Por Al Sur

El avance de las tecnologías digitales y su uso intensivo por parte de la sociedad, gobiernos y empresas, están generando diferentes conjeturas con respecto a sus impactos. Estas tecnologías están afectando varios derechos humanos a través de la vigilancia masiva de personas, la captura de datos personales, el incremento de la desinformación, entre otros aspectos. Esta situación requiere generar mayores criterios y posicionamientos por parte de la sociedad civil, y proponer así respuestas concertadas.

Es por ello que se crea Al Sur, un consorcio de once organizaciones[1] de sociedad civil y del ámbito académico de América Latina, que trabaja para fortalecer los derechos humanos en el entorno digital. Este consorcio fue uno de los proyectos seleccionados 2019 de Indela, a través del cual, se buscó consolidar su institucionalidad, y generar capacidades para una mayor incidencia en los niveles nacional, regional e internacional.

Mediante el apoyo de Indela, fueron organizadas múltiples sesiones con especialistas, extendiendo no solo la base de conocimiento sino también la red de acción para fortalecer el ecosistema de derechos digitales. Hubo capacitaciones para las organizaciones que integran el consorcio sobre “Estrategias para acceder a información sobre prácticas de vigilancia”, llevada adelante por Luis Fernando Garcia, Director de R3D de México, y “Negociaciones en torno al Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest sobre Cibercrimen” donde se estrechó la alianza entre Al Sur y la organización Electronic Frontier Foundation (EFF). El Profesor Sean Flynn de la American University, llevó a cabo otra capacitación para profundizar el conocimiento sobre propiedad intelectual y derechos de autor durante la pandemia, lo que dio la oportunidad para revisar el mercado regulatorio de toda la región.

Construyendo una agenda regional

En materia de investigación, mediante este proyecto Al Sur elaboró tres reportes, como estrategia para fomentar una agenda regional proactiva, a la que otras organizaciones puedan incorporarse y trabajar con el consorcio:

  1. Violencia política de género en Internet. La violencia política de género, a partir de un marco amplio de diversidad, engloba violencias relacionadas con derechos políticos, que se convierten en manifestaciones agresivas que socavan la voz de mujeres y personas LGBT+. En ese sentido, el reporte brinda una perspectiva regional, arrojando criterios y recomendaciones para los sistemas de justicia electoral, plataformas de Internet, organizaciones políticas y sociedad civil.
  2. Mirando Al Sur. Hacia nuevos consensos regionales en materia de responsabilidad de intermediarios y moderación de contenidos en Internet. Examina debates comparados y mapea la discusión legal y la autorregulación a nivel regional e internacional para finalmente abordar las propuestas y principios específicos de la región.
  3. Un marco jurídico de derechos humanos para la vigilancia de las comunicaciones en América Latina. Este análisis de la situación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Paraguay y Perú, permite abordar los debates e investigaciones regionales para mantener un marco legal que respete los derechos de las personas, garantice sus prácticas y cuente con mecanismos efectivos de control y vigilancia que permitan reclamar la restitución de derechos y sirvan de control democrático a los amplios poderes de los Estados en esta materia.

Como consorcio, Al Sur también está interesado en comprender y generar un mayor relacionamiento con espacios de interconexión regional e internacional, por ello está avanzando en mapear e intercambiar buenas prácticas, generar  investigación, realizar entrevistas y consultas a especialistas, como estrategia de trabajo para tener un mejor posicionamiento con distintos foros internacionales. Al Sur analizó así el Sistema de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otras instancias internacionales. A través de este análisis, compiló un documento que está siendo examinado y se está considerando hacer una versión pública para la sociedad civil de la región. Además, para posicionarse, Al Sur también ha incrementado su presencia pública digital lanzando su página web en tres idiomas, y publicando más contenido en su blog y su cuenta en Twitter.

Debido al impacto en la región del trabajo realizado por Al Sur, se pueden destacar las invitaciones recibidas para hacer contribuciones sustanciales en espacios de alta incidencia; Twitter invitó a la Secretaría a ser parte de su Consejo de Seguridad, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a las organizaciones de Al Sur ser parte de la discusión sobre desinformación durante la pandemia, el consorcio estuvo presente en un grupo inter-regional de ciberseguridad y cibercrimen a partir de una invitación de la Electronic Frontier Foundation, y tuvo una representación en la Global Privacy Assembly.

También, Al Sur realizó recomendaciones a importantes instrumentos internacionales de referencia; entre ellos está el Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest sobre Cibercrimen, la consulta pública del Gobierno de Brasil sobre la regulación del tratado de Marrakesh, la revisión de la primera versión del borrador sobre recomendaciones éticas en Inteligencia Artificial de la UNESCO, el “Borrador general No 25 (202x): derechos de la niñez en relación al entorno digital del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos de la Niñez, y al llamado del Grupo de trabajo sobre políticas públicas internacionales relacionadas a internet (CWG-Internet) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

En balance, uno de los aspectos más significativos en cuanto a los hitos del consorcio en el marco de Indela, es que hoy Al Sur tiene una mayor capacidad de reacción ante las discusiones y debates internacionales. La investigación y reportes publicados les permiten anticiparse a temas emergentes y avanzar con evidencia en posicionamientos como colectivo. El consorcio ha identificado espacios en los cuales pueden tener mayor incidencia y ha fortalecido sus alianzas. En definitiva, el consorcio y su trabajo colectivo se han visto impulsados gracias al apoyo de Indela, Al Sur está mejor posicionado para pensar más estratégicamente en sus próximos pasos y ofrecer un espacio más organizado para que sus integrantes participen en el esfuerzo colectivo.

 

 

 

[1] Al Sur está integrado por: Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), Coding Rights, Derechos Digitales, Fundación Karisma, Hiperderecho, IDEC, Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC), InternetLab,  Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y TEDIC.