Por IDEC – Instituto Brasileño de Protección al Consumidor 

Construir puentes lleva tiempo, es agotador y costoso, pero vale la pena. Este es uno de los tantos aprendizajes que nos llevaremos con Idec después de casi dos años del proyecto “ Construyendo puentes entre los derechos digitales y las comunidades de protección del consumidor en América Latina”.

La idea de esta iniciativa nació de nuestra fuerte participación en estas dos comunidades: los derechos digitales y la protección del consumidor. Esto se debe a que, con el tiempo, nos dimos cuenta de que son dos comunidades con muchas fortalezas, pero que aún no dialogan entre sí. Por un lado, tenemos la comunidad de derechos digitales, que está muy atenta al proceso de digitalización de los servicios públicos y privados y tiene una articulación regional bien establecida. Por otro lado, tenemos organizaciones de protección al consumidor, que llevan trabajando desde los años 80 y 90, actuando de diferentes formas, sea en incidencia política, campañas de sensibilización o litigios estratégicos, pero que, por ahora, conocen poco sobre estos nuevos temas de privacidad y protección de datos.

Construyendo puentes durante la pandemia

Estrechar lazos entre grupos que no son iguales es una tarea aún más complicada en un período de pandemia, como fue nuestro caso. De esta forma, tuvimos que renunciar a un gran encuentro presencial y latinoamericano, lo que nos obligó a buscar alternativas viables para este desafío de construir puentes.

Así comenzamos nuestro proyecto con una serie de entrevistas remotas con miembros de organizaciones de derechos digitales y con representantes de organizaciones de protección al consumidor de doce países de la región, desde México hasta Chile. A partir de esta etapa inicial, fue posible recopilar una cantidad considerable de datos e información que nos ayudaron a dibujar un perfil importante de las dos comunidades.

Un análisis comparativo rápido entre las dos comunidades nos mostró una gran brecha generacional y una disparidad financiera significativa. Por ejemplo, el liderazgo de la comunidad de protección al consumidor está formado predominantemente por mujeres, quienes fundaron las organizaciones y han trabajado en ellas durante décadas, donde también ayudaron en la promulgación de leyes nacionales de protección al consumidor, como fue el caso del propio Idec. Mientras tanto, en la comunidad de derechos digitales, podemos ver la presencia de miembros más jóvenes que también han fundado sus propias organizaciones, en las que han estado trabajando por menos de una década.

En nuestras conversaciones con activistas de ambas comunidades, decidimos investigar cómo las entidades se relacionan con los debates sobre tecnología y sociedad. Este fue un paso importante para prestar atención al complejo escenario regulatorio de la región, donde hay países que la protección de datos ya es un derecho fundamental, mientras que otros ni siquiera cuentan con normas para tratar el tratamiento de datos. Otros temas como el derecho de la competencia y los servicios de telecomunicaciones también surgieron en las conversaciones como temas de interés para las organizaciones, ya que las discusiones sobre el tratamiento masivo de datos ya no son un mero tema de protección de datos y privacidad.

Dado que uno de los objetivos iniciales de nuestro proyecto era también mapear marcos regulatorios nacionales y casos paradigmáticos, construimos, dentro del alcance del proyecto, un   interactivo que contiene información sobre las autoridades y la legislación de varios países en materia de protección de datos, protección del consumidor, derecho de la competencia y derecho de las telecomunicaciones. Creemos que este atlas jurídico, combinado con una biblioteca de casos locales paradigmáticos, será un espacio privilegiado que brindará una importante difusión del conocimiento sobre la interfaz entre el derecho del consumidor y la protección de datos en América Latina.

Arremangándose las mangas

Además de esta gran etapa de recolección de datos, también actuamos, en la práctica, con acciones de incidencia política. Habiendo ya presentado nuestro proyecto a organizaciones de la región, además de conversar en detalle con ellas, tuvimos una primera oportunidad de articular cuando WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en América Latina y en el mundo, comenzó a enviar notificaciones, a principios de enero de 2021, sobre los cambios que implementaría en sus términos de uso y política de privacidad. En este sentido, varias organizaciones de ambas comunidades firmaron una  manifestación pública dirigida a Facebook y a las autoridades locales solicitando una serie de medidas sobre la  nueva política de privacidad de WhatsApp para que los usuarios tuvieran sus derechos respetados.

A fines del mismo año, organizamos un evento para establecer un diálogo entre la sociedad civil latinoamericana, donde debatimos una perspectiva de protección de datos que articuló las experiencias, trabajos y saberes de las comunidades de derechos digitales y protección al consumidor en América Latina. En este espacio tuvimos la oportunidad de abordar la propagación de  tecnologías biométricas y sus efectos en los consumidores y también discutir sobre la protección de datos personales de los usuarios de servicios de telecomunicación.

No estamos solos

Otros momentos interesantes de articulación de proyectos surgieron cuando descubrimos iniciativas similares en todo el mundo. Nos dimos cuenta de que otras organizaciones también eran conscientes del hecho de que se necesita con urgencia una colaboración más sólida entre los diferentes grupos para hacer frente al avance de los servicios públicos y privados que violan el derecho de los ciudadanos a la protección de datos.

Por ejemplo, en 2021, The Engine Room realizó un proyecto de investigación explorando la colaboración intersectorial entre las comunidades de justicia social y las comunidades de derechos digitales durante la pandemia. Realizamos una serie de aportes al informe final de esta investigación, compartiendo experiencias y aprendizajes que tuvimos a lo largo de nuestro propio proyecto. También estrechamos lazos con el proyecto ” Abogando por la responsabilidad, la protección y la transparencia de los datos ” (ADAPT) de Internoticias, que nos ayudó a centrarnos en desafíos que enfrentan los reguladores latinoamericanos, además de brindarnos espacios para discutir cómo los activistas pueden trabajar no solo con las autoridades de protección de datos, sino también con los organismos reguladores de la competencia y los derechos del consumidor..

Vamos juntos

Después de todas estas acciones, conversaciones y alianzas estimulantes, nos dimos cuenta de que todavía hay un largo camino por recorrer. Las asimetrías financieras, generacionales y técnicas siguen llamando la atención y dificultan el involucramiento continuo entre las comunidades. Tras la dolorosa primera etapa de la pandemia, tanto los derechos digitales como los derechos de los consumidores son áreas que están recibiendo más atención por parte de la ciudadanía debido a la migración de los servicios públicos, el trabajo y la educación al entorno digital, así, estamos seguros de que estos primeros pasos de nuestro proyecto serán fundamentales para construir puentes más sólidas y duraderas, que conduzcan a acciones concretas y exitosas, como ya está pasando.