Desde que nació Indela para fortalecer el ecosistema de derechos digitales, ha apoyado en estos tres años a 20 proyectos, de 22 organizaciones, en 10 países a lo largo de Latinoamérica. Las necesidades en la región fueron mutando con la pandemia, e Indela se fue adaptando de manera ágil y flexible a las urgencias coyunturales. Las principales áreas de impacto que emergieron, y que fueron priorizadas para ser atendidas, han sido en temas como la reducción de violencia de género en línea, protección de datos personales, privacidad, y análisis de tecnologías de vigilancia masiva, entre otros.

Durante 2021, un equipo de de evaluación externa comenzó un proceso de análisis para profundizar la visión estratégica de Indela, el apoyo que brinda y la colaboración entre pares. Esta evaluación externa incluyó la implementación de espacios de intercambio colectivo de reflexiones, entre organizaciones y el equipo coordinador de Indela, que permitieron identificar las principales oportunidades a futuro y los desafíos que atraviesa el ecosistema de derechos digitales en Latinoamérica.

Oportunidades a futuro

Se identificaron tres grandes áreas de oportunidad para seguir fortaleciendo la protección de los derechos digitales en leyes y políticas públicas en la región. 

  • Nuevas formas de conectividad y participación: La pandemia, más allá de confirmar estas carencias y, ante una creciente, acelerada, y en muchos casos forzada digitalización, generó que grupos sociales emergentes, especialmente de jóvenes, demanden cada vez más sus derechos en relación a conectividad y participación digital. Internet es un espacio de ejercicio de derechos en el que deben estar todas las voces. 
  • Nuevos conceptos: Existe una tendencia sobre la posibilidad de nuevos conceptos de derechos humanos, como el derecho a la desconexión y el derecho a la privacidad. Estas nuevas configuraciones también van de la mano con nuevas exigencias de reconocimiento y protección de derechos digitales en diferentes países de la región, como la conversación sobre el derecho a la desconexión. Además, existe un incremento en el desarrollo de tecnologías más abiertas y transparentes, que podrían tener un impacto positivo en las democracias de Latinoamérica. 
  • Nuevos actores: Hay una necesidad de incluir a actores en las discusiones sobre derechos digitales en la región, como organizaciones de sociedad civil tradicionales, centros de investigación y organismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ampliar la participación de estos sectores permite la colaboración para la defensa y protección de derechos digitales en Latinoamérica, así como el desarrollo de nuevos estándares internacionales de protección de estos derechos a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Los desafíos

Se identificó el aumento de algunas amenazas, y otras nuevas, que atraviesan los derechos digitales y las organizaciones que los defienden. 

  • Nuevas desigualdades: La brecha digital está aumentando las desigualdades sociales existentes en la región y el mundo, en algunos casos limitando el acceso y uso de las tecnologías digitales, así como la participación y ejercicio de derechos en el entorno digital. Por ejemplo, la deserción escolar durante la pandemia frente a la falta de acceso a Internet, donde se vulnera el acceso a la educación de la niñez y adolescencia. Estas nuevas desigualdades digitales son más evidentes para mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y grupos en condición de vulnerabilidad. 
  • Crecimiento de movimientos anti-derechos: A pesar que varios países han avanzado en la protección de derechos de mujeres, personas LGTBIQ+ y comunidades indígenas, existe un aumento del movimiento anti-derechos en la región. Esto se traduce en violaciones de derechos en el entorno digital, así como el aumento de discurso de odio y violencia digital contra grupos tradicionalmente excluidos.
  • Leyes y políticas en proceso de quedar desactualizadas: Por otro lado, las regulaciones sobre derechos digitales en la región aún no son suficientes para su protección. Las leyes y políticas públicas no están respondiendo frente a los crecientes problemas, esto se debe, en ocasiones, a la falta de capacidad de algunos gobiernos y actores públicos para comprender el impacto de las tecnologías digitales en el ejercicio de derechos o al lobby de las principales empresas de tecnología, las Big Tech para frenar cierta regulación. Frente a  la ausencia de regulación de protección, los Estados continúan desplegando sistemas de vigilancia masiva que afecta derechos de la ciudadanía, sin transparencia ni rendición de cuentas. La implementación de estas tecnologías, por un lado vulnera derechos a la privacidad y libertad de expresión en línea, e impide el libre ejercicio de otros derechos como la organización y movilización ciudadana.

Estas principales oportunidades y desafíos que atraviesa el ecosistema de derechos digitales en Latinoamérica permiten identificar en conjunto, un futuro muy visible, y el cómo fortalecer a las organizaciones y la defensa de estos derechos. Es importante profundizar en los principales ejes temáticos para garantizar los derechos digitales en leyes y políticas públicas integrales, brindar oportunidades para construir diálogo y articular  trabajo regional con nuevos actores, apoyar a las organizaciones para fortalecer su impacto y capacidades dentro de este panorama que viene, y alinear el financiamiento existente en la región para darle la oportunidad a las organizaciones de construir nuevos futuros colectivos.