Por InternetLab

La seguridad pública ha ganado un lugar central en los debates públicos, electorales y parlamentarios en los últimos años. El sentido de estos debates y el común resultante, sin embargo, es la propuesta de incrementar la vigilancia, debilitar las garantías procesales y endurecer la sanción. En los últimos años, ha habido un aumento significativo en el número de gobiernos estatales y municipales que confían en tecnologías biométricas con la justificación de ser utilizadas para investigaciones criminales. Sin embargo, la expansión de estas tecnologías no ha estado debidamente acompañada de debates relacionados con los riesgos, la proporcionalidad y los posibles impactos negativos. Fue con el objetivo de promover estos debates e incidir en los principales actores de la seguridad pública que postulamos la convocatoria abierta de Indela 2019, con el proyecto Llevando el debido proceso legal y los estándares de derechos humanos al proceso de implementación de tecnologías biométricas para la vigilancia masiva en Brasil.

De julio de 2019 a abril de 2021, InternetLab contó con el apoyo de Indela para el desarrollo de este proyecto, el objetivo fue promover la observancia del debido proceso legal y estándares de derechos humanos en las prácticas de vigilancia masiva con el uso de tecnologías biométricas en Brasil, especialmente considerando este uso con fines de seguridad pública y seguridad nacional.

Desde agosto de 2019, formamos un grupo de organizaciones que en conjunto discuten y desarrollan estrategias para eludir la implementación de cámaras de reconocimiento facial en el metro de São Paulo, como ha sido anunciado en julio de 2019. El primer paso de la estrategia mencionada fue la elaboración de la acción de producción de pruebas,  que fue presentada en febrero de 2020. La acción tuvo como objetivo imponer al Metro de São Paulo el deber de producir evidencia sobre el alcance, finalidad, precauciones y delimitación de la base de datos del sistema de monitoreo electrónico con reconocimiento facial. Afortunadamente, las decisiones del tribunal fueron favorables al caso: se aceptaron las principales solicitudes y el metro tuvo que brindar información sobre la tecnología implementada.

Hoy se estudia la ampliación del caso, ya que esta primera acción se centró únicamente en cuestiones de forma/debido proceso administrativo, sin entrar en los méritos de la vigilancia. El grupo pretende, hasta el segundo semestre de 2021, entrar con una nueva acción cuestionando estos puntos. En este caso, InternetLab ofrece apoyo mediante la contratación de evaluadores que proporcionarán información técnica sobre cómo funciona la tecnología y sus riesgos para las poblaciones vulnerables, especialmente cuando se aplica a gran escala. La opinión técnica será un insumo fundamental para un caso nacional paradigmático, así como un subsidio para futuras acciones con las mismas características.

También iniciamos un proceso de colaboración con la Defensoría Pública, institución fundamental para la función jurisdiccional del Estado, encargada de brindar orientación jurídica y defender a los ciudadanos pobres. Por tanto, juega un papel estratégico a través de su acción judicial: representa a la clientela preferencial del sistema penal, los ciudadanos más vulnerables a las violaciones de derechos y es responsable de una parte significativa de las acciones, recursos y manifestaciones en las que se debate y reivindica los derechos humanos. Por otro lado, enfrenta el desafío de satisfacer la demanda de un enorme contingente de personas con recursos limitados.

InternetLab inició un trabajo de redacción de propuestas de tesis institucionales de la Defensoría a partir de los estudios que promueve. Las tesis institucionales son modelos y lineamientos a disposición de los defensores públicos, orientados a construir un posicionamiento institucional y la tutela de los intereses del público objetivo de la institución. El objetivo ha sido diseminar en el sistema de justicia, tesis sobre el derecho a la privacidad. Hoy ya contamos con dos tesis: la primera sobre el uso de datos de dispositivos electrónicos incautados por las fuerzas policiales en flagrante delito, y la segunda sobre el uso de información de geolocalización de personas no identificadas por las investigaciones penales.

El proyecto también preveía la celebración de la tercera y cuarta ediciones del Congreso Internacional de Derechos Fundamentales y Procesal Penal en la Era Digital. En el Congreso contamos con la presencia de expertos en seguridad ciudadana y protección de datos con el fin de promover el debate en la intersección entre proceso penal y tecnología, abordando los lineamientos y garantías aplicables a las investigaciones penales en la era digital. En sus últimas ediciones se abordaron temas como acceso a datos de geolocalización, cámaras y reconocimiento facial, infiltraciones virtuales, datos genéticos, vigilancia, protección de la privacidad y cooperación jurídica internacional, confidencialidad de las comunicaciones, entre otros. En la inauguración de ambos Congresos se lanzaron nuevos volúmenes del trabajo Derechos Fundamentales y Procesal Penal en la Era Digital: Doctrina y Práctica en debate, que suma artículos y conferencias con afinidad temática a los temas tratados en el Congreso.

Finalmente, con el objetivo de enfocarse en la proliferación del uso de tecnologías de reconocimiento facial, InternetLab, en alianza con Idec – Instituto Brasileño de Protección al Consumidor, una guía de recomendaciones y buenas prácticas para el uso de esta tecnología por el sector privado. El documento, publicado en octubre de 2020, proporciona una descripción general de los problemas y riesgos asociados con el uso de tecnologías de reconocimiento facial. Además de presentar las características básicas de funcionamiento de estas herramientas y las garantías presentes en la legislación brasileña, presentamos recomendaciones que tienen como objetivo orientar la oferta de productos y servicios, preservando los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La ejecución del proyecto nos mostró que hay energía para organizar coaliciones en los temas de biometría y vigilancia con la sociedad civil y organizaciones gubernamentales. Hay espacios vacíos a ocupar en la intersección entre la agenda de derechos humanos y la Justicia Penal, por un lado, y tecnología y sociedad, por otro, y dichos espacios favorecen la articulación de frentes que concilian diferentes entidades e individuos. Aun así, leer el contexto y la incidencia actual del proyecto también da lecciones de que la disputa en el campo legal puede dar buenos resultados, si se toma de la retórica de esta comunidad. El proyecto ciertamente alentó a Internetlab a crear alianzas y reflexionar sobre las formas en que se han utilizado las tecnologías biométricas en Brasil, impulsando este tema, y la necesidad de plantear e investigar respuestas al mismo, en nuestra organización.