A la hora de hablar de derechos digitales en América Latina, es importante tener en cuenta los contrastes. En México, una de las principales preocupaciones de la sociedad civil es el abuso de las tecnologías de vigilancia por parte del Estado; en Colombia se discute el rol de las plataformas digitales en delitos como la injuria y la calumnia; Venezuela enfrenta los constantes bloqueos para acceder a internet; en Perú, la autoridad de protección de datos restringe publicaciones periodísticas, y en Brasil, algunas organizaciones sociales intentan entender el flujo de noticias falsas en redes sociales. En mayor o menor medida, todos los temas son comunes, pero tienen connotaciones y relevancias distintas. En la región no existe una fotografía única.

Entender la diferencia de los contextos locales y trabajar desde esas realidades, es la apuesta de Indela. Bajo la dirección estratégica de Fundación Avina, Luminate y Open Society Foundations, y el apoyo de Fundación Ford y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Indela es una iniciativa que financiará, capacitará y brindará apoyo a organizaciones que promueven los derechos digitales en América Latina. Entre 2019 y 2021, Indela pondrá a disposición de la sociedad civil un fondo inicial de 1,5 millones de dólares.

“Hoy en día, la fortaleza de las democracias depende, en gran medida, de la vigencia de los derechos en el entorno digital”, afirmó la vocera de Indela Hannah Draper de Open Society Foundations. A medida que el uso de internet permea todas nuestras actividades, aumentan los retos que enfrentamos: la desinformación en redes sociales; el despliegue de tecnologías invasivas de vigilancia oficial; la recolección indiscriminada de datos personales por parte de plataformas privadas; el ‘hackeo’, y los ataques a los sistemas de información y de infraestructura.

Esto es especialmente importante en América Latina, donde las fragilidades institucionales se reflejan también en el uso de internet y la adopción de tecnologías. En muchos de los países de la región aún se respira el pasado de regímenes autoritarios; otros se encuentran hoy bajo mandatos donde se desconoce la libertad de expresión y el derecho a la protesta; y en unos más –muchas veces escudados en narrativas de seguridad nacional y lucha contra el crimen– avanzan propuestas regulatorias regresivas en temas como difamación, privacidad o derechos de autor.

“Indela propenderá por el desarrollo del sector de derechos digitales a través de convocatorias simples y unificadas. Trabajará con el apoyo de expertos locales y actores del ecosistema para asegurarse que la agenda de derechos digitales incorpore sus intereses y preocupaciones”, destacó Gabriela Hadid de Luminate. A través de nuestro trabajo, esperamos que la financiación y apoyo a la sociedad civil evite respuestas duplicadas y se base en diagnósticos acertados y necesidades identificadas.

“Si bien entendemos que experiencias como las del norte global resultan relevantes para abordar los retos de la región, consideramos fundamental que el trabajo se construya desde un entendimiento propio”, añadió Lucía Abelenda de Fundación Avina. Lo anterior no implica que se trate de problemas aislados. La realidad del entorno digital de los países latinoamericanos –y la realización de las libertades y derechos– es un proceso constante de diálogo y retroalimentación con una misma visión: construir sociedades más libres y equitativas.

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