#LibertadNoDisponible: voces artísticas, periodísticas y de protesta bajo amenaza en el espacio digital

Por ARTICLE 19 México y Centroamérica

En un contexto de violencia generalizada para acallar a la prensa en el entorno físico, en México se suman las presiones, amenazas e intimidaciones para obligar a las y los periodistas a eliminar contenidos compartidos en el ámbito digital. La remoción de contenidos[1] tiene el potencial de silenciar expresiones indispensables en una sociedad democrática. Voces artísticas, periodísticas y de protesta, enfrentan el riesgo de ser eliminadas, borradas del espacio digital de forma ilegítima y sin contar con las garantías de debido proceso.

El proyecto “Defendiendo la libertad de expresión en Internet: transparencia y debido proceso de la censura en línea a través de la remoción de contenidos” apoyado por Indela permitió visibilizar esta realidad y evidenciar los efectos negativos que tiene sobre la libertad de expresión y el derecho a la información.

Las distintas actividades desarrolladas en el marco de este proyecto han contribuido a que algunos actores del Estado reconozcan públicamente el compromiso de asumir mayores niveles de transparencia sobre las solicitudes de remoción que hacen las instituciones del gobierno mexicano a las plataformas de redes sociales. También, ha contribuido para solicitar a las plataformas de redes sociales que incluyan en los informes de transparencia, datos sobre qué instituciones del Estado hacen las solicitudes, el tipo de información que solicitan remover y los motivos por los cuales las realizan.

A través de las campañas #LibertadNoDisponible y #NiCensuraNiCandados logramos, junto con otras organizaciones, colocar en la agenda pública la necesidad de defender la libertad de expresión de mecanismos extrajudiciales como el de “notificación y retirada” o los reclamos de derechos de autor para eliminar contenidos en plataformas de redes sociales, páginas web y web host.

Mediante una alianza con la Clínica de Ciberderecho de la Universidad de Harvard, desarrollamos el white paper, Acceso Denegado: ¿Cómo pueden responder los y las periodistas y la sociedad civil a las notificaciones de eliminación de contenido?[2] que retrata el impacto del DMCA (Digital Millennium Copyright Act) en el periodismo y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina. Esta guía contó con la participación de Fundación Karisma (Colombia), Intervozes (Brasil) y Espacio Público (Venezuela).

Los resultados de este proyecto también han permitido que ARTICLE 19 ponga a disposición herramientas para la sociedad civil para responder a las solicitudes de remoción de contenido por parte de las plataformas de redes sociales a través de una serie de guías informativas: (i) Guía sobre remoción de contenido sobre las políticas de Twitter; (ii) Guía sobre remoción de contenido sobre las normas comunitarias de Facebook; (iii) Introducción a la remoción de contenido y la (iv) Guía sobre remoción de contenido en Google[3].

El impacto de este proyecto debe mirarse a la luz del informe #LibertadNoDisponible: Censura y remoción de contenido en México[4] que hace una revisión de los diferentes mecanismos que son explotados e instrumentalizados en el país para eliminar contenidos en Internet e interferir en el derecho a la libertad de expresión e información de periodistas y de todas las personas usuarias de las tecnologías.

El informe explora cómo la remoción de contenidos socava a la prensa y al flujo informativo, y se manifiesta a través de: 1) políticas de moderación de contenidos, de plataformas digitales, que son incompatibles con el derecho humano a la libertad de expresión; 2) amenazas y asedio a periodistas para que retiren información de sus espacios o perfiles digitales, y 3) solicitudes de eliminación de contenidos a las plataformas digitales -bajo supuestos legales ambiguos y sin seguir un debido proceso ni cumplir con garantías judiciales-. Y describe la relación que existe entre las diferentes instituciones del Estado mexicano con las plataformas digitales para solicitarles que eliminen o restrinjan el acceso a contenidos. Ante este escenario prevalece un vacío de información y una falta de claridad sobre el fundamento legal que les brinda a las autoridades las atribuciones necesarias para solicitar eliminar contenidos de Internet.

De acuerdo a los informes de transparencia de Twitter, Facebook y Google, las autoridades mexicanas realizaron entre 2017 y 2020 más de 38 mil solicitudes de remoción de contenido. Sin embargo, a través de solicitudes de transparencia, los sujetos obligados reportaron únicamente 1697 solicitudes de remoción durante este mismo período. Con ello, hemos identificado inconsistencias en la información proporcionada por las autoridades, por lo que solo conocemos 1 de cada 10 solicitudes presentadas por parte del Estado mexicano a las plataformas digitales. Es decir, existen 95.6% de solicitudes de remoción de contenidos de las cuales no tenemos información, transparencia ni rendición de cuentas.

El apoyo de Indela fue crucial para exponer estos resultados de la investigación, compartir herramientas para hacer frente a los abusos que existen para remover contenidos. Y también para que el Estado mexicano, las plataformas digitales y otros actores asuman mayores compromisos de transparencia y rendición de cuentas, así como la de proteger el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información en el espacio digital.


[1] La remoción de contenidos se entiende como la práctica para eliminar o restringir la circulación de información en Internet, valiéndose de marcos jurídicos y mecanismos privados que limitan su acceso. Se utiliza de forma ilegítima e irresponsable para censurar información de interés público que debe circular y permanecer accesible.

[2]Disponible en el siguiente enlace: https://articulo19.org/reclamos-de-derechos-de-autor-son-utilizados-para-eliminar-contenidos-periodisticos-y-de-activistas-en-america-latina/

[3] Las cuatro guías se encuentran disponibles en: https://seguridadintegral.articulo19.org

[4] Informe disponible en: https://articulo19.org/libertadnodisponible/  

Las rutas de atención de la violencia de género en línea, después de la Ley

Por Hiperderecho

Desde el 2018, cuatro  tipos de violencia de género en línea (VGL) están reconocidos como delitos en Perú a través del Decreto Legislativo 1410, entre ellos el acoso sexual y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. En este sentido, nos propusimos conocer cuáles eran las rutas de atención disponibles e idóneas en el sistema de justicia del país para atender casos de VGL y cuáles eran las condiciones que tenían que existir para que las denuncias avancen en estas rutas. Además, convocamos a cinco personas, quienes, con mucha generosidad y valentía, nos permitieron seguir y acompañar su proceso de denuncia, y junto a ellas, descubrir lo que ocurre cuando una persona busca denunciar VGL en el Perú.

Después de un año de implementar el proyecto, descubrimos que el proceso de buscar justicia para casos de VGL no es una línea recta y directa. Más bien, es un proceso desafiante, desgastante y diverso en el que, a pesar de contar con leyes, las rutas suelen ser opacas y la justicia se ve distinta para cada persona. Al entender esto, fuimos más allá de identificar la normativa aplicable y nos enfocamos en escuchar y reconocer las historias de lucha, las perspectivas y las necesidades de quienes estaban viviendo estas violencias. Así, descubrimos que mujeres y personas LGBTQ que han vivido VGL enfrentan una serie de barreras de género, de información, socioeconómicas, raciales y digitales que impiden que accedan en igualdad de condiciones a una denuncia efectiva y justicia[1].

Así, uno de los primeros logros del proyecto fue darle visibilidad a la realidad de poco acceso a la justicia. Realizamos campañas en redes sociales con estrategias como el Tuitazo #YoDenunciéVGL, que se volvió tendencia en Perú gracias a la participación de organizaciones feministas, jóvenes estudiantes y personas que han vivido VGL en el país y la región. Gracias a estos diálogos, corroboramos que la impunidad alrededor de todas las formas de violencia de género, incluida la digital, siguen vigentes. Hoy sabemos que la VGL sigue siendo normalizada, que el sistema de justicia demora y falla en responder a los nuevos desafíos que presenta, y que es la sororidad y contención feminista la que actúa como el pilar que nos mantiene aflote. Nos llena de ilusión que las estrategias que se están co-creando en espacios feministas digitales busquen precisamente reconocer a la VGL como una violencia real, y cuidar a las mujeres y a personas LGBTQ que enfrentan una serie de prejuicios y obstáculos al denunciar sus casos.

Un segundo logro, fue proponer y socializar metodologías para investigar VGL desde el feminismo y realizar un análisis crítico que nos permita proponer cambios concretos. Propusimos la metodología jurídica feminista como una herramienta política y de investigación para identificar las violencias, neglicencias o ausencias del sistema de justicia que afectan de manera desproporcionada a mujeres y personas LGBTQ que viven VGL. Esta metodología también nos permite transversalizar el enfoque de género en la comprensión del Derecho y el sistema de justicia en el que se atienden las denuncias. Al visibilizar esta propuesta, también generamos nuevas alianzas con organizaciones regionales, operadores del estado, redes activistas y colectivas de abogadas, es decir, estamos empezando a construir colectivamente un modelo de justicia de género para atender casos de violencia en línea que anteponga las necesidades de quienes viven violencia digital por sobre las barreras y los prejuicios que existen en los sistemas de justicias del país y la región.

Nuestro tercer logro, fue desarrollar una estrategia de acompañamiento para investigadores y para personas que han vivido casos de VGL que llamamos ‘acompañamiento estratégico’. Por medio de este tipo de acompañamiento, brindamos asesoría legal, apoyo en seguridad digital y acompañamiento psicojurídico para sobrellevar la carga emocional de la denuncia y, además, incidimos en la co-construcción de espacios seguros para compartir dudas, sentimientos, deseos y expectativas por parte de quienes enfrentan violencia. Como organización hoy apostamos y promovemos esta propuesta como una estrategia práctica y fundamental para la búsqueda de justicia de género. Para hacerlo, desarrollamos tres talleres prácticos e informativos dirigidos a abogadas, trabajadoras sociales, acompañantes y activistas en los que compartimos todos los recursos logísticos y emocionales que utilizamos para brindar un acompañamiento empático y dialogamos sobre los desafíos del acompañamiento. Asimismo, producimos una guía colaborativa de autocuidado[2], desde las historias de las personas que participaron en uno de los talleres, para construir propuestas más holísticas de y para personas que dan acompañamiento.

Finalmente, resaltamos un cuarto logro que a veces pasa desapercibido: logramos consolidarnos como equipo de investigación y acompañantes. Al iniciar el proyecto, no medimos, ni nos preparamos para el desgaste emocional que podrían generarnos prácticas como leer sobre violencia de manera diaria, sistematizar testimonios que discuten los casos, acompañar durante y fuera del horario laboral, y generar lazos de confianza en el equipo. Todos estos fueron procesos emocionales muy fuertes que nos cambiaron como equipo y organización. En el camino, nos cuestionamos, nos abrumamos y también nos abrazamos. Por eso, también utilizamos los recursos del proyecto para recibir acompañamiento psicológico grupal[3], recibir terapia holística de sanación y sobre todo, para documentar lo que aprendimos[4]. Al difundir esta experiencia con nuestras compañeras de la región, descubrimos que no éramos el único equipo que se había sentido así, y reafirmamos que es necesario utilizar los recursos que tenemos para también cuidarnos, y solo así, poder cuidar.

Nuestro siguiente paso en el proyecto “Después de la Ley: Buscando justicia con enfoque de género para mujeres y personas LGBTIQ+ que enfrentan violencia de género en línea”, apoyado por Indela y Fundación Tinker, es seguir trabajando desde el feminismo para aprender, colaborar y construir propuestas, ya no solas sino en colectivo, que nos acerquen cada vez más a una justicia de género para casos de VGL. Nuestro plan es continuar incidiendo en la aplicación efectiva de las normas, pero también en la necesidad urgente de promover sensibilización, empatía, cuidados colectivos y contención para que quienes denuncian VGL. Sólo así identificaremos las mejores rutas para cuidarnos, y cuidar a quienes decidan llevar a cabo el arduo pero valiente proceso de denunciar.

 

[1] Disponible en: https://hiperderecho.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-1_Despue%CC%81s-de-la-ley.pdf [2] Disponible en: https://hiperderecho.org/wp-content/uploads/2020/12/Gui%CC%81a-2_Despue%CC%81s-de-la-ley.pdf [3] Disponible en: https://hiperderecho.org/wp-content/uploads/2020/12/Gui%CC%81a-2_Despue%CC%81s-de-la-ley.pdf [4] Disponible en: https://hiperderecho.org/wp-content/uploads/2020/12/Gui%CC%81a-1_Despue%CC%81s-de-la-ley.pdf

Nueva realidad, nueva convocatoria de Indela 2021

El 2020 fue un año de muchos desafíos para el mundo y para Latinoamérica. El uso de la tecnología permeó más que nunca todos los aspectos de nuestras vidas y la pandemia de COVID-19 hizo aún más evidentes las grandes desigualdades existentes, desde la brecha digital en la región que impactó en el acceso al conocimiento e información, hasta los desafíos de seguridad y privacidad.

En el sector público, fuimos testigos de un aumento del control social y la restricción del ejercicio de ciertos derechos como respuesta frente a la pandemia. Muchos países latinoamericanos adoptaron medidas tecnológicas para prevenir y disminuir la propagación del virus, implementando aplicaciones de rastreo de contacto. Estas apps, que se ha comprobado que no reducen el contagio y la propagación del virus, son abusivas en la recolección de datos personales, poco transparentes en su utilización, y poseen brechas de seguridad, aumentando el poder de vigilancia de los estados en un contexto de crisis y en un futuro post pandemia. 

Sumado a este panorama, en los primeros meses de 2021 revivimos desafíos del impacto de internet en las democracias del mundo. Muchos de los gobernantes de nuestra región han tomado alguna posición pública sobre la regulación de las grandes plataformas digitales como Facebook, Google, Twitter, etc. Estas discusiones son preocupantes porque carecen de un enfoque integral de protección de la libertad de expresión en línea y están concebidas más como una nueva forma de regulación del discurso público, donde el público general no tiene voz o espacio de incidencia. 

El futuro aún es incierto pero existe una gran oportunidad de promover el diálogo abierto sobre la importancia del reconocimiento, el respeto y el avance de los derechos digitales en Latinoamérica. En este contexto de emergencia, Indela (Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica) lanza una nueva convocatoria abierta y más flexible, que apunta a las necesidades urgentes del ecosistema de derechos digitales en la región. 

En esta convocatoria 2021, buscamos apoyar proyectos sobre derechos humanos afectados por las tecnologías digitales, presentados por organizaciones basadas en Latinoamérica. Se seleccionarán propuestas enfocadas específicamente en el desarrollo de campañas públicas, investigación aplicada y/o acciones de incidencia en políticas públicas, a nivel nacional o regional.

Las propuestas deberán ser implementadas en máximo seis meses y recibirán financiamiento por hasta un máximo de US$25,000. Adicionalmente, cada proyecto podrá recibir el apoyo de consultorías especializadas para fortalecer el impacto de su trabajo y de la organización postulante. 

En Indela reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer el ecosistema de derechos digitales en la región a través del apoyo a las organizaciones que lo defienden. Creemos que es momento de acompañar procesos que respondan a los desafíos y urgencias específicas que atraviesa Latinoamérica, y que puedan generar impacto en expandir y fortalecer la protección de los derechos digitales. 

La convocatoria 2021 estará abierta del 15 de abril al 15 de mayo.

APLICA AQUÍ

Uruguay: hacia una población bajo vigilancia con reconocimiento facial

Por DATYSOC

Uruguay se encuentra a punto de construir una base de datos de «Identificación Facial» con fines de seguridad pública a cargo del Ministerio del Interior. Este sistema, fue aprobado utilizando la Ley de Presupuesto Nacional como “ley ómnibus”, evitando así la correcta discusión del tema debido a los plazos exiguos para la aprobación de este tipo de ley.

La construcción de esta base, estará a cargo del Ministerio del Interior, utilizando la base de datos que actualmente se encuentra a cargo de la Dirección Nacional de Identificación Civil, organismo encargado de emitir la cédula de identidad en el país. La base incluirá: imágenes faciales de las personas mayores de edad, nombres y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de cédula de identidad, fecha de expedición y fecha de expiración de esta última. El Ministerio del Interior ya ha contratado un software de reconocimiento facial automatizado y cuenta hoy con un sistema de 8433 cámaras distribuidas en los 19 departamentos del país, además de los sistemas de vigilancia privada. El gobierno nacional ha admitido que el uso que se pretende dar a esta base de identificación facial es el de vigilancia automatizada mediante algoritmos de reconocimiento facial. 

Resulta especialmente preocupante la amplia discrecionalidad otorgada al Ministerio del Interior en cuanto a los posibles usos de esta base de identificación facial, dado que incluye cualquier tipo de uso con fines de seguridad pública enmarcado en los cometidos de la Ley Orgánica Policial. El concepto de “seguridad pública” es tan amplio que no define los límites de las autoridades públicas para hacer uso de datos personales.

¿Qué puede salir mal? 

Varios estudios recientes [1], [2], [3] advierten que la mayoría de los sistemas de reconocimiento facial comerciales tienen sesgos importantes y demuestran ser tecnologías aún inmaduras. La tecnología de reconocimiento facial sesgada es particularmente problemática para usos relacionados con seguridad pública porque los errores podrían dar lugar a acusaciones falsas y arrestos injustificados.

Ahora bien, supongamos que los algoritmos de reconocimiento facial funcionan correctamente y que la base es gestionada prolijamente desde el punto de vista técnico por parte del Ministerio del Interior. Eso significaría que los sistemas de vigilancia estatales podrían identificar a cada persona a la perfección. En este caso la pregunta es: ¿realmente queremos ir hacia allí?

El uso de esta tecnología conlleva grandes riesgos, puede ser utilizada para encontrar y arrestar manifestantes u organizadores de protestas o puede usarse para rastrear a personas a distancia sin su conocimiento, entre otros usos preocupantes. Además, vivir en una sociedad vigilada afecta la privacidad de las personas y también puede afectar la libertad de expresión, de movimiento y de reunión, de formas aún no sospechadas. ¿Cómo afectará la identificación facial el comportamiento de los uruguayos? ¿Se han realizado análisis de impacto sobre las posibles consecuencias sociales del uso de la biometría en el espacio público? ¿Es necesario y proporcional? 

Mientras que en Uruguay el tema se incluye en una Ley de Presupuesto (ley ómnibus) y sin discusión pública, en otros países los legisladores proponen o incluso aprueban leyes prohibiendo el uso de reconocimiento facial por parte del gobierno para vigilar a sus ciudadanos [1] [2] [3] [4] [5] [6], incluyendo la prohibición del uso de otras tecnologías biométricas como el reconocimiento de voz, el reconocimiento de la marcha y el reconocimiento de otras características físicas inmutables. Varias organizaciones que trabajan en temas de derechos humanos y tecnología en América Latina vienen relevando los casos problemáticos de uso de reconocimiento facial y alertando sobre los riesgos que esta tecnología representa para la población. 

Además, es importante resaltar que los organismos internacionales de Derechos Humanos han advertido sobre los potenciales peligros de abuso y recomiendan a los países su regulación por ley analizando el alcance detallado de su uso, la necesidad y proporcionalidad. En este sentido, durante el año 2020 conocidas empresas tecnológicas decidieron moratorias en la oferta de sus soluciones de reconocimiento facial automatizado a los gobiernos solicitando que su uso sea regulado por la vía parlamentaria. 

Alerta de la sociedad civil 

El 13 de octubre de 2020, estos dos artículos fueron aprobados por la Cámara de Representantes sin ningún tipo de debate. Cuando la Ley de Presupuesto pasó a consideración de la Cámara de Senadores (durante los meses de octubre y noviembre), el equipo de DATYSOC alertó sobre los peligros potenciales que trae el uso de identificación facial automatizada con fines de seguridad pública y sobre el exceso de discrecionalidad que se otorgará al Ministerio del Interior, logrando instalar el tema en la agenda de los medios de prensa [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]. Por su parte, junto a más de 20 organizaciones de Uruguay y de la región enviamos una carta a la Cámara de Senadores de Uruguay pidiendo que se retiren estos artículos del proyecto de Ley de Presupuesto. 

A partir de las alertas emitidas por la sociedad civil, varios senadores tomaron posición a favor del desglose de estos artículos o solicitaron la inclusión del requisito de previa orden judicial para habilitar el uso de estos datos de identificación facial con fines de seguridad pública. Lamentablemente, debido a la escasez de tiempo de discusión que implica una Ley Presupuestal, no se logró acuerdo. Estos artículos que incluyen una “carta en blanco” al Ministerio del Interior, fueron aprobados sin modificaciones por ambas cámaras, evitando que el asunto tenga el debate parlamentario profundo y necesario que el tema requiere.

Nuestra estrategia

Agotadas las posibilidades de incidir en el proceso de discusión parlamentaria de la Ley de Presupuesto y buscando posibles caminos para evitar daños mayores, desde DATYSOC hemos decidido impulsar la inclusión de este tema dentro del 5to Plan de Acción de Gobierno Abierto 2021-2025. Buscamos que se pueda generar un compromiso por parte del Ministerio del Interior que permita, al menos, la posibilidad de un debate informado con participación de las múltiples partes interesadas previo a su reglamentación.

Además, estaremos analizando de cerca el impacto de estas medidas en los derechos humanos, procurando la mayor transparencia posible en el proceso y su implementación a los efectos de mantener a la población informada.

Conoce más sobre el tema

Indela apoyará con orgullo a seis nuevas iniciativas de derechos digitales en la región

Proyectos seleccionados Indela 2020

Los espacios digitales y físicos están cada vez más conectados. Las tensiones políticas y sociales, la relación del público con el estado y su uso de la tecnología están planteando nuevos y complejos desafíos a los derechos digitales. La pandemia en curso y las respuestas estatales relacionadas, están sumando más estrés a estas tensiones. En toda la región, estamos viendo un mal uso generalizado de datos personales, límites de expresión, falta de información y conocimiento distribuido para las comunidades vulnerables, y muchos otros desafíos alarmantes.

Para apoyar el avance y el desarrollo de los derechos digitales en la región, Indela lanzó su segunda convocatoria abierta en 2020. Recibimos 138 propuestas de 15 países latinoamericanos.

Hoy, el equipo de Indela se complace en anunciar los seis proyectos seleccionados para su segundo ciclo de financiamiento. Estamos muy orgullosos de apoyar estas iniciativas innovadoras, que trabajarán en temas como una reforma libre y justa del derecho de autor, reducir la violencia de género en línea, localizar políticas públicas de protección de datos y en leyes de ciberseguridad centradas en el usuario, entre otros.

Estos seis proyectos recibirán fondos durante 12 a 18 meses, así como apoyo personalizado para fortalecer el impacto de su trabajo.

Las selecciones finales del proceso de la convocatoria abierta 2020 de Indela son las siguientes:

  1. REMIX: Hablando de derechos de autor e Internet” de Agência Lema e InternetLab, promoverá un diálogo abierto sobre los derechos de autor en Brasil y la necesidad de reformas progresivas.
  2. Acompañamiento integral a víctimas de violencia de género en línea” de Cultivando Género Asociación Civil, apoyará a mujeres y niñas en Aguascalientes, México, que han sido blanco de violencia digital, para conocer las opciones disponibles para ellas y tomar decisiones informadas en el ejercicio de sus derechos.
  3. DATYSOC: hacia una agenda integral de derechos digitales en Uruguay”, este proyecto incubado por DATA Uruguay, fortalecerá la agenda de derechos digitales en Uruguay mediante incidencia en la regulación de derechos de autor y en las políticas de responsabilidad de los intermediarios de Internet.
  4. Marcos multiculturales de derechos digitales para comunidades indígenas y afrodescendientes en Bolivia: análisis comparativo e incidencia en políticas públicas” de Asociación Aguayo y Fundación InternetBolivia.org, trabajarán para desarrollar marcos regulatorios contextualizados para el acceso a Internet y la protección de datos personales en municipios bolivianos seleccionados.
  5. Una Iniciativa Multisectorial para la Seguridad de la Información y los Derechos Fundamentales” de Fundación Vía Libre: es una colaboración entre actores del sector público y privado para desarrollar políticas que protejan los activos digitales (incluidos datos personales e infraestructura crítica) en Argentina.
  6. Construyendo puentes entre las comunidades de derechos digitales y defensa de los consumidores de América Latina” del Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), coordinará el fortalecimiento del trabajo de los defensores del consumidor en derechos digitales, enfocándose en las políticas de protección de datos personales y su aplicación, en línea con las estrategias de la comunidad de derechos digitales de la región.

¡Felicitaciones a las organizaciones seleccionadas de la Convocatoria Abierta 2020 de Indela!

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Derechos digitales en 2020 en Latinoamérica: una agenda de nuevas oportunidades y desafíos

Si hubiera que resumir el año pasado en materia de derechos digitales y sociedad civil, podríamos enfocarnos en el comienzo y el final de 2019.

Por un lado, en marzo tuvo lugar el movimiento #MeTooMx en México, el cual buscaba amplificar la voz de las mujeres que habían sido víctimas de acoso y abuso sexual. Por otro lado, entre octubre y diciembre ocurrieron decenas de protestas sociales en toda la región. Países como Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia fueron el escenario de un movimiento ciudadano diverso y descentralizado cuya naturaleza e impacto aún intentamos entender.

Ambos sucesos ilustran un punto fundamental en la relación entre los derechos digitales y la ciudadanía: los espacios digitales y físicos están cada vez más conectados. En esa medida, las tensiones políticas y sociales, la relación con el Estado y el uso de la tecnología, son elementos que a la vez influyen y marcan la agenda de trabajo de la sociedad civil en esta materia. Nunca fue tan importante entender el entorno digital para interpretar la calle; pero nunca fue tan importante entender la calle para interpretar el entorno digital.

El #MeTooMx no solo demostró el poder y el impacto concreto de la articulación ciudadana en línea. También puso de manifiesto los crecientes riesgos de los ataques digitales, el acoso que enfrentan las mujeres en las redes sociales y que las plataformas intentan resolver, y la importancia de garantizar el anonimato.

Las protestas sociales de fin de año reiteraron esos mismos elementos con un punto adicional: la pregunta por la respuesta del Estado, ya sea a través de la fuerza coercitiva o del aparato judicial. Como manifestaron varias organizaciones en una declaración pública el 20 de diciembre pasado, existe una preocupación por “la tendencia mundial de perseguir a las personas que defienden los derechos humanos utilizando medios y plataformas digitales, incluidas quienes realizan investigaciones y proveen entrenamientos de seguridad para proteger y promover estos derechos”.

Lamentablemente, en Latinoamérica la vigilancia estatal se volvió la contracara de la protesta social. En medio de una crisis de legitimidad y debilidad institucional, muchos gobiernos han optado por espiar a sus propios ciudadanos. Para hacerlo, despliegan de manera irregular y poco transparente arquitecturas de vigilancia y control: reconocimiento facial, bases de datos y registros. En ese propósito, confluyen intereses comerciales y políticos.

En ese contexto, las organizaciones de derechos digitales desarrollan una agenda diversa. El hilo conductor es el empoderamiento del ciudadano y su relación con el Estado y el sector privado: la neutralidad de la red, la moderación de contenidos; el seguimiento de las nacientes políticas públicas de inteligencia artificial (con proyectos en marcha en países como Argentina, Paraguay y Brasil); la promesa riesgosa del voto electrónico, y las propuestas de mayores regulaciones y controles técnicos en materia de derecho de autor.

Como si fuera poco, las democracias a lo largo y ancho del mundo intentan entender y resolver el problema de la desinformación y la manipulación en línea. Si bien se trata de un campo de acción inabarcable para un solo actor, el sector de derechos digitales aporta desde su rol y experticia, poniendo de presente los riesgos de las soluciones técnicas y defendiendo la vigencia del derecho a la libertad de expresión –en momentos en que algunos sectores lo ponen en duda–.

Decir que existe una agenda definida para 2020 podría resultar ingenuo. Sin duda, el pulso del movimiento social influirá en el trabajo de las organizaciones. Para seguir apoyando a las organizaciones de la sociedad civil a responder a estos crecientes desafíos, Indela lanzará su segunda convocatoria en el mes de marzo. Buscamos encontrar un balance entre las prioridades de las organizaciones y las demandas de la ciudadanía; equilibrando la investigación y con el activismo y, sobre todo, forjando alianzas en toda la sociedad civil. Hablar de derechos digitales hoy en día, más que nunca, es hablar de derechos humanos. Esta, es la apuesta de Indela.

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Entrevista con Vladimir Cortés de ARTÍCULO 19:


ARTÍCULO 19 México y Centroamérica promueve y defiende el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información de todas las personas. El proyecto Defendiendo la libertad de expresión en Internet: transparencia y debido proceso de la censura en línea a través de la remoción de contenidos fue seleccionado en la primera convocatoria de Indela.

1) ¿Qué son los derechos digitales para tu organización y por qué son importantes?

Los derechos digitales para Artículo 19 son los mismos derechos humanos que ejercemos y protegemos fuera de línea, pero ahora en la esfera digital y en todo lo que entraña Internet, particularmente, el ejercicio de la libertad de expresión en línea y el uso de la tecnología.

Son importantes y son una pieza clave porque Internet es un espacio donde se ejercitan, se habilitan estos derechos, donde la libertad de expresión y el acceso a la información también mantienen una interdependencia con otros derechos más; porque son pilares de las sociedades democráticas y es importante mantener, defender y promover su ejercicio frente a posibles actos de censura que puedan provenir por parte del Estado y por parte de intermediarios, empresas privadas u otros actores que puedan ir achicando cada vez más los espacios de participación, los flujos de información, la expresión de las ideas, el debate y las distintas expresiones que son necesarias e indispensables en una sociedad democrática.

2) ¿Cuáles son algunos retos para los derechos digitales en tu país o región en la que desarrollarás el proyecto?

Los principales retos son el establecimiento de mecanismos que puedan inhibir, que puedan representar una forma de censura para expresiones que sea importantes mantener en la arena, como parte de la discusión; regulaciones excesivas o legislaciones que buscando defender ciertos derechos o establecer ciertos mecanismos de regulación, en temas de seguridad, por ejemplo, o en temas relacionados con otros derechos, puedan ser restrictivos y puedan ser lesivos, particularmente para la libertad de expresión y para el acceso a la información.

Por otro lado, la opacidad, la falta de transparencia y el debido proceso en las acciones que toman las plataformas de redes sociales, los intermediarios, en cuanto a la remoción de contenidos. Si no existen las salvaguardas, mecanismos claros, concretos para poder realizar estas acciones esto se puede convertir en una forma de silenciamiento que por un lado impide acceder a información que pueda ser relevante para interés público, para otros debates que se generen y un mecanismo para quien busca canales para poder manifestarse y expresarse libremente.

Todo esto es un reto que vemos muy acuciante. Que los espacios de participación pública, los espacios de debate se hagan más pequeños y que sea completamente opuesto a permitir que las ideas se expresen libremente , y a que se pueda acceder a información, especialmente al nivel del escrutinio que se pueda hacer. Esto refiriendo a lo que sucede en los estados y también en las empresas privadas, además de los intermediarios.

Es un fenómeno que no se da solamente en el país (México), sino por la misma naturaleza que tiene la esfera digital, que tiene Internet, hay efectos que se generan como ola expansiva en muchas ocasiones en la región. El hecho que se empiecen a abordar legislaciones en el tema de ciberseguridad, indica que ya hay una preocupación legítima y que es importante atender, pero que muchas veces la forma en que están redactadas esas legislaciones tiene un impacto directo sobre el ejercicio de otros derechos, particularmente el de la libertad de expresión y el acceso a la información que también puedan tener un peso muy importante cuando se solicita la remoción de contenidos que pueden ser críticos e importantes para las sociedades.

Aunque es un fenómeno que estaremos estudiando y enfrentando en el caso de México, sin duda, también es un fenómeno que está sucediendo en otros países. Es importante estar alertas y pensar que lo que hagamos aquí puede servir para otros países y no solamente en América Latina, al final es un fenómeno global.

3) ¿Por qué es importante el proyecto de derechos digitales que postularon?

Creemos que es importante porque permite defender la libertad de expresión y el acceso a la información, que constituyen pilares de una sociedad democrática. Buscamos que se establezcan los mecanismos claros, tanto para los estados, como para las plataformas de redes sociales y los intermediarios. Que existan los mecanismos y contrapesos cuando se quiera remover contenidos y que esto pueda tener un efecto de completa inhibición y restricción.

Por un lado se necesita establecer algún tipo de leyes para contrarrestar la falta de transparencia al no saber exactamente quién está solicitando la información para que se remueva, bajo qué condiciones se está haciendo, si existe una orden judicial que esté mediando para remover esos contenidos y cuáles son los criterios que se están utilizando para removerlos. En ese sentido, aplica también para las plataformas de redes sociales, cuáles y cuántos contenidos se están removiendo, cuáles fueron las autoridades que les están pidiendo que se remuevan contenidos en sus plataformas. Lo que hemos observado es que en algunas ocasiones al utilizar las normas comunitarias de las plataformas de redes sociales también puede impactar directamente en otros temas fundamentales que son de interés público, como los debates y la información que pueda ser de interés noticioso.

Buscamos poder incidir ahí para que se establezcan nuevamente las salvaguardas y también que se garantice el debido proceso en cuanto a una situación en la que algo fue removido en sus plataformas, entonces el usuario o la usuaria pueda conocer exactamente qué norma fue la que se violó, y en dado caso que no esté de acuerdo poder accionar mecanismos de apelación. Hemos observado que poco a poco las plataformas han ido adoptando una serie de recomendaciones de cómo tienen que actuar en cuanto a la debida diligencia, y recientemente algunas han incorporado cifras de cómo han estado restituyendo contenidos que en primera instancia han bajado.

Lo que demuestra es que a veces sus mismos procesos de automatización o de moderación de contenidos están eliminando cosas que legítimamente tendrían que estar ahí y  es contenido al que todas las personas tendríamos que tener el derecho de poder acceder.

4) ¿Cuáles el objetivo y visión de éxito para tu proyecto?

El objetivo del proyecto es que el Estado y los intermediarios establezcan políticas de debido proceso y transparencia sobre la remoción de contenidos, dentro de un marco de derechos humanos, y teniendo especial consideración a la libertad de expresión. Eso guía el proyecto y la idea es tener los insumos y elementos objetivos que permitan identificar y diagnosticar el fenómeno que se está dando en el país. A partir de eso, se haría una fase de diagnóstico y una fase de investigación para poder complementar con una hacer una serie de recomendaciones y de sugerencias tanto al Estado como plataformas e intermediarios. Éstas mencionarían cómo tendrían que actuar, cómo tendrían que crear e implementar las políticas de transparencia y debido proceso y que todo ese proceso esté apegado a los estándares más altos de derechos humanos.

La visión que tenemos es que el Estado pueda adoptar estas recomendaciones y esas prácticas; por ejemplo, que las legislaciones locales y federales que busquen implementarse para salvaguardar o regular ciertos aspectos contemplen los mecanismos y contrapesos para que no sean actos discrecionales para remover ciertos contenidos si no existen ciertos criterios para poder hacerlo.

El otro aspecto es elevar cada vez más los niveles de transparencia para conocer y saber exactamente qué autoridades están haciendo estas solicitudes, bajo qué normas y con qué fundamentos lo están haciendo. Aplicaría la misma situación para el caso de las plataformas de redes sociales, que ellos mismos adopten estas prácticas y estas políticas y a su vez veamos en un futuro los informes de transparencia mucho más detallados, a un nivel de granularidad, es decir que garanticen el derecho de los usuarios y las usuarias a un debido proceso, en caso de sus contenidos son removidos. Aunado a que se salvaguarde y se defienda la libertad de expresión y el acceso a la información. Además de permitir el flujo y el libre debate de las ideas y no todo lo contrario que se estén censurando e inhibiendo  el flujo de ciertos contenidos.

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Entrevista a Carlos Cortés: No se puede hablar de derechos en el espacio físico, sin los derechos digitales

Carlos Cortés es fundador de Linterna Verde, un think tank sin fines de lucro y consultora en temas de Internet y sociedad. Carlos fue Gerente de Políticas Públicas de Twitter para Latinoamérica. Ha asesorado organismos de cooperación internacional en libertad de expresión y políticas de internet. Tiene un grado de derecho por la Universidad de los Andes (Colombia) y es maestro en ‘Comunicaciones y Gobernanza de Medios’ por la London School of Economics. Es investigador en políticas de internet en el Centro de Estudios en Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo, Argentina. Actualmente dirige el videoblog La Mesa de Centro.

¿Por qué los derechos digitales son importantes?

Cuando hablamos de derechos digitales no nos estamos refiriendo a un ejercicio aislado y limitado en el entorno online. Hoy en día, el ejercicio de la mayoría de los derechos en los espacios físicos —o analógicos— depende y se retroalimenta de las posibilidades de desarrollo en el contexto online.

Dicho de otra forma: sin derechos digitales no hay derechos analógicos. Piénsese, por ejemplo, en el derecho a la protesta, en la libertad de expresión, en la privacidad o en la participación política. Sin garantías digitales difícilmente podemos hablar de la existencia de ciudadanos activos.

¿Desde tu perspectiva cuáles son los principales desafíos que enfrenta el ecosistema de derechos digitales en América Latina?

Hay tantos desafíos como temas, pero si tuviera que ubicarlo en el ecosistema regional, el reto más importante surge de la tensión entre el rol que se espera del Estado y la desconfianza que se le tiene. Por ejemplo: nos preocupa la acumulación de datos por parte de intermediarios privados. ¿Debemos entonces darles herramientas de vigilancia a gobiernos que así mismo han abusado de sus facultades de inspección y control?

De la misma forma, enfrentamos la pregunta de cuáles problemas debemos resolver por la vía regulatoria y cuáles deben canalizarse a través de soluciones privadas o autorregulatorias. Considero.

¿Por qué el contexto de derechos digitales en Latinoamérica es único?

A diferencia de otras regiones, y como es usual en nuestros paisajes, América Latina intenta construir todos los pisos de la casa simultáneamente —y muchas veces empezamos uno sin terminar otro—.

Enfrentamos preguntas alrededor de los derechos digitales cuando aún tenemos retos enormes en materia de infraestructura, conectividad y alfabetización digital. Piénsese por ejemplo, en la neutralidad de la red. Cuando todavía intentábamos garantizar este principio de política pública en las conexiones fijas, el Internet móvil empezó a desarrollarse —con el consecuente problema asociado de ‘zero rating’—. Nuestro contexto es único porque convivimos e impulsamos cambios en medio de profundos contrastes.

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Entrevista a Ramiro Álvarez: La masificación de Internet cambió radicalmente el espacio público

Ramiro es Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y de Derecho y Cambio Social de la Universidad de Palermo (Buenos Aires). Actualmente está cursando un JSD en la Escuela de Derecho de Columbia. Trabajó como abogado de derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009-2011) y en la Asociación por los Derechos Civiles en Argentina (2011-2014), donde desarrolló la agenda de privacidad. Posee un LLM por la Escuela de Derecho de Columbia (2009), donde fue becario Harlan Fiske Stone y Fulbright

¿Por qué los derechos digitales son importantes?

Los derechos digitales son importantes porque buscan reafirmar compromisos normativos que asumimos en un mundo fundamentalmente análogo, que ya no existe. La masificación de Internet hace casi treinta años modificó radicalmente el ecosistema de comunicación donde transcurre el “debate público” en las democracias modernas.

Ese debate es fundamental para el funcionamiento de las instituciones —es parte esencial del vínculo entre representantes y representados—. Pero también es fundamental para el desarrollo de la personalidad de cada individuo y la construcción de identidad de las múltiples comunidades que conforman las sociedades pluralistas modernas.

Este nuevo escenario plantea, por supuesto, nuevos desafíos. En este sentido, los derechos digitales sirven para orientar los cambios que se producen en el mundo, encontrar respuestas adecuadas a los dilemas que surgen en ese proceso y reafirmar los valores de libertad e igualdad que plasman nuestras constituciones.

¿Desde tu perspectiva cuáles son los principales desafíos que enfrenta el ecosistema de derechos digitales en América Latina?

Creo que, a nivel global, los derechos digitales están amenazados por actores estatales y privados, y por la ausencia de mecanismos eficientes de protección.

En América Latina en particular, diría que los desafíos son tres: el carácter periférico de la región hace que los países, en general, tengan escasas capacidades de influir en las políticas globales de los actores privados; los países de la región tienen —en general— estándares democráticos que están lejos de ser los ideales, lo que hace que los derechos digitales sufran en esos países las dinámicas que sufren otros derechos (restricciones innecesarias, ineficiencia de los mecanismos de protección, etcétera) y creo que el movimiento por la privacidad en América Latina está creciendo pero aún le falta desarrollo; necesita afinar sus estrategias y ganar capacidad de incidencia.

Éste último creo que es el principal desafío en América Latina. Los derechos gozan de buena salud cuando los ciudadanos se movilizan para defenderlos.

¿Por qué el contexto de derechos digitales en Latinoamérica es único?

Creo que en América Latina se verifican, a la vez, tendencias que existen a nivel global pero
no necesariamente en el mismo lugar o territorio. Así, América Latina tiene la peculiaridad de ser una región con una importante tradición democrática que está —a la vez— cruzada por profundas desigualdades.

Ello genera problemas serios: la democracia y la igualdad van de la mano, porque el ideal que perseguimos es el del autogobierno colectivo en una comunidad política de iguales. La desigualdad lastima ese ideal y —creo— está detrás de los problemas endémicos de la región: concentración del poder, instituciones representativas débiles, permeables a intereses privados de distinto tipo, etcétera.

En ese contexto, los derechos digitales sufren el destino de otros derechos: si existen, es posible que no sean efectivos o que se apliquen de manera despareja; pueden sufrir si son percibidos como obstáculos para sectores poderosos; en general los mecanismos de protección son inadecuados, etcétera.

A la vez, en América Latina existe una importante tradición en defensa de los derechos
humanos —y los derechos digitales participan de esa lógica. Creo que podemos hablar de un verdadero “movimiento” de defensa de los derechos digitales.

Por supuesto, este movimiento enfrenta una serie de desafíos considerables: compite con violaciones de derechos que son percibidas como más graves o acuciantes, sufre los recursos limitados o escasos de la región, y compite —en la agenda pública— con preocupaciones que muchas veces justifican políticas públicas que los socavan; como por ejemplo, la narrativa de “seguridad” que justifica la violación de la privacidad de las personas.

Estas dos condiciones —democracias consolidadas pero con capacidades limitadas y atravesadas por una profunda desigualdad— creo que hacen que el contexto de los derechos digitales en América Latina sea bastante único y peculiar.

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Entrevista a Paulina Gutiérrez: Los derechos digitales son fundamentales para la vigencia y protección de los derechos humanos

Paulina Gutiérrez fue la Oficial del Programa de Derechos Digitales en ARTÍCULO19 México y Centroamérica, es abogada en derechos humanos y activista de la libertad de Internet. Posee un grado en Derecho y otro en Relaciones Internacionales, con especialidad en privacidad, propiedad intelectual y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su experiencia profesional incluye doce años trabajando en investigación de políticas de derechos humanos, asesoría legal sobre violaciones a derechos humanos, libertad de expresión y género.

¿Por qué los derechos digitales son importantes?

Los derechos digitales son importantes porque son derechos humanos, idénticos a aquellos reconocidos internacional y regionalmente por instrumentos, organismos y constituciones nacionales.

Esto significa que la vigencia de los derechos de las personas es la misma cuando se utilizan herramientas tecnológicas. La protección de los derechos humanos no se modifica a través del uso de la tecnología, solamente encontramos nuevas formas de ejercerlos y, a su vez, ese ejercicio se caracteriza de diversas formas, ya sea mediante la suscripción a plataformas que nos permiten comunicarnos o al requerir un dispositivo y un proveedor de servicio privado para conectarnos a Internet.

Definitivamente, esto implica conocer tales manifestaciones para identificar la multiplicidad de factores que intervienen en el disfrute de los derechos humanos a través de la tecnología, condiciones bajo las cuales los derechos humanos encuentran nuevas amenazas que no se limitan a una intervención estatal injustificada, sino también del sector privado que se beneficia de nuestra participación e información disponible en sus redes y plataformas.

Justamente, las amenazas que puedan enfrentar nuestros derechos humanos ejercidos en el entorno digital y a través de la tecnología —derechos digitales— se deben al poder que ésta ha brindado a las personas y la movilización social, traducida en beneficios que han potenciado la participación individual y colectiva en la vida pública, la libertad de expresión e información, el escrutinio público, el anonimato y otros derechos y sus manifestaciones que también han dado voz a grupos y minorías históricamente excluidas.

Por tales razones, los derechos digitales no les denominaría solamente importantes, son fundamentales para evitar que la vigencia y protección de nuestros derechos humanos se vea mermada o reducida por las modificaciones en el ecosistema, principalmente por el uso de la tecnología.

Al contrario, son esenciales para que encuentren en la tecnología una poderosa herramienta de transformación política, social, cultural y económica, así como nuevas oportunidades para reivindicar los derechos de las personas y grupos discriminados, excluidos o rezagados. Particularmente en el contexto latinoamericano, en su mayoría sumido en una crisis de confianza en las instituciones y en el sistema de gobierno que cada vez más representan perspectivas regresivas en materia de derechos humanos.

¿Desde tu perspectiva, cuáles son los principales desafíos que enfrenta el ecosistema de derechos digitales en América Latina?

En primer lugar, la brecha digital es un gran desafío para la región, principalmente dada por la falta del reconocimiento de una realidad multicultural en nuestros países, cuyas políticas públicas en materia de conectividad son diseñadas e implementadas bajo lógicas puramente comerciales y urbanas que discriminan a grupos y poblaciones en situaciones de exclusión histórica.

Lo anterior acrecienta y profundiza las brechas que continúan alejando a poblaciones indígenas, en situación de vulnerabilidad o en condiciones de desventaja educativa, económica y cultural. Es decir, no hay un reconocimiento explícito del derecho de acceso a Internet sin discriminación, el cual permite habilitar esquemas de política pública e inversión privada que incluyan a estas poblaciones y les garanticen el acceso a los beneficios que este derecho representa para el desarrollo y la autodeterminaciones de poblaciones y comunidades.

En segundo término, mencionaría la importación de desarrollos normativos y jurídicos regresivos para el sistema regional de protección de los derechos humanos —Sistema Interamericano de Derechos Humanos— , principalmente aquellos en materia de protección de datos personales, privacidad, honor y propiedad intelectual que no reconocen excepciones en materia de libertad de expresión e información, así como pruebas de interés público que habilitan la censura de información relevante para la sociedad Latinoamericana que podría revertir la lógica de olvidar y repetir nuestros errores como sociedad.

En tercer lugar, creo que un gran desafío para la región es aquel relacionado con la moderación de contenidos en las plataformas digitales, el acoso y hostigamiento a personas orientado por razones de género y la lógica punitiva de expresiones como solución para proteger a grupos de poblaciones que han sido históricamente discriminadas y violentadas.

Nuestras sociedades tienen arraigados esquemas de educación, formación y estereotipos que reflejan conductas machistas, homofóbicas, xenofóbicas en sus estructuras sociales, políticas y económicas, así como muchas otras asociadas a reacciones de rechazo, odio y falta de tolerancia a toda aquella diferencia y pluralidad que cuestiona un orden preestablecido. Tales conductas se han trasladado a los entornos digitales, generando necesidades y exigencias de protección muy específicas tanto al Estado como a las empresas privadas.

Sin embargo, esto representa un relevante dilema entre el ámbito de protección del sistema interamericano de derechos humanos de ciertos derechos como la libertad de expresión, las diferencia entre las obligaciones de los Estados y las empresas en materia de derechos humanos y los efectos nocivos o negativos que experimentan los grupos que se han beneficiado del poder de participación y reivindicación brindado por el uso de las tecnologías.

Persisten las necesidades de construir puentes entre las brechas de complementariedad y mutua protección-excepción para preservar la protección y garantía de todos los derechos humanos de las personas.

Cuarto, existe un evidente interés y abuso de los poderes públicos para vigilar y controlar las comunicaciones de las personas y la información disponible en Internet. La adquisición de herramientas de vigilancia y la falta de controles democráticos en su uso representa un serio problema para la región. La adquisición y uso de estas tecnologías continúa en la opacidad y cada vez más es posible evidenciar un uso arbitrario para intervenir ilegalmente en procesos democráticos asociados al escrutinio público, al ejercicio periodístico, a organización y defensa de derechos humanos con efectos que minan su labor y les pone en riesgo.

Finalmente, otro gran desafío para la región es poder posicionar y efectivamente incidir en el diseño de estándares y perspectivas regulatorias en materia de moderación de contenidos implementada por las plataformas y los intermediarios de Internet. Las discusiones suelen estar concentradas y dominadas por países, grupos e intereses que no representan las realidades de una región con condiciones multiculturales, sociales, económicas y políticas que requieren ser consideradas al momento de imponer esquemas cuasi regulatorios o de autorregulación que impactan en los derechos humanos de las personas.

La obligaciones y estándares en materia de empresas y derechos humanos, así como de responsabilidades de terceros en conjunto con la omisión de protección de los Estados, es un gran desafío para escalarlo al escenario internacional, pero también una gran oportunidad para las organizaciones en la región.

¿Por qué el contexto de derechos digitales en Latinoamérica es único?

La historia política, social y económica, arraigada en la resistencia de la población para no regresar a sistemas políticos dictatoriales, los cuales requieren de mantener la vigencia de exigencias en materia de memoria, justicia, verdad y reparación de las violaciones graves a los derechos humanos, en lugar de reemplazarlas por olvido.

Un contexto de transiciones democráticas no consolidadas, o aquellas consolidadas con serios problemas de rendición de cuentas e inclusión de toda su población en las dinámicas representativas y participativas en materia políticas, económica y social, que cuestiona el comportamiento e interés de los Estados al intentar regular o intervenir en procesos de gobernanza de Internet y de derechos humanos ejercidos en entornos digitales.

Lo hace único también la inigualable y vibrante participación de tantas organizaciones y personas de la sociedad civil, comprometidas no solamente con los procesos de transición y paz, sino con el interés de vincular los derechos digitales con la historia sociopolítica de la región y los errores que como sociedad latinoamericana no queremos repetir, hoy reavivados por el uso de las tecnologías y por un reconocimiento relativo a la necesidad de conectar la defensa y promoción tradicional de los derechos humanos con una perspectiva digital y tecnológica.

Cerrar una brecha entre las personas defensoras de derechos humanos, las mujeres, periodistas, medios y otros grupos que se ven impactados diariamente por el uso de la tecnología y, por lo tanto, en sus derechos humanos.

Asimismo, el sistema regional de protección de los derechos humanos tiene un gran potencial para instruir a otras regiones y al Sistema Universal de Derechos Humanos. El desarrollo jurisprudencial asociado al ámbito de protección de los derechos humanos proporciona herramientas legales de interpretación, ponderación y legitimación para restringir y proteger los derechos humanos, lo cual puede convertirse en una relevante guía para los desafíos no solamente regionales si no internacionales.

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