Por Luchadoras

-El acceso a la justicia para las mujeres que viven violencia digital en México no existe-, ese fue nuestro principal hallazgo en la investigación Justicia en trámite, el limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México, que llevamos a cabo con apoyo de Indela.

Frente a la aprobación de la “Ley Olimpia” como la respuesta más visible promovida por colectivos de víctimas para actuar contra la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, en Luchadoras nos preguntamos si representaba un avance tangible en la vida de las mujeres, y estas fueron las lecciones que aprendimos.

¿Qué sigue para la “Ley Olimpia”?

Es real, sobrerregular Internet es una amenaza para ejercer nuestras libertades en línea, una herramienta que puede servir a los autoritarismos para perseguir a la crítica proveniente desde la sociedad civil organizada. Sin embargo, al hablar con mujeres afectadas por la violencia digital constatamos que denunciar penalmente sí es una vía de actuación válida para ellas. Más de 2 mil mujeres han denunciado haber sido víctimas de ese delito en los últimos tres años.

El delito que castiga la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento ya es una realidad en todo el país. Desde Luchadoras creemos que lo que toca hacer ahora es crear un estándar idóneo que permita armonizar estos marcos jurídicos.

Por otra parte, como demuestra nuestra investigación, la impunidad y los retos estructurales del sistema de justicia en México han hecho que los casos de violencia digital que se han denunciado no avancen.

Durante esta investigación, de la mano con el OVIGEM en Puebla, hablamos con mujeres que vivieron violencia digital, ellas corroboraron la falta de respuesta, de información clara, los malos tratos y la revictimización por parte de las autoridades.

También juntas pensamos en qué significa “acceso a la justicia”, y descubrimos otros conceptos más amplios y con un mayor potencial restaurativo que la sanción penal. Poner al centro la reparación del daño, también las pone al centro a ellas.

Las mujeres que viven violencia digital necesitan tener varias opciones de actuación a la mano además de la penal, desde el derecho civil, laboral o adminsitrativo; así como mejores opciones de reporte en las plataformas, y mecanismos internos en instituciones como empresas y escuelas.

La comunicación es clave

Posicionar la violencia digital como una problemática de agenda pública ha sido un trabajo arduo. Hoy es un tema público. Las investigaciones que hemos hecho desde sociedad civil y el cabildeo para la aprobación de la “Ley Olimpia” han contribuido a ello.

Aunque la implementación de estas reformas no sea una realidad todavía, su impulso tuvo un impacto social importante, la toma de conciencia pública sobre esta problemática, y para eso ha sido clave también la creación de campañas y mensajes que hacen comprensibles este tema.

Necesitamos hacer accesible el lenguaje jurídico, que suele ser complejo e incluso obstáculo para las víctimas. Para Luchadoras parte de nuestro proyecto consistió en traducir los hallazgos de nuestra investigación a un video con un lenguaje amigable.

Ser capaces de nombrar, entender, y saber cómo funciona el sistema hackea el poder. Entender problemáticas complejas como problemas cercanos que nos atraviesan es también, otra forma de justicia.

Defendamos el acceso a la información y la transparencia

Para esta investigación realizamos originalmente 219 solicitudes de información pública a Fiscalías y Poderes Judiciales en 24 estados del país donde se habían aprobado reformas relacionadas a la violencia digital hasta el mes de febrero de 2020. Solamente siete estados contestaron ambas autoridades: Aguascalientes, Ciudad de México (CDMX), Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Zacatecas; lo que nos permitió hacer un análisis más completo del trayecto de acceso a la justicia ante ambas instancias.

Así pudimos rastrear que en los últimos tres años se abrieron 2,143 carpetas de investigación por la conducta de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en México. Y que el 83% sigue en trámite.

Nuestra investigación “Justicia en trámite” no habría sido posible si en México no contáramos con un marco jurídico y herramientas para el acceso a la información y la transparencia.

El marco jurídico y las instituciones dedicadas a la transparencia representan un gran avance para la exigencia de rendición de cuentas a los gobiernos en nuestro país.