Centroamérica por la mejora de políticas públicas de derechos digitales

Por IPANDETEC

Contexto
Centroamérica es una región con 7 países y más de 50 millones de personas. De esta cantidad de población, menos de la mitad tiene acceso a Internet, y al ver un poco más de cerca, las desigualdades y brechas digitales se agudizan en poblaciones rurales, indígenas, LGBTIQ+, personas con discapacidad, entre otros.

En 2019, Indela seleccionó a IPANDETEC para desarrollar el proyecto Creando capacidades en el ecosistema de Internet de Centroamérica con una perspectiva multisectorial. El cual creó una red sólida de actores centroamericanos, dedicados a mejorar las leyes y políticas públicas relacionadas a privacidad y ciberseguridad, y demostrar algunas mejoras iniciales en la región.

Debido a la pandemia, IPANDETEC tuvo que agilizar sus procesos para lograr la meta, el proyecto sufrió retrasos y adaptaciones para su culminación, trasladando las capacitaciones faltantes a sesiones y eventos virtuales, pero sin detenerse

Países beneficiados
El proyecto se enfocó en tres países centroamericanos: Honduras, Guatemala y El Salvador. Los tres países sufren altos niveles de cibercriminalidad, en una realidad donde el Estado no protege los datos personales de su ciudadanía. Estos países fueron elegidos por la necesidad urgente de contar con políticas públicas que regulen Internet, así como por la falta de capacitación en actores locales que pudieran incidir informadamente, basados en estándares con enfoque en derechos humanos.

En el caso de Guatemala, desde el año 2009 estaba detenido el proyecto de ley de protección de datos personales, del cual no había terminado su discusión. En el mismo sentido, Honduras presentaba proyectos de ley que no contenían estándares con enfoque en derechos humanos y amenazaban la estabilidad jurídica del país en materia de ciberseguridad. Por último, El Salvador iniciaba consultas públicas para someter a discusión un proyecto de protección de datos.

Logros del proyecto
El proyecto de IPANDETEC, por un lado, capacitó a más de 200 personas en los países participantes, se produjo un mapeo de actores trabajando en políticas públicas de Internet, incluyendo congresistas, autoridades electas, integrantes del sector privado, actores de sociedad civil y activistas de derechos humanos, expertos académicos, y miembros del sector técnico. Por otro lado, se produjo un acercamiento con personas que no participaban en ese momento de forma activa en la formulación de políticas públicas de Internet, logrando ampliar el ecosistema habitual.

Uno de los mayores logros fue la creación de capacidades en los distintos sectores, incluyendo algunos como la academia y el gobierno, los cuales no siempre son incluidos.

Por último, desarrollamos tres documentos guía para la formulación de políticas públicas, uno por país, los cuales fueron compartidos no sólo con los participantes del proyecto, sino con ‘policy makers’ para su utilización en futuras políticas públicas. El primer documento ‘Paso a paso para una política integral de ciberseguridad | Honduras’, recoge la regulación hondureña en materia de ciberseguridad, estándares y prácticas que deben ser utilizadas a la hora de discutir y aprobar una política de ciberseguridad. En los casos de El Salvador y Guatemala, ambos documentos se centran sobre la protección de datos personales en cada país y los pasos necesarios para abordar la discusión con un enfoque de derechos humanos.

Como organización, IPANDETEC aprendió en profundidad sobre la importancia y efectividad del mecanismo multisectorial, la gran necesidad de este tipo de proyectos en la región, y la necesidad de aumentar la  representación de la mujer en temáticas de Internet en estos países, entre otros aspectos interesantes para el futuro desarrollo de extensiones de este proyecto.

Al final del proyecto, el panorama presentado en los tres países había cambiado radicalmente. Guatemala se prepara para discutir un proyecto de protección de datos personales, mientras que en Honduras no prosperó la propuesta de ley de ciberseguridad. Por último, El Salvador se enfrentaba al veto de su proyecto de protección de datos personales.

El acceso a la justicia para mujeres que viven violencia digital en México no existe

Por Luchadoras

-El acceso a la justicia para las mujeres que viven violencia digital en México no existe-, ese fue nuestro principal hallazgo en la investigación Justicia en trámite, el limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México, que llevamos a cabo con apoyo de Indela.

Frente a la aprobación de la “Ley Olimpia” como la respuesta más visible promovida por colectivos de víctimas para actuar contra la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, en Luchadoras nos preguntamos si representaba un avance tangible en la vida de las mujeres, y estas fueron las lecciones que aprendimos.

¿Qué sigue para la “Ley Olimpia”?

Es real, sobrerregular Internet es una amenaza para ejercer nuestras libertades en línea, una herramienta que puede servir a los autoritarismos para perseguir a la crítica proveniente desde la sociedad civil organizada. Sin embargo, al hablar con mujeres afectadas por la violencia digital constatamos que denunciar penalmente sí es una vía de actuación válida para ellas. Más de 2 mil mujeres han denunciado haber sido víctimas de ese delito en los últimos tres años.

El delito que castiga la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento ya es una realidad en todo el país. Desde Luchadoras creemos que lo que toca hacer ahora es crear un estándar idóneo que permita armonizar estos marcos jurídicos.

Por otra parte, como demuestra nuestra investigación, la impunidad y los retos estructurales del sistema de justicia en México han hecho que los casos de violencia digital que se han denunciado no avancen.

Durante esta investigación, de la mano con el OVIGEM en Puebla, hablamos con mujeres que vivieron violencia digital, ellas corroboraron la falta de respuesta, de información clara, los malos tratos y la revictimización por parte de las autoridades.

También juntas pensamos en qué significa “acceso a la justicia”, y descubrimos otros conceptos más amplios y con un mayor potencial restaurativo que la sanción penal. Poner al centro la reparación del daño, también las pone al centro a ellas.

Las mujeres que viven violencia digital necesitan tener varias opciones de actuación a la mano además de la penal, desde el derecho civil, laboral o adminsitrativo; así como mejores opciones de reporte en las plataformas, y mecanismos internos en instituciones como empresas y escuelas.

La comunicación es clave

Posicionar la violencia digital como una problemática de agenda pública ha sido un trabajo arduo. Hoy es un tema público. Las investigaciones que hemos hecho desde sociedad civil y el cabildeo para la aprobación de la “Ley Olimpia” han contribuido a ello.

Aunque la implementación de estas reformas no sea una realidad todavía, su impulso tuvo un impacto social importante, la toma de conciencia pública sobre esta problemática, y para eso ha sido clave también la creación de campañas y mensajes que hacen comprensibles este tema.

Necesitamos hacer accesible el lenguaje jurídico, que suele ser complejo e incluso obstáculo para las víctimas. Para Luchadoras parte de nuestro proyecto consistió en traducir los hallazgos de nuestra investigación a un video con un lenguaje amigable.

Ser capaces de nombrar, entender, y saber cómo funciona el sistema hackea el poder. Entender problemáticas complejas como problemas cercanos que nos atraviesan es también, otra forma de justicia.

Defendamos el acceso a la información y la transparencia

Para esta investigación realizamos originalmente 219 solicitudes de información pública a Fiscalías y Poderes Judiciales en 24 estados del país donde se habían aprobado reformas relacionadas a la violencia digital hasta el mes de febrero de 2020. Solamente siete estados contestaron ambas autoridades: Aguascalientes, Ciudad de México (CDMX), Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Zacatecas; lo que nos permitió hacer un análisis más completo del trayecto de acceso a la justicia ante ambas instancias.

Así pudimos rastrear que en los últimos tres años se abrieron 2,143 carpetas de investigación por la conducta de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en México. Y que el 83% sigue en trámite.

Nuestra investigación “Justicia en trámite” no habría sido posible si en México no contáramos con un marco jurídico y herramientas para el acceso a la información y la transparencia.

El marco jurídico y las instituciones dedicadas a la transparencia representan un gran avance para la exigencia de rendición de cuentas a los gobiernos en nuestro país.

Once organizaciones en la lucha de posicionar y defender los derechos digitales en Latinoamérica

Por Al Sur

El avance de las tecnologías digitales y su uso intensivo por parte de la sociedad, gobiernos y empresas, están generando diferentes conjeturas con respecto a sus impactos. Estas tecnologías están afectando varios derechos humanos a través de la vigilancia masiva de personas, la captura de datos personales, el incremento de la desinformación, entre otros aspectos. Esta situación requiere generar mayores criterios y posicionamientos por parte de la sociedad civil, y proponer así respuestas concertadas.

Es por ello que se crea Al Sur, un consorcio de once organizaciones[1] de sociedad civil y del ámbito académico de América Latina, que trabaja para fortalecer los derechos humanos en el entorno digital. Este consorcio fue uno de los proyectos seleccionados 2019 de Indela, a través del cual, se buscó consolidar su institucionalidad, y generar capacidades para una mayor incidencia en los niveles nacional, regional e internacional.

Mediante el apoyo de Indela, fueron organizadas múltiples sesiones con especialistas, extendiendo no solo la base de conocimiento sino también la red de acción para fortalecer el ecosistema de derechos digitales. Hubo capacitaciones para las organizaciones que integran el consorcio sobre “Estrategias para acceder a información sobre prácticas de vigilancia”, llevada adelante por Luis Fernando Garcia, Director de R3D de México, y “Negociaciones en torno al Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest sobre Cibercrimen” donde se estrechó la alianza entre Al Sur y la organización Electronic Frontier Foundation (EFF). El Profesor Sean Flynn de la American University, llevó a cabo otra capacitación para profundizar el conocimiento sobre propiedad intelectual y derechos de autor durante la pandemia, lo que dio la oportunidad para revisar el mercado regulatorio de toda la región.

Construyendo una agenda regional

En materia de investigación, mediante este proyecto Al Sur elaboró tres reportes, como estrategia para fomentar una agenda regional proactiva, a la que otras organizaciones puedan incorporarse y trabajar con el consorcio:

  1. Violencia política de género en Internet. La violencia política de género, a partir de un marco amplio de diversidad, engloba violencias relacionadas con derechos políticos, que se convierten en manifestaciones agresivas que socavan la voz de mujeres y personas LGBT+. En ese sentido, el reporte brinda una perspectiva regional, arrojando criterios y recomendaciones para los sistemas de justicia electoral, plataformas de Internet, organizaciones políticas y sociedad civil.
  2. Mirando Al Sur. Hacia nuevos consensos regionales en materia de responsabilidad de intermediarios y moderación de contenidos en Internet. Examina debates comparados y mapea la discusión legal y la autorregulación a nivel regional e internacional para finalmente abordar las propuestas y principios específicos de la región.
  3. Un marco jurídico de derechos humanos para la vigilancia de las comunicaciones en América Latina. Este análisis de la situación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Paraguay y Perú, permite abordar los debates e investigaciones regionales para mantener un marco legal que respete los derechos de las personas, garantice sus prácticas y cuente con mecanismos efectivos de control y vigilancia que permitan reclamar la restitución de derechos y sirvan de control democrático a los amplios poderes de los Estados en esta materia.

Como consorcio, Al Sur también está interesado en comprender y generar un mayor relacionamiento con espacios de interconexión regional e internacional, por ello está avanzando en mapear e intercambiar buenas prácticas, generar  investigación, realizar entrevistas y consultas a especialistas, como estrategia de trabajo para tener un mejor posicionamiento con distintos foros internacionales. Al Sur analizó así el Sistema de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otras instancias internacionales. A través de este análisis, compiló un documento que está siendo examinado y se está considerando hacer una versión pública para la sociedad civil de la región. Además, para posicionarse, Al Sur también ha incrementado su presencia pública digital lanzando su página web en tres idiomas, y publicando más contenido en su blog y su cuenta en Twitter.

Debido al impacto en la región del trabajo realizado por Al Sur, se pueden destacar las invitaciones recibidas para hacer contribuciones sustanciales en espacios de alta incidencia; Twitter invitó a la Secretaría a ser parte de su Consejo de Seguridad, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a las organizaciones de Al Sur ser parte de la discusión sobre desinformación durante la pandemia, el consorcio estuvo presente en un grupo inter-regional de ciberseguridad y cibercrimen a partir de una invitación de la Electronic Frontier Foundation, y tuvo una representación en la Global Privacy Assembly.

También, Al Sur realizó recomendaciones a importantes instrumentos internacionales de referencia; entre ellos está el Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest sobre Cibercrimen, la consulta pública del Gobierno de Brasil sobre la regulación del tratado de Marrakesh, la revisión de la primera versión del borrador sobre recomendaciones éticas en Inteligencia Artificial de la UNESCO, el “Borrador general No 25 (202x): derechos de la niñez en relación al entorno digital del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos de la Niñez, y al llamado del Grupo de trabajo sobre políticas públicas internacionales relacionadas a internet (CWG-Internet) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

En balance, uno de los aspectos más significativos en cuanto a los hitos del consorcio en el marco de Indela, es que hoy Al Sur tiene una mayor capacidad de reacción ante las discusiones y debates internacionales. La investigación y reportes publicados les permiten anticiparse a temas emergentes y avanzar con evidencia en posicionamientos como colectivo. El consorcio ha identificado espacios en los cuales pueden tener mayor incidencia y ha fortalecido sus alianzas. En definitiva, el consorcio y su trabajo colectivo se han visto impulsados gracias al apoyo de Indela, Al Sur está mejor posicionado para pensar más estratégicamente en sus próximos pasos y ofrecer un espacio más organizado para que sus integrantes participen en el esfuerzo colectivo.

 

 

 

[1] Al Sur está integrado por: Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), Coding Rights, Derechos Digitales, Fundación Karisma, Hiperderecho, IDEC, Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC), InternetLab,  Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y TEDIC.

Fortaleciendo los derechos digitales en Paraguay: una iniciativa desde una sociedad civil unida

Por TEDIC

La búsqueda por la plena vigencia de los derechos digitales en Paraguay es un camino en constante recorrido. Sin embargo, mirando hacia atrás, es importante reconocer lo andado, y las distintas actividades de las que hemos participado como organización. Dicho esto, el apoyo del Indela para la consecución de nuestros objetivos ha sido clave.

Ley integral de protección de datos personales

El trabajo de TEDIC –y sus aliadas locales e internacionales– para impulsar un ecosistema robusto de protección de datos personales en Paraguay fue iniciado desde hace varios años. El mismo adquirió un renovado impulso junto a Indela, mediante el fortalecimiento de la Coalición de Datos Personales en Paraguay, de la cual TEDIC es fundadora junto a las organizaciones APADIT, Paraguay Ciberseguro, ISOC- Capítulo Paraguay y Abente Stewart Abogados.

En alianza con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, la Coalición lideró una serie de actividades para co-crear una ley integral de protección de datos personales. Se lanzó una página web que permitió la recepción de 103 comentarios de especialistas nacionales e internacionales en protección de datos personales. Además,se desarrollaron mesas de trabajo con representantes del sector público y privado y se ofrecieron 9 talleres con especialistas internacionales en la materia.

Tras un acto oficial de presentación del ante-proyecto para la recepción de comentarios finales, la coalición –y la Comisión de Ciencia y Tecnología– dio entrada oficial al anteproyecto en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2021.

Clínica Jurídica de Derechos Digitales

En TEDIC, consideramos clave generar espacios de formación para actores públicos y privados en materia de derechos humanos y tecnología. La cooperación junto a Indela nos permitió establecer y fortalecer vínculos con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, y crear así la primera Clínica Jurídica de Derechos Digitales del país.

Mediante una convocatoria abierta[1], se conformó la primera promoción de alumnas y alumnos de la clínica y se desarrollaron clases en temas de privacidad y protección de datos personales, libertad de expresión, acceso a la información, voto electrónico, género en Internet y otros. Esta primera experiencia culminó con la presentación de artículos elaborados por dicha promoción.

Litigio estratégico

La alianza con Indela permitió encarar una serie de acciones de litigio estratégico con miras a visibilizar situaciones problemáticas que se vienen dando en el país y se contradicen con la plena vigencia de un estado de derecho.

Particularmente, destacamos la importancia del litigio estratégico y campaña de comunicación aplicada en el caso de Belén Whittingslow. La creación de una página web dedicada al caso, así como distintos flyers, videos y otros insumos comunicacionales, han logrado un interés considerable de la ciudadanía. Dicho caso será llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se encuentra en etapa de cierre.

Así también, hemos promovido litigios que cuestionan la instalación de cámaras de reconocimiento facial en espacios públicos y un recurso de apelación ante la negativa de brindar información pública sobre datos personales recolectados por el todavía novedoso sistema de billetaje electrónico  han generado una serie de interés y debates en la agenda pública.

Por último, destacamos el importante apoyo de la Clínica Jurídica y el compromiso de los alumnas y alumnos para el desarrollo exitoso de las iniciativas de litigio estratégico promovidas por TEDIC. Consideramos que dicho espacio ha sido y es crucial para fomentar el aprendizaje de alumnos y alumnas de derecho desde la práctica. 

Serie anti-virus

La disrupción generada por la pandemia de la Covid-19 obligó a TEDIC a repensar maneras efectivas de comunicación. Creamos así la serie “Antivirus”, que consta de artículos y webinars realizados en modalidad live, donde analizamos cuestiones en torno a los derechos digitales y estrategias de seguridad digital. Como cierre, realizamos una fiesta virtual donde presentamos nuestro trabajo en materia de tecnología, derechos humanos y distintas acciones en el marco del proyecto Indela. El evento contó con más de 150 personas de distintos países.

Síntesis

Las actividades descritas demuestran que la labor de TEDIC, realizada en alianza con organizaciones locales e internacionales, es siempre el mejor camino a seguir.

La creación del anteproyecto de ley, y las distintas actividades de articulación, dieron lugar al desarrollo de un ecosistema robusto de derechos digitales. La asistencia constante de estas personas denota no solamente el interés adquirido por la temática sino el compromiso estatal de trabajo por una legislación íntegra que posea como objeto proteger a la ciudadanía.

Así también, los litigios estratégicos permitieron profundizar alianzas con organizaciones especializadas a nivel local sobre litigios y también con la academia a través de la Clínica Jurídica. Creemos que todavía hay mucho trabajo por hacer para consolidar el área programática de derecho digital en la Facultad de Derecho y el Poder Judicial. Resaltamos también que el trabajo de litigio estratégico y su difusión, contribuyeron a posicionar a TEDIC como líder en este tema y a visibilizar sus acciones en la agenda regional; prueba de ello son los paneles internacionales y campañas regionales en las que hemos sido incluidas.

Podemos concluir con seguridad que la alianza con Indela fue clave para sostener y lograr estas actividades. El camino hacia una sociedad paraguaya con plena vigencia de sus derechos digitales es todavía largo de recorrer. Sin embargo, es importante dar cuenta de los logros conseguidos en un incierto contexto nacional y global, y tomar así impulso para seguir adelante.

 

 

[1] Se recibieron 30 postulaciones, y fueron finalmente seleccionados 10 alumnos y alumnas.

#LibertadNoDisponible: voces artísticas, periodísticas y de protesta bajo amenaza en el espacio digital

Por ARTICLE 19 México y Centroamérica

En un contexto de violencia generalizada para acallar a la prensa en el entorno físico, en México se suman las presiones, amenazas e intimidaciones para obligar a las y los periodistas a eliminar contenidos compartidos en el ámbito digital. La remoción de contenidos[1] tiene el potencial de silenciar expresiones indispensables en una sociedad democrática. Voces artísticas, periodísticas y de protesta, enfrentan el riesgo de ser eliminadas, borradas del espacio digital de forma ilegítima y sin contar con las garantías de debido proceso.

El proyecto “Defendiendo la libertad de expresión en Internet: transparencia y debido proceso de la censura en línea a través de la remoción de contenidos” apoyado por Indela permitió visibilizar esta realidad y evidenciar los efectos negativos que tiene sobre la libertad de expresión y el derecho a la información.

Las distintas actividades desarrolladas en el marco de este proyecto han contribuido a que algunos actores del Estado reconozcan públicamente el compromiso de asumir mayores niveles de transparencia sobre las solicitudes de remoción que hacen las instituciones del gobierno mexicano a las plataformas de redes sociales. También, ha contribuido para solicitar a las plataformas de redes sociales que incluyan en los informes de transparencia, datos sobre qué instituciones del Estado hacen las solicitudes, el tipo de información que solicitan remover y los motivos por los cuales las realizan.

A través de las campañas #LibertadNoDisponible y #NiCensuraNiCandados logramos, junto con otras organizaciones, colocar en la agenda pública la necesidad de defender la libertad de expresión de mecanismos extrajudiciales como el de “notificación y retirada” o los reclamos de derechos de autor para eliminar contenidos en plataformas de redes sociales, páginas web y web host.

Mediante una alianza con la Clínica de Ciberderecho de la Universidad de Harvard, desarrollamos el white paper, Acceso Denegado: ¿Cómo pueden responder los y las periodistas y la sociedad civil a las notificaciones de eliminación de contenido?[2] que retrata el impacto del DMCA (Digital Millennium Copyright Act) en el periodismo y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina. Esta guía contó con la participación de Fundación Karisma (Colombia), Intervozes (Brasil) y Espacio Público (Venezuela).

Los resultados de este proyecto también han permitido que ARTICLE 19 ponga a disposición herramientas para la sociedad civil para responder a las solicitudes de remoción de contenido por parte de las plataformas de redes sociales a través de una serie de guías informativas: (i) Guía sobre remoción de contenido sobre las políticas de Twitter; (ii) Guía sobre remoción de contenido sobre las normas comunitarias de Facebook; (iii) Introducción a la remoción de contenido y la (iv) Guía sobre remoción de contenido en Google[3].

El impacto de este proyecto debe mirarse a la luz del informe #LibertadNoDisponible: Censura y remoción de contenido en México[4] que hace una revisión de los diferentes mecanismos que son explotados e instrumentalizados en el país para eliminar contenidos en Internet e interferir en el derecho a la libertad de expresión e información de periodistas y de todas las personas usuarias de las tecnologías.

El informe explora cómo la remoción de contenidos socava a la prensa y al flujo informativo, y se manifiesta a través de: 1) políticas de moderación de contenidos, de plataformas digitales, que son incompatibles con el derecho humano a la libertad de expresión; 2) amenazas y asedio a periodistas para que retiren información de sus espacios o perfiles digitales, y 3) solicitudes de eliminación de contenidos a las plataformas digitales -bajo supuestos legales ambiguos y sin seguir un debido proceso ni cumplir con garantías judiciales-. Y describe la relación que existe entre las diferentes instituciones del Estado mexicano con las plataformas digitales para solicitarles que eliminen o restrinjan el acceso a contenidos. Ante este escenario prevalece un vacío de información y una falta de claridad sobre el fundamento legal que les brinda a las autoridades las atribuciones necesarias para solicitar eliminar contenidos de Internet.

De acuerdo a los informes de transparencia de Twitter, Facebook y Google, las autoridades mexicanas realizaron entre 2017 y 2020 más de 38 mil solicitudes de remoción de contenido. Sin embargo, a través de solicitudes de transparencia, los sujetos obligados reportaron únicamente 1697 solicitudes de remoción durante este mismo período. Con ello, hemos identificado inconsistencias en la información proporcionada por las autoridades, por lo que solo conocemos 1 de cada 10 solicitudes presentadas por parte del Estado mexicano a las plataformas digitales. Es decir, existen 95.6% de solicitudes de remoción de contenidos de las cuales no tenemos información, transparencia ni rendición de cuentas.

El apoyo de Indela fue crucial para exponer estos resultados de la investigación, compartir herramientas para hacer frente a los abusos que existen para remover contenidos. Y también para que el Estado mexicano, las plataformas digitales y otros actores asuman mayores compromisos de transparencia y rendición de cuentas, así como la de proteger el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información en el espacio digital.


[1] La remoción de contenidos se entiende como la práctica para eliminar o restringir la circulación de información en Internet, valiéndose de marcos jurídicos y mecanismos privados que limitan su acceso. Se utiliza de forma ilegítima e irresponsable para censurar información de interés público que debe circular y permanecer accesible.

[2]Disponible en el siguiente enlace: https://articulo19.org/reclamos-de-derechos-de-autor-son-utilizados-para-eliminar-contenidos-periodisticos-y-de-activistas-en-america-latina/

[3] Las cuatro guías se encuentran disponibles en: https://seguridadintegral.articulo19.org

[4] Informe disponible en: https://articulo19.org/libertadnodisponible/  

Las rutas de atención de la violencia de género en línea, después de la Ley

Por Hiperderecho

Desde el 2018, cuatro  tipos de violencia de género en línea (VGL) están reconocidos como delitos en Perú a través del Decreto Legislativo 1410, entre ellos el acoso sexual y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. En este sentido, nos propusimos conocer cuáles eran las rutas de atención disponibles e idóneas en el sistema de justicia del país para atender casos de VGL y cuáles eran las condiciones que tenían que existir para que las denuncias avancen en estas rutas. Además, convocamos a cinco personas, quienes, con mucha generosidad y valentía, nos permitieron seguir y acompañar su proceso de denuncia, y junto a ellas, descubrir lo que ocurre cuando una persona busca denunciar VGL en el Perú.

Después de un año de implementar el proyecto, descubrimos que el proceso de buscar justicia para casos de VGL no es una línea recta y directa. Más bien, es un proceso desafiante, desgastante y diverso en el que, a pesar de contar con leyes, las rutas suelen ser opacas y la justicia se ve distinta para cada persona. Al entender esto, fuimos más allá de identificar la normativa aplicable y nos enfocamos en escuchar y reconocer las historias de lucha, las perspectivas y las necesidades de quienes estaban viviendo estas violencias. Así, descubrimos que mujeres y personas LGBTQ que han vivido VGL enfrentan una serie de barreras de género, de información, socioeconómicas, raciales y digitales que impiden que accedan en igualdad de condiciones a una denuncia efectiva y justicia[1].

Así, uno de los primeros logros del proyecto fue darle visibilidad a la realidad de poco acceso a la justicia. Realizamos campañas en redes sociales con estrategias como el Tuitazo #YoDenunciéVGL, que se volvió tendencia en Perú gracias a la participación de organizaciones feministas, jóvenes estudiantes y personas que han vivido VGL en el país y la región. Gracias a estos diálogos, corroboramos que la impunidad alrededor de todas las formas de violencia de género, incluida la digital, siguen vigentes. Hoy sabemos que la VGL sigue siendo normalizada, que el sistema de justicia demora y falla en responder a los nuevos desafíos que presenta, y que es la sororidad y contención feminista la que actúa como el pilar que nos mantiene aflote. Nos llena de ilusión que las estrategias que se están co-creando en espacios feministas digitales busquen precisamente reconocer a la VGL como una violencia real, y cuidar a las mujeres y a personas LGBTQ que enfrentan una serie de prejuicios y obstáculos al denunciar sus casos.

Un segundo logro, fue proponer y socializar metodologías para investigar VGL desde el feminismo y realizar un análisis crítico que nos permita proponer cambios concretos. Propusimos la metodología jurídica feminista como una herramienta política y de investigación para identificar las violencias, neglicencias o ausencias del sistema de justicia que afectan de manera desproporcionada a mujeres y personas LGBTQ que viven VGL. Esta metodología también nos permite transversalizar el enfoque de género en la comprensión del Derecho y el sistema de justicia en el que se atienden las denuncias. Al visibilizar esta propuesta, también generamos nuevas alianzas con organizaciones regionales, operadores del estado, redes activistas y colectivas de abogadas, es decir, estamos empezando a construir colectivamente un modelo de justicia de género para atender casos de violencia en línea que anteponga las necesidades de quienes viven violencia digital por sobre las barreras y los prejuicios que existen en los sistemas de justicias del país y la región.

Nuestro tercer logro, fue desarrollar una estrategia de acompañamiento para investigadores y para personas que han vivido casos de VGL que llamamos ‘acompañamiento estratégico’. Por medio de este tipo de acompañamiento, brindamos asesoría legal, apoyo en seguridad digital y acompañamiento psicojurídico para sobrellevar la carga emocional de la denuncia y, además, incidimos en la co-construcción de espacios seguros para compartir dudas, sentimientos, deseos y expectativas por parte de quienes enfrentan violencia. Como organización hoy apostamos y promovemos esta propuesta como una estrategia práctica y fundamental para la búsqueda de justicia de género. Para hacerlo, desarrollamos tres talleres prácticos e informativos dirigidos a abogadas, trabajadoras sociales, acompañantes y activistas en los que compartimos todos los recursos logísticos y emocionales que utilizamos para brindar un acompañamiento empático y dialogamos sobre los desafíos del acompañamiento. Asimismo, producimos una guía colaborativa de autocuidado[2], desde las historias de las personas que participaron en uno de los talleres, para construir propuestas más holísticas de y para personas que dan acompañamiento.

Finalmente, resaltamos un cuarto logro que a veces pasa desapercibido: logramos consolidarnos como equipo de investigación y acompañantes. Al iniciar el proyecto, no medimos, ni nos preparamos para el desgaste emocional que podrían generarnos prácticas como leer sobre violencia de manera diaria, sistematizar testimonios que discuten los casos, acompañar durante y fuera del horario laboral, y generar lazos de confianza en el equipo. Todos estos fueron procesos emocionales muy fuertes que nos cambiaron como equipo y organización. En el camino, nos cuestionamos, nos abrumamos y también nos abrazamos. Por eso, también utilizamos los recursos del proyecto para recibir acompañamiento psicológico grupal[3], recibir terapia holística de sanación y sobre todo, para documentar lo que aprendimos[4]. Al difundir esta experiencia con nuestras compañeras de la región, descubrimos que no éramos el único equipo que se había sentido así, y reafirmamos que es necesario utilizar los recursos que tenemos para también cuidarnos, y solo así, poder cuidar.

Nuestro siguiente paso en el proyecto “Después de la Ley: Buscando justicia con enfoque de género para mujeres y personas LGBTIQ+ que enfrentan violencia de género en línea”, apoyado por Indela y Fundación Tinker, es seguir trabajando desde el feminismo para aprender, colaborar y construir propuestas, ya no solas sino en colectivo, que nos acerquen cada vez más a una justicia de género para casos de VGL. Nuestro plan es continuar incidiendo en la aplicación efectiva de las normas, pero también en la necesidad urgente de promover sensibilización, empatía, cuidados colectivos y contención para que quienes denuncian VGL. Sólo así identificaremos las mejores rutas para cuidarnos, y cuidar a quienes decidan llevar a cabo el arduo pero valiente proceso de denunciar.

 

[1] Disponible en: https://hiperderecho.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-1_Despue%CC%81s-de-la-ley.pdf [2] Disponible en: https://hiperderecho.org/wp-content/uploads/2020/12/Gui%CC%81a-2_Despue%CC%81s-de-la-ley.pdf [3] Disponible en: https://hiperderecho.org/wp-content/uploads/2020/12/Gui%CC%81a-2_Despue%CC%81s-de-la-ley.pdf [4] Disponible en: https://hiperderecho.org/wp-content/uploads/2020/12/Gui%CC%81a-1_Despue%CC%81s-de-la-ley.pdf

Nueva realidad, nueva convocatoria de Indela 2021

El 2020 fue un año de muchos desafíos para el mundo y para Latinoamérica. El uso de la tecnología permeó más que nunca todos los aspectos de nuestras vidas y la pandemia de COVID-19 hizo aún más evidentes las grandes desigualdades existentes, desde la brecha digital en la región que impactó en el acceso al conocimiento e información, hasta los desafíos de seguridad y privacidad.

En el sector público, fuimos testigos de un aumento del control social y la restricción del ejercicio de ciertos derechos como respuesta frente a la pandemia. Muchos países latinoamericanos adoptaron medidas tecnológicas para prevenir y disminuir la propagación del virus, implementando aplicaciones de rastreo de contacto. Estas apps, que se ha comprobado que no reducen el contagio y la propagación del virus, son abusivas en la recolección de datos personales, poco transparentes en su utilización, y poseen brechas de seguridad, aumentando el poder de vigilancia de los estados en un contexto de crisis y en un futuro post pandemia. 

Sumado a este panorama, en los primeros meses de 2021 revivimos desafíos del impacto de internet en las democracias del mundo. Muchos de los gobernantes de nuestra región han tomado alguna posición pública sobre la regulación de las grandes plataformas digitales como Facebook, Google, Twitter, etc. Estas discusiones son preocupantes porque carecen de un enfoque integral de protección de la libertad de expresión en línea y están concebidas más como una nueva forma de regulación del discurso público, donde el público general no tiene voz o espacio de incidencia. 

El futuro aún es incierto pero existe una gran oportunidad de promover el diálogo abierto sobre la importancia del reconocimiento, el respeto y el avance de los derechos digitales en Latinoamérica. En este contexto de emergencia, Indela (Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica) lanza una nueva convocatoria abierta y más flexible, que apunta a las necesidades urgentes del ecosistema de derechos digitales en la región. 

En esta convocatoria 2021, buscamos apoyar proyectos sobre derechos humanos afectados por las tecnologías digitales, presentados por organizaciones basadas en Latinoamérica. Se seleccionarán propuestas enfocadas específicamente en el desarrollo de campañas públicas, investigación aplicada y/o acciones de incidencia en políticas públicas, a nivel nacional o regional.

Las propuestas deberán ser implementadas en máximo seis meses y recibirán financiamiento por hasta un máximo de US$25,000. Adicionalmente, cada proyecto podrá recibir el apoyo de consultorías especializadas para fortalecer el impacto de su trabajo y de la organización postulante. 

En Indela reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer el ecosistema de derechos digitales en la región a través del apoyo a las organizaciones que lo defienden. Creemos que es momento de acompañar procesos que respondan a los desafíos y urgencias específicas que atraviesa Latinoamérica, y que puedan generar impacto en expandir y fortalecer la protección de los derechos digitales. 

La convocatoria 2021 estará abierta del 15 de abril al 15 de mayo.

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Uruguay: hacia una población bajo vigilancia con reconocimiento facial

Por DATYSOC

Uruguay se encuentra a punto de construir una base de datos de «Identificación Facial» con fines de seguridad pública a cargo del Ministerio del Interior. Este sistema, fue aprobado utilizando la Ley de Presupuesto Nacional como “ley ómnibus”, evitando así la correcta discusión del tema debido a los plazos exiguos para la aprobación de este tipo de ley.

La construcción de esta base, estará a cargo del Ministerio del Interior, utilizando la base de datos que actualmente se encuentra a cargo de la Dirección Nacional de Identificación Civil, organismo encargado de emitir la cédula de identidad en el país. La base incluirá: imágenes faciales de las personas mayores de edad, nombres y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de cédula de identidad, fecha de expedición y fecha de expiración de esta última. El Ministerio del Interior ya ha contratado un software de reconocimiento facial automatizado y cuenta hoy con un sistema de 8433 cámaras distribuidas en los 19 departamentos del país, además de los sistemas de vigilancia privada. El gobierno nacional ha admitido que el uso que se pretende dar a esta base de identificación facial es el de vigilancia automatizada mediante algoritmos de reconocimiento facial. 

Resulta especialmente preocupante la amplia discrecionalidad otorgada al Ministerio del Interior en cuanto a los posibles usos de esta base de identificación facial, dado que incluye cualquier tipo de uso con fines de seguridad pública enmarcado en los cometidos de la Ley Orgánica Policial. El concepto de “seguridad pública” es tan amplio que no define los límites de las autoridades públicas para hacer uso de datos personales.

¿Qué puede salir mal? 

Varios estudios recientes [1], [2], [3] advierten que la mayoría de los sistemas de reconocimiento facial comerciales tienen sesgos importantes y demuestran ser tecnologías aún inmaduras. La tecnología de reconocimiento facial sesgada es particularmente problemática para usos relacionados con seguridad pública porque los errores podrían dar lugar a acusaciones falsas y arrestos injustificados.

Ahora bien, supongamos que los algoritmos de reconocimiento facial funcionan correctamente y que la base es gestionada prolijamente desde el punto de vista técnico por parte del Ministerio del Interior. Eso significaría que los sistemas de vigilancia estatales podrían identificar a cada persona a la perfección. En este caso la pregunta es: ¿realmente queremos ir hacia allí?

El uso de esta tecnología conlleva grandes riesgos, puede ser utilizada para encontrar y arrestar manifestantes u organizadores de protestas o puede usarse para rastrear a personas a distancia sin su conocimiento, entre otros usos preocupantes. Además, vivir en una sociedad vigilada afecta la privacidad de las personas y también puede afectar la libertad de expresión, de movimiento y de reunión, de formas aún no sospechadas. ¿Cómo afectará la identificación facial el comportamiento de los uruguayos? ¿Se han realizado análisis de impacto sobre las posibles consecuencias sociales del uso de la biometría en el espacio público? ¿Es necesario y proporcional? 

Mientras que en Uruguay el tema se incluye en una Ley de Presupuesto (ley ómnibus) y sin discusión pública, en otros países los legisladores proponen o incluso aprueban leyes prohibiendo el uso de reconocimiento facial por parte del gobierno para vigilar a sus ciudadanos [1] [2] [3] [4] [5] [6], incluyendo la prohibición del uso de otras tecnologías biométricas como el reconocimiento de voz, el reconocimiento de la marcha y el reconocimiento de otras características físicas inmutables. Varias organizaciones que trabajan en temas de derechos humanos y tecnología en América Latina vienen relevando los casos problemáticos de uso de reconocimiento facial y alertando sobre los riesgos que esta tecnología representa para la población. 

Además, es importante resaltar que los organismos internacionales de Derechos Humanos han advertido sobre los potenciales peligros de abuso y recomiendan a los países su regulación por ley analizando el alcance detallado de su uso, la necesidad y proporcionalidad. En este sentido, durante el año 2020 conocidas empresas tecnológicas decidieron moratorias en la oferta de sus soluciones de reconocimiento facial automatizado a los gobiernos solicitando que su uso sea regulado por la vía parlamentaria. 

Alerta de la sociedad civil 

El 13 de octubre de 2020, estos dos artículos fueron aprobados por la Cámara de Representantes sin ningún tipo de debate. Cuando la Ley de Presupuesto pasó a consideración de la Cámara de Senadores (durante los meses de octubre y noviembre), el equipo de DATYSOC alertó sobre los peligros potenciales que trae el uso de identificación facial automatizada con fines de seguridad pública y sobre el exceso de discrecionalidad que se otorgará al Ministerio del Interior, logrando instalar el tema en la agenda de los medios de prensa [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]. Por su parte, junto a más de 20 organizaciones de Uruguay y de la región enviamos una carta a la Cámara de Senadores de Uruguay pidiendo que se retiren estos artículos del proyecto de Ley de Presupuesto. 

A partir de las alertas emitidas por la sociedad civil, varios senadores tomaron posición a favor del desglose de estos artículos o solicitaron la inclusión del requisito de previa orden judicial para habilitar el uso de estos datos de identificación facial con fines de seguridad pública. Lamentablemente, debido a la escasez de tiempo de discusión que implica una Ley Presupuestal, no se logró acuerdo. Estos artículos que incluyen una “carta en blanco” al Ministerio del Interior, fueron aprobados sin modificaciones por ambas cámaras, evitando que el asunto tenga el debate parlamentario profundo y necesario que el tema requiere.

Nuestra estrategia

Agotadas las posibilidades de incidir en el proceso de discusión parlamentaria de la Ley de Presupuesto y buscando posibles caminos para evitar daños mayores, desde DATYSOC hemos decidido impulsar la inclusión de este tema dentro del 5to Plan de Acción de Gobierno Abierto 2021-2025. Buscamos que se pueda generar un compromiso por parte del Ministerio del Interior que permita, al menos, la posibilidad de un debate informado con participación de las múltiples partes interesadas previo a su reglamentación.

Además, estaremos analizando de cerca el impacto de estas medidas en los derechos humanos, procurando la mayor transparencia posible en el proceso y su implementación a los efectos de mantener a la población informada.

Conoce más sobre el tema

Indela apoyará con orgullo a seis nuevas iniciativas de derechos digitales en la región

Proyectos seleccionados Indela 2020

Los espacios digitales y físicos están cada vez más conectados. Las tensiones políticas y sociales, la relación del público con el estado y su uso de la tecnología están planteando nuevos y complejos desafíos a los derechos digitales. La pandemia en curso y las respuestas estatales relacionadas, están sumando más estrés a estas tensiones. En toda la región, estamos viendo un mal uso generalizado de datos personales, límites de expresión, falta de información y conocimiento distribuido para las comunidades vulnerables, y muchos otros desafíos alarmantes.

Para apoyar el avance y el desarrollo de los derechos digitales en la región, Indela lanzó su segunda convocatoria abierta en 2020. Recibimos 138 propuestas de 15 países latinoamericanos.

Hoy, el equipo de Indela se complace en anunciar los seis proyectos seleccionados para su segundo ciclo de financiamiento. Estamos muy orgullosos de apoyar estas iniciativas innovadoras, que trabajarán en temas como una reforma libre y justa del derecho de autor, reducir la violencia de género en línea, localizar políticas públicas de protección de datos y en leyes de ciberseguridad centradas en el usuario, entre otros.

Estos seis proyectos recibirán fondos durante 12 a 18 meses, así como apoyo personalizado para fortalecer el impacto de su trabajo.

Las selecciones finales del proceso de la convocatoria abierta 2020 de Indela son las siguientes:

  1. REMIX: Hablando de derechos de autor e Internet” de Agência Lema e InternetLab, promoverá un diálogo abierto sobre los derechos de autor en Brasil y la necesidad de reformas progresivas.
  2. Acompañamiento integral a víctimas de violencia de género en línea” de Cultivando Género Asociación Civil, apoyará a mujeres y niñas en Aguascalientes, México, que han sido blanco de violencia digital, para conocer las opciones disponibles para ellas y tomar decisiones informadas en el ejercicio de sus derechos.
  3. DATYSOC: hacia una agenda integral de derechos digitales en Uruguay”, este proyecto incubado por DATA Uruguay, fortalecerá la agenda de derechos digitales en Uruguay mediante incidencia en la regulación de derechos de autor y en las políticas de responsabilidad de los intermediarios de Internet.
  4. Marcos multiculturales de derechos digitales para comunidades indígenas y afrodescendientes en Bolivia: análisis comparativo e incidencia en políticas públicas” de Asociación Aguayo y Fundación InternetBolivia.org, trabajarán para desarrollar marcos regulatorios contextualizados para el acceso a Internet y la protección de datos personales en municipios bolivianos seleccionados.
  5. Una Iniciativa Multisectorial para la Seguridad de la Información y los Derechos Fundamentales” de Fundación Vía Libre: es una colaboración entre actores del sector público y privado para desarrollar políticas que protejan los activos digitales (incluidos datos personales e infraestructura crítica) en Argentina.
  6. Construyendo puentes entre las comunidades de derechos digitales y defensa de los consumidores de América Latina” del Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), coordinará el fortalecimiento del trabajo de los defensores del consumidor en derechos digitales, enfocándose en las políticas de protección de datos personales y su aplicación, en línea con las estrategias de la comunidad de derechos digitales de la región.

¡Felicitaciones a las organizaciones seleccionadas de la Convocatoria Abierta 2020 de Indela!

Para más información sobre Indela y los proyectos que apoyamos síguenos en Facebook, Twitter.

 

Entre la tecnología y la pandemia

Paulina Gutiérrez

Es indiscutible plantear que los gobiernos necesitan información para responder a la pandemia, particularmente para diseñar medidas basadas en evidencia que permitan controlar el contagio y salvar vidas. De la misma manera, es innegable reconocer que la recopilación de esa información a través del uso de la tecnología tiene implicaciones sustantivas en los derechos humanos de las personas. Cualquier argumento contrario ocultaría la carga que tienen los gobiernos de demostrar que las limitaciones impuestas a nuestros derechos son legales, necesarias y proporcionales, particularmente las restricciones a la libre circulación, la privacidad, la protección de datos personales y la libertad de expresión.

Pero ¿qué significa y en qué consiste esa carga?, y lo más importante, ¿cómo nos aseguramos de que durante y después de la pandemia las restricciones a nuestros derechos se limiten estrictamente al fin para el cual se adoptaron? ¿con qué protecciones contamos ante cualquier abuso y violación a nuestros derechos humanos?

El despliegue de iniciativas centradas en la tecnología para atender problemas públicos no es novedoso y ha sido cuestionado en el pasado. La diferencia en el contexto de la pandemia radica en la invisibilidad y desconocimiento de un virus cuyo impacto social, económico y sanitario aspira a una atención inmediata y focalizada. Sin embargo, pese a que ya fue superado el planteamiento bajo el cual los medios tecnológicos deben ser complementarios a una diversidad de medidas no tecnológicas, la necesidad de hacer al virus visible y prevenible ha colocado en la tecnología una apariencia alternativa como única vía para controlarlo.

Entre las respuestas destacan herramientas que, por un lado, abarcan aplicaciones móviles de carácter informativo, “chatbots generadores de diagnósticos basados en los síntomas identificados por las personas usuarias, lectores de temperatura corporal y monitoreo de síntomas, y por el otro, dispositivos de control y trazabilidad de movimiento, contacto y aislamiento a través de servicios de telefonía móvil, georreferenciación y uso de drones, por mencionar algunos.

Todas y cada una de las herramientas y medidas tecnológicas orientadas a controlar y prevenir la pandemia se benefician de distintos niveles de intrusión en la vida privada de las personas. Registran accesos, actividades, interacciones, síntomas y enfermedades cuyo procesamiento tecnológico y digital implica compartir información personal con terceros – generada por la recolección, almacenamiento, transmisión, utilización, estudio y gestión de datos –. En el imaginario más sencillo, estaríamos ante una fórmula en la cual la solución a los impactos de la pandemia es producto de la información que proporcionamos al renunciar a nuestra privacidad y protección de datos personales. Notablemente, la fórmula es mucho más compleja. Especialmente si iniciamos por reconocer que las restricciones no se agotan en el acceso a nuestra información por parte del Estado, también debemos agregar la participación activa del sector privado.

Nos enfrentamos entonces a intrusiones en la privacidad en el nombre de la salud pública. Aun cuandoésta sea invocable para imponer restricciones a los derechos humanos, nunca será una justificación legítima de ser adoptada de manera aislada. Es decir, combatir la crisis sanitaria a través del acceso y uso de nuestra información individual, personal y colectiva significa imponer un sistema de vigilancia inadmisible, salvo que las medidas para obtenerla sean practicadas al margen de una serie de protecciones convencionales y legales. Específicamente aquellas que salvaguarden la inmunidad con la que cuenta el ámbito de privacidad de las personas contra invasiones arbitrarias o abusivas por parte de la autoridad o entidades no públicas.

Lo anterior se traduce en la obligación que tienen los Estados de superar la prueba de legitimidad intrínseca en las prácticas de vigilancia, especialmente aquellas cuya finalidad es trazar y contener un virus. Todos aquellos gobiernos que decidan apostar por respuestas tecnológicas centradas en información generada por las actividades de las personas deben  asegurar (a) la claridad y precisión de la restricción legalmente estipulada y la existencia de un marco legal de protección a los derechos afectados, así como recursos legales efectivos ante abusos y violaciones a los derechos restringidos por parte de actores públicos y privados – legalidad – ; (b) la idoneidad y efectividad de la medida restrictiva para alcanzar el fin que persigue, demostrar que es el único medio disponible – necesidad -; y (c) la inexistencia de medidas y métodos menos lesivos para el derecho a la privacidad y otros derechos, así como estrictos límites en la temporalidad de la medida invasiva – proporcionalidad-. 

En Latinoamérica, la prueba de legitimidad para restringir la privacidad nunca ha sido más relevante. Principalmente por la capacidad tecnológica instalada previo a la pandemia y su abuso en prácticas de vigilancia masiva y focalizada documentadas ampliamente en los últimos seis años. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú son algunos ejemplos en donde los gobiernos han decidido adoptar medidas tecnológicas de vigilancia y obtención de datos para responder a la crisis sanitaria. Aún no existe evidencia que sustente su efectividad, por lo tanto, el escrutinio público, unido al control legal y judicial, son críticos para contener arbitrariedades por parte de autoridades y entidades no públicas.

El estado actual de los marcos legales de protección de datos personales en la región parece ser insuficiente para el reto impuesto por la pandemia. Sin embargo, si los evaluamos como una ruta perfectible, será invaluable para imponer controles tanto a gobiernos como a particulares. Consciente de que su desarrollo y aplicación en la región latinoamericana es asimétrico e inconsistente – en algunos países inexistente -, una regulación especial en la materia puede proveer vías para exigir la justificación de los límites impuestos en el poder que tienen las personas de saber qué información tienen terceros sobre ella, de limitar la temporalidad y el fin de su tratamiento y de decidir si proporciona su información más sensible – entendida como aquella susceptible a revelar particularidades de las personas en materia de salud, raza o preferencia sexual, por mencionar unos ejemplos-.

Si bien estos marcos legales incluyen excepciones de protección en materia sanitaria, los principios de temporalidad, necesidad y legalidad le son aplicables. Sobre todo, son indispensables para conocer el destino, fin y uso que tuvo la información recopilada y procesada, así como impedir que las prácticas se tornen permanentes una vez exista mayor control sobre la pandemia.

Debemos entonces obtener respuestas que claramente nos indiquen si el empleo de medidas y herramientas tecnológicas contribuye a contener el virus de manera efectiva; si solicitan o acceden a más información de la que alegan necesitar para contener el virus; a qué marco legal o recurso podemos apelar para conocer y reclamar en caso de que nuestros datos fueran compartidos con autoridades o actores no públicos irrelevantes para contener la pandemia; en un intento por especificar algunas.

Existen algunos ejemplos en Latinoamérica y en otras regiones del mundo en donde la prueba de legitimidad y la protección de datos personales han impedido el uso invasivo, innecesario y desproporcionado de la tecnología para controlar la crisis sanitaria:

  • En Brasil, la Medida Provisória (MP) 954/2020 fue suspendida por el Supremo Tribunal Federal el 7 de mayo de 2020 para evitar daños irreparables en la intimidad y privacidad de las personas. La medida 954/2020 fue decretada por el Poder Ejecutivo con el fin de ordenar a las empresas de telecomunicaciones proporcionar la información de las personas usuarias de telefonía al Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), quien elaborará estadística sobre la pandemia. Bajo un análisis de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, una jueza del Supremo Tribunal planteó que, sin subestimar la gravedad de la crisis sanitaria y la necesidad de formular políticas públicas basadas en datos específicos, los derechos constitucionales de las personas no deben ser atropellados y, en consecuencia, era necesario suspender la vigencia de la medida al no proveer ni existir mecanismos aptos para proteger los datos de las personas contra accesos no autorizados o utilización indebida de su información.
  • En Chile, se ha propuesto una ley corta o especial que salvaguarde los datos de las personas cuyo estado de salud es expuesto y sujeto a tratamiento por una diversidad de actores durante la pandemia. El Consejo para la Transparencia propuso esta iniciativa en abril al reconocer que los datos sobre la salud no solo tienen protección constitucional sino que también cuentan con un margen especial de protección por la información que revelan. Algo similar sucedió en Reino Unido donde el Comité Conjunto de Derechos Humanos del Parlamento presentó una propuesta de legislación especial centrada en regular con precisión el fin  y los limites de la obtención y tratamiento de la información recopilada a través del uso de una aplicación de monitoreo de contacto; obligar al gobierno a eliminar la información recolectada una vez termine la crisis sanitaria e imponer medidas contra abusos por parte de las autoridades y de terceros.
  • En India, la Alta Corte de Kerala admitió tres peticiones contra el uso obligatorio de la aplicación de monitoreo de contacto y la imposición de sanciones criminales por no utilizarla. Asimismo, el 24 de abril de 2020, emitió una orden instruyendo la implementación de medidas que salvaguarden la confidencialidad de los datos de pacientes susceptibles al coronavirus,  recolectados por un sistema digital operado por el gobierno de Kerala y la empresa Sprinklr Inc. También prohibió a esta última cometer cualquier acto que comprometa la confidencialidad de los datos.
  • En Eslovaquia, la Corte Constitucional suspendió la legislación especial que permitía el acceso de las autoridades a los datos de usuarios recolectados por las empresas de telecomunicaciones con el fin de monitorear a las personas infectadas con el coronavirus. El 13 de mayo de 2020, la Corte consideró que la legislación era ambigua y los fines del procesamiento no eran suficientemente claros, permitía un tratamiento de datos personales sin claridad en las intenciones y carecía de las salvaguardas necesarias contra el abuso de la información recolectada y procesada.

El reto no es sencillo pero las obligaciones de los gobiernos son muy claras. Nuestros derechos a la privacidad y la protección de datos personales continúan vigentes durante la crisis sanitaria. La carga de demostrar que nuestros derechos pueden ser limitados no debe centrarse únicamente en la tecnología, cuyos beneficios necesitamos para ejercer nuestros derechos humanos. La exigencia debe concentrarse en las obligaciones del Estado en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como en la carga que tiene de demostrar la legitimidad de las medidas, permitir el abuso las convierte en arbitrarias.

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