Por ARTICLE 19 México y Centroamérica

En un contexto de violencia generalizada para acallar a la prensa en el entorno físico, en México se suman las presiones, amenazas e intimidaciones para obligar a las y los periodistas a eliminar contenidos compartidos en el ámbito digital. La remoción de contenidos^[1] tiene el potencial de silenciar expresiones indispensables en una sociedad democrática. Voces artísticas, periodísticas y de protesta, enfrentan el riesgo de ser eliminadas, borradas del espacio digital de forma ilegítima y sin contar con las garantías de debido proceso.

El proyecto “Defendiendo la libertad de expresión en Internet: transparencia y debido proceso de la censura en línea a través de la remoción de contenidos” apoyado por Indela permitió visibilizar esta realidad y evidenciar los efectos negativos que tiene sobre la libertad de expresión y el derecho a la información.

Las distintas actividades desarrolladas en el marco de este proyecto han contribuido a que algunos actores del Estado reconozcan públicamente el compromiso de asumir mayores niveles de transparencia sobre las solicitudes de remoción que hacen las instituciones del gobierno mexicano a las plataformas de redes sociales. También, ha contribuido para solicitar a las plataformas de redes sociales que incluyan en los informes de transparencia, datos sobre qué instituciones del Estado hacen las solicitudes, el tipo de información que solicitan remover y los motivos por los cuales las realizan.

A través de las campañas #LibertadNoDisponible y #NiCensuraNiCandados logramos, junto con otras organizaciones, colocar en la agenda pública la necesidad de defender la libertad de expresión de mecanismos extrajudiciales como el de “notificación y retirada” o los reclamos de derechos de autor para eliminar contenidos en plataformas de redes sociales, páginas web y web host.

Mediante una alianza con la Clínica de Ciberderecho de la Universidad de Harvard, desarrollamos el white paper, Acceso Denegado: ¿Cómo pueden responder los y las periodistas y la sociedad civil a las notificaciones de eliminación de contenido?^[2] que retrata el impacto del DMCA (Digital Millennium Copyright Act) en el periodismo y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina. Esta guía contó con la participación de Fundación Karisma (Colombia), Intervozes (Brasil) y Espacio Público (Venezuela).

Los resultados de este proyecto también han permitido que ARTICLE 19 ponga a disposición herramientas para la sociedad civil para responder a las solicitudes de remoción de contenido por parte de las plataformas de redes sociales a través de una serie de guías informativas: (i) Guía sobre remoción de contenido sobre las políticas de Twitter; (ii) Guía sobre remoción de contenido sobre las normas comunitarias de Facebook; (iii) Introducción a la remoción de contenido y la (iv) Guía sobre remoción de contenido en Google^[3].

El impacto de este proyecto debe mirarse a la luz del informe #LibertadNoDisponible: Censura y remoción de contenido en México^[4] que hace una revisión de los diferentes mecanismos que son explotados e instrumentalizados en el país para eliminar contenidos en Internet e interferir en el derecho a la libertad de expresión e información de periodistas y de todas las personas usuarias de las tecnologías.

El informe explora cómo la remoción de contenidos socava a la prensa y al flujo informativo, y se manifiesta a través de: 1) políticas de moderación de contenidos, de plataformas digitales, que son incompatibles con el derecho humano a la libertad de expresión; 2) amenazas y asedio a periodistas para que retiren información de sus espacios o perfiles digitales, y 3) solicitudes de eliminación de contenidos a las plataformas digitales -bajo supuestos legales ambiguos y sin seguir un debido proceso ni cumplir con garantías judiciales-. Y describe la relación que existe entre las diferentes instituciones del Estado mexicano con las plataformas digitales para solicitarles que eliminen o restrinjan el acceso a contenidos. Ante este escenario prevalece un vacío de información y una falta de claridad sobre el fundamento legal que les brinda a las autoridades las atribuciones necesarias para solicitar eliminar contenidos de Internet.

De acuerdo a los informes de transparencia de Twitter, Facebook y Google, las autoridades mexicanas realizaron entre 2017 y 2020 más de 38 mil solicitudes de remoción de contenido. Sin embargo, a través de solicitudes de transparencia, los sujetos obligados reportaron únicamente 1697 solicitudes de remoción durante este mismo período. Con ello, hemos identificado inconsistencias en la información proporcionada por las autoridades, por lo que solo conocemos 1 de cada 10 solicitudes presentadas por parte del Estado mexicano a las plataformas digitales. Es decir, existen 95.6% de solicitudes de remoción de contenidos de las cuales no tenemos información, transparencia ni rendición de cuentas.

El apoyo de Indela fue crucial para exponer estos resultados de la investigación, compartir herramientas para hacer frente a los abusos que existen para remover contenidos. Y también para que el Estado mexicano, las plataformas digitales y otros actores asuman mayores compromisos de transparencia y rendición de cuentas, así como la de proteger el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información en el espacio digital.