Paulina Gutiérrez fue la Oficial del Programa de Derechos Digitales en ARTÍCULO19 México y Centroamérica, es abogada en derechos humanos y activista de la libertad de Internet. Posee un grado en Derecho y otro en Relaciones Internacionales, con especialidad en privacidad, propiedad intelectual y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su experiencia profesional incluye doce años trabajando en investigación de políticas de derechos humanos, asesoría legal sobre violaciones a derechos humanos, libertad de expresión y género.

¿Por qué los derechos digitales son importantes?

Los derechos digitales son importantes porque son derechos humanos, idénticos a aquellos reconocidos internacional y regionalmente por instrumentos, organismos y constituciones nacionales.

Esto significa que la vigencia de los derechos de las personas es la misma cuando se utilizan herramientas tecnológicas. La protección de los derechos humanos no se modifica a través del uso de la tecnología, solamente encontramos nuevas formas de ejercerlos y, a su vez, ese ejercicio se caracteriza de diversas formas, ya sea mediante la suscripción a plataformas que nos permiten comunicarnos o al requerir un dispositivo y un proveedor de servicio privado para conectarnos a Internet.

Definitivamente, esto implica conocer tales manifestaciones para identificar la multiplicidad de factores que intervienen en el disfrute de los derechos humanos a través de la tecnología, condiciones bajo las cuales los derechos humanos encuentran nuevas amenazas que no se limitan a una intervención estatal injustificada, sino también del sector privado que se beneficia de nuestra participación e información disponible en sus redes y plataformas.

Justamente, las amenazas que puedan enfrentar nuestros derechos humanos ejercidos en el entorno digital y a través de la tecnología —derechos digitales— se deben al poder que ésta ha brindado a las personas y la movilización social, traducida en beneficios que han potenciado la participación individual y colectiva en la vida pública, la libertad de expresión e información, el escrutinio público, el anonimato y otros derechos y sus manifestaciones que también han dado voz a grupos y minorías históricamente excluidas.

Por tales razones, los derechos digitales no les denominaría solamente importantes, son fundamentales para evitar que la vigencia y protección de nuestros derechos humanos se vea mermada o reducida por las modificaciones en el ecosistema, principalmente por el uso de la tecnología.

Al contrario, son esenciales para que encuentren en la tecnología una poderosa herramienta de transformación política, social, cultural y económica, así como nuevas oportunidades para reivindicar los derechos de las personas y grupos discriminados, excluidos o rezagados. Particularmente en el contexto latinoamericano, en su mayoría sumido en una crisis de confianza en las instituciones y en el sistema de gobierno que cada vez más representan perspectivas regresivas en materia de derechos humanos.

¿Desde tu perspectiva, cuáles son los principales desafíos que enfrenta el ecosistema de derechos digitales en América Latina?

En primer lugar, la brecha digital es un gran desafío para la región, principalmente dada por la falta del reconocimiento de una realidad multicultural en nuestros países, cuyas políticas públicas en materia de conectividad son diseñadas e implementadas bajo lógicas puramente comerciales y urbanas que discriminan a grupos y poblaciones en situaciones de exclusión histórica.

Lo anterior acrecienta y profundiza las brechas que continúan alejando a poblaciones indígenas, en situación de vulnerabilidad o en condiciones de desventaja educativa, económica y cultural. Es decir, no hay un reconocimiento explícito del derecho de acceso a Internet sin discriminación, el cual permite habilitar esquemas de política pública e inversión privada que incluyan a estas poblaciones y les garanticen el acceso a los beneficios que este derecho representa para el desarrollo y la autodeterminaciones de poblaciones y comunidades.

En segundo término, mencionaría la importación de desarrollos normativos y jurídicos regresivos para el sistema regional de protección de los derechos humanos —Sistema Interamericano de Derechos Humanos— , principalmente aquellos en materia de protección de datos personales, privacidad, honor y propiedad intelectual que no reconocen excepciones en materia de libertad de expresión e información, así como pruebas de interés público que habilitan la censura de información relevante para la sociedad Latinoamericana que podría revertir la lógica de olvidar y repetir nuestros errores como sociedad.

En tercer lugar, creo que un gran desafío para la región es aquel relacionado con la moderación de contenidos en las plataformas digitales, el acoso y hostigamiento a personas orientado por razones de género y la lógica punitiva de expresiones como solución para proteger a grupos de poblaciones que han sido históricamente discriminadas y violentadas.

Nuestras sociedades tienen arraigados esquemas de educación, formación y estereotipos que reflejan conductas machistas, homofóbicas, xenofóbicas en sus estructuras sociales, políticas y económicas, así como muchas otras asociadas a reacciones de rechazo, odio y falta de tolerancia a toda aquella diferencia y pluralidad que cuestiona un orden preestablecido. Tales conductas se han trasladado a los entornos digitales, generando necesidades y exigencias de protección muy específicas tanto al Estado como a las empresas privadas.

Sin embargo, esto representa un relevante dilema entre el ámbito de protección del sistema interamericano de derechos humanos de ciertos derechos como la libertad de expresión, las diferencia entre las obligaciones de los Estados y las empresas en materia de derechos humanos y los efectos nocivos o negativos que experimentan los grupos que se han beneficiado del poder de participación y reivindicación brindado por el uso de las tecnologías.

Persisten las necesidades de construir puentes entre las brechas de complementariedad y mutua protección-excepción para preservar la protección y garantía de todos los derechos humanos de las personas.

Cuarto, existe un evidente interés y abuso de los poderes públicos para vigilar y controlar las comunicaciones de las personas y la información disponible en Internet. La adquisición de herramientas de vigilancia y la falta de controles democráticos en su uso representa un serio problema para la región. La adquisición y uso de estas tecnologías continúa en la opacidad y cada vez más es posible evidenciar un uso arbitrario para intervenir ilegalmente en procesos democráticos asociados al escrutinio público, al ejercicio periodístico, a organización y defensa de derechos humanos con efectos que minan su labor y les pone en riesgo.

Finalmente, otro gran desafío para la región es poder posicionar y efectivamente incidir en el diseño de estándares y perspectivas regulatorias en materia de moderación de contenidos implementada por las plataformas y los intermediarios de Internet. Las discusiones suelen estar concentradas y dominadas por países, grupos e intereses que no representan las realidades de una región con condiciones multiculturales, sociales, económicas y políticas que requieren ser consideradas al momento de imponer esquemas cuasi regulatorios o de autorregulación que impactan en los derechos humanos de las personas.

La obligaciones y estándares en materia de empresas y derechos humanos, así como de responsabilidades de terceros en conjunto con la omisión de protección de los Estados, es un gran desafío para escalarlo al escenario internacional, pero también una gran oportunidad para las organizaciones en la región.

¿Por qué el contexto de derechos digitales en Latinoamérica es único?

La historia política, social y económica, arraigada en la resistencia de la población para no regresar a sistemas políticos dictatoriales, los cuales requieren de mantener la vigencia de exigencias en materia de memoria, justicia, verdad y reparación de las violaciones graves a los derechos humanos, en lugar de reemplazarlas por olvido.

Un contexto de transiciones democráticas no consolidadas, o aquellas consolidadas con serios problemas de rendición de cuentas e inclusión de toda su población en las dinámicas representativas y participativas en materia políticas, económica y social, que cuestiona el comportamiento e interés de los Estados al intentar regular o intervenir en procesos de gobernanza de Internet y de derechos humanos ejercidos en entornos digitales.

Lo hace único también la inigualable y vibrante participación de tantas organizaciones y personas de la sociedad civil, comprometidas no solamente con los procesos de transición y paz, sino con el interés de vincular los derechos digitales con la historia sociopolítica de la región y los errores que como sociedad latinoamericana no queremos repetir, hoy reavivados por el uso de las tecnologías y por un reconocimiento relativo a la necesidad de conectar la defensa y promoción tradicional de los derechos humanos con una perspectiva digital y tecnológica.

Cerrar una brecha entre las personas defensoras de derechos humanos, las mujeres, periodistas, medios y otros grupos que se ven impactados diariamente por el uso de la tecnología y, por lo tanto, en sus derechos humanos.

Asimismo, el sistema regional de protección de los derechos humanos tiene un gran potencial para instruir a otras regiones y al Sistema Universal de Derechos Humanos. El desarrollo jurisprudencial asociado al ámbito de protección de los derechos humanos proporciona herramientas legales de interpretación, ponderación y legitimación para restringir y proteger los derechos humanos, lo cual puede convertirse en una relevante guía para los desafíos no solamente regionales si no internacionales.

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