad de expresión, 3) Inclusión digital y género y 4) Privacidad y vigilancia.
Líneas de acción e impacto
1. Aportando evidencia del atraso normativo y de la urgente necesidad de reforma al Derecho de Autor a nivel nacional y regional
Desde Datysoc, entendimos que sería útil demostrar el atraso normativo y de armonización de leyes de derecho de autor existente en nuestra región de una forma gráfica y fácil de entender, por eso construimos una herramienta de consulta con mapas interactivos y un informe que facilita la tarea de revisión normativa a activistas, instituciones y tomadores de decisiones al momento de analizar la situación de las flexibilidades al derecho de autor en 19 países de Latinoamérica.
Este año presentamos los resultados del informe en el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que es un insumo clave para las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana observadoras en la OMPI en su esfuerzo por visibilizar el anacronismo legal de nuestra región.
La alianza con Indela también nos permitió trabajar a nivel nacional y co-redactar una Plataforma abierta sobre flexibilidades al derecho de autor en Uruguay junto con actores de educación, ciencia, tecnología, bibliotecas y archivos. También organizamos una Jornada de Reflexión Parlamentaria sobre Reforma al Derecho de Autor en la que presentaremos esta plataforma junto con otras dos investigaciones sobre los continuos problemas que enfrentan las instituciones educativas, archivos y repositorios digitales en Uruguay.
2. Aportando al debate para la regulación de grandes plataformas y la gobernanza de datos
El “control privado” de Internet y el creciente avance de la intervención de las grandes plataformas fijando las reglas en el ciberespacio es una preocupación que compartimos varias organizaciones de la región. Nos interesó especialmente unir fuerzas para impulsar las garantías de libertad de expresión en línea y una Internet libre y abierta desde una mirada Latinoamericana. De esta forma trabajamos con más de una decena de organizaciones de la región para impulsar de forma conjunta la propuesta de Estándares para una regulación democrática de las grandes plataformas.
En mayo de 2022 tuvo lugar en Uruguay la Conferencia Global por el Día Mundial de la Libertad de prensa, donde co-organizamos actividades y presentamos la “Declaración Latinoamericana sobre Transparencia de las Plataformas de Internet” firmada por 19 organizaciones de la sociedad civil dedicadas al estudio de políticas públicas de Internet y a la defensa de derechos fundamentales.
A su vez, realizamos un análisis de la situación de la gobernanza de datos en Uruguay concluyendo que, a pesar de que Uruguay muestra una sólida institucionalidad, aún queda un largo camino hacia la consolidación de estándares e iniciativas, ya que la mayoría de su infraestructura de gobernanza de datos depende de una sola institución, a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), y que los aportes de la sociedad civil son muy limitados.
3. Consolidando redes ciberfeministas y herramientas de autodefensa contra la violencia de género en línea
La alianza con Indela permitió contar con los medios para unir colectivos, consolidar vínculos y así conformar la “Entramada feminista”, una alianza de cooperación y co-formación entre colectivos feministas en Uruguay en temas de derechos digitales y género.
Con estos colectivos co-organizamos las Primeras Jornadas Ciberfeministas de Uruguay donde por primera vez, los colectivos, mujeres y disidencias se reunieron para trabajar sobre la identificación de modalidades de violencia de género en línea, prácticas seguras de mediactivismo y autocuidado y a construir estrategias frente a discursos anti-derechos. En dichas jornadas, recogimos testimonios para el lanzamiento de la Campaña “La violencia Digital es Real”.
También lanzamos el capítulo de Uruguay en la plataforma acoso.online y publicamos un recurso educativo abierto de 10 naipes con información relevante para la sensibilización respecto de la violencia de género en línea. Nace así una comunidad pujante y con un enorme potencial para crecer y conquistar derechos.
4. Alertando sobre los riesgos del uso policial de los datos biométricos de toda la ciudadanía y del Reconocimiento Facial Automatizado (RFA)
Por último, el apoyo e Indela fue clave para poder reaccionar rápidamente ante la decisión del gobierno uruguayo de migrar todas las imágenes faciales de las y los ciudadanos de la base de la Dirección Nacional de Identificación Civil, para la creación de una base de datos de identificación facial para alimentar el software de reconocimiento facial recientemente adquirido por la policía nacional.
Investigamos el tema durante un año y publicamos el informe Fuera de control: uso policial del reconocimiento facial automatizado en Uruguay, junto con una campaña de sensibilización sobre el impacto de estas decisiones sobre los derechos civiles y políticos.
En junio de 2022 co-organizamos una mesa de debate parlamentario sobre uso policial del Reconocimiento Facial Automatizado en conjunto con las Comisiones de Derechos Humanos y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores. Entendemos que este será el primer paso para lograr prohibir el enrolamiento masivo de toda la población en el sistema de RFA, prohibir del uso de RFA como medio de vigilancia policial continua y sin orden judicial en espacios públicos y sancionar de una regulación adecuada a estándares básicos de derechos humanos.
Finalmente, resaltamos el impulso fundamental que significó el apoyo de Indela para instalar al Laboratorio de Datos y Sociedad como productor de conocimiento y referente sobre derechos digitales en la escena nacional y regional y, aún más importante, para incidir en la agenda legislativa impulsando varias instancias de debate parlamentario sobre temas de derechos digitales. El camino recién comienza, seguiremos trabajando para traducir estos procesos en políticas y regulaciones con perspectiva de derechos humanos.
Desde que nació Indela para fortalecer el ecosistema de derechos digitales, ha apoyado en estos tres años a 20 proyectos, de 22 organizaciones, en 10 países a lo largo de Latinoamérica. Las necesidades en la región fueron mutando con la pandemia, e Indela se fue adaptando de manera ágil y flexible a las urgencias coyunturales. Las principales áreas de impacto que emergieron, y que fueron priorizadas para ser atendidas, han sido en temas como la reducción de violencia de género en línea, protección de datos personales, privacidad, y análisis de tecnologías de vigilancia masiva, entre otros.
Durante 2021, un equipo de de evaluación externa comenzó un proceso de análisis para profundizar la visión estratégica de Indela, el apoyo que brinda y la colaboración entre pares. Esta evaluación externa incluyó la implementación de espacios de intercambio colectivo de reflexiones, entre organizaciones y el equipo coordinador de Indela, que permitieron identificar las principales oportunidades a futuro y los desafíos que atraviesa el ecosistema de derechos digitales en Latinoamérica.
Oportunidades a futuro
Se identificaron tres grandes áreas de oportunidad para seguir fortaleciendo la protección de los derechos digitales en leyes y políticas públicas en la región.
Los desafíos
Se identificó el aumento de algunas amenazas, y otras nuevas, que atraviesan los derechos digitales y las organizaciones que los defienden.
Estas principales oportunidades y desafíos que atraviesa el ecosistema de derechos digitales en Latinoamérica permiten identificar en conjunto, un futuro muy visible, y el cómo fortalecer a las organizaciones y la defensa de estos derechos. Es importante profundizar en los principales ejes temáticos para garantizar los derechos digitales en leyes y políticas públicas integrales, brindar oportunidades para construir diálogo y articular trabajo regional con nuevos actores, apoyar a las organizaciones para fortalecer su impacto y capacidades dentro de este panorama que viene, y alinear el financiamiento existente en la región para darle la oportunidad a las organizaciones de construir nuevos futuros colectivos.
Indela (Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica) inició su trabajo para fortalecer el ecosistema de derechos digitales en 2019. En estos tres años, ha apoyado 20 proyectos, de 22 organizaciones, en 10 países de Latinoamérica. Las principales áreas de trabajo, que fueron identificadas con base en una lectura constante de las necesidades de la región, fueron en temas como reducción de violencia de género en línea, protección de datos personales, privacidad, y el análisis de tecnologías de vigilancia masiva, entre otros.
Durante 2021, un equipo de de evaluación externa comenzó un proceso de análisis para profundizar la visión estratégica de Indela, el apoyo que brinda y la colaboración entre pares. Esta evaluación externa, permitió identificar las principales oportunidades a futuro y los desafíos que atraviesa el ecosistema de derechos digitales en Latinoamérica.
El proceso de evaluación analizó los proyectos de ocho organizaciones apoyadas por Indela, realizó 14 entrevistas con 20 actores relacionados con la Iniciativa, dos talleres de aprendizajes y un taller sobre futuro. A partir de esto, se desarrolló un reporte sobre los aprendizajes y tres estudios de caso sobre áreas de impacto.
Este blog post, es la primera publicación que comparte los principales hallazgos y aprendizajes sobre el futuro de los derechos digitales, así como, sobre estudios de caso por cada uno de los principales ejes temáticos.
Sobre la visión estratégica
Indela permite apoyar un ecosistema de derechos digitales diverso, a través del acompañamiento de proyectos liderados por organizaciones de diversos países. La estrategia integral del Fondo, combina apoyo financiero y no financiero.
El primero consiste en el financiamiento del proyecto específico de una organización, que permite la concentración de fondos para actividades relacionadas al reconocimiento de derechos digitales en leyes y políticas públicas. El apoyo financiero ha dado un impulso clave a las organizaciones, y en algunos casos, incluso la apertura para lograr la sostenibilidad a través de otros financiamientos externos más grandes.
Por otro lado, el apoyo no financiero, se coordina a través de consultorías especializadas que aumenten su impacto y potencien el logro de los objetivos del proyecto. Este apoyo transversal ha beneficiado especialmente a las organizaciones más pequeñas y emergentes en el ecosistema. Indela ha apoyado a las organizaciones en temas de acompañamiento legal, desarrollo de estrategias de comunicación para la incidencia, y la consolidación de las organizaciones apoyadas.
En este sentido, se ha buscado que el apoyo más allá del proyecto, se enfoque en fortalecer la resiliencia de las organizaciones en diferentes niveles. Por ejemplo, a través del apoyo no financiero, se han coordinado consultorías estratégicas a medida para el fortalecimiento de algunas organizaciones, lo cual les ha permitido tener acompañamiento tanto en crecimiento institucional, o incluso en algunos casos, acompañamiento ante cambios internos de estructura que las organizaciones estaban atravesando.
El apoyo personalizado por parte del equipo coordinador, ha permitido construir confianza para desarrollar procesos de acompañamiento cercanos y a medida, que atienden necesidades distintas de cada organización.
Sobre la colaboración
La colaboración de Indela se puede analizar desde dos ejes, por un lado de manera interna, sobre la coordinación entre donantes que forman parte de la Iniciativa, y por el otro de manera externa, sobre la articulación entre las organizaciones apoyadas.
La coordinación entre donantes, desde las diferentes capacidades y experiencia, permitió la colaboración, identificación de prioridades, y el apoyar a organizaciones en países en los que tradicionalmente no se había podido llegar.
En la colaboración entre organizaciones apoyadas, Indela tuvo un rol de facilitador flexible, menos institucionalizado y planificado, para colaborar e identificar nuevas áreas de oportunidad. Existe una necesidad de continuar la construcción de redes o grupos de trabajo entre las organizaciones apoyadas, especialmente sobre algunos ejes temáticos, que permitan contribuir a potenciar el trabajo de las organizaciones de manera colectiva y regional.
Consulta en el Reporte de Aprendizajes, los resultados de la evaluación externa realizada a Indela.
El reporte general fue escrito por Anca Matioc, Carla Bonina y Carolina Aguerre, con base en el trabajo de investigación del equipo. El reporte general y los estudios de caso que lo acompañan son parte del proyecto “Casos de Estudio y Aprendizajes Indela” coordinado por La Sobremesa durante el año 2021 para Indela. El proyecto fue dirigido por Carla Bonina, Profesora Asociada de la Escuela de Negocios de la Universidad de Surrey, y Anca Matioc, Directora de La Sobremesa. El equipo de investigación incluyó a Carolina Caeiro, Carolina Aguerre y Federico Albanese, y contó con el apoyo de Ana Dutari. Guadalupe López estuvo a cargo de la coordinación del trabajo de campo y Francisco León del diseño.
La irrupción descomunal del empleo, educación, compras, acceso a la información, entre otras áreas de la vida cotidiana que migraron hacia plataformas digitales durante los últimos dos años a causa de la pandemia, ha generado nuevos desafíos en la protección de derechos digitales en Latinoamérica.
Frente a este contexto desafiante, que muta de manera constante en la región, Indela entendió que necesitaba apoyar de manera flexible y menos tradicional, a iniciativas que apunten a sensibilizar y defender los derechos digitales. En algunos casos, dando continuidad a algunas organizaciones para fortalecer su ciclo de impacto, en otros, para responder ante nuevas oportunidades.
Como se anunció en la pasada Convocatoria Abierta 2021, Indela apoyará 5 proyectos claves para fortalecer los derechos digitales en Latinoamérica. Las organizaciones seleccionadas trabajarán en áreas como la protección de datos personales, reducción de violencia de género en línea, sensibilización sobre sistemas de vigilancia masiva, inclusión de género en procesos legislativos y mejora de las condiciones para el reporte de vulnerabilidades digitales.
Felicidades a los proyectos seleccionados Indela 2021:
Desde Indela, frente a esta nueva realidad y, ante un futuro donde cada vez más millones de personas migrarán parte de su vida cotidiana a los espacios digitales, nos emociona trabajar con estos proyectos y seguir fortaleciendo el ecosistema de derechos digitales en Latinoamérica.
Para más información sobre Indela y los proyectos seleccionados, síguenos en Twitter y Facebook.
Por IPANDETEC
Contexto
Centroamérica es una región con 7 países y más de 50 millones de personas. De esta cantidad de población, menos de la mitad tiene acceso a Internet, y al ver un poco más de cerca, las desigualdades y brechas digitales se agudizan en poblaciones rurales, indígenas, LGBTIQ+, personas con discapacidad, entre otros.
En 2019, Indela seleccionó a IPANDETEC para desarrollar el proyecto Creando capacidades en el ecosistema de Internet de Centroamérica con una perspectiva multisectorial. El cual creó una red sólida de actores centroamericanos, dedicados a mejorar las leyes y políticas públicas relacionadas a privacidad y ciberseguridad, y demostrar algunas mejoras iniciales en la región.
Debido a la pandemia, IPANDETEC tuvo que agilizar sus procesos para lograr la meta, el proyecto sufrió retrasos y adaptaciones para su culminación, trasladando las capacitaciones faltantes a sesiones y eventos virtuales, pero sin detenerse
Países beneficiados
El proyecto se enfocó en tres países centroamericanos: Honduras, Guatemala y El Salvador. Los tres países sufren altos niveles de cibercriminalidad, en una realidad donde el Estado no protege los datos personales de su ciudadanía. Estos países fueron elegidos por la necesidad urgente de contar con políticas públicas que regulen Internet, así como por la falta de capacitación en actores locales que pudieran incidir informadamente, basados en estándares con enfoque en derechos humanos.
En el caso de Guatemala, desde el año 2009 estaba detenido el proyecto de ley de protección de datos personales, del cual no había terminado su discusión. En el mismo sentido, Honduras presentaba proyectos de ley que no contenían estándares con enfoque en derechos humanos y amenazaban la estabilidad jurídica del país en materia de ciberseguridad. Por último, El Salvador iniciaba consultas públicas para someter a discusión un proyecto de protección de datos.
Logros del proyecto
El proyecto de IPANDETEC, por un lado, capacitó a más de 200 personas en los países participantes, se produjo un mapeo de actores trabajando en políticas públicas de Internet, incluyendo congresistas, autoridades electas, integrantes del sector privado, actores de sociedad civil y activistas de derechos humanos, expertos académicos, y miembros del sector técnico. Por otro lado, se produjo un acercamiento con personas que no participaban en ese momento de forma activa en la formulación de políticas públicas de Internet, logrando ampliar el ecosistema habitual.
Uno de los mayores logros fue la creación de capacidades en los distintos sectores, incluyendo algunos como la academia y el gobierno, los cuales no siempre son incluidos.
Por último, desarrollamos tres documentos guía para la formulación de políticas públicas, uno por país, los cuales fueron compartidos no sólo con los participantes del proyecto, sino con ‘policy makers’ para su utilización en futuras políticas públicas. El primer documento ‘Paso a paso para una política integral de ciberseguridad | Honduras’, recoge la regulación hondureña en materia de ciberseguridad, estándares y prácticas que deben ser utilizadas a la hora de discutir y aprobar una política de ciberseguridad. En los casos de El Salvador y Guatemala, ambos documentos se centran sobre la protección de datos personales en cada país y los pasos necesarios para abordar la discusión con un enfoque de derechos humanos.
Como organización, IPANDETEC aprendió en profundidad sobre la importancia y efectividad del mecanismo multisectorial, la gran necesidad de este tipo de proyectos en la región, y la necesidad de aumentar la representación de la mujer en temáticas de Internet en estos países, entre otros aspectos interesantes para el futuro desarrollo de extensiones de este proyecto.
Al final del proyecto, el panorama presentado en los tres países había cambiado radicalmente. Guatemala se prepara para discutir un proyecto de protección de datos personales, mientras que en Honduras no prosperó la propuesta de ley de ciberseguridad. Por último, El Salvador se enfrentaba al veto de su proyecto de protección de datos personales.
Por Al Sur
El avance de las tecnologías digitales y su uso intensivo por parte de la sociedad, gobiernos y empresas, están generando diferentes conjeturas con respecto a sus impactos. Estas tecnologías están afectando varios derechos humanos a través de la vigilancia masiva de personas, la captura de datos personales, el incremento de la desinformación, entre otros aspectos. Esta situación requiere generar mayores criterios y posicionamientos por parte de la sociedad civil, y proponer así respuestas concertadas.
Es por ello que se crea Al Sur, un consorcio de once organizaciones[1] de sociedad civil y del ámbito académico de América Latina, que trabaja para fortalecer los derechos humanos en el entorno digital. Este consorcio fue uno de los proyectos seleccionados 2019 de Indela, a través del cual, se buscó consolidar su institucionalidad, y generar capacidades para una mayor incidencia en los niveles nacional, regional e internacional.
Mediante el apoyo de Indela, fueron organizadas múltiples sesiones con especialistas, extendiendo no solo la base de conocimiento sino también la red de acción para fortalecer el ecosistema de derechos digitales. Hubo capacitaciones para las organizaciones que integran el consorcio sobre “Estrategias para acceder a información sobre prácticas de vigilancia”, llevada adelante por Luis Fernando Garcia, Director de R3D de México, y “Negociaciones en torno al Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest sobre Cibercrimen” donde se estrechó la alianza entre Al Sur y la organización Electronic Frontier Foundation (EFF). El Profesor Sean Flynn de la American University, llevó a cabo otra capacitación para profundizar el conocimiento sobre propiedad intelectual y derechos de autor durante la pandemia, lo que dio la oportunidad para revisar el mercado regulatorio de toda la región.
Construyendo una agenda regional
En materia de investigación, mediante este proyecto Al Sur elaboró tres reportes, como estrategia para fomentar una agenda regional proactiva, a la que otras organizaciones puedan incorporarse y trabajar con el consorcio:
Como consorcio, Al Sur también está interesado en comprender y generar un mayor relacionamiento con espacios de interconexión regional e internacional, por ello está avanzando en mapear e intercambiar buenas prácticas, generar investigación, realizar entrevistas y consultas a especialistas, como estrategia de trabajo para tener un mejor posicionamiento con distintos foros internacionales. Al Sur analizó así el Sistema de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otras instancias internacionales. A través de este análisis, compiló un documento que está siendo examinado y se está considerando hacer una versión pública para la sociedad civil de la región. Además, para posicionarse, Al Sur también ha incrementado su presencia pública digital lanzando su página web en tres idiomas, y publicando más contenido en su blog y su cuenta en Twitter.
Debido al impacto en la región del trabajo realizado por Al Sur, se pueden destacar las invitaciones recibidas para hacer contribuciones sustanciales en espacios de alta incidencia; Twitter invitó a la Secretaría a ser parte de su Consejo de Seguridad, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a las organizaciones de Al Sur ser parte de la discusión sobre desinformación durante la pandemia, el consorcio estuvo presente en un grupo inter-regional de ciberseguridad y cibercrimen a partir de una invitación de la Electronic Frontier Foundation, y tuvo una representación en la Global Privacy Assembly.
También, Al Sur realizó recomendaciones a importantes instrumentos internacionales de referencia; entre ellos está el Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest sobre Cibercrimen, la consulta pública del Gobierno de Brasil sobre la regulación del tratado de Marrakesh, la revisión de la primera versión del borrador sobre recomendaciones éticas en Inteligencia Artificial de la UNESCO, el “Borrador general No 25 (202x): derechos de la niñez en relación al entorno digital del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos de la Niñez, y al llamado del Grupo de trabajo sobre políticas públicas internacionales relacionadas a internet (CWG-Internet) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
En balance, uno de los aspectos más significativos en cuanto a los hitos del consorcio en el marco de Indela, es que hoy Al Sur tiene una mayor capacidad de reacción ante las discusiones y debates internacionales. La investigación y reportes publicados les permiten anticiparse a temas emergentes y avanzar con evidencia en posicionamientos como colectivo. El consorcio ha identificado espacios en los cuales pueden tener mayor incidencia y ha fortalecido sus alianzas. En definitiva, el consorcio y su trabajo colectivo se han visto impulsados gracias al apoyo de Indela, Al Sur está mejor posicionado para pensar más estratégicamente en sus próximos pasos y ofrecer un espacio más organizado para que sus integrantes participen en el esfuerzo colectivo.
[1] Al Sur está integrado por: Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), Coding Rights, Derechos Digitales, Fundación Karisma, Hiperderecho, IDEC, Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC), InternetLab, Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y TEDIC.
Por ARTICLE 19 México y Centroamérica
En un contexto de violencia generalizada para acallar a la prensa en el entorno físico, en México se suman las presiones, amenazas e intimidaciones para obligar a las y los periodistas a eliminar contenidos compartidos en el ámbito digital. La remoción de contenidos[1] tiene el potencial de silenciar expresiones indispensables en una sociedad democrática. Voces artísticas, periodísticas y de protesta, enfrentan el riesgo de ser eliminadas, borradas del espacio digital de forma ilegítima y sin contar con las garantías de debido proceso.
El proyecto “Defendiendo la libertad de expresión en Internet: transparencia y debido proceso de la censura en línea a través de la remoción de contenidos” apoyado por Indela permitió visibilizar esta realidad y evidenciar los efectos negativos que tiene sobre la libertad de expresión y el derecho a la información.
Las distintas actividades desarrolladas en el marco de este proyecto han contribuido a que algunos actores del Estado reconozcan públicamente el compromiso de asumir mayores niveles de transparencia sobre las solicitudes de remoción que hacen las instituciones del gobierno mexicano a las plataformas de redes sociales. También, ha contribuido para solicitar a las plataformas de redes sociales que incluyan en los informes de transparencia, datos sobre qué instituciones del Estado hacen las solicitudes, el tipo de información que solicitan remover y los motivos por los cuales las realizan.
A través de las campañas #LibertadNoDisponible y #NiCensuraNiCandados logramos, junto con otras organizaciones, colocar en la agenda pública la necesidad de defender la libertad de expresión de mecanismos extrajudiciales como el de “notificación y retirada” o los reclamos de derechos de autor para eliminar contenidos en plataformas de redes sociales, páginas web y web host.
Mediante una alianza con la Clínica de Ciberderecho de la Universidad de Harvard, desarrollamos el white paper, Acceso Denegado: ¿Cómo pueden responder los y las periodistas y la sociedad civil a las notificaciones de eliminación de contenido?[2] que retrata el impacto del DMCA (Digital Millennium Copyright Act) en el periodismo y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina. Esta guía contó con la participación de Fundación Karisma (Colombia), Intervozes (Brasil) y Espacio Público (Venezuela).
Los resultados de este proyecto también han permitido que ARTICLE 19 ponga a disposición herramientas para la sociedad civil para responder a las solicitudes de remoción de contenido por parte de las plataformas de redes sociales a través de una serie de guías informativas: (i) Guía sobre remoción de contenido sobre las políticas de Twitter; (ii) Guía sobre remoción de contenido sobre las normas comunitarias de Facebook; (iii) Introducción a la remoción de contenido y la (iv) Guía sobre remoción de contenido en Google[3].
El impacto de este proyecto debe mirarse a la luz del informe #LibertadNoDisponible: Censura y remoción de contenido en México[4] que hace una revisión de los diferentes mecanismos que son explotados e instrumentalizados en el país para eliminar contenidos en Internet e interferir en el derecho a la libertad de expresión e información de periodistas y de todas las personas usuarias de las tecnologías.
El informe explora cómo la remoción de contenidos socava a la prensa y al flujo informativo, y se manifiesta a través de: 1) políticas de moderación de contenidos, de plataformas digitales, que son incompatibles con el derecho humano a la libertad de expresión; 2) amenazas y asedio a periodistas para que retiren información de sus espacios o perfiles digitales, y 3) solicitudes de eliminación de contenidos a las plataformas digitales -bajo supuestos legales ambiguos y sin seguir un debido proceso ni cumplir con garantías judiciales-. Y describe la relación que existe entre las diferentes instituciones del Estado mexicano con las plataformas digitales para solicitarles que eliminen o restrinjan el acceso a contenidos. Ante este escenario prevalece un vacío de información y una falta de claridad sobre el fundamento legal que les brinda a las autoridades las atribuciones necesarias para solicitar eliminar contenidos de Internet.
De acuerdo a los informes de transparencia de Twitter, Facebook y Google, las autoridades mexicanas realizaron entre 2017 y 2020 más de 38 mil solicitudes de remoción de contenido. Sin embargo, a través de solicitudes de transparencia, los sujetos obligados reportaron únicamente 1697 solicitudes de remoción durante este mismo período. Con ello, hemos identificado inconsistencias en la información proporcionada por las autoridades, por lo que solo conocemos 1 de cada 10 solicitudes presentadas por parte del Estado mexicano a las plataformas digitales. Es decir, existen 95.6% de solicitudes de remoción de contenidos de las cuales no tenemos información, transparencia ni rendición de cuentas.
El apoyo de Indela fue crucial para exponer estos resultados de la investigación, compartir herramientas para hacer frente a los abusos que existen para remover contenidos. Y también para que el Estado mexicano, las plataformas digitales y otros actores asuman mayores compromisos de transparencia y rendición de cuentas, así como la de proteger el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información en el espacio digital.
[1] La remoción de contenidos se entiende como la práctica para eliminar o restringir la circulación de información en Internet, valiéndose de marcos jurídicos y mecanismos privados que limitan su acceso. Se utiliza de forma ilegítima e irresponsable para censurar información de interés público que debe circular y permanecer accesible.
[2]Disponible en el siguiente enlace: https://articulo19.org/reclamos-de-derechos-de-autor-son-utilizados-para-eliminar-contenidos-periodisticos-y-de-activistas-en-america-latina/
[3] Las cuatro guías se encuentran disponibles en: https://seguridadintegral.articulo19.org
[4] Informe disponible en: https://articulo19.org/libertadnodisponible/
