Por DATA Uruguay – Proyecto Datysoc

Contexto

Uruguay lidera los rankings de inclusión de TIC y desarrollo digital en Latinoamérica; tiene las mayores tasas de acceso a Internet de la región, ha impulsado exitosamente planes de inclusión digital y lidera el ranking de gobierno electrónico en la región. Estos datos parecen muy alentadores y dan la sensación de que Uruguay tiene “todo resuelto”. Sin embargo, desde DATA Uruguay sentimos un contraste entre estos avances y la falta de discusión pública en torno a temas como la indefensión de los usuarios ante bloqueos de contenido en Internet, los avances en la adquisición de tecnologías de vigilancia sin análisis de impacto sobre los derechos humanos, el aumento de la violencia basada en género en línea, entre otros. Esto evidencia, la deficiente formación de las organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio de sus derechos en entornos digitales y la ausencia de perspectiva de derechos humanos por parte de los tomadores de decisión al momento de regular o planificar políticas de innovación y uso de las tecnologías.

El Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc) surgió como iniciativa de DATA Uruguay con el objetivo de afrontar este panorama de contraste en el país, fortaleciendo la agenda de derechos digitales en Uruguay y en la región, y trabajar en torno a 4 ejes: 1) Derechos de autor y acceso a la cultura, 2) Libertad de expresión, 3) Inclusión digital y género y 4) Privacidad y vigilancia.

Líneas de acción e impacto

1. Aportando evidencia del atraso normativo y de la urgente necesidad de reforma al Derecho de Autor a nivel nacional y regional

Desde Datysoc, entendimos que sería útil demostrar el atraso normativo y de armonización de leyes de derecho de autor existente en nuestra región de una forma gráfica y fácil de entender, por eso construimos una herramienta de consulta con mapas interactivos y un informe que facilita la tarea de revisión normativa a activistas, instituciones y tomadores de decisiones al momento de analizar la situación de las flexibilidades al derecho de autor en 19 países de Latinoamérica.

Este año presentamos los resultados del informe en el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que es un insumo clave para las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana observadoras en la OMPI en su esfuerzo por visibilizar el anacronismo legal de nuestra región.

La alianza con Indela también nos permitió trabajar a nivel nacional y co-redactar una Plataforma abierta sobre flexibilidades al derecho de autor en Uruguay junto con actores de educación, ciencia, tecnología, bibliotecas y archivos. También organizamos una Jornada de Reflexión Parlamentaria sobre Reforma al Derecho de Autor en la que presentaremos esta plataforma junto con otras dos investigaciones sobre los continuos problemas que enfrentan las instituciones educativas, archivos y repositorios digitales en Uruguay.

2. Aportando al debate para la regulación de grandes plataformas y la gobernanza de datos

El “control privado” de Internet y el creciente avance de la intervención de las grandes plataformas fijando las reglas en el ciberespacio es una preocupación que compartimos varias organizaciones de la región. Nos interesó especialmente unir fuerzas para impulsar las garantías de libertad de expresión en línea y una Internet libre y abierta desde una mirada Latinoamericana. De esta forma trabajamos con más de una decena de organizaciones de la región para impulsar de forma conjunta la propuesta de Estándares para una regulación democrática de las grandes plataformas.

En mayo de 2022 tuvo lugar en Uruguay la Conferencia Global por el Día Mundial de la Libertad de prensa, donde co-organizamos actividades y presentamos la “Declaración Latinoamericana sobre Transparencia de las Plataformas de Internet” firmada por 19 organizaciones de la sociedad civil dedicadas al estudio de políticas públicas de Internet y a la defensa de derechos fundamentales.

A su vez, realizamos un análisis de la situación de la gobernanza de datos en Uruguay concluyendo que, a pesar de que Uruguay muestra una sólida institucionalidad, aún queda un largo camino hacia la consolidación de estándares e iniciativas, ya que la mayoría de su infraestructura de gobernanza de datos depende de una sola institución, a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), y que los aportes de la sociedad civil son muy limitados.

3. Consolidando redes ciberfeministas y herramientas de autodefensa contra la violencia de género en línea

La alianza con Indela permitió contar con los medios para unir colectivos, consolidar vínculos y así conformar la “Entramada feminista”, una alianza de cooperación y co-formación entre colectivos feministas en Uruguay en temas de derechos digitales y género.

Con estos colectivos co-organizamos las Primeras Jornadas Ciberfeministas de Uruguay donde por primera vez, los colectivos, mujeres y disidencias se reunieron para trabajar sobre la identificación de modalidades de violencia de género en línea, prácticas seguras de mediactivismo y autocuidado y a construir estrategias frente a discursos anti-derechos. En dichas jornadas, recogimos testimonios para el lanzamiento de la Campaña “La violencia Digital es Real”.

También lanzamos el capítulo de Uruguay en la plataforma acoso.online y publicamos un recurso educativo abierto de 10 naipes con información relevante para la sensibilización respecto de la violencia de género en línea. Nace así una comunidad pujante y con un enorme potencial para crecer y conquistar derechos.

4. Alertando sobre los riesgos del uso policial de los datos biométricos de toda la ciudadanía y del Reconocimiento Facial Automatizado (RFA)

Por último, el apoyo e Indela fue clave para poder reaccionar rápidamente ante la decisión del gobierno uruguayo de migrar todas las imágenes faciales de las y los ciudadanos de la base de la Dirección Nacional de Identificación Civil, para la creación de una base de datos de identificación facial para alimentar el software de reconocimiento facial recientemente adquirido por la policía nacional.

Investigamos el tema durante un año y publicamos el informe Fuera de control: uso policial del reconocimiento facial automatizado en Uruguay, junto con una campaña de sensibilización sobre el impacto de estas decisiones sobre los derechos civiles y políticos.

En junio de 2022 co-organizamos una mesa de debate  parlamentario sobre uso policial del Reconocimiento Facial Automatizado en conjunto con las Comisiones de Derechos Humanos y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores. Entendemos que este será el primer paso para lograr prohibir el enrolamiento masivo de toda la población en el sistema de RFA, prohibir del uso de RFA como medio de vigilancia policial continua y sin orden judicial en espacios públicos y sancionar de una regulación adecuada a estándares básicos de derechos humanos.

Finalmente, resaltamos el impulso fundamental que significó el apoyo de Indela para instalar al Laboratorio de Datos y Sociedad como productor de conocimiento y referente sobre derechos digitales en la escena nacional y regional y, aún más importante, para incidir en la agenda legislativa impulsando varias instancias de debate parlamentario sobre temas de derechos digitales. El camino recién comienza, seguiremos trabajando para traducir estos procesos en políticas y regulaciones con perspectiva de derechos humanos.