La irrupción descomunal del empleo, educación, compras, acceso a la información, entre otras áreas de la vida cotidiana que migraron hacia plataformas digitales durante los últimos dos años a causa de la pandemia, ha generado nuevos desafíos en la protección de derechos digitales en Latinoamérica.
Frente a este contexto desafiante, que muta de manera constante en la región, Indela entendió que necesitaba apoyar de manera flexible y menos tradicional, a iniciativas que apunten a sensibilizar y defender los derechos digitales. En algunos casos, dando continuidad a algunas organizaciones para fortalecer su ciclo de impacto, en otros, para responder ante nuevas oportunidades.
Como se anunció en la pasada Convocatoria Abierta 2021, Indela apoyará 5 proyectos claves para fortalecer los derechos digitales en Latinoamérica. Las organizaciones seleccionadas trabajarán en áreas como la protección de datos personales, reducción de violencia de género en línea, sensibilización sobre sistemas de vigilancia masiva, inclusión de género en procesos legislativos y mejora de las condiciones para el reporte de vulnerabilidades digitales.
Felicidades a los proyectos seleccionados Indela 2021:
Desde Indela, frente a esta nueva realidad y, ante un futuro donde cada vez más millones de personas migrarán parte de su vida cotidiana a los espacios digitales, nos emociona trabajar con estos proyectos y seguir fortaleciendo el ecosistema de derechos digitales en Latinoamérica.
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Por InternetLab
La seguridad pública ha ganado un lugar central en los debates públicos, electorales y parlamentarios en los últimos años. El sentido de estos debates y el común resultante, sin embargo, es la propuesta de incrementar la vigilancia, debilitar las garantías procesales y endurecer la sanción. En los últimos años, ha habido un aumento significativo en el número de gobiernos estatales y municipales que confían en tecnologías biométricas con la justificación de ser utilizadas para investigaciones criminales. Sin embargo, la expansión de estas tecnologías no ha estado debidamente acompañada de debates relacionados con los riesgos, la proporcionalidad y los posibles impactos negativos. Fue con el objetivo de promover estos debates e incidir en los principales actores de la seguridad pública que postulamos la convocatoria abierta de Indela 2019, con el proyecto Llevando el debido proceso legal y los estándares de derechos humanos al proceso de implementación de tecnologías biométricas para la vigilancia masiva en Brasil.
De julio de 2019 a abril de 2021, InternetLab contó con el apoyo de Indela para el desarrollo de este proyecto, el objetivo fue promover la observancia del debido proceso legal y estándares de derechos humanos en las prácticas de vigilancia masiva con el uso de tecnologías biométricas en Brasil, especialmente considerando este uso con fines de seguridad pública y seguridad nacional.
Desde agosto de 2019, formamos un grupo de organizaciones que en conjunto discuten y desarrollan estrategias para eludir la implementación de cámaras de reconocimiento facial en el metro de São Paulo, como ha sido anunciado en julio de 2019. El primer paso de la estrategia mencionada fue la elaboración de la acción de producción de pruebas, que fue presentada en febrero de 2020. La acción tuvo como objetivo imponer al Metro de São Paulo el deber de producir evidencia sobre el alcance, finalidad, precauciones y delimitación de la base de datos del sistema de monitoreo electrónico con reconocimiento facial. Afortunadamente, las decisiones del tribunal fueron favorables al caso: se aceptaron las principales solicitudes y el metro tuvo que brindar información sobre la tecnología implementada.
Hoy se estudia la ampliación del caso, ya que esta primera acción se centró únicamente en cuestiones de forma/debido proceso administrativo, sin entrar en los méritos de la vigilancia. El grupo pretende, hasta el segundo semestre de 2021, entrar con una nueva acción cuestionando estos puntos. En este caso, InternetLab ofrece apoyo mediante la contratación de evaluadores que proporcionarán información técnica sobre cómo funciona la tecnología y sus riesgos para las poblaciones vulnerables, especialmente cuando se aplica a gran escala. La opinión técnica será un insumo fundamental para un caso nacional paradigmático, así como un subsidio para futuras acciones con las mismas características.
También iniciamos un proceso de colaboración con la Defensoría Pública, institución fundamental para la función jurisdiccional del Estado, encargada de brindar orientación jurídica y defender a los ciudadanos pobres. Por tanto, juega un papel estratégico a través de su acción judicial: representa a la clientela preferencial del sistema penal, los ciudadanos más vulnerables a las violaciones de derechos y es responsable de una parte significativa de las acciones, recursos y manifestaciones en las que se debate y reivindica los derechos humanos. Por otro lado, enfrenta el desafío de satisfacer la demanda de un enorme contingente de personas con recursos limitados.
InternetLab inició un trabajo de redacción de propuestas de tesis institucionales de la Defensoría a partir de los estudios que promueve. Las tesis institucionales son modelos y lineamientos a disposición de los defensores públicos, orientados a construir un posicionamiento institucional y la tutela de los intereses del público objetivo de la institución. El objetivo ha sido diseminar en el sistema de justicia, tesis sobre el derecho a la privacidad. Hoy ya contamos con dos tesis: la primera sobre el uso de datos de dispositivos electrónicos incautados por las fuerzas policiales en flagrante delito, y la segunda sobre el uso de información de geolocalización de personas no identificadas por las investigaciones penales.
El proyecto también preveía la celebración de la tercera y cuarta ediciones del Congreso Internacional de Derechos Fundamentales y Procesal Penal en la Era Digital. En el Congreso contamos con la presencia de expertos en seguridad ciudadana y protección de datos con el fin de promover el debate en la intersección entre proceso penal y tecnología, abordando los lineamientos y garantías aplicables a las investigaciones penales en la era digital. En sus últimas ediciones se abordaron temas como acceso a datos de geolocalización, cámaras y reconocimiento facial, infiltraciones virtuales, datos genéticos, vigilancia, protección de la privacidad y cooperación jurídica internacional, confidencialidad de las comunicaciones, entre otros. En la inauguración de ambos Congresos se lanzaron nuevos volúmenes del trabajo Derechos Fundamentales y Procesal Penal en la Era Digital: Doctrina y Práctica en debate, que suma artículos y conferencias con afinidad temática a los temas tratados en el Congreso.
Finalmente, con el objetivo de enfocarse en la proliferación del uso de tecnologías de reconocimiento facial, InternetLab, en alianza con Idec – Instituto Brasileño de Protección al Consumidor, una guía de recomendaciones y buenas prácticas para el uso de esta tecnología por el sector privado. El documento, publicado en octubre de 2020, proporciona una descripción general de los problemas y riesgos asociados con el uso de tecnologías de reconocimiento facial. Además de presentar las características básicas de funcionamiento de estas herramientas y las garantías presentes en la legislación brasileña, presentamos recomendaciones que tienen como objetivo orientar la oferta de productos y servicios, preservando los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La ejecución del proyecto nos mostró que hay energía para organizar coaliciones en los temas de biometría y vigilancia con la sociedad civil y organizaciones gubernamentales. Hay espacios vacíos a ocupar en la intersección entre la agenda de derechos humanos y la Justicia Penal, por un lado, y tecnología y sociedad, por otro, y dichos espacios favorecen la articulación de frentes que concilian diferentes entidades e individuos. Aun así, leer el contexto y la incidencia actual del proyecto también da lecciones de que la disputa en el campo legal puede dar buenos resultados, si se toma de la retórica de esta comunidad. El proyecto ciertamente alentó a Internetlab a crear alianzas y reflexionar sobre las formas en que se han utilizado las tecnologías biométricas en Brasil, impulsando este tema, y la necesidad de plantear e investigar respuestas al mismo, en nuestra organización.
Por IPANDETEC
Contexto
Centroamérica es una región con 7 países y más de 50 millones de personas. De esta cantidad de población, menos de la mitad tiene acceso a Internet, y al ver un poco más de cerca, las desigualdades y brechas digitales se agudizan en poblaciones rurales, indígenas, LGBTIQ+, personas con discapacidad, entre otros.
En 2019, Indela seleccionó a IPANDETEC para desarrollar el proyecto Creando capacidades en el ecosistema de Internet de Centroamérica con una perspectiva multisectorial. El cual creó una red sólida de actores centroamericanos, dedicados a mejorar las leyes y políticas públicas relacionadas a privacidad y ciberseguridad, y demostrar algunas mejoras iniciales en la región.
Debido a la pandemia, IPANDETEC tuvo que agilizar sus procesos para lograr la meta, el proyecto sufrió retrasos y adaptaciones para su culminación, trasladando las capacitaciones faltantes a sesiones y eventos virtuales, pero sin detenerse
Países beneficiados
El proyecto se enfocó en tres países centroamericanos: Honduras, Guatemala y El Salvador. Los tres países sufren altos niveles de cibercriminalidad, en una realidad donde el Estado no protege los datos personales de su ciudadanía. Estos países fueron elegidos por la necesidad urgente de contar con políticas públicas que regulen Internet, así como por la falta de capacitación en actores locales que pudieran incidir informadamente, basados en estándares con enfoque en derechos humanos.
En el caso de Guatemala, desde el año 2009 estaba detenido el proyecto de ley de protección de datos personales, del cual no había terminado su discusión. En el mismo sentido, Honduras presentaba proyectos de ley que no contenían estándares con enfoque en derechos humanos y amenazaban la estabilidad jurídica del país en materia de ciberseguridad. Por último, El Salvador iniciaba consultas públicas para someter a discusión un proyecto de protección de datos.
Logros del proyecto
El proyecto de IPANDETEC, por un lado, capacitó a más de 200 personas en los países participantes, se produjo un mapeo de actores trabajando en políticas públicas de Internet, incluyendo congresistas, autoridades electas, integrantes del sector privado, actores de sociedad civil y activistas de derechos humanos, expertos académicos, y miembros del sector técnico. Por otro lado, se produjo un acercamiento con personas que no participaban en ese momento de forma activa en la formulación de políticas públicas de Internet, logrando ampliar el ecosistema habitual.
Uno de los mayores logros fue la creación de capacidades en los distintos sectores, incluyendo algunos como la academia y el gobierno, los cuales no siempre son incluidos.
Por último, desarrollamos tres documentos guía para la formulación de políticas públicas, uno por país, los cuales fueron compartidos no sólo con los participantes del proyecto, sino con ‘policy makers’ para su utilización en futuras políticas públicas. El primer documento ‘Paso a paso para una política integral de ciberseguridad | Honduras’, recoge la regulación hondureña en materia de ciberseguridad, estándares y prácticas que deben ser utilizadas a la hora de discutir y aprobar una política de ciberseguridad. En los casos de El Salvador y Guatemala, ambos documentos se centran sobre la protección de datos personales en cada país y los pasos necesarios para abordar la discusión con un enfoque de derechos humanos.
Como organización, IPANDETEC aprendió en profundidad sobre la importancia y efectividad del mecanismo multisectorial, la gran necesidad de este tipo de proyectos en la región, y la necesidad de aumentar la representación de la mujer en temáticas de Internet en estos países, entre otros aspectos interesantes para el futuro desarrollo de extensiones de este proyecto.
Al final del proyecto, el panorama presentado en los tres países había cambiado radicalmente. Guatemala se prepara para discutir un proyecto de protección de datos personales, mientras que en Honduras no prosperó la propuesta de ley de ciberseguridad. Por último, El Salvador se enfrentaba al veto de su proyecto de protección de datos personales.
Por Luchadoras
-El acceso a la justicia para las mujeres que viven violencia digital en México no existe-, ese fue nuestro principal hallazgo en la investigación “Justicia en trámite, el limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México”, que llevamos a cabo con apoyo de Indela.
Frente a la aprobación de la “Ley Olimpia” como la respuesta más visible promovida por colectivos de víctimas para actuar contra la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, en Luchadoras nos preguntamos si representaba un avance tangible en la vida de las mujeres, y estas fueron las lecciones que aprendimos.
¿Qué sigue para la “Ley Olimpia”?
Es real, sobrerregular Internet es una amenaza para ejercer nuestras libertades en línea, una herramienta que puede servir a los autoritarismos para perseguir a la crítica proveniente desde la sociedad civil organizada. Sin embargo, al hablar con mujeres afectadas por la violencia digital constatamos que denunciar penalmente sí es una vía de actuación válida para ellas. Más de 2 mil mujeres han denunciado haber sido víctimas de ese delito en los últimos tres años.
El delito que castiga la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento ya es una realidad en todo el país. Desde Luchadoras creemos que lo que toca hacer ahora es crear un estándar idóneo que permita armonizar estos marcos jurídicos.
Por otra parte, como demuestra nuestra investigación, la impunidad y los retos estructurales del sistema de justicia en México han hecho que los casos de violencia digital que se han denunciado no avancen.
Durante esta investigación, de la mano con el OVIGEM en Puebla, hablamos con mujeres que vivieron violencia digital, ellas corroboraron la falta de respuesta, de información clara, los malos tratos y la revictimización por parte de las autoridades.
También juntas pensamos en qué significa “acceso a la justicia”, y descubrimos otros conceptos más amplios y con un mayor potencial restaurativo que la sanción penal. Poner al centro la reparación del daño, también las pone al centro a ellas.
Las mujeres que viven violencia digital necesitan tener varias opciones de actuación a la mano además de la penal, desde el derecho civil, laboral o adminsitrativo; así como mejores opciones de reporte en las plataformas, y mecanismos internos en instituciones como empresas y escuelas.
La comunicación es clave
Posicionar la violencia digital como una problemática de agenda pública ha sido un trabajo arduo. Hoy es un tema público. Las investigaciones que hemos hecho desde sociedad civil y el cabildeo para la aprobación de la “Ley Olimpia” han contribuido a ello.
Aunque la implementación de estas reformas no sea una realidad todavía, su impulso tuvo un impacto social importante, la toma de conciencia pública sobre esta problemática, y para eso ha sido clave también la creación de campañas y mensajes que hacen comprensibles este tema.
Necesitamos hacer accesible el lenguaje jurídico, que suele ser complejo e incluso obstáculo para las víctimas. Para Luchadoras parte de nuestro proyecto consistió en traducir los hallazgos de nuestra investigación a un video con un lenguaje amigable.
Ser capaces de nombrar, entender, y saber cómo funciona el sistema hackea el poder. Entender problemáticas complejas como problemas cercanos que nos atraviesan es también, otra forma de justicia.
Defendamos el acceso a la información y la transparencia
Para esta investigación realizamos originalmente 219 solicitudes de información pública a Fiscalías y Poderes Judiciales en 24 estados del país donde se habían aprobado reformas relacionadas a la violencia digital hasta el mes de febrero de 2020. Solamente siete estados contestaron ambas autoridades: Aguascalientes, Ciudad de México (CDMX), Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Zacatecas; lo que nos permitió hacer un análisis más completo del trayecto de acceso a la justicia ante ambas instancias.
Así pudimos rastrear que en los últimos tres años se abrieron 2,143 carpetas de investigación por la conducta de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en México. Y que el 83% sigue en trámite.
Nuestra investigación “Justicia en trámite” no habría sido posible si en México no contáramos con un marco jurídico y herramientas para el acceso a la información y la transparencia.
El marco jurídico y las instituciones dedicadas a la transparencia representan un gran avance para la exigencia de rendición de cuentas a los gobiernos en nuestro país.
Por Al Sur
El avance de las tecnologías digitales y su uso intensivo por parte de la sociedad, gobiernos y empresas, están generando diferentes conjeturas con respecto a sus impactos. Estas tecnologías están afectando varios derechos humanos a través de la vigilancia masiva de personas, la captura de datos personales, el incremento de la desinformación, entre otros aspectos. Esta situación requiere generar mayores criterios y posicionamientos por parte de la sociedad civil, y proponer así respuestas concertadas.
Es por ello que se crea Al Sur, un consorcio de once organizaciones[1] de sociedad civil y del ámbito académico de América Latina, que trabaja para fortalecer los derechos humanos en el entorno digital. Este consorcio fue uno de los proyectos seleccionados 2019 de Indela, a través del cual, se buscó consolidar su institucionalidad, y generar capacidades para una mayor incidencia en los niveles nacional, regional e internacional.
Mediante el apoyo de Indela, fueron organizadas múltiples sesiones con especialistas, extendiendo no solo la base de conocimiento sino también la red de acción para fortalecer el ecosistema de derechos digitales. Hubo capacitaciones para las organizaciones que integran el consorcio sobre “Estrategias para acceder a información sobre prácticas de vigilancia”, llevada adelante por Luis Fernando Garcia, Director de R3D de México, y “Negociaciones en torno al Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest sobre Cibercrimen” donde se estrechó la alianza entre Al Sur y la organización Electronic Frontier Foundation (EFF). El Profesor Sean Flynn de la American University, llevó a cabo otra capacitación para profundizar el conocimiento sobre propiedad intelectual y derechos de autor durante la pandemia, lo que dio la oportunidad para revisar el mercado regulatorio de toda la región.
Construyendo una agenda regional
En materia de investigación, mediante este proyecto Al Sur elaboró tres reportes, como estrategia para fomentar una agenda regional proactiva, a la que otras organizaciones puedan incorporarse y trabajar con el consorcio:
Como consorcio, Al Sur también está interesado en comprender y generar un mayor relacionamiento con espacios de interconexión regional e internacional, por ello está avanzando en mapear e intercambiar buenas prácticas, generar investigación, realizar entrevistas y consultas a especialistas, como estrategia de trabajo para tener un mejor posicionamiento con distintos foros internacionales. Al Sur analizó así el Sistema de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otras instancias internacionales. A través de este análisis, compiló un documento que está siendo examinado y se está considerando hacer una versión pública para la sociedad civil de la región. Además, para posicionarse, Al Sur también ha incrementado su presencia pública digital lanzando su página web en tres idiomas, y publicando más contenido en su blog y su cuenta en Twitter.
Debido al impacto en la región del trabajo realizado por Al Sur, se pueden destacar las invitaciones recibidas para hacer contribuciones sustanciales en espacios de alta incidencia; Twitter invitó a la Secretaría a ser parte de su Consejo de Seguridad, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a las organizaciones de Al Sur ser parte de la discusión sobre desinformación durante la pandemia, el consorcio estuvo presente en un grupo inter-regional de ciberseguridad y cibercrimen a partir de una invitación de la Electronic Frontier Foundation, y tuvo una representación en la Global Privacy Assembly.
También, Al Sur realizó recomendaciones a importantes instrumentos internacionales de referencia; entre ellos está el Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest sobre Cibercrimen, la consulta pública del Gobierno de Brasil sobre la regulación del tratado de Marrakesh, la revisión de la primera versión del borrador sobre recomendaciones éticas en Inteligencia Artificial de la UNESCO, el “Borrador general No 25 (202x): derechos de la niñez en relación al entorno digital del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos de la Niñez, y al llamado del Grupo de trabajo sobre políticas públicas internacionales relacionadas a internet (CWG-Internet) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
En balance, uno de los aspectos más significativos en cuanto a los hitos del consorcio en el marco de Indela, es que hoy Al Sur tiene una mayor capacidad de reacción ante las discusiones y debates internacionales. La investigación y reportes publicados les permiten anticiparse a temas emergentes y avanzar con evidencia en posicionamientos como colectivo. El consorcio ha identificado espacios en los cuales pueden tener mayor incidencia y ha fortalecido sus alianzas. En definitiva, el consorcio y su trabajo colectivo se han visto impulsados gracias al apoyo de Indela, Al Sur está mejor posicionado para pensar más estratégicamente en sus próximos pasos y ofrecer un espacio más organizado para que sus integrantes participen en el esfuerzo colectivo.
[1] Al Sur está integrado por: Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), Coding Rights, Derechos Digitales, Fundación Karisma, Hiperderecho, IDEC, Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC), InternetLab, Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y TEDIC.