Indela (Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica) con el apoyo de la Unión Europea lanza una convocatoria abierta para seleccionar proyectos dentro del ecosistema que trabaja en la promoción y garantía de los derechos digitales en Panamá. El apoyo de Indela permitirá acompañar proyectos locales que busquen trabajar en torno a políticas públicas y regulación para el respeto de los derechos digitales.
Esta iniciativa busca apoyar proyectos de organizaciones de sociedad civil, think tanks y medios de comunicación para avanzar en la protección de derechos digitales en políticas públicas y regulación, a nivel subnacional y nacional.
Las principales áreas temáticas a apoyar son:
Los proyectos postulados de las organizaciones de sociedad civil panameñas, deben profundizar entre la intersección de tecnología y derechos humanos. Las propuestas seleccionadas recibirán financiamiento hasta US$25,000.00 y deberán ser implementadas en un plazo máximo de 18 meses. Además, tendrán la oportunidad de recibir acompañamiento no financiero adicional, que fortalezca el impacto del proyecto y la organización.
Únicamente se recibirán propuestas de organizaciones legalmente constituidas en Panamá. Se aceptarán proyectos coordinados por dos o más organizaciones.
La convocatoria estará abierta del 28 de marzo al 15 de mayo de 2023.
Conoce los criterios de selección, quiénes pueden postular y más sobre la convocatoria abierta de Indela en Panamá aquí.
En Panamá existe una oportunidad para fortalecer la transformación digital con una perspectiva de derechos humanos. La pandemia por COVID-19 y la acelerada digitalización profundizaron la necesidad de garantizar acceso equitativo a las tecnologías, así como el respeto de derechos digitales de la población.
En el 2019 se aprobó la Ley de Protección de Datos Personales en el país, vigente desde el año 2021, que incorpora estándares internacionales de cumplimiento obligatorio para instituciones públicas y privadas. Sin embargo, aún no existe una regulación integral enfocada a las problemáticas emergentes que afectan la vida diaria de las y los panameños, tales como desinformación, violencia de género en línea, recolección indiscriminada de sus datos personales por parte de plataformas privadas, por mencionar algunas.
En este contexto, el apoyo al ecosistema emergente de sociedad civil (organizaciones de sociedad civil, think tanks y medios de comunicación) permite fortalecer la conversación sobre el impacto de la tecnología en los derechos humanos, con enfásis en poblaciones vulnerables como mujeres, personas LGBTIQ+, comunidades indígenas y afrodescendientes.
Actualmente este ecosistema en Panamá es pequeño a pesar de los desafíos y oportunidades que existen para implementar proyectos en torno a la protección de derechos humanos en el entorno digital.
Indela (Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica) con el apoyo de la Unión Europea, anunciará su primer esfuerzo por afrontar esta problemática en el país, buscando ampliar el ecosistema que trabaja en la promoción y garantía de los derechos digitales en Panamá.
El lanzamiento presencial de Indela en Panamá se realizará este 28 de marzo, asiste al evento y cuéntanos más sobre tu organización, think tank o medio de comunicación.
🕙 10:00 hrs
📍 Auditorio 108, Ciudad del Saber
Por IPANDETEC
“Si no es por su proyecto, no me entero”. Esta fue la declaración de una de las personas participantes del proyecto Centroamérica Videovigilada. Por primera vez, la región cuenta con un proyecto planificado y ejecutado por una organización y personal cien por ciento centroamericanos sobre los sistemas de videovigilancia pública.
El proyecto identificó los sistemas de tecnologías de videovigilancia en espacios públicos en nueve ciudades de Guatemala, Costa Rica y Panamá, a través de solicitudes de información a las autoridades de esos países. La información proporcionada por las autoridades fue comprobada con sitios de compra gubernamental, medios de comunicación, y los registros de empresas. Esta información recolectada fue publicada a través de redes sociales y fichas de investigación en el sitio web del proyecto.
La metodología permitió encontrar que solamente Costa Rica y Panamá, mantienen leyes de protección de datos y derecho a la imagen, mientras que Guatemala no. Ninguno de los países investigados ha regulado la videovigilancia pública o privada mediante leyes nacionales, sino que se manejan con manuales internos o decretos alcaldicios. Dentro de la investigación, se encontró la participación en licitaciones de los sistemas de empresas denunciadas a nivel internacional por espionaje, la poca participación ciudadana en el proceso, entre otros detalles.
La segunda parte del proyecto era conocer la opinión de las personas beneficiarias de la implementación de estos proyectos de seguridad pública. Se realizaron más de 25 entrevistas a líderes y lideresas de las nueve ciudades centroamericanas donde se desarrolló el proyecto. Al mismo tiempo, se reunieron a vecinos y vecinas en grupos focales denominados “Diálogos Ciudadanos” donde se pudo comprender sus conocimientos sobre el sistema, su opinión sobre la privacidad, y la participación ciudadana por proyecto. Tanto las entrevistas como los diálogos ciudadanos fueron grabados para su posterior transcripción, respetando la privacidad de las personas participantes.
De esta fase, pudimos notar el poco conocimiento sobre los sistemas de videovigilancia que mantenían los habitantes de las nueve ciudades en general. Derivado de la falta de participación ciudadana y transparencia gubernamental en este tema, muy pocas de las personas afirmaron haber participado en alguna de las fases de los sistemas en mecanismos de participación ciudadana mientras que otra gran mayoría desconocía con certeza la entidad administradora del sistema. En materia de privacidad, encontramos comentarios diversos, algunas de las personas entrevistadas prefieren sacrificar su derecho a la privacidad a cambio de seguridad y paz comunitaria, mientras otros manifestaron estar preocupados por la intrusión del sistema.
La tercera parte del proyecto se enfocó en generar espacios de diálogo con autoridades y gremios empresariales en la búsqueda de generar conversaciones y sinergías que permitan acciones en beneficio de los derechos humanos de los habitantes.
Por último, el equipo del proyecto realizó un estudio a profundidad que permite comprender diversas temáticas encontradas en la región sobre los sistemas de videovigilancia: el uso de los sistemas de videovigilancia como herramienta diplomática, el reconocimiento facial, la falta de participación ciudadana, entre otras aristas de la videovigilancia en la región.
Lecciones aprendidas
Durante el transcurso del proyecto, el equipo investigador pudo obtener aprendizajes para ser aplicados en futuras fases del proyecto y en otras investigaciones; primeramente, la importancia de involucrar a las comunidades y personas beneficiarias. La riqueza de información proveniente de la población, hizo que el equipo investigador pudiera presentar los resultados del proyecto, así como realizar cuestionamientos a las autoridades amparados en la participación ciudadana y la opinión de los habitantes. Por otro lado, esa participación de la ciudadanía en el desarrollo del estudio, permitió que el proyecto pudiera enfocarse en ciertas áreas de investigación, tales como la participación ciudadana en la instalación geográfica de cámaras o el traslado de la delincuencia a lugares no videovigilados.
Por otro lado, la falta de voluntad inicial de las autoridades en conocer el proyecto a pesar de sus responsabilidades con la ciudadanía, solamente demuestra la desconexión que mantienen ciertos sectores gubernamentales con aquellas personas que les eligieron. Esta falta de voluntad termina en falta de participación ciudadana, ausencia de rendición de cuentas, opacidad, poca transparencia y vulneración de derechos.
Logros
Hasta la fecha se han logrado reuniones con tres municipalidades, y un ministerio a cargo de la seguridad, y tres gremios empresariales. En estas reuniones, se enfatizó la necesidad de iniciar conversaciones multisectoriales con un enfoque de derechos humanos. Como resultado, una de las instituciones se mostró a favor de una futura reunión con el equipo legal de la institución pública y el equipo investigador para analizar la discusión de una regulación a la videovigilancia, mientras que una de las municipalidades de Costa Rica indicó que iniciarán inmediatamente una reforma a sus manuales internos con un enfoque humanista tras la reunión sostenida con el equipo investigador.
Por otro lado, la entidad pública a cargo de uno de los sistemas de videovigilancia de Panamá expresó desear conocer más sobre el tema en futuras fases del proyecto, además de dejar abierta la posibilidad de iniciar acciones conjuntas para una regulación de videovigilancia con enfoque de derechos humanos.
El futuro del proyecto
El proyecto, el cual ha sido ampliamente difundido a través de redes sociales, ha visto su objetivo principal cumplido; ha logrado educar y concientizar a las poblaciones meta sobre el uso de videovigilancia. Sin embargo, la expansión de la investigación y sensibilización a otras ciudades de los países investigados, o incluir nuevos países de Centroamérica, abre una multitud de oportunidades. Este proyecto pone la primera piedra para construir acciones multisectoriales encaminadas a discutir nuevas y existentes regulaciones, iniciar acciones de litigio estratégico e incidencia legislativa que protejan a la ciudadanía, la apertura y mayor transparencia de los sistemas, e inclusive mecanismos de auditoría ciudadana en ellos.
Por Asociación Aguayo y Fundación InternetBolivia.org
¿Cómo la digitalización afecta a las comunidades rurales en Bolivia y sus derechos? ¿Qué necesidades tienen las y los bolivianos que viven en municipios medianos y pequeños en relación a la digitalización y ejercicio de sus derechos? ¿Están presentes los debates globales sobre políticas digitales en las realidades locales? ¿Cómo se puede apoyar a que los municipios rurales en Bolivia puedan incluirse en estos debates?
Estas preguntas fueron los disparadores para llegar a lugares como Coroico, un municipio a tres horas de la sede de Gobierno de Bolivia; Ayo Ayo, un pueblo en la gran altiplanicie de los Andes, y a otros lugares alejados. Todos ellos comparten problemas globales como los procesos de extractivismo de datos personales, ciberestafas y violencias digitales, pero a diferencia de los centros urbanos y países del norte no se los toma en cuenta en la discusión global sobre digitalización.
Desde el año 2020, desde la Fundación InternetBolivia.org y la Asociación Aguayo tomamos el desafío de llevar los debates de acceso a Internet y protección de datos personales a municipios alejados de los centros urbanos en un doble esfuerzo: ir de lo global a Bolivia y de lo urbano a lo rural.
El contexto de cuarentena por el COVID-19 llevó el desafío de la digitalización a más lugares y sorprendió a los municipios sin estrategias, normativas, debate público, ni herramientas para afrontarlo. Esto llevó a que las poblaciones de estos territorios incrementaran sus vulnerabilidades al usar Internet.
No queríamos que este recorrido fuera de cualquier manera, decidimos que fuera en clave local, feminista, e intercultural. Queríamos que fuera con voces diversas. Así, incluimos a mujeres como actoras fundamentales de estos procesos, a federaciones de productores y productoras y a jóvenes.
En este camino, encaramos dos proyectos: el primero denominado: “Marcos legislativos de derechos digitales multiculturales para comunidades indígenas y municipios en Bolivia: análisis comparativo e incidencia legal”, en el que se elaboró un diagnóstico sobre el acceso a Internet y protección de datos personales en cinco municipios de Bolivia y una Autonomía Indígena (Charagua Iyambae).
Sobre esta base, se diseñaron dos modelos de leyes municipales:
Asimismo, se implementaron campañas de comunicación y capacitación en tres municipios: Coroico, Copacabana y Villamontes.
En este proceso tuvimos un primer acercamiento con el Gobierno Municipal de Coroico, su Concejo Municipal y actores sociales que inciden en las políticas locales. ¿Por qué? Porque uno de nuestros objetivos es la elaboración de leyes que permitan garantizar y proteger derechos digitales de la ciudadanía. De este modo, se generó voluntad política para deliberar sobre una Ley Municipal de Digitalización y Protección de Datos Personales en Coroico, que de aprobarse sería la primera de estas características en Bolivia, e incluso Latinoamérica y global. En este enlace encontrarán el trabajo realizado hasta el momento.
Nuestro trabajo no terminó allí, y en el 2021 comenzamos el segundo proyecto, “Mujeres por los derechos digitales y tecnologías en Bolivia” con el objetivo de fortalecer la capacidad de incidencia de las mujeres en las políticas públicas de derechos digitales.
Luego de un proceso de fortalecimiento de capacidades dirigido a mujeres de base, ellas diseñaron propuestas de políticas públicas con impacto en su contexto directo y la construcción colectiva de un decálogo en el que volcaron sus preocupaciones ante las vulneraciones de derechos digitales que viven en su cotidiano. Aquí podrán conocer las siete propuestas becadas de las setenta recibidas cuyo objetivos son incidir en sus contextos directos en busca de fortalecer sus derechos digitales y las voces de las mujeres que trabajaron a lo largo del proyecto.
En las varias visitas a los municipios, naturalmente un grupo de jóvenes, que ya trabajaban con Asociación Aguayo en artivismo y comunicación masiva en otros proyectos, comenzó a acompañarnos. El arte es un canal potente para transmitir mensajes de cambio social y llegar a personas que de maneras tradicionales no es posible.
¡Era momento de ser creativos! Apoyamos la producción de una obra de teatro del grupo Coroico Art integrado por adolescentes y jóvenes de Coroico acerca de su realidad en derechos digitales, riesgos al navegar en Internet sin información, lo que había significado la educación virtual en la pandemia y la importancia de cuidar los datos personales. Tan importante fue el impacto de esta obra que se convirtió en el evento cultural más importante del primer semestre de 2022 en el municipio, la llevaron a varias comunidades y a la ciudad de La Paz en diferentes eventos.
Las y los jóvenes de Coroico también pusieron su entusiasmo en su programa semanal en la radio local, que tiene un gran alcance en la zona con entrevistas, jingles y spots acerca de violencia digital y protección de datos personales.Tanto para la obra de teatro como para la radio, hicimos un trabajo muy importante de fortalecimiento de capacidades para que tuvieran insumos para llevar adelante ambas propuestas.
En todo este proceso, se fueron abriendo puertas con la Alcaldesa de Coroico, los y las concejalas, las federaciones de productores varones y de mujeres donde pudimos sembrar las semillas del debate sobre los derechos digitales que deseamos que ellos y ellas, puedan cosechar y replicar en comunidades vecinas. Ahora ya varios actores y actoras están listos para hablar en espacios nacionales y locales.
Los derechos humanos en entornos digitales son una necesidad de todas las personas, también de quienes viven en municipios rurales. Es necesario integrar miradas, territorialidades, sentires y saberes locales en los debates nacionales y globales que no siempre tienen en cuenta esta diversidad.
Por DATA Uruguay – Proyecto Datysoc
Contexto
Uruguay lidera los rankings de inclusión de TIC y desarrollo digital en Latinoamérica; tiene las mayores tasas de acceso a Internet de la región, ha impulsado exitosamente planes de inclusión digital y lidera el ranking de gobierno electrónico en la región. Estos datos parecen muy alentadores y dan la sensación de que Uruguay tiene “todo resuelto”. Sin embargo, desde DATA Uruguay sentimos un contraste entre estos avances y la falta de discusión pública en torno a temas como la indefensión de los usuarios ante bloqueos de contenido en Internet, los avances en la adquisición de tecnologías de vigilancia sin análisis de impacto sobre los derechos humanos, el aumento de la violencia basada en género en línea, entre otros. Esto evidencia, la deficiente formación de las organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio de sus derechos en entornos digitales y la ausencia de perspectiva de derechos humanos por parte de los tomadores de decisión al momento de regular o planificar políticas de innovación y uso de las tecnologías.
El Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc) surgió como iniciativa de DATA Uruguay con el objetivo de afrontar este panorama de contraste en el país, fortaleciendo la agenda de derechos digitales en Uruguay y en la región, y trabajar en torno a 4 ejes: 1) Derechos de autor y acceso a la cultura, 2) Libertad de expresión, 3) Inclusión digital y género y 4) Privacidad y vigilancia.
Líneas de acción e impacto
1. Aportando evidencia del atraso normativo y de la urgente necesidad de reforma al Derecho de Autor a nivel nacional y regional
Desde Datysoc, entendimos que sería útil demostrar el atraso normativo y de armonización de leyes de derecho de autor existente en nuestra región de una forma gráfica y fácil de entender, por eso construimos una herramienta de consulta con mapas interactivos y un informe que facilita la tarea de revisión normativa a activistas, instituciones y tomadores de decisiones al momento de analizar la situación de las flexibilidades al derecho de autor en 19 países de Latinoamérica.
Este año presentamos los resultados del informe en el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que es un insumo clave para las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana observadoras en la OMPI en su esfuerzo por visibilizar el anacronismo legal de nuestra región.
La alianza con Indela también nos permitió trabajar a nivel nacional y co-redactar una Plataforma abierta sobre flexibilidades al derecho de autor en Uruguay junto con actores de educación, ciencia, tecnología, bibliotecas y archivos. También organizamos una Jornada de Reflexión Parlamentaria sobre Reforma al Derecho de Autor en la que presentaremos esta plataforma junto con otras dos investigaciones sobre los continuos problemas que enfrentan las instituciones educativas, archivos y repositorios digitales en Uruguay.
2. Aportando al debate para la regulación de grandes plataformas y la gobernanza de datos
El “control privado” de Internet y el creciente avance de la intervención de las grandes plataformas fijando las reglas en el ciberespacio es una preocupación que compartimos varias organizaciones de la región. Nos interesó especialmente unir fuerzas para impulsar las garantías de libertad de expresión en línea y una Internet libre y abierta desde una mirada Latinoamericana. De esta forma trabajamos con más de una decena de organizaciones de la región para impulsar de forma conjunta la propuesta de Estándares para una regulación democrática de las grandes plataformas.
En mayo de 2022 tuvo lugar en Uruguay la Conferencia Global por el Día Mundial de la Libertad de prensa, donde co-organizamos actividades y presentamos la “Declaración Latinoamericana sobre Transparencia de las Plataformas de Internet” firmada por 19 organizaciones de la sociedad civil dedicadas al estudio de políticas públicas de Internet y a la defensa de derechos fundamentales.
A su vez, realizamos un análisis de la situación de la gobernanza de datos en Uruguay concluyendo que, a pesar de que Uruguay muestra una sólida institucionalidad, aún queda un largo camino hacia la consolidación de estándares e iniciativas, ya que la mayoría de su infraestructura de gobernanza de datos depende de una sola institución, a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), y que los aportes de la sociedad civil son muy limitados.
3. Consolidando redes ciberfeministas y herramientas de autodefensa contra la violencia de género en línea
La alianza con Indela permitió contar con los medios para unir colectivos, consolidar vínculos y así conformar la “Entramada feminista”, una alianza de cooperación y co-formación entre colectivos feministas en Uruguay en temas de derechos digitales y género.
Con estos colectivos co-organizamos las Primeras Jornadas Ciberfeministas de Uruguay donde por primera vez, los colectivos, mujeres y disidencias se reunieron para trabajar sobre la identificación de modalidades de violencia de género en línea, prácticas seguras de mediactivismo y autocuidado y a construir estrategias frente a discursos anti-derechos. En dichas jornadas, recogimos testimonios para el lanzamiento de la Campaña “La violencia Digital es Real”.
También lanzamos el capítulo de Uruguay en la plataforma acoso.online y publicamos un recurso educativo abierto de 10 naipes con información relevante para la sensibilización respecto de la violencia de género en línea. Nace así una comunidad pujante y con un enorme potencial para crecer y conquistar derechos.
4. Alertando sobre los riesgos del uso policial de los datos biométricos de toda la ciudadanía y del Reconocimiento Facial Automatizado (RFA)
Por último, el apoyo e Indela fue clave para poder reaccionar rápidamente ante la decisión del gobierno uruguayo de migrar todas las imágenes faciales de las y los ciudadanos de la base de la Dirección Nacional de Identificación Civil, para la creación de una base de datos de identificación facial para alimentar el software de reconocimiento facial recientemente adquirido por la policía nacional.
Investigamos el tema durante un año y publicamos el informe Fuera de control: uso policial del reconocimiento facial automatizado en Uruguay, junto con una campaña de sensibilización sobre el impacto de estas decisiones sobre los derechos civiles y políticos.
En junio de 2022 co-organizamos una mesa de debate parlamentario sobre uso policial del Reconocimiento Facial Automatizado en conjunto con las Comisiones de Derechos Humanos y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores. Entendemos que este será el primer paso para lograr prohibir el enrolamiento masivo de toda la población en el sistema de RFA, prohibir del uso de RFA como medio de vigilancia policial continua y sin orden judicial en espacios públicos y sancionar de una regulación adecuada a estándares básicos de derechos humanos.
Finalmente, resaltamos el impulso fundamental que significó el apoyo de Indela para instalar al Laboratorio de Datos y Sociedad como productor de conocimiento y referente sobre derechos digitales en la escena nacional y regional y, aún más importante, para incidir en la agenda legislativa impulsando varias instancias de debate parlamentario sobre temas de derechos digitales. El camino recién comienza, seguiremos trabajando para traducir estos procesos en políticas y regulaciones con perspectiva de derechos humanos.
Por Cultivando Género
En el 2015 el Módulo de Ciberacoso (MOCIBA), encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México reveló que el 32% de la población conectada de 12 años y más en Aguascalientes había atravesado ciberacosos. Lo que posicionó al Estado con una de las incidencias más alta de este tipo de violencia a nivel nacional. Seis años después en los resultados de MOCIBA 2021, Aguascalientes reduce el porcentaje y reporta que el 22.2% de la población ha pasado por una situación de violencia digital.
En 2020, en Cultivando Género comenzamos el proyecto acompañamiento y atención integral a la violencia digital en Aguascalientes, México, con apoyo de Indela. El proyecto fue resultado de escuchar e identificar las necesidades de cada sector lo que significó un proceso de aprendizaje en el que teníamos que mantenernos actualizadas porque en los salones de clases, las y los adolescentes preguntan sobre diversidad de temas y esperan una respuesta. Pero también comprendimos que se vale decir “no sé”, y asumir que se trata de un intercambio de saberes, en el que elles pueden explicarnos sobre sus experiencias en juegos o plataformas que quizá inicialmente no teníamos en el radar como plataformas en las que también está presente la violencia digital. Por lo que la escucha activa ha sido nuestra gran herramienta para el desarrollo de este proyecto, a través del cual se siguen abriendo nuevos horizontes.
En más de una ocasión se nos apachurró el corazón cuando nos contaban que no creían que existiera el derecho al acceso a Internet. Porque hay haters, personas que molestan, insultan, doxxean, o hay quien se hace pasar por alguien de 12 años, cuando en realidad es un señor “grande” (momento en el que hubo que hablar acerca del grooming).
Escuchamos sus historias, la vecina de un compañero que le habían pedido el pack (conjunto de fotos o vídeos), la prima de un amigo que corrieron de la escuela porque la “quemaron” (exponer fotos o vídeos íntimos sin su consentimiento para dañar su reputación), quien se cambió de grupo porque le hicieron stickers o memes, de quien compartió las nudes (sin autorización) en el grupo de WhatsApp.
Caminamos de la mano de las y los adolescentes, en el recorrido incluimos a las mamás, papás, docentes e instituciones pues en las medidas de prevención y atención en un contexto escolar todas las figuras de autoridad son estratégicas para garantizar la protección de la integridad física y emocional de las infancias y adolescencias , considerando que cada una de estás figuras requiere información y el desarrollo de habilidades específicas para brindar acompañamiento. La violencia digital, es un problema sistémico, por lo que requiere que todas las y los actores actúen de manera coordinada con un lenguaje común comprendiendo las causas y condiciones que originan la violencia digital. La participación de estas figuras nos ha permitido iniciar un proceso de diálogo desde un enfoque de derechos y perspectiva de género.Poniendo como eje de aprendizaje casos de violencia digital, que pusieron de relieve algunos factores que son estratégicos y emergentes de atender como: la brecha de alfabetización digital, el acceso a la tecnología e Internet, los estereotipos de género, el adultocentrismo y autoritarismo como actitudes que les alejan a las personas adultas de comprender la importancia de su rol en la prevención y atención de la violencia digital.
Después de varios meses hicimos una pausa para observar lo que habíamos desarrollado e implementado, y los nuevos hallazgos que nos ha dejado esta etapa, para emprender nuevas líneas de incidencia. Por ejemplo, los estereotipos de género se incrementan y se acentúan en las narrativas de las y los adolescentes conforme avanzan en los grados escolares, y desde estos mandatos limitan sus recursos para afrontar los problemas y/o pedir ayuda lo que puede llegar a tener un fuerte impacto en su integridad física y emocional.
Los encuentros en las aulas nos permitieron ver que las y los adolescentes identifican la importancia de tener contraseñas seguras y características deben tener, que no deben abrir contenido de dudosa procedencia, pero persiste la actitud de subestimar el impacto de que estas acciones tienen en sus vidas fuera de lo digital, pues en muchas ocasiones el sentido de pertenencia pesa más , el quedar bien con sus amigas y amigos, e ir con la moda, a costa de protegerse y de su seguridad, debido entre otros factores a la falta de desarrollo de habilidades socioemocionales que les permitiría ejercer su toma de decisiones con mayor autonomía.
La incidencia y trabajo cercano con las instituciones públicas ha sido muy importante, porque nos ha permitido identificar la falta de protocolos, mecanismos y herramientas técnicas y operativas para la ejecución del marco jurídico en torno a la violencia digital, aspecto que también debe ser atendido para brindar información y un acompañamiento en un marco de derechos.
Visibilizar las características y la calidad del acceso a las tecnologías de la información como un derecho de las y los adolescentes, nos permite acercarnos a un problema estructural en materia de acceso a la información, comunicación, banda ancha, ya que cuando estas condiciones no son atendidas el acceso y uso de la Internet profundiza las desigualdades ya existentes.
Durante los dos años de este proyecto, buscamos sensibilizar a la población tanto en espacios públicos como en plataformas de comunicación, mediante una campaña de comunicación a través de intervenciones offline como un mural en la vía pública, reparto de stickers en escuelas, hasta en lo digital inundando las redes sociales con la campaña #FrenaElHate. Capacitamos en Aguascalientes a decenas de personas del servicio público de distintas áreas, instituciones y perfiles. Dialogamos con mamás, papás, y docentes, visitamos muchas escuelas, escuchamos a las y los adolescentes. Posicionamos el tema, asistiendo a foros, paneles, conversatorios, podcasts… Todo lo que aprendimos, lo reunimos en cuatro increíbles guías que ¡ponemos a tu disposición!
Reconocemos y agradecemos la confianza y el comprometido esfuerzo de docentes, psicólogas, trabajadoras sociales, y autoridades de distintas dependencias públicas que nos permitieron trabajar en sus espacios educativos y oficinas gubernamentales y que hoy utilizan las Guías y recomendaciones que hemos desarrollado como parte de actuación que busca transformar los espacios educativos como ámbitos de convivencia seguros. Gracias por confiar en nuestro trabajo y abrirnos las puertas de su comunidad para continuar llegando a muchas más escuelas.
Desde que nació Indela para fortalecer el ecosistema de derechos digitales, ha apoyado en estos tres años a 20 proyectos, de 22 organizaciones, en 10 países a lo largo de Latinoamérica. Las necesidades en la región fueron mutando con la pandemia, e Indela se fue adaptando de manera ágil y flexible a las urgencias coyunturales. Las principales áreas de impacto que emergieron, y que fueron priorizadas para ser atendidas, han sido en temas como la reducción de violencia de género en línea, protección de datos personales, privacidad, y análisis de tecnologías de vigilancia masiva, entre otros.
Durante 2021, un equipo de de evaluación externa comenzó un proceso de análisis para profundizar la visión estratégica de Indela, el apoyo que brinda y la colaboración entre pares. Esta evaluación externa incluyó la implementación de espacios de intercambio colectivo de reflexiones, entre organizaciones y el equipo coordinador de Indela, que permitieron identificar las principales oportunidades a futuro y los desafíos que atraviesa el ecosistema de derechos digitales en Latinoamérica.
Oportunidades a futuro
Se identificaron tres grandes áreas de oportunidad para seguir fortaleciendo la protección de los derechos digitales en leyes y políticas públicas en la región.
Los desafíos
Se identificó el aumento de algunas amenazas, y otras nuevas, que atraviesan los derechos digitales y las organizaciones que los defienden.
Estas principales oportunidades y desafíos que atraviesa el ecosistema de derechos digitales en Latinoamérica permiten identificar en conjunto, un futuro muy visible, y el cómo fortalecer a las organizaciones y la defensa de estos derechos. Es importante profundizar en los principales ejes temáticos para garantizar los derechos digitales en leyes y políticas públicas integrales, brindar oportunidades para construir diálogo y articular trabajo regional con nuevos actores, apoyar a las organizaciones para fortalecer su impacto y capacidades dentro de este panorama que viene, y alinear el financiamiento existente en la región para darle la oportunidad a las organizaciones de construir nuevos futuros colectivos.
Desde su creación en 2019, Indela ha acompañado a diversas organizaciones que trabajan en la prevención y reducción de la violencia de género en línea (VGL) en Latinoamérica. Como parte de una evaluación externa realizada sobre estos tres años de la Iniciativa, se desarrolló un estudio de caso sobre el trabajo implementado en el eje temático de VGL, para analizar a profundidad las estrategias y el impacto de los proyectos acompañados. Se analizaron los procesos liderados por Luchadoras, Hiperderecho y Cultivando Género.
Hallazgos y tendencias en Latinoamérica
En los últimos años, se han configurado nuevas formas de violencia de género a través del uso de tecnologías digitales. Ante este creciente problema, las organizaciones que trabajan en la intersección de feminismo y tecnología en la región, han redoblado esfuerzos en la búsqueda de soluciones, ajustando a prioritaria dentro de sus agendas esta materia.
En algunos países se ha desarrollado regulación específica para reconocer ciertos tipos de violencia de género en línea como delito, como el caso de México, con las diversas reformas a los Códigos Penales estatales, o en Perú, con las reformas al Código Penal y otras leyes. Si bien estas regulaciones son avances en el tema, aún son insuficientes para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que han atravesado violencia digital.
En este contexto, estas tres organizaciones, han desarrollado estrategias integrales con tres ejes principales de acción:
Logros e impacto en VGL
Los proyectos liderados por estas tres organizaciones, han generado procesos exitosos de investigación que permitieron profundizar y confirmar la necesidad de promover mecanismos efectivos de acceso a la justicia de sobrevivientes de violencia online tanto en México, como en Perú. Además el acompañamiento legal, les ha permitido utilizar estos procesos en sus estrategias de incidencia colectiva. Las estrategias de comunicación han logrado llegar a nuevas audiencias dentro y fuera del nicho, llegando cada vez más a mujeres y personas LGBTIQ+ que han atravesado violencia digital.
Transversalizar la perspectiva de género en el trabajo de derechos digitales es fundamental para profundizar en la necesidad de regulación específica que desarrolle mecanismos integrales de acceso a la justicia, fortalecer la articulación regional de las organizaciones, y continuar apoyando el trabajo e impacto de estos procesos.
Indela (Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica) inició su trabajo para fortalecer el ecosistema de derechos digitales en 2019. En estos tres años, ha apoyado 20 proyectos, de 22 organizaciones, en 10 países de Latinoamérica. Las principales áreas de trabajo, que fueron identificadas con base en una lectura constante de las necesidades de la región, fueron en temas como reducción de violencia de género en línea, protección de datos personales, privacidad, y el análisis de tecnologías de vigilancia masiva, entre otros.
Durante 2021, un equipo de de evaluación externa comenzó un proceso de análisis para profundizar la visión estratégica de Indela, el apoyo que brinda y la colaboración entre pares. Esta evaluación externa, permitió identificar las principales oportunidades a futuro y los desafíos que atraviesa el ecosistema de derechos digitales en Latinoamérica.
El proceso de evaluación analizó los proyectos de ocho organizaciones apoyadas por Indela, realizó 14 entrevistas con 20 actores relacionados con la Iniciativa, dos talleres de aprendizajes y un taller sobre futuro. A partir de esto, se desarrolló un reporte sobre los aprendizajes y tres estudios de caso sobre áreas de impacto.
Este blog post, es la primera publicación que comparte los principales hallazgos y aprendizajes sobre el futuro de los derechos digitales, así como, sobre estudios de caso por cada uno de los principales ejes temáticos.
Sobre la visión estratégica
Indela permite apoyar un ecosistema de derechos digitales diverso, a través del acompañamiento de proyectos liderados por organizaciones de diversos países. La estrategia integral del Fondo, combina apoyo financiero y no financiero.
El primero consiste en el financiamiento del proyecto específico de una organización, que permite la concentración de fondos para actividades relacionadas al reconocimiento de derechos digitales en leyes y políticas públicas. El apoyo financiero ha dado un impulso clave a las organizaciones, y en algunos casos, incluso la apertura para lograr la sostenibilidad a través de otros financiamientos externos más grandes.
Por otro lado, el apoyo no financiero, se coordina a través de consultorías especializadas que aumenten su impacto y potencien el logro de los objetivos del proyecto. Este apoyo transversal ha beneficiado especialmente a las organizaciones más pequeñas y emergentes en el ecosistema. Indela ha apoyado a las organizaciones en temas de acompañamiento legal, desarrollo de estrategias de comunicación para la incidencia, y la consolidación de las organizaciones apoyadas.
En este sentido, se ha buscado que el apoyo más allá del proyecto, se enfoque en fortalecer la resiliencia de las organizaciones en diferentes niveles. Por ejemplo, a través del apoyo no financiero, se han coordinado consultorías estratégicas a medida para el fortalecimiento de algunas organizaciones, lo cual les ha permitido tener acompañamiento tanto en crecimiento institucional, o incluso en algunos casos, acompañamiento ante cambios internos de estructura que las organizaciones estaban atravesando.
El apoyo personalizado por parte del equipo coordinador, ha permitido construir confianza para desarrollar procesos de acompañamiento cercanos y a medida, que atienden necesidades distintas de cada organización.
Sobre la colaboración
La colaboración de Indela se puede analizar desde dos ejes, por un lado de manera interna, sobre la coordinación entre donantes que forman parte de la Iniciativa, y por el otro de manera externa, sobre la articulación entre las organizaciones apoyadas.
La coordinación entre donantes, desde las diferentes capacidades y experiencia, permitió la colaboración, identificación de prioridades, y el apoyar a organizaciones en países en los que tradicionalmente no se había podido llegar.
En la colaboración entre organizaciones apoyadas, Indela tuvo un rol de facilitador flexible, menos institucionalizado y planificado, para colaborar e identificar nuevas áreas de oportunidad. Existe una necesidad de continuar la construcción de redes o grupos de trabajo entre las organizaciones apoyadas, especialmente sobre algunos ejes temáticos, que permitan contribuir a potenciar el trabajo de las organizaciones de manera colectiva y regional.
Consulta en el Reporte de Aprendizajes, los resultados de la evaluación externa realizada a Indela.
El reporte general fue escrito por Anca Matioc, Carla Bonina y Carolina Aguerre, con base en el trabajo de investigación del equipo. El reporte general y los estudios de caso que lo acompañan son parte del proyecto “Casos de Estudio y Aprendizajes Indela” coordinado por La Sobremesa durante el año 2021 para Indela. El proyecto fue dirigido por Carla Bonina, Profesora Asociada de la Escuela de Negocios de la Universidad de Surrey, y Anca Matioc, Directora de La Sobremesa. El equipo de investigación incluyó a Carolina Caeiro, Carolina Aguerre y Federico Albanese, y contó con el apoyo de Ana Dutari. Guadalupe López estuvo a cargo de la coordinación del trabajo de campo y Francisco León del diseño.
La irrupción descomunal del empleo, educación, compras, acceso a la información, entre otras áreas de la vida cotidiana que migraron hacia plataformas digitales durante los últimos dos años a causa de la pandemia, ha generado nuevos desafíos en la protección de derechos digitales en Latinoamérica.
Frente a este contexto desafiante, que muta de manera constante en la región, Indela entendió que necesitaba apoyar de manera flexible y menos tradicional, a iniciativas que apunten a sensibilizar y defender los derechos digitales. En algunos casos, dando continuidad a algunas organizaciones para fortalecer su ciclo de impacto, en otros, para responder ante nuevas oportunidades.
Como se anunció en la pasada Convocatoria Abierta 2021, Indela apoyará 5 proyectos claves para fortalecer los derechos digitales en Latinoamérica. Las organizaciones seleccionadas trabajarán en áreas como la protección de datos personales, reducción de violencia de género en línea, sensibilización sobre sistemas de vigilancia masiva, inclusión de género en procesos legislativos y mejora de las condiciones para el reporte de vulnerabilidades digitales.
Felicidades a los proyectos seleccionados Indela 2021:
Desde Indela, frente a esta nueva realidad y, ante un futuro donde cada vez más millones de personas migrarán parte de su vida cotidiana a los espacios digitales, nos emociona trabajar con estos proyectos y seguir fortaleciendo el ecosistema de derechos digitales en Latinoamérica.
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