Por DATYSOC

Uruguay se encuentra a punto de construir una base de datos de «Identificación Facial» con fines de seguridad pública a cargo de la Secretaría del Ministerio del Interior. Este sistema, fue aprobado utilizando la Ley de Presupuesto Nacional como “ley ómnibus”, evitando así la correcta discusión del tema debido a los plazos exiguos para la aprobación de este tipo de ley.

La construcción de esta base, estará a cargo de la Secretaría del Ministerio del Interior, utilizando la base de datos que actualmente se encuentra a cargo de la Dirección Nacional de Identificación Civil, organismo encargado de emitir la cédula de identidad en el país. La base incluirá: imágenes faciales de las personas mayores de edad, nombres y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de cédula de identidad, fecha de expedición y fecha de expiración de esta última. El Ministerio del Interior ya ha contratado un software de reconocimiento facial automatizado y cuenta hoy con un sistema de 8433 cámaras distribuidas en los 19 departamentos del país, además de los sistemas de vigilancia privada. El gobierno nacional ha admitido que el uso que se pretende dar a esta base de identificación facial es el de vigilancia automatizada mediante algoritmos de reconocimiento facial. 

Resulta especialmente preocupante la amplia discrecionalidad otorgada al Ministerio del Interior en cuanto a los posibles usos de esta base de identificación facial, dado que incluye cualquier tipo de uso con fines de seguridad pública enmarcado en los cometidos de la Ley Orgánica Policial. El concepto de “seguridad pública” es tan amplio que no define los límites de las autoridades públicas para hacer uso de datos personales.

¿Qué puede salir mal? 

Varios estudios recientes [1], [2], [3] advierten que la mayoría de los sistemas de reconocimiento facial comerciales tienen sesgos importantes y demuestran ser tecnologías aún inmaduras. La tecnología de reconocimiento facial sesgada es particularmente problemática para usos relacionados con seguridad pública porque los errores podrían dar lugar a acusaciones falsas y arrestos injustificados.

Ahora bien, supongamos que los algoritmos de reconocimiento facial funcionan correctamente y que la base es gestionada prolijamente desde el punto de vista técnico por parte de la Secretaría del Ministerio del Interior. Eso significaría que los sistemas de vigilancia estatales podrían identificar a cada persona a la perfección. En este caso la pregunta es: ¿realmente queremos ir hacia allí?

El uso de esta tecnología conlleva grandes riesgos, puede ser utilizada para encontrar y arrestar manifestantes u organizadores de protestas o puede usarse para rastrear a personas a distancia sin su conocimiento, entre otros usos preocupantes. Además, vivir en una sociedad vigilada afecta la privacidad de las personas y también puede afectar la libertad de expresión, de movimiento y de reunión, de formas aún no sospechadas. ¿Cómo afectará la identificación facial el comportamiento de los uruguayos? ¿Se han realizado análisis de impacto sobre las posibles consecuencias sociales del uso de la biometría en el espacio público? ¿Es necesario y proporcional? 

Mientras que en Uruguay el tema se incluye en una Ley de Presupuesto (ley ómnibus) y sin discusión pública, en otros países los legisladores proponen o incluso aprueban leyes prohibiendo el uso de reconocimiento facial por parte del gobierno para vigilar a sus ciudadanos [1] [2] [3] [4] [5] [6], incluyendo la prohibición del uso de otras tecnologías biométricas como el reconocimiento de voz, el reconocimiento de la marcha y el reconocimiento de otras características físicas inmutables. Varias organizaciones que trabajan en temas de derechos humanos y tecnología en América Latina vienen relevando los casos problemáticos de uso de reconocimiento facial y alertando sobre los riesgos que esta tecnología representa para la población. 

Además, es importante resaltar que los organismos internacionales de Derechos Humanos han advertido sobre los potenciales peligros de abuso y recomiendan a los países su regulación por ley analizando el alcance detallado de su uso, la necesidad y proporcionalidad. En este sentido, durante el año 2020 conocidas empresas tecnológicas decidieron moratorias en la oferta de sus soluciones de reconocimiento facial automatizado a los gobiernos solicitando que su uso sea regulado por la vía parlamentaria. 

Alerta de la sociedad civil 

El 13 de octubre de 2020, estos dos artículos fueron aprobados por la Cámara de Representantes sin ningún tipo de debate. Cuando la Ley de Presupuesto pasó a consideración de la Cámara de Senadores (durante los meses de octubre y noviembre), el equipo de DATYSOC alertó sobre los peligros potenciales que trae el uso de identificación facial automatizada con fines de seguridad pública y sobre el exceso de discrecionalidad que se otorgará al Ministerio del Interior, logrando instalar el tema en la agenda de los medios de prensa [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]. Por su parte, junto a más de 20 organizaciones de Uruguay y de la región enviamos una carta a la Cámara de Senadores de Uruguay pidiendo que se retiren estos artículos del proyecto de Ley de Presupuesto. 

A partir de las alertas emitidas por la sociedad civil, varios senadores tomaron posición a favor del desglose de estos artículos o solicitaron la inclusión del requisito de previa orden judicial para habilitar el uso de estos datos de identificación facial con fines de seguridad pública. Lamentablemente, debido a la escasez de tiempo de discusión que implica una Ley Presupuestal, no se logró acuerdo. Estos artículos que incluyen una “carta en blanco” al Ministerio del Interior, fueron aprobados sin modificaciones por ambas cámaras, evitando que el asunto tenga el debate parlamentario profundo y necesario que el tema requiere.

Nuestra estrategia

Agotadas las posibilidades de incidir en el proceso de discusión parlamentaria de la Ley de Presupuesto y buscando posibles caminos para evitar daños mayores, desde DATYSOC hemos decidido impulsar la inclusión de este tema dentro del 5to Plan de Acción de Gobierno Abierto 2021-2025. Buscamos que se pueda generar un compromiso por parte del Ministerio del Interior que permita, al menos, la posibilidad de un debate informado con participación de las múltiples partes interesadas previo a su reglamentación.

Además, estaremos analizando de cerca el impacto de estas medidas en los derechos humanos, procurando la mayor transparencia posible en el proceso y su implementación a los efectos de mantener a la población informada.

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