Ramiro es Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y de Derecho y Cambio Social de la Universidad de Palermo (Buenos Aires). Actualmente está cursando un JSD en la Escuela de Derecho de Columbia. Trabajó como abogado de derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009-2011) y en la Asociación por los Derechos Civiles en Argentina (2011-2014), donde desarrolló la agenda de privacidad. Posee un LLM por la Escuela de Derecho de Columbia (2009), donde fue becario Harlan Fiske Stone y Fulbright

¿Por qué los derechos digitales son importantes?

Los derechos digitales son importantes porque buscan reafirmar compromisos normativos que asumimos en un mundo fundamentalmente análogo, que ya no existe. La masificación de Internet hace casi treinta años modificó radicalmente el ecosistema de comunicación donde transcurre el “debate público” en las democracias modernas.

Ese debate es fundamental para el funcionamiento de las instituciones —es parte esencial del vínculo entre representantes y representados—. Pero también es fundamental para el desarrollo de la personalidad de cada individuo y la construcción de identidad de las múltiples comunidades que conforman las sociedades pluralistas modernas.

Este nuevo escenario plantea, por supuesto, nuevos desafíos. En este sentido, los derechos digitales sirven para orientar los cambios que se producen en el mundo, encontrar respuestas adecuadas a los dilemas que surgen en ese proceso y reafirmar los valores de libertad e igualdad que plasman nuestras constituciones.

¿Desde tu perspectiva cuáles son los principales desafíos que enfrenta el ecosistema de derechos digitales en América Latina?

Creo que, a nivel global, los derechos digitales están amenazados por actores estatales y privados, y por la ausencia de mecanismos eficientes de protección.

En América Latina en particular, diría que los desafíos son tres: el carácter periférico de la región hace que los países, en general, tengan escasas capacidades de influir en las políticas globales de los actores privados; los países de la región tienen —en general— estándares democráticos que están lejos de ser los ideales, lo que hace que los derechos digitales sufran en esos países las dinámicas que sufren otros derechos (restricciones innecesarias, ineficiencia de los mecanismos de protección, etcétera) y creo que el movimiento por la privacidad en América Latina está creciendo pero aún le falta desarrollo; necesita afinar sus estrategias y ganar capacidad de incidencia.

Éste último creo que es el principal desafío en América Latina. Los derechos gozan de buena salud cuando los ciudadanos se movilizan para defenderlos.

¿Por qué el contexto de derechos digitales en Latinoamérica es único?

Creo que en América Latina se verifican, a la vez, tendencias que existen a nivel global pero
no necesariamente en el mismo lugar o territorio. Así, América Latina tiene la peculiaridad de ser una región con una importante tradición democrática que está —a la vez— cruzada por profundas desigualdades.

Ello genera problemas serios: la democracia y la igualdad van de la mano, porque el ideal que perseguimos es el del autogobierno colectivo en una comunidad política de iguales. La desigualdad lastima ese ideal y —creo— está detrás de los problemas endémicos de la región: concentración del poder, instituciones representativas débiles, permeables a intereses privados de distinto tipo, etcétera.

En ese contexto, los derechos digitales sufren el destino de otros derechos: si existen, es posible que no sean efectivos o que se apliquen de manera despareja; pueden sufrir si son percibidos como obstáculos para sectores poderosos; en general los mecanismos de protección son inadecuados, etcétera.

A la vez, en América Latina existe una importante tradición en defensa de los derechos
humanos —y los derechos digitales participan de esa lógica. Creo que podemos hablar de un verdadero “movimiento” de defensa de los derechos digitales.

Por supuesto, este movimiento enfrenta una serie de desafíos considerables: compite con violaciones de derechos que son percibidas como más graves o acuciantes, sufre los recursos limitados o escasos de la región, y compite —en la agenda pública— con preocupaciones que muchas veces justifican políticas públicas que los socavan; como por ejemplo, la narrativa de “seguridad” que justifica la violación de la privacidad de las personas.

Estas dos condiciones —democracias consolidadas pero con capacidades limitadas y atravesadas por una profunda desigualdad— creo que hacen que el contexto de los derechos digitales en América Latina sea bastante único y peculiar.

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